Por su participación en el asesinato de por lo menos 120 personas en estado de indefensión, presentadas como bajas en combate entre enero de 2007 y agosto de 2008 en el Catatumbo, la Sala de Reconocimiento de la JEP les imputó a diez militares y un civil el crimen de guerra de homicidio en persona protegida, y crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reveló en febrero de 2021, en el auto 003 –ahora llamado Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado– que 6.402 personas fueron víctimas de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate entre 2002 y 2008. Según el informe, el 66% de las víctimas se presentó en Antioquia, Casanare, Meta, Huila, la región de la Costa Caribe y Norte de Santander, lugares donde se concentrarían las primeras investigaciones.
Los presuntos responsables
De acuerdo con el presidente de la JEP, magistrado Eduardo Cifuentes, luego de un arduo trabajo, la Sala de Reconocimiento ha hecho imputaciones en el subcaso Norte de Santander, Catatumbo, donde fueron imputadas 11 personas, entre ellas 10 militares y un civil, luego de hacer un estudio y sistematización de informes de la Fiscalía, de la justicia ordinaria, justicia penal militar, informes judiciales y extrajudiciales e informes presentados por las víctimas.
Según el comunicado 071, que se presentó este martes 6 de julio por la JEP, los 11 imputados fueron “identificados como máximos responsables en la modalidad de liderazgo por haber dado órdenes sin las cuales las conductas criminales no hubieran tenido lugar de forma sistemática y generalizada”.
Las imputaciones formuladas por la Sala de Reconocimiento fueron el resultado de la siguiente contrastación judicial:
- 8 informes aportados por entidades estatales, organizaciones de víctimas y defensoras de derechos humanos.
- 41 versiones de comparecientes (desde soldados hasta generales, incluyendo terceros civiles que colaboraron con las unidades militares).
- Las solicitudes de acreditación, y las observaciones de las víctimas y de la Procuraduría a las versiones voluntarias en informes escritos y en audiencia pública.
- Las inspecciones judiciales a 21 procesos de la jurisdicción ordinaria y 28 de la jurisdicción penal militar, y la contrastación de piezas procesales de más de 100 expedientes remitidos a la JEP por la jurisdicción ordinaria.
- La contrastación y análisis de 258 libros de documentos oficiales (libros de programas operacionales, misiones tácticas, actas de pago de recompensas y de levantamiento de cadáveres, órdenes del día, radiogramas operacionales y las carpetas oficiales de cada una de las supuestas “bajas en combate”) obtenidos en los archivos de la Brigada 30 y el BISAN.
Los imputados son: el brigadier general Paulino Coronado Gámez, quien fue el comandante de la Brigada 30; los coroneles Santiago Herrera Fajardo y Rubén Darío Castro Gómez, antiguos comandantes de la Brigada Móvil 15 (BRIM15); el teniente coronel Álvaro Diego Tamayo Hoyos, antiguo comandante del Batallón de Infantería No. 15 ‘General Francisco de Paula Santander’ (BISAN) de Ocaña, el teniente coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado, exoficial de operaciones de la BRIM15 y el mayor Juan Carlos Chaparro Chaparro, excomandante del BISAN.
La JEP también imputó a los antiguos oficiales de inteligencia de la Central de Inteligencia de Ocaña (CIOCA): el capitán Daladier Rivera Jácome y al sargento segundo Rafael Antonio Urbano Muñoz; así como al sargento segundo Sandro Mauricio Pérez Contreras quien fue jefe de la sección de inteligencia del BISAN, al cabo primero Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, excomandante de escuadra en la BRIM15 y al tercero civil Alexander Carretero Díaz, quien trabajó como colaborador de las dos estructuras militares.
Las motivaciones
Las desapariciones forzadas y asesinatos tenían, según el comunicado, las mismas características y una misma finalidad: responder a la presión por “bajas” a “como diera lugar” para así garantizar el éxito militar en el marco de la política institucional del conteo de cuerpos. Los incentivos tuvieron, por ejemplo, un papel importante en las motivaciones de los perpetradores de los crímenes: felicitaciones de los altos mandos, medallas, permisos y planes vacacionales.
Estos 11 imputados son penalmente responsables, según la JEP, “del crimen de guerra de homicidio en persona protegida y los crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada”. Los magistrados de la Sala de Reconocimiento concluyeron que los comparecientes actuaron siendo conscientes de que estos delitos se cometían como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, razón por la cual existen bases para determinar, según el ente acusatorio, que son responsables de crímenes de lesa humanidad.
Estas primeras imputaciones hacen parte del primero de por lo menos seis Autos de Determinación de Hechos y Conductas que se expedirán en el caso conocido como el de los ´falsos positivos´ presentado en febrero de 2021.
En este primer Auto de Determinación de Hechos y Conductas, la Sala determinó que, de los 120 asesinatos, investigados en esta zona (Catatumbo), 73 contaban con una investigación penal previa en la jurisdicción ordinaria en 39 procesos judiciales, de los cuales ocho alcanzaron la etapa de juicio y uno la ejecución de la pena. Los demás se encontraban en etapa de investigación. De los 11 imputados por la JEP, cinco habían sido condenados por algunos hechos individuales (un teniente coronel, tres sargentos y un tercero civil).
Según la JEP, los asesinatos y las desapariciones forzadas se inscriben en un mismo patrón macrocriminal, es decir, según el informe, “estos graves crímenes fueron cometidos por miembros de la BRIM15 y el BISAN en el marco de un mismo plan criminal y con división del trabajo, en un territorio determinado y en un mismo período de tiempo”.
“Esta práctica llegó al extremo de terminar con la vida de personas venidas de fuera de las regiones donde se presentaban los resultados operaciones para ser luego reportados como caídos en combate. Los asesinaban lejos de sus lugares de residencia para que nadie los reconociera y su muerte no despertara protestas entre la población local, luego eran enterrados como NN en un cementerio local mientras que se introducía alguna referencia en algún informe de inteligencia para justificar la muerte de un “combatiente” y asegurar que se inhibiera la acción de investigación penal”, Juan Manuel Santos en la Comisión de la Verdad.
La génesis del terror
Bajo la política de guerra del ´conteo de cuerpos´, en el Catatumbo se creó la BRIM15 y se reorganizó el BISAN con el fin de derrotar a la guerrilla en el territorio, a través, por supuesto, de la estrategia militar que privilegiaba el conteo de cuerpos como indicador de éxito.
Presionados por sus superiores, según el informe, los comandantes de la BRIM15 y del BISAN presionaron a su vez a sus subalternos por bajas “a como diera lugar”, “todo vale”, “mire a ver qué hace” y “toca dar una baja”. La presión fue de tal magnitud que en las versiones ante la JEP algunos comandantes se autodenominaron como “instigadores” cuando los magistrados de la Sala de Reconocimiento les preguntaron por su responsabilidad en estos asesinatos.
La Sala encontró que las muertes ilegítimas presentadas como bajas en combate fueron posibles gracias al uso del mando militar, es decir, los poderes y facultades legales oficiales, los recursos públicos y los procedimientos institucionales del Ejército Nacional. Otro factor que determinó el actuar de los militares tuvo que ver con la estigmatización de los campesinos del Catatumbo tildados de guerrilleros o auxiliadores.
La Sala de Reconocimiento determinó que este patrón macrocriminal tuvo dos modalidades que fueron reconocidas por el perfil de las víctimas: “La primera modalidad corresponde al asesinato de hombres jóvenes de entre 25 y 35 años, habitantes del área rural del Catatumbo, en su mayoría agricultores, comerciantes y transportadores informales. La segunda modalidad consiste en el asesinato de jóvenes, provenientes de otras regiones, engañados para ser trasladados al Catatumbo”.
Esa dinámica del asesinato de jóvenes de la región cambió sustancialmente cuando, en diciembre de 2007, en el teatro Leonela de Ocaña, los campesinos del Catatumbo en compañía de funcionarios de la Vicepresidencia de la República, la Defensoría Regional del Pueblo, la Fiscalía y la Procuraduría Provincial de Ocaña, autoridades locales, delegados de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUR y OCHA, además de representantes de ONG de Derechos Humanos, denunciaron que civiles de la zona eran asesinados y sus cuerpos presentados como guerrilleros caídos en combate.
Por esa razón, a partir de esa misma fecha, dice el informe, “se puso en marcha un negocio criminal en el que miembros del Ejército Nacional transaron con terceros para que reclutaran a jóvenes de otros municipios y ciudades del país a cambio de una remuneración económica, todo con el fin de llevarlos hasta el Catatumbo, asesinarlos y utilizar sus cuerpos para sumar criminalmente a las estadísticas oficiales del éxito militar en la guerra. Las víctimas eran habitantes de Soacha (Cundinamarca), Bogotá, Aguachica (Cesar), Gamarra (Cesar) y Bucaramanga (Santander). Los uniformados y los terceros civiles tenían el propósito de que la población del Catatumbo no reconociera la identidad de estas víctimas una vez fueran reportadas como bajas en combate”.
Bajo una lógica criminal cercana al de la “limpieza social”, estas víctimas fueron seleccionadas porque eran trabajadores informales o desempleados, tenían alguna discapacidad o porque eran desempleados o habitantes de calle; características que las hacía atractivas para sumar criminalmente sus cuerpos a las estadísticas militares de “bajas en combate”. Comunicado 071 de la JEP.
Las víctimas esperan respuestas
Existen afectaciones profundas a las familias de las víctimas de ´falsos positivos´, afectaciones morales, emocionales y materiales. Además, dice el informe, del dolor intenso de las madres, padres, compañeras, esposas, hijos y hermanos que sufrieron rupturas de sus relaciones familiares, gracias a la incertidumbre y angustia, estigmatización y revictimización, amenazas y hostigamientos que vivieron durante el horror.
Las víctimas sufrieron daños materiales relacionados con la pérdida o disminución considerable del patrimonio familiar -llegando incluso en algunos casos a situaciones de mendicidad y pérdida de sus viviendas- y la frustración de sus proyectos de vida por tener que asumir nuevos roles personales y familiares, y como resultado del vejamen tener que desplazarse de sus hogares por amenazas. Según la JEP a la fecha se registraron 1.043 víctimas, entre ellas 658 son mujeres.
Una investigación cuesta arriba
La JEP estableció que los responsables de estos hechos han encubierto e intentado desviar la investigación. Hay, por ejemplo, evidencia de: 1) destrucción de pruebas una vez iniciadas las investigaciones; 2) compra y alteración de testimonios y declaraciones; y 3) construcción de narrativas de falsa seguridad en los territorios.
Tras ser notificados, los imputados tienen 30 días hábiles para reconocer los hechos y su responsabilidad o rechazarlas. También pueden reaccionar, aportando argumentos o evidencia adicional. “Las víctimas acreditadas y el Ministerio Público tienen el mismo plazo para reaccionar frente a lo determinado en el Auto”.
Según el comunicado, “al terminar el periodo de 30 días hábiles, y recibir la respuesta de los comparecientes, la JEP decidirá si fija una fecha para una Audiencia pública de Reconocimiento, al considerar que hay reconocimiento y aporte a la verdad plena. Esta audiencia o audiencias serán en todo caso preparadas y desarrolladas con participación de las víctimas. Si los comparecientes niegan su responsabilidad, se remitirá el caso a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP. Si hay reconocimiento, una vez realizada la Audiencia de Reconocimiento, la Sala adoptará una resolución de conclusiones que remitirá al Tribunal para la Paz para que este imponga una sanción propia, si es el caso. Esta sanción debe ser consultada con las víctimas, debe tener un propósito reparador y puede incluir restricciones efectivas de la libertad y otros derechos. Los comparecientes que nieguen su responsabilidad y sean vencidos en juicio, podrán ser condenados hasta con 20 años de cárcel”.
Antioquia, la Costa Caribe, Huila, Casanare y Meta son los otros cinco subcasos territoriales priorizados por la JEP, luego de establecer, según la contrastación judicial de las bases de datos de la Fiscalía, el Centro Nacional de Memoria Histórica y de las Organizaciones No Gubernamentales de derechos humanos y víctimas la importancia de estos territorios en el horror de los ´falsos positivos´. En Antioquia, la Sala también expedirá un auto de determinación sobre el caso emblemático del cementerio Las Mercedes de Dabeiba, hechos que también se investigan en el caso de Urabá.
Cinco libros para acercarse a la verdad de los ‘falsos positivos’
