Representantes de varias organizaciones viajaron a Cuba para entregarles sus recomendaciones a los negociadores del Gobierno y de las Farc.
La Cruz Roja y la Unidad de Víctimas aseguran que en Colombia hay 45 mil desaparecidos por cuenta de la guerra. Los reportes de la Fiscalía dicen que hay 30 mil y los de Medicina Legal, que hay 22 mil. Cualquiera que sea la cifra, las dimensiones del fenómeno son alarmantes. Esa realidad, sumada a la presión de las víctimas, hizo que el Gobierno y las Farc firmaran en octubre de 2015 un acuerdo humanitario para buscar a los desaparecidos.
Conocido como Comunicado 62, el acuerdo contempló dos paquetes de medidas: unas inmediatas y otras que se pondrán en marcha después de la firma del acuerdo final. Para diseñar su implementación, los negociadores le pidieron a la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas (casi toda integrada por instituciones estatales) que convocara a las organizaciones de víctimas y de derechos humanos para elaborar de manera conjunta un documento con recomendaciones. Le dieron cuatro meses.
Pero la Comisión no se puso de acuerdo con las organizaciones, que están agrupadas en la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada. Con excepción de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes), todas las que trabajan el tema, incluyendo la Fundación Nydia Erika Bautista, decidieron apartarse de esa entidad. Las discrepancias estuvieron relacionadas con la metodología para construir el documento y, particularmente, con la negativa de la Comisión para entregar una rendición de cuentas sobre las labores que ha realizado durante sus más de 10 años de operación.
Así las cosas, la Mesa de Trabajo armó un proceso aparte para elaborar sus propuestas, que consistió en realizar tres encuentros con más de 300 personas y 90 organizaciones de 24 departamentos. A las reuniones asistieron integrantes del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), del grupo de familiares de los desaparecidos del Palacio de Justicia, y del movimiento de las madres de Soacha. De allí salieron 300 recomendaciones, que se redujeron a 111 y que quedaron consignadas en 23 páginas.
Esta semana, pocos días después de que se cumpliera el plazo de cuatro meses, representantes de la Comisión de Búsqueda y de la Mesa de Trabajo viajaron a Cuba para exponer sus sugerencias. El documento de la primera no se conoce, mientras que el de la segunda se difundió este jueves en Bogotá.
Las propuestas de las víctimas
El Comunicado 62 dice que, como medida inmediata, se acelerará la búsqueda, ubicación, identificación y entrega digna de restos. Sobre esos temas, las víctimas le entregaron estas recomendaciones a la mesa de La Habana:
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- Preservar los lugares donde se encuentran fosas y cementerios clandestinos, tales como “cárceles, fincas de parapolíticos, guarniciones militares, campamentos (guerrilleros) y zonas de combate”
- Organizar una estrategia de registro de familiares de desaparecidos y de toma de muestras de ADN
- Crear un censo sobre cadáveres sin identificar inhumados en cementerios, y vigilar estos lugares
- Realizar gestiones diplomáticas para buscar y exhumar cuerpos en zonas de frontera
- Inyectarle recursos a Medicina Legal para que agilice las labores de identificación
- Dejar de concebir las entregas de cuerpos como “un escenario para mostrar resultados de gestión” de las entidades públicas. Asimismo, que durante las ceremonias “quienes estén al lado de los cofres (con los restos) sean los familiares y no los agentes del CTI o la Policía”
- Que todos los actores que participaron en el conflicto, incluyendo empresarios, asuman ante la Jurisdicción Especial para la Paz su responsabilidad por las desapariciones forzadas y entreguen recursos económicos para las labores de búsqueda
- Que el Gobierno y las Farc entreguen rápidamente la información que tengan en su poder sobre el paradero de los desparecidos
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En el Comunicado, la mesa de conversaciones también anunció la creación de la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, que entrará a operar después de la firma del acuerdo final. Las funciones del nuevo organismo serán, entre otras, entregar una cifra consolidada sobre el número de desaparecidos en el conflicto, adelantar procesos de búsqueda, suministrar reportes a los familiares y elaborar un registro nacional de fosas, cementerios ilegales y sepulturas. Esto fue lo que propusieron las víctimas sobre el funcionamiento de la Unidad:
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- Debe funcionar por un periodo mínimo de 10 años
- Su estructura debe incluir un comité veedor, direcciones regionales y cuatro subdirecciones: Forense y Psicosocial; de Articulación con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, Administrativa y Financiera, y de Comunicaciones
- La Subdirección Forense debe contar con cuatro divisiones: de Investigación, Documentación y Análisis; de Búsqueda, de Identificación, y de Acompañamiento Psicosocial e Información a Víctimas
- Uno de sus objetivos debe ser mejorar los procesos de búsqueda en lugares difíciles, tales como ríos, manglares, osarios comunes, zonas de desechos y zonas inundables
- Debe trabajar con el Ministerio de Educación para diseñar cursos sobre el fenómeno de la desaparición forzada, como garantía de no repetición
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En reuniones separadas con María Paulina Riveros, plenipotenciaria del Gobierno, y con “Pastor Alape”, negociador de las Farc, la Mesa de Trabajo también expresó su preocupación por algunos asuntos que afectarían la implementación del acuerdo. Según Adriana Arboleda, abogada de la Corporación Jurídica Libertad e integrante de la Mesa, uno de esos temas es “la persistencia del paramilitarismo, porque si los lugares donde ha habido campamentos o donde han operado las Farc son copados por paramilitares, va a ser muy difícil buscar los cuerpos”.
Otro problema es el estigma que pesa sobre los familiares de los guerrilleros desaparecidos. Arboleda explica que “si a usted le desaparecen a un familiar que era militar, y usted lo busca, no enfrenta grandes riesgos. Pero si usted dice que su papá está desaparecido y que era un comandante guerrillero, eso le genera muchos problemas de seguridad. Por eso estamos planteando que debe haber garantías especiales para que los familiares de los combatientes puedan emprender la búsqueda”.
En opinión de Yanette Bautista, de la Fundación Nydia Erika Bautista, las víctimas también “tienen mucho temor, por la experiencia vivida, de que el acuerdo se quede en el papel”. Lo mismo dice Luz Marina Hache, del Movice: “Siempre nos han dicho que van a buscar a las personas desaparecidas, y nunca lo han hecho. Pensamos que con la creación de la Unidad Especial vamos a tener, por fin, la posibilidad de encontrarlas”. El esposo de Luz Marina, un militante del extinto Frente Amplio del Magdalena Medio (FAM), está desaparecido desde 1986.
En los próximos días, la Mesa de Trabajo se reunirá en Bogotá con integrantes de la delegación de paz del Gobierno para evaluar el impacto que tendrán las recomendaciones de las víctimas en la implementación de los acuerdos del Comunicado 62.
Las propuestas de la Comisión de Búsqueda
En paralelo a lo realizado por la Mesa de Trabajo, la Comisión de Búsqueda realizó tres encuentros con familiares de los desaparecidos. A partir de la información recopilada en Bucaramanga, Cali y Bogotá, la Comisión elaboró 191 recomendaciones que le fueron entregadas a la mesa. El documento no es público, pero la Defensoría del Pueblo difundió algunas de las sugerencias.
Entre ellas se encuentran: que se asegure la investigación y el juzgamiento de los responsables de las desapariciones forzadas, que no se discrimine a los desaparecidos a la hora de realizar las labores de búsqueda, que se proteja a los familiares y a los líderes de víctimas que han sido amenazados, que se construya una “galería nacional itinerante con fines de dignificación de las personas desaparecidas”, que se declaren como “santuarios de memoria aquellos lugares donde hayan ocurrido homicidios y desapariciones”, y que se protejan los lugares donde se presume que hay cuerpos enterrados.
