Estuvimos en el tercer diálogo por la no repetición de los asesinatos a líderes sociales, organizados por la Comisión de la Verdad.
Primera escena: la violencia en pasado, presente y ¿futuro?
Estamos sentados en la ronda del río Sinú, en Montería. Este, de lejos, puede ser uno de los espacios más apacibles para los turistas en el Caribe. Ciclorrutas, locales en donde venden cholaos, recorridos en bote por el río, una clima cálido pero no sofocante, sillas, árboles, poco ruido. Un lugar apacible. Las personas que pasan trotando o en bicicleta se detienen por momentos, curiosos por una carpa que instaló la Comisión de la Verdad. Se puede ver una tarima, instrumentos, pantallas. Comienza a caer el sol.
“Es un acto cultural”, me dice Esteban, de la Comisión de la Verdad. Se llama: “Diálogo para la no repetición, desde las experiencias culturales y simbólicas del departamento de Córdoba”. Después, esto que me decía se materializó en una obra de teatro, luego en un concierto y después en un conversatorio. Una obra de teatro visceral y dolorosa. Primero salieron cuatro mujeres bailando en la tarima, después pasaron los hombres. Parecía una fiesta. En ese momento, antes de que se escucharan unos disparos en la obra, un hombre en la audiencia miraba su celular sentado, unos metros delante de mí.
Alcancé a ver la pantalla de su celular. Era un video de unos niños peleando con cuchillos en algún lugar de la costa. La obra de teatro representaba la masacre de La Mejor Esquina, en el corregimiento de Buenavista, en Córdoba. En la noche del 3 de abril de 1988, un grupo de 15 paramilitares, llamados ‘Los Magníficos’ y quienes trabajaban para Fidel Castaño, asesinaron a 27 personas, incluyendo a un niño de 10 años. La obra apenas comenzaba pero en la dimensión del presente estaba un señor delante mío viendo esa pelea con cuchillos entre las calles polvorientas. Era, por lo menos, una metáfora sobre el eterno retorno de la violencia, una alusión indirecta a la desilusión que ha traído esa palabra: posconflicto.
En Córdoba han asesinado a 223 líderes sociales desde el año 1986. Este dato lo dio el presidente del a Comisión de la Verdad, Francisco de Roux.
Volvamos a la obra. En el suelo de la tarima se ve una lápida: Tomás Berrío Wilches. Las mujeres que sobrevivieron lloraban acostadas, con la lápida en frente. ¿Quién era Tomás? ¿Quién era Tomás Berrío Wilches? Era el único profesor del pueblo. Fue el primero que al que asesinaron. En las paredes del pueblo, desde días anteriores, se podía leer la amenaza: “Ya llegaron a limpiar Los Magníficos”. Esto obligó a decenas de familias a vivir en el monte, escondidas. Esta masacre, la de ‘La Mejor Esquina’, fue tan solo una de las nueve que ejecutó el grupo de Fidel Castaño ese año. Un mes después, el DAS dijo que Castaño y el narcotraficante César Cura fueron los responsables intelectuales. La masacre, 30 años después, sigue en la impunidad.
En la obra de teatro, cuando los cadáveres estaban en el suelo, entró un hombre con una cabeza de cerdo a comerse los restos. Los transeúntes volteaban la mirada. Algunas personas lloraban, como lo hacían, a su vez, las mujeres que representaban a las sobrevivientes en la obra. Fue una noche oscura, dijo una de ellas. Los paramilitares, después de asesinar a 27 personas, regresaron y golpearon a las mujeres. Con los familiares en el suelo y llorando, soltaron esta frase: “Suerte para los que quedaron vivos; que lloren mucho a sus muertos”.
Segunda escena: Las conversaciones por la no repetición
Unos minutos después de la obra, cuando el público estaba asimilando esa representación del dolor, el padre Francisco de Roux se sentó con María Zabala, sobreviviente de la masacre, y Arquímedes de Jesús Rodríguez, del partido Farc. Lo primero de lo que habló Zabala fue de las tierras: “¿Y las 128 hectáreas que nos quitaron, qué pasa con esos terrenos, con esa reparación? Son más de 15 años reclamando”. Esas tierras, después, serían ocupadas por otros grupos al servicio del narcotráfico y la Ley de Justicia y Paz quedó como un papel que no trajo consigo una reparación esperada.
Alguien en el audiencia les pregunta por Iván Márquez. María Zabala fue clara: “Yo no soy igual que ellos, yo no mato. Si a mí me hacen algo, si me hacen daño, yo no voy a tomar las armas para vengarme. Las armas hicieron mucho daño. Cuando mi hijo entró al Ejército yo no me sentía orgullosa, yo no apoyo la violencia”. El rearme de Márquez, Santrich y compañía, dijo, “da mucha impotencia”. Arquímedes de Jesús Rodríguez dijo que Márquez no representaba a Farc y que, pese a los asesinatos de líderes y excombatientes, hay muchas personas que, como él, sí están comprometidas a darle la cara a las víctimas.
Al día siguiente, en el Centro de Convenciones de Montería, vía Cereté, continuaría el diálogo, pero con otro nombre: “Larga vida a las mujeres y hombres líderes sociales y defensores de derechos humanos”. Este era un evento más “formal”, con registro de invitados, cámaras, streaming, pantallas gigantes y un set con varias personalidades. Como en los diálogos anteriores, esta vez se hablaría sobre las causas que han generado varias series de asesinatos a líderes. Infortunadamente, David Barguil, del Partido Conservador, y otra persona que representaba a los ganaderos de la región, no asistieron al evento.
“Van cuatro desmovilizaciones que hemos visto, pero no ha cambiado la violencia”, esto fue lo que dijo Rógeres Higuita, líder social del departamento. En el alto Sinú, explicó, ha existido un foco de violencia que se ha traducido en desplazamientos masivos. “Primero llegaron hombres armados vestidos de paramilitares, después con otro nombre, dizque ‘Bacrim’”. Yeferson David Domicó, también panelista, se preguntó algo similar: “¿Qué hacemos los indios ante esta ola de asesinatos.Han sido más de 8.000 personas afectadas por desplazamiento en el río Esmeralda. El territorio está minado, hay violencia, hay droga. Ya no somos libres”.
Andrés Chica, investigador de la región, habló sobre cómo pareciera que, por momentos, esos asesinatos sistemáticos contra integrantes de la Unión Patriótica se estuvieran reflejando en el presente. “27 de los 32 líderes sociales asesinados en Córdoba entre 2016 y 2019 fueron en el sur de Córdoba”. En esa zona, como lo hemos contado, grupos armados como el Los Caparrapos, el Clan del Golfo y el ELN comenzaron a disputarse el control de la zona después de la desmovilización de las Farc. “Cuando se instaló el ETCR no llegó la fuerza pública. Se demoraron, llegó después con la Fuerza de Tarea Aquiles y en esos meses asesinaron a seis líderes. ¿Para qué sirvió todo eso?”.
Digresión: cuando visitamos la región del Bajo Cauca en febrero de este año, un líder nos dijo que no era posible confiar en la fuerza pública, pues ejercía serios estigmas con la población. “Esa fuerza de tarea debería llamarse ‘Aquí les traigo problemas”.
Laura Ardila, editora de La Silla Caribe, habló más adelante sobre el narcotráfico en el nudo de paramillo, donde incluso las Farc hizo alianzas con grupos paramilitares para controlar y extraer la droga. Los frentes 18 y 36 de las Farc fueron claves en la región y después se vieron amenazados por otros grupos, como Los Caparrapos. El profesor Luis Trejos, de la Universidad del Norte, agregó otra reflexión: “El Estado no ha negociado con todos los actores armados del sur de Córdoba, solo con algunos. En el corredor del nudo de Paramillo se procesa coca y de ahí a que, con los procesos de sustitución de cultivos, se generen nuevos enfrentamientos”.
En el set también estaba Victoria Sandino, de Farc. Dijo que la implementación del Acuerdo de Paz era esencial para que cambiaran las dinámicas de conflicto en la región. “Soy de Tierralta, Córdoba, soy hija de esta tierra. Hace 35 años me fui por el desplazamiento y el de mi familia, por la militancia en la UP, por los líderes asesinados. Aquí hay un problema muy serio de tierra, no se ha escuchado al campesinado”.
Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, hizo una reflexión sobre la necesidad de que el Estado, de verdad, sea “garante de proyectos de vida. Con las economías criminales esto no es posible. A los que luchan por la restitución de tierras los matan, lo mismo a los que creen en la sustitución de cultivos”. Pero sobre el liderazgo social dijo algo que dejó pensando a varias personas en el auditorio: “En Montería han asesinado a siete mujeres trans, pero entonces no se habla de ellas porque no eran líderes”. En este y otros puntos estuvieron de acuerdo la mayoría de los panelistas e hicieron recomendaciones específicas: la violencia no solo afecta a los líderes sociales, las familias necesitan bienes y servicios, los cultivadores políticas diferenciales, el acceso a las tierras y la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
La senadora Aída Avella, de la Unión Patriótica, también estuvo presente. Dijo que al genocidio de la UP se han sumado otros crímenes, como masacres paramilitares, desplazamientos y violaciones a los derechos humanos. También, resaltó, sigue presente la relación entre el narcotráfico y la política local. Córdoba es, como dijo, “un paraíso fiscal para los narcotraficantes”. El poder de grupos narcotraficantes no ha tenido un contrapeso institucional y Rógeres Higuita señaló que más allá de las alertas de la Defensoría del Pueblo, que a veces se quedan cortas, la presencia estatal es precaria.
Esta ausencia estatal es evidente en el Sur de Córdoba. Como explicaba Laura Ardila, en su trabajo de reportería encontró que la mayoría de la población estaba siendo víctima de extorsiones y, si un líder denuncia, lo asesinan. Lo mismo sucede, agregaría Trejos, con aquellos líderes que defienden el plan de sustitución de cultivos y de alguna y otra manera alteran procesos sociales que amenazan el negocio de los actores armados.
La senadora Juanita Goebertus y el senador Iván Cepeda, también panelistas, coincidieron en un punto central: la necesidad de implementar el Acuerdo de Paz. Goebertus dijo que a este gobierno “le falta voluntad para implementar el Acuerdo y hay evidencias. Sin implementar adecuadamente los PDET difícilmente se podrá reducir la brecha del campo y la ciudad. En el sur de Córdoba, el 40% de la población vive bajo el umbral de la pobreza multidimensional. En el presupuesto para 2020 del gobierno nacional, solo el 6% fue destinado para los municipios más pobres”.
Iván Cepeda agregó otros puntos que el gobierno Duque ha abandonado: las circunscripciones especiales para las víctimas, el plan de sustitución de cultivos, la protección a los líderes sociales, entre otros puntos. “Existen sectores interesados en que no se solucionen esos problemas, y acá en Córdoba, en que no se acabe esa relación entre algunas instituciones y la ilegalidad”.
Después de ese conversatorio, que no tuvo tantos momentos álgidos, los asistentes nos reunimos en un auditorio para desarrollar ideas sobre los asesinatos a líderes sociales. Hablamos de causas y también de prevenciones. Cansados, con el atardecer cerca, un líder afro tomó el micrófono. Quería que todos los que fuimos desde Bogotá regresáramos con este mensaje: “No sigan tratando a las comunidades étnicas como carros viejos, de talleres en talleres, necesitamos más que eso”.
