Aborto y elecciones: una crisis de salud con propuestas muy tibias

Aunque Colombia es uno de los países en Latinoamérica que tiene una de las legislaciones menos restrictivas frente al aborto, la realidad fuera del papel es distinta y abortar legalmente es difícil. 

Con esa misma frase inicia Las leyes del aborto, un documento de 1971 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), uno de los primeros textos que desde la institucionalidad habló del aborto como un asunto de salud pública .

Hoy, más de 50 años después, algunas cosas han cambiado, pero el “secreto”, el “miedo”, la “mitología” y la “no discusión” siguen siendo conceptos demasiado familiares al acto de abortar, sobre todo en países como Colombia donde el aborto sigue estando parcialmente penalizado.

Lo curioso, e incluso paradójico, es que el aborto no es asunto nuevo que, por nuevo, necesite tiempo de asimilación y de tensiones sociales para regularse y aceptarse. Las mujeres han estado abortando desde que pueden quedar embarazadas. En 1550 A.C ya existía un texto –el Papiro Ebers, un tratado egipcio de medicina– que hablaba de técnicas para inducir el aborto, por ejemplo.

Lo que ha cambiado y que hace que el aborto se sienta como un tema nuevo y polémico es que son cada vez más las mujeres que, al mismo tiempo y desde varios puntos geográficos, ven el aborto como un espacio de reclamación de derechos: un acto que, por pasar por su cuerpo, debería depender solamente de su decisión sin que prime la palabra de otros como el Estado, los cónyuges, la medicina o la religión.

Por primera vez en la historia, el aborto se discute mundialmente como un asunto de salud pública y de derechos, no como un acto moral. O al menos parcialmente.

En Colombia, como en tantos otros países del mundo, discutir sobre el aborto y su legislación es una responsabilidad que ha asumido el Estado y, por tanto, es un tema que en este momento compete a los candidatos presidenciales. Y aunque a veces se siga discutiendo con la timidez y el miedo de ser un tema tabú que despierta la indignación de un sector de la población, el aborto no se ha quedado por fuera del debate, aunque sin mucha profundidad.

Más allá de las posturas sobre el aborto y de las razones de cada una, hay hechos concretos que no dependenden de ellas. Este es el panorama real del aborto y las discusiones que los candidatos están teniendo sobre él.

Las cifras y la legislación

Según el Guttmacher Institute, en los países donde el aborto es prohibido, o solo se permite para cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer, en promedio abortan 37 mujeres de cada 1.000. En los países donde abortar es legal, de cada 1.000 mujeres abortan 34. Es decir que, por un lado, la legalización del aborto no implica un aumento en el número de abortos realizados; y, por otro, los datos demuestran que las mujeres abortan de cualquier manera, sea la práctica legal o no.

“Ya sea que el aborto esté o no restringido por la ley, la probabilidad de que una mujer se someta a un aborto por un embarazo no deseado es prácticamente la misma –afirma Aborto sin riesgos, un documento pilar de la Organización Mundial de la Salud–. Las restricciones legales llevan a muchas mujeres a procurar servicios en otros países, o de profesionales no capacitados o en condiciones no higiénicas, lo que las expone a un riesgo significativo de muerte o discapacidad”.

Varias organizaciones que estudian el aborto desde las cifras y la investigación, como la OMS y el Guttmacher Institute, coinciden en decir que los impactos reales de la prohibición del aborto no es una disminución de la práctica, sino el aumento de los abortos inseguros. Según la OMS, los efectos de un aborto inseguro –que puede ir desde la inserción de objetos, golpes en el abdomen hasta el mal uso de medicamentos abortivos– pueden ser hemorragias, peritonitis, traumatismo del cuello del útero y de los órganos abdominales, septicemia y finalmente la muerte. La clandestinidad, y el miedo de las mujeres a ser víctimas de estigma o de criminalización, hace que sea casi imposible conocer la dimensión real de los abortos inseguros; no obstante, el Guttmacher Institute calcula que alrededor de 22.800 mujeres mueren cada año en el mundo a causa de un aborto inseguro.

En Colombia, el aborto se despenalizó en 2006 en tres casos: embarazo producto de una violación o incesto, malformación del feto incompatible con la vida y peligro para la vida o salud de la mujer. A pesar de esta despenalización parcial, la mayoría de abortos en Colombia se realizan por fuera de los hospitales, los puestos de salud oficiales y las EPS.

Según la más reciente Encuesta Nacional de Demografía y Salud, casi el 50 por ciento de los abortos inducidos de 2006 a 2015 se realizaron en consultorios médicos particulares o en situaciones de no atención, en las que no es un médico quien practica el procedimiento. Y según el Guttmacher Institute, en 2008 se realizaron en Colombia alrededor de 400.400 abortos, de los cuales apenas 322 fueron procedimientos legales. Esos son los datos globales más actuales, la siguiente cifra la ofrece Profamilia, entidad que en 2017 realizó 10.517 abortos legales. Sin embargo, no hay una cifra más actualizada del total de abortos realizados en el país que permita saber si el aumento en el número de procedimientos legales ha significado también un aumento del número de abortos clandestinos; o si, por el contrario, ha representado una baja en el número de abortos inseguros.

Es decir que, en el país y según los datos de 2008, apenas el 0,08 por ciento en promedio de los abortos se realizan con procedimientos legales.

El caso colombiano: las barreras que la ley no tumba

Colombia es uno de los países en Latinoamérica que tiene una de las legislaciones menos restrictivas frente al aborto: hay que tener en cuenta, por ejemplo, a países como El Salvador, donde el aborto está totalmente penalizado e incluso las mujeres que lo sufren espontáneamente pueden terminar encarceladas.

Es más, según Mónica Roa y el equipo de abogadas que logró mediante demanda la sentencia que despenalizó el aborto en Colombia, la causal ‘salud’ debería entenderse de forma integral, como la OMS entiende el concepto mismo de salud: “un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. En ese sentido, la ley colombiana podría darse el lujo de considerarse dentro del grupo de legislaciones más permisivas frente al aborto en el mundo.

Sin embargo, la realidad es muy distinta al papel. En Colombia, abortar legalmente es muy difícil, incluso en los casos que se ajustan totalmente, y sin ambigüedades, a la ley.

Desde 2006, varios de esos casos han sido acompañados por La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, una organización que le hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia y que asesora a mujeres que no han podido interrumpir su embarazo por obstáculos institucionales. En los casos que han seguido se han encontrado todo tipo de escenarios: desde los más comunes, como que la institución prestadora de salud se demore más de cinco días en dar respuesta a la solicitud –lo que dicta la ley–, hasta los más absurdos, como que el párroco de un hospital se niegue a aprobar la interrupción de un embarazo con malformación fetal sin que la mujer se confiese antes.

Según un informe de 2017 de esa organización, las razones para negar el acceso al aborto en el país se dividen en tres grandes causas: el desconocimiento de la ley –por parte de prestadores y profesionales de la salud y de funcionarios y operadores de justicia–; la interpretación restrictiva de la ley –que incluye la solicitud de requisitos adicionales y la negación de realizar el aborto después de ciertas semanas de gestación (que no está incluida en la ley)–; y por último, las fallas en la prestación del servicio de salud –el rechazo de documentos, la dilatación injustificada, la falta de protocolos internos y el maltrato y la violencia contra las mujeres–.

“Por lo general, las barreras impuestas se relacionan con estigmas, estereotipos y prejuicios que en la sociedad colombiana, como en muchas otras, se han construido frente al aborto y que son reforzados ampliamente: que el aborto es un delito, que es un pecado, que las mujeres que abortan sufren traumas psicológicos irreparables, que son irresponsables o “descuidadas”, o que el aborto produce infertilidad”, dice otro documento de La Mesa.

La conclusión es que, al final, poco tiene que ver la ley con la práctica del aborto en Colombia. El problema no está tanto en lo que la ley diga o no, sino en las formas en que la ley se ejecuta y en el conocimiento que médicos y sociedad en general tienen de la legislación. La discusión sobre el aborto tiene que estar en otro lado.

Lo que dicen los candidatos

El tema del aborto se viene discutiendo en elecciones presidenciales desde hace años en Colombia. Y, en general, los candidatos siempre han opinado sobre el tema de forma tímida, rápida y sin profundizar mucho.

Ya en 2010, cuando la presidencia se debatía entre Gustavo Petro, Antanas Mockus, Juan Manuel Santos, Noemí Sanín, Germán Vargas Lleras y Rafael Pardo, casi todos los candidatos opinaban de manera muy similar a la de los candidatos de hoy: respeto a la decisión de la Corte Constitucional y respaldo a la legalidad del aborto en los tres casos ya contemplados. Nada más, nada menos.

Sin embargo, hay algunos matices.

Tal vez la mayor diferencia la marca Iván Duque, quien ante la pregunta de si apoya el aborto responde afirmativamente, dice que es necesario acompañar a las mujeres en los tres casos contemplados por la legislación pero agrega que, ante todo, es católico y pro-vida. A la opinión de Duque, además, es importante agregarle la influencia que podrían tener los integrantes de su partido sobre el tema. En primer lugar, la de Álvaro Uribe, quien públicamente ha asegurado no estar de acuerdo con el aborto. Eso, sin embargo, puede no ser tan problemático, después de todo fue bajo su mandato que se despenalizó parcialmente el aborto y no hubo iniciativas desde su gobierno por retroceder en esa materia. Tal vez la persona cuya opinión sea más polémica es la del exprocurador Alejandro Ordóñez, quien sistemáticamente ha tenido opiniones, e incluso peticiones, para limitar el acceso al aborto en el país. Ordóñez hace parte de la campaña de Duque una vez el candidato del Centro Democrático salió triunfador en la consulta en la que participaron los dos junto a Marta Lucía Ramírez.

El otro matiz lo introduce Humberto de la Calle, quien a pesar de manifestar, como los demás, que está de acuerdo con los tres casos en los que la ley permite el aborto, no se arriesga a asegurar que esa decisión sea exclusiva de la mujer. Tanto Petro, como Vargas Lleras y Fajardo, han agregado a su respuesta que finalmente, la decisión de abortar está ligada al derecho de la mujer de decidir sobre su cuerpo. De la Calle es el único, junto a Duque, que se ha cuidado de lanzar esa afirmación.

Otra diferencia, es que el candidato del Partido Liberal es el único que afirma abiertamente estar de acuerdo con limitar el número de semanas de gestación para poder abortar en casos de violación: una opinión que no es popular dentro de los sectores que buscan la despenalización total del aborto y que, no hace mucho, despertó polémica cuando una magistrada de la Corte sugirió lo mismo.

Paradójicamente, en una columna de la periodista Claudia Palacios, Humberto de la Calle es también el único que dice claramente que estaría dispuesto a ampliar los casos en los que el aborto es permitido en Colombia, solo si hay consenso. Los demás, a excepción de Duque quien lanza un rotundo ‘No’, se limitan a dar respuestas ambiguas que no dejan muy clara cuál es su posición real frente al tema. En ese sentido, lo que sus respuestas parecerían dejar claro es, ante todo, que Humberto de la Calle es el candidato que menos duda a la hora de decir abiertamente lo que piensa y lo que haría en su gobierno respecto al aborto.

Por demás, Fajardo, Petro y Vargas Lleras han ocupado un lugar muy seguro en el que no quitan, pero tampoco ponen al debate.

Una política integral

Finalmente, lo que afirman organizaciones como el Guttmacher Institute, la OMS, La Mesa por la Vida –y otras que ven el aborto como un asunto de salud y de derechos– es que la interrupción del embarazo es un tema que tiene que ver con la sexualidad responsable y el uso de anticonceptivos. Lo ideal es que las mujeres no se vean forzadas a llevar a término embarazos no deseados, y para eso lo mejor es evitar, desde el primer momento, tenerlo.

En ese sentido, todas las organizaciones afirman que el acceso efectivo a anticonceptivos, especialmente para mujeres de bajos recursos y en zonas rurales, es un asunto del que se tienen que encargar los gobiernos y que tendría un impacto en la reducción de abortos inseguros.

En esa materia, todos los candidatos parecen estar de acuerdo. Sin excepción, todos han hecho referencia a la necesidad de programas nacionales de educación sexual como medida de evitar embarazos adolescentes y no deseados.

Sin embargo, las inclinaciones de los candidatos se pueden dividir en dos grupos: por un lado están Vargas Lleras y Duque, cuyas declaraciones se han enfocado en insistir que la educación sexual debe balancear principios éticos y religiosos con sexualidad responsable, un programa que, aseguran, no puede sobreponerse a la educación sexual de los padres. Y en el otro lado están Fajardo, de la Calle y Petro, quienes además de proponer la creación de programas de educación sexual, también tienen en cuenta el acceso a métodos anticonceptivos o de prevención. Pero son, sobre todo, Petro y de la Calle, los que hablan abiertamente de la necesidad de garantizar el acceso a métodos anticonceptivos: haciéndolos más baratos y llevándolos a lugares apartados, ha dicho de la Calle; y llevando información y eliminando las barreras que hacen que su acceso sea difícil, ha dicho Petro.

Lo que queda claro es que el tema del aborto sigue siendo urgente, que en la práctica lleva a que muchas mujeres arriesguen su vida y su salud y que, frente a esa crisis, las propuestas de los candidatos siguen siendo tímidas y poco contundentes a la hora de dar soluciones. Pero, ¿estaría dispuesta la sociedad colombiana a escuchar, y en últimas escoger, un discurso más abierto y contundente sobre el tema?

Ya veremos.