Recientemente un magistrado dio a conocer el grado de vergüenza y hasta creatividad que tienen algunos delincuentes para atreverse a relacionar sus delitos con el conflicto armado y caer en la JEP. Miles de solicitudes han sido rechazadas.
Bajo la fachada de que el conflicto armado los ha afectado y ha incidido en sus delitos, condenados por distintos crímenes que nada tienen que ver con la guerra han intentado que sus casos sean juzgados por la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, que se creó en el marco del Acuerdo de paz firmado entre las Farc y el Gobierno. A pesar de que eso ha quedado ya bastante claro, la mayoría de quienes aspiran a que sus casos vayan en la JEP son intentos para ‘colarse’.
Pero la JEP, al hacer parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, se encarga, exclusivamente, de investigar y juzgar a quienes han cometido delitos relacionados con el conflicto armado. También a quienes pertenecieron a grupos armados, los hayan ayudado a cometer delitos y a los miembros de la fuerza pública que participaron en esos delitos.
Sin embargo, quienes quieren colarse no tienen problema en intentarlo, con todo lo que esto congestiona el trabajo de la JEP y hace perder el tiempo de los magistrados. A la fecha, la Sala de Amnistía de la JEP, encargada de revisar las solicitudes de ingreso, ha rechazado 3.736 procesos, según reveló un magistrado de la JEP al periódico El Tiempo.
Entre las solicitudes hay casos realmente insólitos, como delitos por corrupción, demandas por alimentos, violencia sexual, feminicidios y secuestros extorsivos. Algunos de esos crímenes no solo no están relacionados con el conflicto sino que, incluso si lo estuvieran, no serían considerados por su naturaleza. Eso, sin contar que los delincuentes se han hecho pasar, sin serlo, por excombatientes de las Farc.
Hay colados de colados. Entre los casos más insólitos están, por ejemplo, las solicitudes de Janer Solis, culpable de feminicidio en Bogotá, y la de los hermanos Samuel e Iván Moreno, condenados por corrupción. Ambos casos rechazados inmediatamente por la JEP.
¿Por qué el afán de colarse a la JEP?
Al parecer, la justicia transicional se ha convertido en una salida rápida para criminales de todos los pelajes. Ya hay precedentes suficientes. En el 2005, cuando se sancionó la ley 975, mejor conocida como la Ley de Justicia y Paz, en el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares, personas asociadas a otros delitos buscaron entrar, cientos lo lograron, para obtener beneficios.
La mayoría de los colados en Justicia y Paz están relacionados con el narcotráfico. Como el caso de Juan Carlos Sierra, alias ‘Tuso’, quien se acogió a esta ley bajo el pretexto de ser integrante del Bloque Héroes de Granada de las Autodefensas. Altos mandos del paramilitarismo como alias ‘Don Berna’ se encargaban de encubrir a los narcos para que sus casos fueran aceptados. Los políticos también ayudaron. Los excongresistas Eleonora Pineda, Rocío Arias y Miguel de la Espriella pagaron condenas por sus nexos con paramilitares y son investigados por facilitar que narcotraficantes se colaran al proceso de dicha ley.
En la JEP se intentó repetir esa historia, pero ya estábamos avisados. En el 2018, por ejemplo, 43 narcotraficantes afirmaban haber pertenecido a las Farc y pedían a la JEP la garantía de no extradición ante las denuncias en su contra por narcotráfico. La Sección de Revisión de la JEP encontró que en ninguno de estos casos había relación con delitos de guerra y que ni siquiera eran integrantes de las Farc.
Desde su creación, 12.699 personas se han acogido a la JEP. De ellos, el 77 por ciento pertenecieron a las Farc y el 22 por ciento a la fuerza pública. Del total de solicitudes de amnistías que han recibido, solo el 6,9 por ciento de los casos han sido aprobados, es decir, 277. Los filtros y la rigurosidad que ha tenido la JEP para aceptar o rechazar solicitudes tiene una razón particular: evitar que suceda lo mismo que con la ley de Justicia y Paz, donde narcotraficantes y corruptos lograron acogerse a esta ley para reducir condenas de hasta 60 años a penas de 5 a 8 años, o convertirlas en sanciones reparatorias. Un festín de colados.
Uno de los casos más sonados fue el del narcotraficante alias ‘Gordolindo’, que se hizo pasar como comandante paramilitar del bloque Pacífico para entrar a dicha ley. En 2014 la Corte Suprema de Justicia aprobó su exclusión de Justicia y Paz. Como él, los narcos Víctor Manuel Mejía y Miguel Mejía intentaron evadir la extradición a través de esa ley.
Otra de las ‘jugadas’ que los magistrados y la JEP tienen muy presente es que muchos de estos beneficios ni siquiera consiguieron que los criminales empezaran una nueva vida en la legalidad. La estrategia en la Ley de Justicia y Paz, para muchos delincuentes colados, fue una especie de ‘reseteo’ para volver a delinquir.
La JEP, como está concebida, pretende velar también por la no repetición y que no exista la oportunidad de rearme. De los 31.671 paramilitares desmovilizados con la Ley de Justicia y Paz, cerca del 30 por cierto volvió a las armas y dejó en el aire la promesa de reparar y contar la verdad a las víctimas. Una historia que se está repitiendo en buena medida hoy, ya no gracias a los beneficios de la justicia transicional, sino a la tropezada implementación del acuerdo de paz con las FARC.
