Odorico Guerra, el coordinador de la Mesa Nacional de Víctimas, hace un balance de las medidas que ha tomado el Gobierno para reparar a más de siete millones de colombianos.
Odorico Guerra es el coordinador de la Mesa Nacional de Víctimas, el máximo escenario de participación que tienen las víctimas en Colombia. En ese espacio, creado por la Ley 1448, hombres y mujeres que han sufrido todos los estragos de la guerra debaten sobre cómo deben ser reparados. Es allí donde se encuentran las voces de los distintos procesos rurales y urbanos que las víctimas llevan a cabo en más de 900 municipios de los 32 departamentos del país.
A propósito del Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, que se conmemoró el 9 de abril, hablamos con Odorico para conocer su opinión sobre la manera como el Gobierno ha intentado resarcir los daños que agentes del Estado, guerrilleros y paramilitares les han causado (y les siguen causando) a más de siete millones de colombianos.
Justicia y Paz fue el primer escenario judicial en el que se empezó a hablar de verdad, justicia y reparación para las víctimas. ¿Cuál es su balance sobre ese proceso?
Este mecanismo judicial ha sido muy lento. Para nadie es un secreto que las víctimas siguen sin ser reparadas y que los victimarios ya están saliendo de las cárceles. Se pensaba que una de las fortalezas de la Ley 975 o de Justicia y Paz era que iba a traer ejercicios de verdad contundentes, cosa que no fue del todo cierta. Es más, muchas de las víctimas siguen esperando que los exparamilitares confiensen los hechos victimizantes.
De otro lado, esto se volvió muy oneroso para las víctimas, que tienen que asumir los costos de desplazamiento para poderse reunir con sus abogados o presenciar las audiencias. Además, el trabajo de la Fiscalía no ha permitido conocer verdades completas y las investigaciones son insuficientes.
En 2011, el Congreso aprobó la Ley 1448 para reparar integralmente a las víctimas. Cinco años después de su promulgación, ¿para qué ha servido la Ley?
Creo que la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras permitió que las víctimas nos pusiéramos de moda. El hecho de que hoy se esté buscando hacer planes de desarrollo con las víctimas y mirarnos como una prioridad son avances que se le deben a esa Ley. De todas formas, nos preocupa que esté planteada a sólo 10 años, porque se suponía que en ese periodo todas las víctimas seríamos indemnizadas y aún no se ha llegado al millón. Somos casi ocho millones y a este ritmo no van a acabar nunca de indemnizarnos. Peor aún, el Gobierno está diciendo que no tiene la plata para hacerlo.
La Ley también incluyó un componente de participación de las víctimas. ¿Se han sentido escuchadas?
Creo que ahora las víctimas somos más visibles. Además, contamos con unos presupuestos concretos para dinamizar la participación, que son un poco más grandes que los de los periodos anteriores. Pensamos que se nos han abierto espacios para relacionarnos con los dirigentes políticos y darnos a conocer, pero estamos en desacuerdo con el hecho de que la Unidad de Víctimas centralice los recursos para la participación, porque eso nos impide elegir cómo, dónde y cuándo queremos participar.
De otro lado, tenemos unas inconformidades con la manera como este tema se ha abordado en la mesa de conversaciones de La Habana, porque en las delegaciones de víctimas no se ha incluido a aquellas que hacen parte de las mesas municipales, departamentales y nacional que creó la Ley 1448. Entonces, si nosotros somos el centro de la paz, ¿por qué no están yendo los representantes de las mesas a Cuba? Eso demuestra que la participación sigue siendo sesgada.
¿Por qué sesgada?
Mire, para estar en estas mesas, nosotros debemos someternos a un proceso de elección escalonada. Salimos de organizaciones locales, luego vamos a una mesa municipal, de ahí pasamos a competir con los compañeros de otros municipios para llegar a la mesa departamental y, para llegar al espacio nacional, debemos ser elegidos en una gran asamblea. ¿Qué proceso de participación más genuino que ese?
A diferencia de ello, hay otras víctimas de Bogotá y de Medellín que tienen sus propias organizaciones y para las cuales es muy fácil participar en todo. Pero la gente que vive en el Catatumbo, en Guaviare, Guanía o Amazonas no cuenta con los mismos privilegios. Entonces, las víctimas estamos en desigualdad de condiciones a la hora de participar. Para nadie es un secreto que estamos divididas en estratos.
-
Según Guerra, los procesos de reparación administrativa y restitución de tierras no han respondido a las expectativas de las víctimas. Foto: Santiago Mesa
¿A qué se refiere con que hay una división por “estratos”?
Usted no puede decir que es igual el nivel de incidencia de Jineth Bedoya, que sale en todos los medios y es periodista, al de una víctima que está en una mesa municipal de Zapayán (Magdalena), que a duras penas puede salir de su municipio y no tiene dinero. Hay una desigualdad muy marcada entre las víctimas que hacemos parte de las mesas y las víctimas que están en oenegés reconocidas, que tienen grandes contratos y manejan muchos recursos.
Uno de los componentes de la Ley de Víctimas que ha recibido mayores críticas es el del proceso de restitución de tierras. ¿Qué impacto ha tenido la restitución en el campo?
Los procedimientos para devolver las tierras despojadas van mal, muy mal. Sólo en Magdalena, donde hay más de 4.000 solicitudes, no se han resulto ni 100 en cinco años. Muchos de los procesos están represados en los juzgados y la gente tiene que esperar años para que le resuelvan sus casos. Eso demuestra que el proceso no está siendo efectivo.
El acuerdo sobre víctimas que se pactó en La Habana introducirá nuevos mecanismos de verdad, justicia y reparación. ¿Qué opina de ese documento?
Creemos que tiene muchas cosas positivas y que es una gran oportunidad para las víctimas. Triste, eso sí, que no mencione a las mesas de participación en ninguna parte. El acuerdo habla de “espacios”, pero eso puede ser cualquier cosa. Sin embargo, el alto comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, nos aseguró que dentro de esos espacios estarían las mesas. Esperemos que sea cierto.
De otra parte, tenemos propuestas importantes, como que se asegure que haya delegados de las víctimas en la Comisión de la Verdad y en la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas.
En las últimas semanas se han encendido las alarmas por cuenta de los homicidios contra víctimas y defensores de derechos humanos en todo el país. ¿Cómo evalúa la respuesta del Gobierno frente a esa situación?
Estamos muy preocupados, porque hemos tenido muchos ataques en los territorios. Quienes hacemos procesos de defensa de los derechos de las víctimas siempre estamos expuestos y hay momentos en que nos volvemos paranoicos por culpa de las amenazas. Nos preocupa que sigan saliendo panfletos, sobre todo en el Caribe, donde hay una oleada muy fuerte de bandas emergentes.
El Gobierno debe revaluar su postura, porque a veces se quiere desestimar las amenazas muy fácilmente, aunque algunas de ellas se hayan vuelto hechos cumplidos. Además, cada día estamos más decepcionados de la Unidad Nacional de Protección, que no adopta medidas de manera oportuna.
