Somos Defensores presentó su informe sobre agresiones contra líderes sociales y cuestionó la estabilidad del posconflicto.
- El informe llama la atención sobre las situaciones que enfrentan los municipios de Soacha (Cundinamarca) y El Bagre (Antioquia). Foto: archivo
Durante los primeros seis meses de 2016 fueron asesinados en Colombia 35 líderes sociales y activistas de derechos humanos. La denuncia la hace la organización Somos Defensores, en el informe semestral que acaba de presentar esa organización sobre las agresiones a esta población en el país.
De acuerdo con el documento, en ese mismo periodo se contabilizaron en total 314 acciones que costaron o pusieron en riesgo la vida y la integridad de defensores de derechos humanos, o de alguna manera obstaculizaron su labor. Si bien esa cifra es inferior en un 21% a la registrada en 2015, para Somos Defensores sigue siendo preocupante la cantidad de agresiones, más en un contexto de disminución en la intensidad del conflicto armado.
Esa organización argumenta que “la violencia contra el liderazgo social del país no está asociada exclusivamente al conflicto armado, sin desconocer su incidencia, pues contrariamente a los bajos índices de confrontación armada y sus impactos en la población; las agresiones se mantienen o incrementan en algunos aspectos, lo cual advierte que la negociación del conflicto armado no significará la mejoría en los riesgos para los y las defensoras de derechos humanos”.
Sin embargo, Somos Defensores valora que luego de un primer trimestre con un marcado incremento de asesinatos —principalmente de integrantes de Marcha Patriótica, Congreso de los Pueblos y Cumbre Agraria—, la Fiscalía avanzó en investigaciones y el sistema judicial impuso sanciones sobre algunos de los responsables.
De acuerdo con los datos consignados en el documento, más de 100 defensores fueron asesinados entre 2015 y 2016. Pero de esos casos, ocho se encuentran en etapa de ejecución de pena y ocho más en etapa de juicio. “Esto se constituye, sin duda, en el avance más grande que haya dado la Fiscalía por encontrar a los culpables de los crímenes contra defensores y hacer justicia”, dice el informe.
La Organización sostiene en ese punto que la presión del movimiento social llevó al Estado a poner “por fin sus ojos” en la protección de los defensores de derechos humanos. Agrega que eso demuestra “que la investigación de crímenes y respuesta efectiva del Estado a situaciones de amenaza obedece estrictamente a la voluntad política de los gobernantes y funcionarios públicos, ya que resultados como los descritos anteriormente habrían podido conseguirse en años anteriores donde incluso, se registraron un mayor número de agresiones y homicidios. En pocas palabras, el Gobierno pudo proteger de manera más efectiva a los defensores en años anteriores, pero no tuvo voluntad de hacerlo”.
Pese a los avances que reconoce Somos Defensores, el informe sostiene que la elección de Néstor Humberto Martínez como Fiscal General de la Nación constituye un riesgo para la continuidad de esa ruta. Eso se sustenta en el ejercicio profesional previo de ese funcionario quien ha estado vinculado a empresas que, según el documento, “han sido relacionadas con posibles agresiones a defensores de derechos humanos como el caso de El Cerrejón, Pacific Rubiales, Medoro Natural Resources (Marmato) y otras”.
Por tanto, la organización se pregunta si el nuevo Fiscal mantendrá como un tema clave en la gestión de la entidad la investigación sobre crímenes y amenazas “sin importar qué callos toque en el camino”.
Por otra parte, el informe se concentra en el papel de la Unidad Nacional de Protección (UNP) a la luz de los acuerdos de la mesa de conversaciones de La Habana. Eso, toda vez que esa entidad será, junto a integrantes de las Farc capacitados para ese fin, la encargada de garantizar la seguridad de los excombatientes guerrilleros cuando se reincorporen a la vida civil.
En el informe, Somos Defensores se pregunta por la capacidad de la UNP para asumir esa tarea, por las fuentes de financiación de la protección a los reintegrados y “si ese nuevo grupo a proteger y sus necesidades, harán que se recorten los recursos para la protección de líderes y defensores de derechos humanos que ya desde hace años padecen trámites engorrosos y negación de medidas de protección por razones económicas”.
Esos cuestionamientos surgen a partir de las dificultades en los mecanismos de protección que, según ese documento, persistieron durante el primer semestre de 2016. El informe destaca la poca efectividad en la implementación de medidas de protección colectiva y la cancelación de auxilios de transporte para personas en riesgo.
“Los riesgos de la paz”
Otro de los aspectos que se destaca en el informe es el de los posibles riesgos de la firma de un acuerdo de paz con las Farc. Somos Defensores expresa su preocupación ante las posibles disidencias de esa guerrilla “que continúen con la lucha armada y hagan tambalear no sólo la sostenibilidad de los acuerdos, sino la acción de los activistas por la paz y los DD.HH. en las zonas donde estos supuestos ‘frentes rebeldes’ continúen su acción a pesar de la desmovilización”.
Otra preocupación relacionada con las negociaciones de paz tiene que ver con la posibilidad de una “paz incompleta”, teniendo en cuenta que todavía no ha sido posible la instalación de una mesa formal de conversaciones con el ELN. “Esta situación ha puesto al movimiento social y a los defensores de derechos humanos en el centro de acciones de estigmatización pública y en redes sociales. De no lograrse el arranque formal de la mesa con el ELN, podríamos estar a las puertas de una ‘cacería de brujas’ bastante peligrosa contra defensores de DD.HH. que quieran impulsar este importante proceso. Claro está, sin perder de vista que el ELN también cuenta con una significativa responsabilidad desde hace varios años en la agresión contra defensores de derechos humanos en departamentos como Norte de Santander, Arauca, Chocó y Nariño”, explica el documento.
Finalmente, el tercer factor de preocupación es el llamado “hoyo negro” que constituyen las organizaciones paramilitares. El informe destaca que no existe una ruta que permita investigar y desactivar las amenazas cometidas principalmente por las llamadas “Águilas Negras” y por otra parte la creación por parte de las Autodefensas Gaitanistas de “toda una parafernalia mediática para transmitir una nueva imagen que los posicione como organización armada con discurso político”. Agregan que, si bien las intenciones de esa organización no son claras, los defensores de derechos humanos están en medio de la confrontación.
La respuesta del Gobierno
La Alta Consejería para los Derechos Humanos de la Presidencia de la República destacó del informe la reducción de las agresiones y de las amenazas individuales. En ese segundo aspecto, las cifras de Somos Defensores indican que se registraron un 41% menos casos en comparación con el primer semestre de 2015. En ese punto no existía una disminución desde 2014.
A pesar de las cifras que suponen avances, el Gobierno reconoce que la situación sigue siendo preocupante. “No puede haber un solo defensor o defensora que sea víctima de cualquier tipo de agresión en el ejercicio de su trabajo diario”, dijo la alta consejera presidencial, Paula Gaviria.
Por otra parte, esa dependencia destacó que, en conjunto con el Ministerio del Interior, trabaja en la “consolidación de la Mesa Nacional de Garantías para Defensores de Derechos Humanos, Líderes Sociales y Comunales, como escenario del más alto nivel de interlocución entre la sociedad civil y el Gobierno”.
