#Divergentes | La Alcaldía de Bogotá designó un centro de rehabilitación para habitantes de calle como nuevo refugio para los venezolanos que estaban asentados en la terminal.
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Este lunes Bogotá despertó con la noticia sobre los disturbios en el nuevo refugio que la Alcaldía dispuso para los aproximadamente 400 venezolanos que estaban asentados irregularmente cerca a la terminal de transportes de Salitre.Desde muy temprano, tanto en medios de comunicación como en redes sociales empezaron a difundirse videos y fotografías de fuertes desórdenes dentro del campamento instalado por el Distrito hace una semana, que desencadenaron en tensiones entre los migrantes, el ESMAD y los delegados del gobierno distrital.
De acuerdo con la versión de algunos vecinos del sector, los desmanes se iniciaron luego de que uno de los migrantes intentara robar unos víveres de una carpa de la Secretaría de Integración Social dentro del refugio. Hace una semana, después de la reubicación, el Distrito anunció que solo le darían comida a niños y a mujeres embarazadas y desde entonces la tensión se ha mantenido alta en el lugar. “Se empezaron a pelear entre ellos y luego con la Policía reclamando comida. Con lo que pudieron se armaron y en medio del motín empezaron a tirar piedras y palos, dañaron las cámaras de seguridad que les habían acabado de poner, bloquearon la carrera 69 y empezaron a destruir carpas y los baños instalados en el lugar”, dijo Luz Marina Avella, residente del conjunto Entreverde, ubicado al frente del nuevo refugio.
En medio del desorden otras personas también traspasaron el muro que separa el refugio con el colegio Don Bosco para intentar salir y por unos minutos bloquearon las salidas del lugar levantando una bandera de Venezuela adentro. La pelea duró por lo menos dos horas y tuvo como resultado cuatro personas judicializadas de acuerdo con la secretaría general de la Alcaldía de Bogotá, entidad que atendió la emergencia. Al final, con el apoyo de efectivos de la policía, el gobierno distrital retomó el control del lugar, inspeccionó las carpas y advirtió que quiénes no acaten las normas de convivencia en el nuevo refugio serán expulsados y remitidos a las autoridades migratorias.
¡Pacifista! pudo establecer que los disturbios de este lunes comenzaron a gestarse desde el mismo reacomodamiento adelantado por la Alcaldía desde la semana pasada. Según denuncias de la comunidad, este nuevo lugar de paso no está en condiciones de recibir a esta población venezolana que migró de su país. Desde Divergentes le pusimos lupa al tema y elaboramos este recuento de los hechos recogidos en terreno.
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Martes, 13 de noviembre de 2018
No había terminado de salir el sol cuando camiones de la Alcaldía y la Policía empezaron a alumbrar los cambuches y carpas improvisadas que varios venezolanos habían levantado cerca al terminal de transportes de Salitre, en Bogotá, para resguardarse de la intemperie. Eran las 5:00 a.m. y detrás del caño que colinda con la central de buses, cerca de 150 ciudadanos sin techo del país vecino empezaron a recibir órdenes para dejar el lugar que desde hace unos cuatro meses se había convertido en su hogar. Lo mismo ocurría en un parque vecino de la terminal, colindante con la zona industrial, donde otros 280 venezolanos habían vivido en medio de un pequeño ‘bosque’ de árboles de eucalipto.
Con los camiones llegó la confusión. Los funcionarios de la Alcaldía les decían que los reubicarían en un mejor lugar. “¿A dónde nos llevan?”, “¿Irnos, por qué?”, se escuchaba entre murmullos. “Nos van a llevar a un lugar más bonito”, “nos están sacando de acá”, se respondían entre ellos sin certidumbre porque nadie tenía muy claro lo que estaba sucediendo.
Mientras al lugar llegaban más buses con funcionarios públicos, uniformados y autoridades locales, los migrantes que dormían, comían y vivían en este campamento recogían lo que podían, como podían: colchonetas, ropa, ollas, comida, enceres, cobijas. Eran sus pertenencias, las mismas que les habían ayudado a sobrevivir a lo largo de las últimas semanas.
A algunos los invadió el optimismo: abandonarían los pastos húmedos y las noches a ras del suelo con roedores y serpientes pequeñas que de tanto en tanto se encontraban. Quedarían atrás las cocinadas de arroz, papa y plátano a punta de leña en pequeñas fogatas y las idas al baño en ‘donde dieran ganas’. Podrían, quizá, tener la luz que nunca tenían después de las 6:00 p.m. y dejarían de sentir los ojos vigilantes de vecinos que, contaban, los veían como una amenaza.
De Salitre a Engativá
La jornada había empezado con tranquilidad. Hacia las 7:00 a.m. gran parte de los cambuches estaban desarmados y los migrantes se empezaron a aglutinar sobre las vías del tren y el pavimento. El plan de la Alcaldía era reubicarlos a un refugio temporal en Engativá, llamado ‘El Camino’, detrás del edificio de la Contraloría y del periódico El Tiempo. Sin mucha explicación, los venezolanos comenzaron a recibir una especie de “contrato” en el que accedían a la reubicación y poco a poco formaron una extensa fila con separadores para que la Secretaría de Integración Social los censara, chequeara la firma del documento y procediera a transportarlos en los camiones.
“Acá estamos viviendo en la miseria y aunque a veces recibimos ayuda, la verdad es que no tenemos nada. Esta tierra es un relleno y no está apta para vivir, menos en estas condiciones”, comentó Vilma, una mujer de edad, acento marcado y cabello desordenado que fue escogida como líder del campamento y a quien también le dicen “La Abuela”. Contó que estaba en ese campamento desde que llegó a Colombia hacía tres meses, que tenía a su cargo una hija y una nieta y que con lo que recogía a diario vendiendo chicles lograba, por lo menos, comer.
Todo transcurría con normalidad hasta que en esos mismos filtros comenzaron a poner más condiciones para pasar, además del “contrato” de reubicación que se les habían hecho firmar. “Solo pueden llevar su ropa y cosas personales al refugio de paso”, explicó uno de los funcionarios de la Secretaría de Integración Social, quienes estaban identificados con chalecos y gorras azules. Con esa advertencia empezó el caos.
La fila ya no estaba ordenada como cuando recién se formó y en cuestión de minutos las personas empezaron a salirse alegando que no se iban a ir sin sus cosas. “Nadie me garantiza que ellos me vayan a reponer lo que con mucho trabajo he logrado conseguir”, alegó uno de ellos. Ni comida, ni cobijas, ni almohadas, ni ollas, ni colchones les permitieron llevar. Comida por “cuestiones de salubridad”, dijo un funcionario del Distrito, colchones porque “allá van a tener dónde dormir” y ollas “porque allá no se les permite hacer fogatas”.
Poco a poco llegaron más medios de comunicación al lugar y las imágenes empezaron a volverse más pesadas. Migrantes enfrentándose a funcionarios y personas alborotadas insistiendo en que lo poco que tenían era todo lo que estaban utilizando para sobrevivir y que para reubicarse no veían la necesidad de tener que dejarlo. Reclamaban que en el documento que les hicieron firmar no decía nada de eso y que un día antes del operativo una fábrica les había donado colchones nuevos y alimentos. “El problema no es que uno las vaya a botar, uno las puede botar, pero cuando uno se vaya a ir de ese espacio temporal, ¿en dónde vamos a pasar la noche?, o cuando logre uno tener para un arriendo, ¿de dónde consigue uno un colchón?”, reclamaba la gente.
A pesar de esta incomodidad, las opciones que tenían eran pocas. O aceptaban las condiciones de las autoridades o salían del campamento. Esas eran las órdenes de la Alcaldía, en su deber de controlar el espacio público. Los uniformados que desde temprano custodiaron la zona tenían la estricta orden de no dejar a nadie después de la reubicación y no permitirles volver a entrar a quienes ya afuera del campamento, tuvieran la intención de regresar.
“Operativo sorpresa”
Hacia el mediodía, la mayoría de venezolanos se habían ido en camiones a Engativá. En la tierra húmeda de lo que era el campamento ya no había personas pero sí restos de vida, de sobrevivencia: bultos de ropa vieja, zapatos rotos, utensilios, bolsos desgastados, comida a medio picar y libros con mensajes de esperanza tirados en el lodo.
Todavía faltaban unas 150 personas por abandonar el lugar y la angustia era palpable. Al preguntar por la demora algunos uniformados en voz baja señalaron que era parte de la falta de planeación de la Alcaldía, pues la reubicación incluso estaba programada para el jueves de la semana anterior pero como hubo manifestaciones estudiantiles el plan se tuvo que aplazar. Esto fue corroborado por la misma secretaria de Integración Social, Cristina Vélez. “Nosotros no lo habíamos socializado ni con los vecinos del sector, sí habíamos hablado con algunas empresas porque este iba a ser un operativo que se iba a hacer de forma sorpresa, pero desafortunadamente por los disturbios de la semana pasada no pudimos contar con Policía”, explicó la funcionaria en una declaración que dio a medios en medio de la jornada.
El estrellón
El sitio de reubicación que iba a estar en funcionamiento hasta enero de 2019, según la Alcaldía, eran unas canchas de fútbol de un lote que tiene el Distrito en Engativá, las cuales hacen parte de un centro de rehabilitación para habitantes de calle.
Las carpas estaban ubicadas en la parte trasera, son color amarillo y parecen tiendas de campaña. Adentro habían camillas y cada una tenía capacidad para cuatro, seis y ocho personas, pero eso era lo único con lo que estaban equipadas. En la parte delantera de las carpas amarillas había otras azules a un costado, las cuales servían de punto de “información, alimentación e hidratación” para los venezolanos, donde además el Distrito lleva el registro de quién ingresa y quién sale del refugio.
La llegada de los migrantes al nuevo refugio fue una bomba de tiempo. Algunos entraron en silencio, acomodaron sus cosas y esperaron pacientes el registro y las instrucciones. Otros, sin embargo, lo primero que hicieron fue correr hacia donde estaban las carpas para ver cómo era su nuevo hogar. Al llegar no vieron cobijas, tampoco almohadas y el lugar estaba encharcado. El fin de semana había llovido y vecinos del sector denunciaron que ambas canchas se inundaron ya con las carpas instaladas, e incluso algunas se cayeron por la fuerza del agua. Además, para las cientos de personas que estaban allí solo había instalados cinco baños portátiles que colapsaron a minutos de haber empezado la gente a utilizarlos
“Entonces lo que hizo la Alcaldía fue cambiarlas de lugar y abrir un filtro para drenar el agua. Incluso vimos que antes de que llegaran los medios estaban secando el agua con traperos, imagínese usted eso”, denunció Carolina Bohórquez, residente del barrio vecino Luís María Fernandez.
A todo el que iba llegando la Secretaría de Integración Social le entregaba un “manual de convivencia” del refugio. En él estaban escritas algunas normas básicas para permanecer en el terreno, como que la alimentación no era para todos, que solo el que estuviera censado tenía la posibilidad de refugiarse y que estaba prohibido cocinar adentro.
“¿Cómo nos van a hacer botar nuestra comida, nuestros colchones, nuestras cobijas, si acá no nos iban a dar nada de esto? ¡Esto parece una cárcel! ¡Nos engañaron!”, respondieron varios enfurecidos apenas fueron comunicados sobre estas reglas. Para las 5:30 p.m. ya se habían presentado algunos enfrentamientos con la Fuerza Pública y algunos grupos pequeños de venezolanos abandonaron el lugar.
A medida que iba cayendo la tarde, la oscuridad se apoderaba del campamento. Para iluminar las carpas solo se veían dos postes de luz interiores y la gente clamaba por comida y agua potable. Algunos no habían probado bocado desde la noche anterior y lo poco que tenían lo habían tenido que botar para el traslado.
La mayoría aseguró haberse sentido engañada por el Distrito. Dijeron que las condiciones no cambiaban mucho y que incluso en el lugar en donde estaban era mejor porque tenían “más libertad” y la gente se podía acercar a donarles comida o cosas de aseo. Según ellos acá estaban encerrados, también sin agua, sin comida, sin luz y abrigo.
Sin embargo, la respuesta de la secretaria Cristina Vélez fue tajante: “Las personas que no estén de acuerdo con las reglas pueden irse, acá no se obliga a nadie a quedarse”. No obstante, para entonces, ya la Policía tenía custodiadas las zonas en las que anteriormente estaban ubicados los asentamientos.
Para los vecinos del sector el asunto no fue menor. Nadie les avisó sobre la situación y cuando levantaron su voz en los medios de comunicación sobre su inconformidad con el traslado, algunos periodistas –afirman– los trataron de xenófobos.
“Nosotros hemos convivido toda la vida con población vulnerable y el mejor ejemplo es el centro de rehabilitación que tenemos en frente. Todas las tiendas y restaurantes alrededor están llenas de trabajadores venezolanos y son a quienes primero les tendemos la mano. Sin embargo, esto ya es otro nivel. El terreno es completamente inundable, no tiene pararrayos, al lado del refugio está la sede de Compensar que a diario cuenta con más de 8.000 personas y atrás está el colegio Don Bosco, con más de 1.500 alumnos cuyo rector tampoco ha sido informado. Si lo que querían era mejorarles las condiciones no lo lograron”, dijo Luz Marina Avella, habitante del conjunto Entre Verde.
Después de la reubicación los compromisos quedaron latentes: Integración Social dijo que iban a tener vigilancia policial las 24 horas del día y los venezolanos que se decidieron quedar debían respetar las normas de convivencia.
Así pasaron la primera noche pero durante el fin de semana seguían llegando carpas y el panorama desmejoró. El sábado, los habitantes del sector denunciaron que a causa de las lluvias las canchas se inundaron de nuevo y el flujo de migrantes en la zona era descontrolado. Además, al día siguiente de haber inaugurado el lugar de paso los migrantes ya estaban prendiendo fogatas para poder cocinar adentro.
La situación empeoraba. “Señores periodistas, esto está pasando en las afueras de campamento migrantes. Hay asonadas, gritan, se tiran sobre transeúntes exigiendo comida, lo que sea. Acaban de sacar a un hombre en camilla hace unos minutos y no hay nadie de la Alcaldía. No hay plan de emergencia, lo subieron en un taxi. Se va mucha gente del campamento. Algo va a pasar”, me escribió el sábado 17 de noviembre Luz Marina.
Esa noche, las personas adentro del refugio durmieron entre charcos. El desorden parecía empezar a dominar el campamento y para la mañana del domingo, de acuerdo con la comunidad, no había autoridad encargada del registro de ingreso y salida de personas por lo que varios venezolanos que no habían sido censados y que de hecho ni siquiera venían de Salitre, empezaron no solo a a entrar a su acomodo sino a aglomerarse a las afueras del lugar.
Este lunes, hacia las 7:00 a.m., la situación se puso tan tensa que de nuevo se formaron disturbios entre venezolanos y Fuerza Pública que dejaron daños materiales en el refugio y personas judicializadas, entre esas menores de edad.
“Agarraron una carpa azul de la Alcaldía, le quitaron las varillas y se armaron con ellas. Las camillas de las carpas que se les habían dado las cogieron de escudo en el enfrentamiento. Ya había ESMAD de por medio pero la violencia fue mucha”, denunció esta mañana Andrea Pacheco, otra residente del sector que pudo registrar en video la situación.
Al cierre de esta nota, la calma había regresado a ‘El Camino’, mientras varios de los migrantes seguían prendiendo fogatas adentro del terreno designado. Por su parte, la Alcaldía anunció que aquellas personas que no cumplan con las normas de convivencia serán reportados con Migración Colombia “para que no sigan perturbando el orden en el campamento y la ciudad”, afirmó el secretario Raúl Buitrago.
Así mismo la secretaria Social, Cristina Vélez, señaló que la primera medida será la identificación biométrica a todas las personas que están en el campamento. La segunda medida será “duplicar la presencia de vigilancia privada”, además de instalar un CAI Móvil a las afueras del lugar. La posibilidad de que la tensión vuelva está latente. Al parecer, esta historia apenas comienza.
