Los avances en materia de reincorporación son precarios. Y se suma otra preocupación: la posible modificación de la Ley de víctimas y restitución de tierras.
Hace dos años, cuando el gobierno de Juan Manuel Santos firmó el Acuerdo de Paz con la guerrilla de las Farc, las expectativas de la población que habita en regiones de conflicto eran altas: ese acuerdo prometía una reforma rural, reparaciones individuales y colectivas, un sistema de justicia enfocado en los derechos de las víctimas y la reincorporación de cerca de 13.000 excombatientes de las Farc. Si bien los compromisos están contemplados a cumplirse en un lapso de 10 años, lo cierto es que hoy, dos años después, existen serios interrogantes sobre el futuro de estas promesas.
En un debate de control político, la congresista Juanita Goebertus sacó a la luz algunos nudos que han dificultado el cumplimiento del Acuerdo de Paz. Con la salida de Juan Manuel Santos, el panorama se ha enrarecido un poco más: “Las decisiones del gobierno Duque en materia de reincorporación, desarrollo rural y víctimas, pone en riesgo la construcción de paz y la estabilidad territorial”, dijo la congresista. Y las cifras que recopiló le dan la razón. Por solo mencionar una de ellas: la Agencia Colombiana para la Reintegración (ARN) no conoce el paradero de 2.000 excombatientes que salieron de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR).
En los hallazgos de Goebertus aparecen otros datos preocupantes. El gobierno de Iván Duque, por ejemplo, se trazó la meta de indemnizar a 183.934 víctimas en el cuatrienio; esta es la cifra más baja en los últimos 15 años. Esto sin contar que pretende modificar la Ley de Víctimas y restitución de tierras. A este indicador se suman otros que son desalentadores: tal como está enfocado el plan de reincorporación, los proyectos productivos aprobados solo benefician a 87 excombatientes de 13.049 que están inscritos en las bases del Alto Comisionado de Paz. “No repitamos los errores del pasado, debemos recordar que el 12% de las Bacrim fueron desmovilizados y que el 53% de los cabecillas de Bacrim correspondía a desmovilizados de las AUC”, dijo la congresista.
El plan para “estabilizar” las zonas de conflicto también resulta contradictorio. Duque, por ejemplo, respalda la aspersión aérea con glifosato para combatir los cultivos de uso ilícito. Este tipo de decisiones van en contravía del Plan Nacional de Sustitución de Cultivos (PNIS), un programa que el presidente tiene frenado y sin articulación con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
A dos años de la firma del Acuerdo, el horizonte para la reparación de víctimas es gris. Según Goebertus, Duque y su partido han tomado al menos tres decisiones que van en contravía de las promesas que en los últimos años se les ha hecho a las víctimas: hundieron las circunscripciones especiales (16 curules en el congreso para víctimas del conflicto armado; el compromiso del gobierno Duque con la reubicación de víctimas es difícil de ejecutar: prometió reubicar 1.513.000 víctimas — en 20 año el Estado no ha alcanzado esta meta— con un aumento presupuestal tan solo del 3%. Y el tercer punto: el gobierno no se trazó metas en restitución de tierras.
¿Qué ha hecho el gobierno desde que se firmó el Acuerdo de Paz y qué planes tiene Duque? A continuación les presentamos una serie de preguntas que fueron resueltas por el gobierno vía derecho de petición.
1. ¿Cuántas personas están en proceso de reincorporación?
El último dato del gobierno, del 15 de julio de este año, habla de 13.003 personas acreditadas en Colombia para hacer un proceso de reincorporación: 12.348 de estas ya tienen cuentas bancarias, 11.649 están afiliadas al sistema de salud y 9.361 lo están al de pensiones. Por otro lado, 12.995 personas han recibido la renta básica mensual (un subsidio económico temporal), 284 se graduaron de bachillerato y 3.276 hacen parte de cooperativas en procesos de economía solidaria o colaborativa.
A parte de las personas que están acreditadas para reincorporarse, el gobierno tiene datos de personas involucradas en procesos activos de reintegración y desmovilización: un total de 8.993 personas. Del total, 4.665 pertenecieron a las Autodefensas Unidas de Colombia, 3.049 a las Farc, 1.179 al ELN y 100 más a otros grupos al margen de la ley.
2. ¿Cuántos menores de las Farc están en proceso de reincorporación?
Según la Presidencia, a julio de 2018 el 100 por ciento de los adolescentes que estaban en la guerrilla de las Farc fueron acreditados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz para iniciar su reincorporación. En este proceso acogieron a 124 adolescentes y, de los 94 jóvenes que ya alcanzaron la mayoría de edad, 86 han recibido beneficios económicos. El texto final de los Acuerdos de Paz estableció que los menores de edad que se desmovilizaran tendrían un trato diferencial para los procesos de reincorporación.
Existen, dice Presidencia, 124 planes de atención diferenciales para los menores de edad. Reciben acompañamiento con las familias, talleres de sexualidad y economía, apoyo para el trámite de la libreta militar, talleres de sexualidad, economía y formación académica y laboral.
3. ¿Cómo va la reparación integral a las víctimas?
Lo primero que se debe decir es que el proyecto de reparación integral a víctimas del conflicto está desfinanciado. En 2011 se estableció un aproximado de 54,9 billones de pesos para reparar a más de 8 millones de víctimas. En 2016, el gobierno hizo una nueva aproximación presupuestal y encontró que eran necesarios 115 billones de pesos, lo cual corresponde a un incremento de recursos del 71,23%. Actualmente, el gobierno de Duque tiene proyectado invertir 45 mil millones de pesos en 2019, una cifra muy baja si se tiene en cuenta que en 2018 fueron invertidos 600.000 millones de pesos y en 2017 un total de 700.000 millones de pesos.
4. ¿Cómo va la implementación del Catastro Multipropósito?
Este catastro es clave: tiene la misión de recolectar la información completa sobre la situación legal de los predios en el país. Para procesos como los de restitución de tierras, este catastro es imprescindible. A la fecha, según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), se implementó una fase piloto del catastro en Santa Marta (Magdalena); Lebrija (Santander); San Carlos (Antioquia); Puerto Gaitán (Meta); Topiapí (Cundinamarca), Dibulla (La Guajira); Puerto Leguizamo (Putumayo) y Ovejas, Sucre.
A partir de los resultados de esta fase piloto, el DNP deberá elaborar un plan de expansión para que se implemente el catastro multipropósito en todo el territorio nacional. Para implementar el catastro, asegura el DNP, se necesitan 2,6 billones de pesos y, a la fecha, han sido asignados contratos por 12.000 millones de pesos. “En este momento no se han asignado otros recursos, en espera a la definición del plan de expansión la cual depende del procesamiento de los productos y resultados del proyecto piloto”, respondió el DNP.
Para comenzar con el levantamiento de la información catastral de los municipios de la fase piloto, el gobierno estructuró un crédito con la banca multilateral por 450 mil millones de pesos, el cual debe ser ejecutado en el primer semestre de 2019. Sobre los recursos a futuro, la situación es incierta: “Se han realizado acercamientos con cooperación internacional para apoyar al gobierno nacional en la financiación de la implementación del Catastro Multipropósito”, concluyó el DNP.
5. ¿En qué va el Fondo Nacional de Tierras y la restitución de tierras?
De acuerdo con el Ministerio de Agricultura, en el Fondo de Tierras se han registrado 525.646 hectáreas y 3.895 predios. Por otro lado, el Ministerio de Agricultura señala que la implementación el Fondo Nacional de Tierras tiene unos costos cercanos a los 7,1 billones de pesos.En los próximos años, este fondo deberá contar con, al menos, 3 millones de hectáreas para distribuirlas en poblaciones campesinas sin tierra. Sobre la restitución de tierras, el gobierno señala que, a corte de julio de 2018, consolidaron 17.090 órdenes de jueces y magistrados especializados en restitución de tierras. Del total de estas órdenes, 12.717 se encuentran cumplidas y 4.373 están en revisión.
6. ¿Cuánto cuestan los PDET?
Los 16 Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDETS) que deberán implementarse en las regiones más golpeadas por el conflicto armado tienen un costo de 79,6 billones de pesos. El gobierno de Juan Manuel Santos ejecutó 2,8 billones de pesos y donde más avanzaron estos programas fueron en las regiones de Alto Patía, la Sierra Nevada de Perijá y la frontera nariñense. En el derecho de petición, el Ministerio asegura que todas las fuentes de financiamiento en el posconflicto deberán aportar a los PDETS. No hay claridad sobre los aportes que realizará el gobierno Duque para ejecutar estos planes.
7. ¿Duque reformará la Ley de Víctimas?
A través de un derecho de petición, el Ministerio del Interior respondió que “el Gobierno Nacional se encuentra en un proceso de revisión sobre el estado actual de la implementación de la Ley 1448 de 2011 (la de Víctimas y Restitución de Tierras) así como las situaciones y dinámicas que se presentan alrededor de su ejecución”.
El mensaje del Ministerio es confuso, pues aunque señala que pretende asegurarle a las víctima verdad, justicia, reparación y no repetición, dice que “el compromiso del Gobierno Nacional es corregir las fallas que se han identificado en el proceso de la implementación del Acuerdo Final”. No obstante, el Ministerio no ahonda en esas “fallas”, lo que abre una puerta confusa sobre lo que entiende el gobierno por justicia, reparación y no repetición. La incertidumbre para los 8 millones de víctimas es mayor que nunca.
8. ¿Qué medidas ha adoptado el gobierno para evitar la corrupción en tiempos de posconflicto?
Algunos funcionarios relacionados con fondos destinados a la implementación del Acuerdo de Paz están siendo investigados. Los presuntos delitos tienen que ver con supuestos aprovechamientos de estos dineros para enriquecer de manera ilegal sus bolsillos o negocios, o los de sus allegados. En abril de este año, algunos países donantes, como Noruega y Alemania, le llamaron la atención al gobierno por presuntas irregularidades en el manejo de los recursos.
Este escenario abre la duda sobre cómo monitorear el dinero de la paz para que este no caiga en manos corruptas. El gobierno señaló que para combatir la corrupción creó una ventanilla de denuncias para la ciudadanía, un observatorio de transparencia y lo que describen como el “fortalecimiento de capacidades de la ciudadanía para el ejercicio de control social”, aunque no explican en qué consiste ese fortalecimiento.
Lo que deja claro la postura del gobierno frente a la posible corrupción en el posconflicto es que no están preparados para combatirla. El gobierno está brindando herramientas a los ciudadanos para que puedan monitorear de forma pública los recursos del posconflicto, pero los grandes robos ocurren con la entrega de contratos de proyectos a terceros. Así sucedió, por ejemplo, con Gloria Ospina, quien tuvo un cargo en el que manejó dineros del proceso de paz y ahora es investigada por una presunta adjudicación de un contrato a una firma de su pareja. Este tipo de coimas, desviación de dineros y especulación económica son mucho más difíciles de documentar, y también es difícil que un ciudadano los encuentre y los denuncie . En cuanto a esta preocupación, la única defensa que plantea el gobierno son audiencias para rendición de cuentas y estandarización de procesos.
9. ¿Cuál es la visión del gobierno sobre el posconflicto a nivel territorial e institucional?
Una de las grandes críticas que se le ha hecho al gobierno en el marco del proceso de Paz es su poca capacidad para llegar a las zonas más afectadas por el conflicto armado. Aunque por momentos el gobierno ha usado al Ejército para hacer presencia en ciertos territorios, las comunidades de estos esperan la presencia estatal de otra manera: con carreteras, colegios, hospitales o incentivos para la economía de las regiones.
El gobierno es consciente de esta situación. Desde Presidencia, al menos en el papel, están comprometidos en “articular la presencia estatal en las zonas más afectadas por la violencia, las cuales se focalizan en 170 municipios”. Esto dependerá de la voluntad estatal, la inversión y la correcta implementación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que están planteados en el Acuerdo de Paz.
La respuesta de esta pregunta, elevada de Goebertus al gobierno, se limita a decir que el gobierno tiene voluntad de fortalecer la institucionalidad en las zonas afectadas por el conflicto y abandonadas por el Estado. No obstante, la información no contiene ningún plan a largo plazo de inversión en servicios básicos, educación, infraestructura o comercio.
10. ¿En qué va el Fondo de Inversiones para la paz?
Este fondo corresponde a una suma de dinero que se planteó desde la firma del Acuerdo de Paz: 24,3 billones de pesos para “desarrollo y acción social, fortalecimiento institucional y recuperación económica y social”. Sobre este punto hay una mala noticia, y es que los fondos están congelados.
Los recursos no fueron aprobados ni ejecutados durante el gobierno de Juan Manuel Santos porque, a pesar de que fue él quien firmó los Acuerdos, no incluyó este fondo de inversiones para la paz en su Plan Nacional de Desarrollo. Ahora, con el cambio de gobierno y una agenda legislativa que está hasta el cuello, es necesario que el Congreso apruebe este fondo en el marco del nuevo Plan de Desarrollo. Solo así se podrán tocar los recursos de este fondo, que están pensados para inversión social y fortalecimiento de comunidades.
11. ¿Cómo el gobierno promueve y facilita el proceso de reincorporación de los excomandantes de las Farc?
Según el gobierno, mediante un escenario de participación que es el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) con representantes del gobierno y de la Farc. Este tiene como fin seguir el proceso de reincorporación de exguerrilleros. También existen los Consejos Territoriales de Reincorporación (CTR) dentro de los ETCR para diseñar planes y programas de reincorporación teniendo en cuenta las necesidades de los territorios.
A estas iniciativas se le han sumado instituciones como el Sena (para procesos educativos), los distintos ministerios del gobierno, organizaciones sociales, empresas regionales y autoridades departamentales y municipales. A nivel internacional, países como Noruega, Canadá, Alemania, Reino Unido y Nueva Zelanda están brindando recursos y asesorías para los proyectos productivos de los exguerrilleros, que lideran y promueven sus excomandantes.
12. ¿Cómo van los proyectos productivos en los ETCR?
Un interrogante muy importante que se discutió en los Acuerdos de Paz fue qué iban a hacer los exmiembros de las Farc cuando dejaran las armas. Por esta razón, en el acuerdo se plantearon los proyectos productivos como un apoyo a los exguerrilleros en su reincorporación a la vida civil.
No obstante, el gobierno se ha demorado en poner en marcha los proyectos. Solo hay 12 proyectos productivos aprobados en todos los ETCR del país, y 11 de ellos dependen del apoyo económico internacional. Hasta la fecha hay solo dos proyectos que ya funcionan y tienen rentabilidad económica, y son los que están en los ETCR de Miravalle (Caquetá) y en el de Icononzo (Tolima).
