La contradicción entre el glifosato y la sustitución gradual y concertada. Análisis de Dejusticia.
- Foto: Archivo.
Por: Luis Felipe Cruz Olivera*
La semana pasada en el Municipio de Calamar (Guaviare), la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) y otras organizaciones de la sociedad civil llevaron a cabo el XVIII Encuentro Regional de Paz. Una reunión con más de 150 líderes sociales del departamento de Guaviare que tenía como objetivo hacer una pedagogía de los acuerdos y responder preguntas que los habitantes del territorio tienen sobre lo pactado en La Habana. Algunas personas viajaron días enteros para llegar porque las únicas vías de transporte que hay en ese territorio son caudalosos ríos.
La malaventura que significa ser campesino en estas regiones de colonización no es obstáculo para que sus habitantes imaginen la paz, apoyen el Sí en el plebiscito y participen en la implementación de los acuerdos en sus territorios. Están decididos porque están cansados de la pobreza y la guerra. Saben que la paz es la oportunidad para que el Estado llegue, pero no en forma de Ejército o tanqueta, sino de escuelas, hospitales, servicios públicos, carreteras, etc. Los problemas y necesidades de estas personas son el contenido de la trillada paz territorial.
La gente se pregunta si el Gobierno va a cumplir con los compromisos adquiridos en La Habana y en otras negociaciones que se han adelantado con el movimiento campesino. También, cuáles van a ser las vías de comunicación para sacar los productos de los programas de sustitución de cultivos ilícitos y qué va a pasar con el ingreso familiar mientras las plantaciones legales dan sus primeros frutos.
Las respuestas de la OACP y algunos expertos invitados plantean la necesidad de articular los planes de desarrollo local y regional a los planes de sustitución integral. De acuerdo con el diálogo, el Gobierno debe recoger las propuestas de la gente sobre su territorio (programas como el PLADIA, el de la Vereda Pacelli y el mandato de la Constituyente cocalera) y asesorar técnicamente la presentación de proyectos. La pedagogía del acuerdo sobre drogas ilícitas se convirtió en una invitación para que población campesina e instituciones pasen del dicho al hecho. Que comunidades digan cuántos ladrillos se requieren para construir la paz territorial y que el Estado preste ayuda técnica para construirla.
Sin embargo, los esfuerzos de la OACP en hacer promoción de los acuerdos son incoherentes con las campañas de fumigación terrestre que la Policía Antinarcóticos está llevando a cabo en Nariño y Putumayo. El Consejo Nacional de Estupefacientes había suspendido el uso del glifosato en mayo de 2015, pero el 29 de junio de este año, el Consejo reactivó su uso y autorizó la ejecución del Programa de Erradicación de Cultivos por Aspersión Terrestre (PECAT). El 11 de julio la ANLA aprobó el Plan de Manejo Ambiental, y a partir del 25 de julio, la Policía Antinarcóticos emprendió una campaña de fumigaciones terrestres que, de nuevo, empeora las relaciones Estado-comunidades.
- Encuentro Regional por la Paz en Calamar (Guaviare) Foto: Germán Moreno.
La tensión alcanzó su punto más álgido la semana pasada cuando, en medio de las manifestaciones en contra de las estrategias de erradicación forzada, se bloquearon vías que comunican los municipios de Puerto Caicedo, San Miguel y La Dorada en Putumayo, y la reacción del Gobierno fue la tradicional movilización del ESMAD a la zona. En Tablón de Gómez (Nariño) se ha acusado a la Policía de disparar contra manifestantes, dejando como saldo un campesino muerto y muchas personas lesionadas.
El problema de esta contradicción es que da la ilusión que el discurso de la paz es meramente retórico, cuando realmente supone cambios en la política de drogas. Por ejemplo, implica el abandono de las fumigaciones terrestres con glifosato y la transformación del rol que la Policía y el Ejército tienen en la reducción de los cultivos ilícitos. La razón es básica: en La Habana se pactó que los esfuerzos por reducir los cultivos ilícitos, en especial la sustitución, deben ser graduales, voluntarios y concertados.
No es un acto de paz con las poblaciones de territorios cocaleros insistir en una estrategia con resultados limitados y movilizar el ESMAD, sin escuchar sus reclamaciones. A eso llamo borrar con el codo lo que se ha firmado con la mano. ¿Cómo piensa el Gobierno comenzar a realizar el alistamiento territorial para la implementación de los acuerdos de paz, en territorios que están siendo fumigados con glifosato?
Los esfuerzos realizados por la OACP en los Encuentros Regionales de Paz son oportunidades para construir un programa de desarrollo integral en los territorios cocaleros. Aquellos pobladores rurales están dispuestos a dar el sí al fin del conflicto, por eso no podemos defraudar las esperanzas que tienen en el mejoramiento de su vida a través de una presencia del Estado Social de Derecho.
*Investigador de Dejusticia
@lfcruzo
