OPINIÓN Hay una cierta hipocresía en la coalición de gobierno y poco interés por hacer los cambios que este país necesita.
Columnista: Rodrigo Sandoval
Las voces públicas en contra del proceso de paz no son muchas. Es muy extraño que en un país donde la élite social y política ha promovido una distribución desigual del poder, la tierra y los recursos haya tan pocos atacando el proceso de paz. A mí eso me parece preocupante.
Me parece, en cambio, que hay una cierta hipocresía terriblemente peligrosa en la clase dirigente, mucho escepticismo, poco interés por hacer los cambios que este país necesita y desconfianza con la paz. Se trata de un escenario perfecto para que, una vez llegue a Bogotá el acuerdo de La Habana, este sea desmantelado por el Congreso.
En ese sentido, vale la pena revisar lo que ha pasado recientemente en Brasil. Allí, el Gobierno hizo una coalición variopinta para garantizar que sus proyectos fueran aprobados en el Congreso y fue justamente esa coalición la que terminó promoviendo el juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff. El monstruo estaba adentro y nadie pareció darse cuenta: el vicepresidente, varios ministros y otros funcionarios de alto nivel fueron decisivos para que la Cámara se propusiera y lograra poner en riesgo la continuidad del gobierno de Rousseff.
Es hora de que el Gobierno, y las Farc, busquen construir un frente amplio de apoyo irrestricto a la paz. Desafortunadamente, los únicos partidos que se han comprometido con la paz son el Polo Democrático y la Alianza Verde. Los demás partidos y movimientos han sido ambiguos en sus posiciones frente a la paz. Bueno sería contar con un compromiso más serio de aquellos que están dispuestos a respetar los acuerdos de La Habana, y su desarrollo en el Congreso, en un documento no solo con validez simbólica sino jurídica.
Es que no estamos hablando de pequeñeces. Solo en el Senado hay 20 congresistas del Centro Democrático, que se oponen al proceso. Además, en esa misma cámara hay 54 congresistas de los partidos ambiguos. En total, suman 74 senadores que hacen mayorías calificadas y pueden ser una barrera para que se desarrollen de manera adecuada los acuerdos, y para que se destinen los recursos y los procesos burocráticos locales que garanticen el cumplimiento de lo acordado.
De nada nos sirven leyes que serán aplicadas por las mismas costumbres politiqueras que han primado en las Corporaciones Autónomas, las regionales del SENA, el ICBF, entre otras.
La habilidad política de Santos para conducir la agenda de paz ha sido admirable, pero debe despertar a los enemigos del proceso antes de que sea muy tarde. Tumbar el proceso en Bogotá con procedimientos legales parece muy fácil. Lo que pueda pasar después no quiero ni imaginarlo.
