El nuevo alcalde asumió el compromiso de preservar varias iniciativas de construcción de paz. No se sabe si cumplirá.
Que las Farc “no representan la institucionalidad”, que deben dejar de “dar tantas vueltas”, que no han demostrado que tienen voluntad paz. Con esas palabras Federico Gutiérrez, el alcalde electo de Medellín, explicó a finales de noviembre su decisión de no aceptar una invitación a La Habana de Rodrigo Londoño Echeverri, alias “Timochenko”, máximo comandante de esa guerrilla.
La idea, según el comunicado que las Farc enviaron a la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, era agradecerles “los esfuerzos que tanto los alcaldes salientes como los que iniciarán funciones el próximo año han realizado para apoyar el proceso de paz”. Además, “hablar e intercambiar ideas sobre los temas de la paz y la reconciliación”.
Gutiérrez no aceptó la propuesta del jefe guerrillero y, ante las críticas, respondió: “Esta es una invitación de las Farc. Una cosa diferente es que yo me siente con el presidente Santos y dar nuestras opiniones. Yo no le creo a las Farc. Que demuestren que quieren la paz, no sólo el lobby desde allá (…) es el momento que den un paso sin poner condiciones, porque las condiciones las pone la institucionalidad y Colombia, no ellos”.
Esa frase no es una novedad. Desde hace meses, tal vez años, incluso antes de declarar públicamente su voluntad de ser candidato, Gutiérrez ha sido crítico del proceso de negociación entre el Gobierno y las Farc. Ese tema no escapó al debate electoral pues en Medellín, como en otras regiones del país, algunos sectores insistieron en la idea de que los mandatarios que asumen sus cargos el primero de enero serán los alcaldes y gobernadores del posconflicto.
A él y a los demás aspirantes a la Alcaldía se les preguntó al respecto. Surgieron opiniones diversas y en agosto cuatro candidatos –Alonso Salazar, Héctor Hoyos, Eugenio Prieto y Federico Gutiérrez– firmaron un compromiso para impulsar una agenda pública de paz territorial que, entre otros asuntos, incluía en uno de sus puntos la garantía de “mantener e impulsar las estrategias de posconflicto en Medellín: ¡Basta Ya!, La Escombrera y garantías de no repetición”.
Esos tres proyectos, junto con dependencias como el Museo Casa de la Memoria, la Subsecretaría de Derechos Humanos o el Programa Municipal de Atención y Reparación a Víctimas del Conflicto Armado son ejemplos de los escenarios que se han construido, a pulso de presión política y arañando voluntades, para abordar los retos que enfrenta una ciudad en donde, de acuerdo con cifras de la propia Alcaldía, viven cerca de 600 mil víctimas.
Más allá de sus críticas al proceso de negociación o de su posición frente a las Farc, la decisión de Gutiérrez de no participar en una reunión en la que, precisamente, podría haber planteado sus dudas, se ha considerado como la cuota inicial de un camino complejo para que se cumplan los compromisos que asumió como candidato y para que se piense en el futuro de la “agenda de paz” que se ha venido construyendo en Medellín, incluso, al margen de lo que ocurre en La Habana.
Los proyectos inconclusos
Hace dos semanas se presentaron los avances de la primera fase de proyecto Medellín ¡Basta Ya!, un proceso que se inició hace cinco meses con la idea de que se construya un primer informe de memoria histórica colectiva en clave regional que permita entender las dinámicas de conflicto que ha enfrentado la ciudad desde los años 80. El proceso completo, según lo que está previsto, duraría 18 meses.
En ese espacio, Luz Patricia Correa, directora de la Unidad Municipal de Atención y Reparación a Víctimas del Conflicto Armado, dependencia de la Alcaldía de Medellín, dijo que uno de los principales retos del proyecto es garantizar su continuidad.
Algo similar ocurrió el pasado miércoles cuando la Fiscalía General de la Nación y la Alcaldía de Medellín dieron por terminada la primera etapa del proyecto para la búsqueda de los desaparecidos en la zona de La Escombrera. Un predio en límites entre la comuna 13 y el corregimiento de San Cristóbal donde habrían sido enterradas cerca de 130 personas víctimas de desaparición forzada, muchas de ellas, durante la Operación Orión.
La Escombrera
En el balance que fue presentado a la prensa y en el acto conmemorativo que hicieron los familiares, los responsables del proceso explicaron que, después de levantar una montaña entera de escombros, no se hallaron restos humanos en el primer polígono delimitado, que las excavaciones deben continuar.
“Hasta el momento no ha sido posible hablar con el nuevo alcalde. A él le tocará escuchar nuestra posición como víctimas de desaparición forzada y si tiene algo de humanismo debe acceder a que esta búsqueda siga”, dice Luz Elena Galeano, vocera de Mujeres Caminando por la Verdad, organización que agrupa a las víctimas de La Escombrera.
Ambas iniciativas dependen en buena medida de la participación económica de la Alcaldía de Medellín, y si bien la administración saliente dejó reservados los recursos necesarios en el presupuesto de 2016, los procesos, a juicio de los involucrados actuales, están en veremos porque terminan en sus etapas iniciales y se han generado dudas sobre la voluntad política de la nueva administración.
Marta Inés Villa, directora de la Corporación Región, organización que coordina el desarrollo del Medellín ¡Basta Ya!, dice que si bien están firmados los compromisos asumidos en campaña por los candidatos para una agenda posconflicto y se ratificó que estarán los recursos que les corresponden a Región, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y el Ministerio del Interior, hasta el momento no han logrado que la nueva administración les exprese su interés de participar.
“Está la ficha técnica que separa los recursos, pero él puede decidir si los utiliza en eso o no. Hasta ahora no hemos tenido respuesta, hemos intentado hablar con él para saber qué tan firme se mantiene con la agenda de paz, pero no sabemos nada más. Si la Alcaldía no va, el convenio se para, por lo menos por un tiempo, mientras se consiguen otros aliados o el CNMH y el Ministerio disponen otros recursos. Crearía un bache muy grande y sería muy grave para la ciudad porque aquí se está jugando algo muy importante en términos de reparación, de verdad y de justicia para las víctimas. Esperamos que no sea así”, dice Marta Villa.
“Un compromiso, con un sector de la población que por años ha padecido las consecuencias de la violencia”
“Es un asunto de responsabilidad social y moral, además de un compromiso con un sector de la población que por años ha padecido las consecuencias de la violencia. Avanzaremos y miraremos ajustes en las diferentes estrategias. Ya, por ejemplo, la administración ha destinado alrededor de 750 millones para avanzar con el segundo polígono de excavaciones en La Escombrera. Claro que se mantiene nuestro compromiso, con ellos y con la verdad, la justicia y las garantías de no repetición. Como ciudad nos prepararemos y mantendremos acciones para construcción de paz desde el territorio con condiciones de seguridad”.
De esa forma respondió Federico Gutiérrez a la pregunta de PACIFISTA sobre la continuidad de esos procesos y de los compromisos que asumió en campaña con la agenda de paz y posconflicto que propuso la Mesa Voces de Paz que agrupa a instituciones públicas, varias ONG, universidades y organizaciones de víctimas para la deliberación en torno a la paz.
Y si bien la respuesta del alcalde electo demuestra su voluntad de continuar con los procesos, lo que no está tan claro es cuáles serán esos “ajustes” que se promoverán pues la cuestión no es solo de recursos, sino que está en juego el enfoque que se implementará y la postura de la nueva administración de una ciudad que, más allá de la retórica, será clave en un escenario de postacuerdo por su condición de receptora de víctimas, pero también porque sigue siendo generadora de muchas formas de violencia.
Max Yuri Gil fue director de la Corporación Región y lleva buena parte de su vida dedicado la investigación, principalmente en temas relacionados con conflicto urbano y derechos humanos. Afirma que no se puede suponer que se parte de una “situación idílica”, pues las tensiones con las administraciones han sido una constante en todos estos procesos.
“Con Fajardo y Alonso el escenario también fue difícil. Se generaron muchas diferencias con las organizaciones, por ejemplo, alrededor del proceso de desmovilización. En la actual Alcaldía hubo una incorporación del tema, pero tampoco fue fácil. Hubo tensiones con el alcalde e incluso se habló en su momento de convertir el Museo Casa de la Memoria en una oficina para el Foro Urbano Mundial. Sin que haya habido mucha voluntad, por lo menos este alcalde dejó que las cosas avanzaran”, explica Gil.
Sin embargo, dice que más allá de las discusiones que seguramente tengan que promoverse para demostrar la importancia de esos escenarios, la interpretación que el nuevo alcalde le da al conflicto sí será clave para determinar hacia qué lugar se direccionarán los proyectos.
“Más allá de si él cree o no cree en las Farc que es una cosa de su fuero personal, lo grave es la comprensión del conflicto armado que tienen muchos sectores que están con él. La incertidumbre es la actitud de Federico y el enfoque que se les va a poner a esos proyectos, porque se pueden hacer, pero ¿se harán desde la perspectiva de los derechos de las víctimas?, ¿se puede hacer algo como lo de La Escombrera cuando se considera que es legítima la Operación Orión? Lo que se busca es un escenario político y social de deliberación y será muy difícil la perspectiva si parte del enfoque de que no hay un conflicto armado político sino una asonada terrorista”, afirma Gil.
Por su parte, Marta Villa, la actual directora de la Corporación Región, dice que esa organización y todas las que participan del Medellín ¡Basta Ya! permanecen con la expectativa de que el proceso continúe, pero también de que se garantice su independencia: “Está muy claro que Región coordina e implementa con la participación de Eafit y la Universidad de Antioquia, pero no hay injerencia de las instituciones ni en los contenidos ni en los procesos metodológicos que estamos trabajando. Por eso hay autonomía total desde el punto de vista intelectual, ético y político. Un cambio de enfoque sería intentar hacer una historia oficial o intentar incidir en los contenidos. Para nosotros está absolutamente clara la respuesta de que no participaríamos en esas condiciones”.
Las incertidumbres, entonces, parecen no estar del todo despejadas. Lo que sí está claro es que, a partir del primero de enero, asumirán en todo el país los alcaldes que tendrán la responsabilidad de tomar decisiones sobre la forma en que participarán del nuevo escenario que plantearía un acuerdo para la terminación del conflicto con las Farc. Pero en Medellín, incluso antes de que se hablara de un proceso de paz, las víctimas y los movimientos sociales conquistaron espacios que permitieron, por lo menos, formular preguntas sobre las particularidades del conflicto que ha enfrentado la ciudad. ¿Cuál será el rumbo a partir de ahora?
