Hace 21 años un panfleto de las Farc aguó las fiestas en un barrio de Apartadó. Anunciaba la masacre que ocurrió unas semanas después.
El sonido de las botas al pisar los charcos recorrió las calles del barrio a pesar del fuerte aguacero. Un golpe suave al tope de la puerta la despertó bruscamente. Con su ojo derecho miró por el pliegue del plástico que separaba las dos únicas habitaciones del rancho. Una hoja de papel blanco en el umbral de la puerta contrastaba con el color ocre del piso de barro. Silvia Berrocal se levantó sigilosa para no despertar a sus hijos y prendió el mechón para poder leer unas pocas letras escritas con tinta roja: “Van a necesitar 2.000 ataúdes para enterrar sus muertos”.
Un bazar para una tragedia
“La navidad de 1993 fue muy triste por culpa del panfleto que regó la guerrilla. Solo el sueño de tener casa propia nos dio valor para continuar acá”. Silvia deja caer su cuerpo de 60 años sobre la silla mecedora, con un movimiento brusco de sus pies arroja las chanclas a un lado, se recuesta, la silla hace un medio giro. Mira al cielo en silencio por unos segundos, cierra los ojos y aprieta los labios antes de continuar.
“La masacre era algo anunciado. Las amenazas unas veces llegaban voz a voz, otras como panfleto. Varias veces se le advirtió a la Policía y al Ejército. Ni siquiera la creyeron ese día. Dos personas fueron y le avisaron a la Policía y la respuesta que les dio el de la guardia fue, ‘¿Cuál masacre? ustedes lo que están es borrachos’”.
El 23 de enero de 1994 el V frente de la Farc cumplió su promesa. Ese día sus hombres asesinaron a 35 personas en el barrio Obrero de Apartadó, el municipio más grande del Urabá Antioqueño. Entre ellos cayó Alcides Segundo Lozano Berrocal, el hijo de Silvia. Tenía 16 años.
“Doña Rufina Gutiérrez había organizado un bazar para comprar los útiles escolares de sus hijos. Alcidito, sentado en la puerta de la casa, esperaba a don German, había trabajado como su ayudante de construcción para poder ir a la fiesta. Estaba feliz, iba a salir a bailar con su primera novia. Cuando don German le dio la platica que le debía, me dio a mí dos mil pesos y me dijo, ‘Ma, con esto cómprese algo para usted.’ Yo solté una risa y Matilde, mi hija, se despidió de él con un ´Ay mijo, vas bonito’”.
Silvia recuerda que el sonido de las balas duró casi 15 minutos, que se quedó paralizada en la cama y su mente se nubló hasta que sintió que golpeaban la puerta. Alguien le decía que Alcides estaba herido.
“Salí corriendo como loca. Yo solo recuerdo una llama de candela y al lado, tirado, mi niño. Me arrodillé y lo llamé: Alcidito, Alcidito. Él abrió los ojos y me contesto: ‘Mmm’. Lo alcé con mis brazos y salí con él cargado, gritando ‘¡una hamaca, mi hijo está vivo!’ Salimos por esta vía hacia el hospital. Esa procesión de hamacas con heridos no se me borra de la cabeza”.
En el hospital la recibió un médico, atendió a su hijo de inmediato. Cuando lo destapó encontró su rostro hinchado. “Mientras le metía un tubo por la boca, me dijo: ‘Señora su hijo se va a morir’. Yo dije, mentiras, él va a vivir, lo llamé otra vez y me respondió por última vez, ´mmm’ y empezó a botar sangre por la boca”.
Una sentencia contra todo un barrio
El barrio Obrero de Apartadó fue el resultado de la invasión de cientos de familias, la mayoría conformadas por trabajadores bananeros. Llegaron a esas tierras luego de que sus patrones los expulsaran de los campamentos que habitaban en las mismas fincas donde trabajaban. Querían las tierras donde estaban sus viviendas para también cultivarlas.
Varios “esperanzados”, como se llamó a los desmovilizados de la guerrilla del EPL, que conformaron luego el movimiento político Esperanza Paz y Libertad, organizaron a las comunidades para la toma de varios terrenos en las afueras de Apartadó. Eran propiedad de Guillemo Gaviria Echeverri, un reconocido empresario antioqueño, dueño de fincas bananeras en Urabá, del periódico El Mundo y padre del saliente alcalde de Medellín
“Los ‘esperanzados’ Agustín Coy y José Petro hicieron varias reuniones para tomarnos estas tierras. ‘Así obligamos al señor Guillermo Gaviria a que nos las venda’, nos decían. Éramos como 3.000 familias. Llegamos a las nueve de la noche. Con plástico, madera y pita armé mi rancho. Todo estaba muy organizado, había líderes por sectores y a cada uno le iban asignado su lote de siete por 14 metros”.
Los cambuches de plástico luego se convirtieron en ranchos de madera. Con bazares, rifas y fiestas recogieron dinero para algunas de las necesidades del sector. No había servicios públicos ni calles ni escuelas. La energía y el agua tardaron en llegar. Así, en tan solo una noche, cuando decidieron viajar desde todo Urabá y empezar a construir sus casas, nació la invasión más grande de Colombia y el barrio más populoso de Apartadó.
Los líderes exigían atención y organizaban a los vecinos. Algunos de ellos, antiguos guerrilleros del EPL, habían dejado las armas para dedicarse a la política y al liderazgo comunitario. Eso, para las Farc, era una traición. Por eso le impusieron una sentencia de muerte a toda una comunidad.
Hoy, el barrio Obrero y las cerca de 5.300 familias que viven allí están catalogadas como sujeto de reparación colectiva por la masacre de La Chinita. Esa figura, contemplada en la Ley 1448 de 2011, significa que en algunos casos la reparación por hechos de violencia no debe beneficiar solo a las víctimas más directas sino a toda la comunidad.
En teoría, eso obliga al Estado a reconstruir el tejido social en términos culturales, políticos y sociales y a garantizar condiciones dignas de vida para así revertir en parte los daños causados.
Ángela María Hernández, directora de Unidad de Victimas Urabá – Darién, dice que La Chinita es un caso emblemático, que además ha contado con el tesón de una comunidad organizada que, según dice, ha hecho más fácil los procesos.
“Con ellos se ha construido y se ha forjado paso a paso un plan de reparación colectiva trazado por las víctimas. Busca arropar cada historia, que si bien son tan distintas, se cobijan con el manto común del dolor y la tragedia”, explica Hernández.
Para ello, se estableció el 23 de enero como fecha conmemorativa de la masacre. Ese día se honra la memoria de las víctimas con actos simbólicos que recuerden lo que ocurrió. Además se han implementado varios programas para dotar de implementos a las organizaciones comunitarias. Sin embargo, en el Obrero es todavía mucho lo que falta para que, como dice la norma, se dignifique la vida de su gente.
“Hoy son las bandas juveniles las que se disputan el territorio, tratan de enamorar para sus grupos a los niños. Los pobres seguimos poniendo los muertos”, dice Silvia Berrocal.
“Quiero abrazar al victimario de Alcidito para que sepa que ya lo perdoné”
Silvia Berrocal García es una de las fundadoras de la Corporación de Víctimas Sobrevivientes del Conflicto en Urabá. Ella, con otras 17 mujeres, ha rescatado a 40 niños vulnerables de las garras de las pandillas. Su labor consiste en tratar de suplir las necesidades de los más pequeños en educación, salud, alimentación y en especial con amor. Para trabajar por su barrio, empezó por sanar sus heridas.
“Al que mató a Alcidito yo lo abrazaría y le diría que lo he perdonado. Pero sí quisiera saber por qué a él. Yo ya me ‘desmovilicé´ del odio y el rencor porque si no borramos eso de nuestro corazón no habrá paz”.
Ella es de piel cobriza quemada por el sol, de brazos fuertes y callos en sus manos. A sus 60 años se graduó como técnica en trabajo comunitario y apoyo social, ya estudia Talento humano en el Sena y sueña con ser psicóloga social. En unas cuantas frases resume la historia de su barrio, que no solo padeció esa masacre, sino que ha enfrentado años de abandono.
“Ayer, hasta las madres comunitarias teníamos que hablar a escondidas. A los desmovilizados del EPL los mataban dizque por traidores de la revolución. Después, ellos crearon los llamados Comandos Populares para defenderse, pero degeneraron en lo que todos sabemos, en ‘paras’. Los paramilitares mataban a los de la Unión Patriótica, el objetivo era matar al que pensara diferente. Después llegaron las Autodefensas, empezaron a reclutar a los menores, fueron más de 200 en el barrio y varias madres no saben qué fue de sus hijos. Al menos yo pude enterrar al mío”.
“Oe madre Silvia”, le gritan los niños que pasan descalzos y sin camisa por el frente de su casa, a pocos metros de donde acribillaron a Alcides. Ahora trabaja para ellos, por esos niños que también son sus hijos.
“Nuestros hijos son la carne de cañón de toda disputa armada en Colombia, tan es así que en la masacre solo murió un desmovilizado, el resto solo habían empuñado en sus manos una rula o un cuaderno”.
