“De aquí nos sacan muertos”, han dicho los colonos que estarían deforestando.
Hombres armados de machetes y motosierras han venido llegando a Caquetá en los últimos meses para quedarse con vastas extensiones de tierra baldía. Y la primera víctima de esta incursión ha sido el bosque amazónico. El área afectada, según fuentes consultadas por ¡Pacifista!, podría alcanzar las 40.000 hectáreas.
Testimonios de líderes sociales del departamento, denuncias de ambientalistas y un informe de la Décima Segunda Brigada del Ejército al que ¡Pacifista! tuvo acceso dan cuenta de la grave situación de varios municipios de la región, justamente una de las que serán priorizadas para implementar los acuerdos de paz.
Los forasteros comenzaron a llegar a la zona en noviembre de 2016 y de inmediato comenzaron a talar en las aledañas a los municipios Ciudad Yarí, Novia Celestial y Cartagena del Chairá. Dos líderes de la comunidad le dijeron a este portal que “los deforestadores” se han tomado dos baldíos: uno de 2.800 hectáreas entre las veredas Ciudad Yarí, Tailandia y La Esmeralda, y otro de 3.000 en las veredas Piscinas, Jericó, Bordo de Sabana de Yarí y parte del Pavo. Ahora estarían detrás de un tercer territorio de 6.000 hectáreas al sur de Ciudad Yarí.
El informe del Ejército concuerda con las denuncias de la comunidad. Unos mapas de la Décima Segunda Brigada resaltan las zonas de mayor deforestación justamente en los sitios que mencionan los habitantes. El documento titulado ‘Burbuja contra la deforestación y prevención del medio ambiente’ señala “el reconocimiento aéreo de un 87 por ciento de la región con alto grado de deforestación”. ¡Pacifista! solicitó permiso para publicar las imágenes, pero la Brigada, sin desaprobarlo, se abstuvo de dar declaraciones.
La avanzada y la tala masiva han coincidido con la salida de las Farc de justo esa región hacia las zonas veredales. El asunto probablemente no es una simple coincidencia, puesto que ya en 2014 el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) había advertido sobre el riesgo de que actores ilegales coparan los territorios que la guerrilla abandonara.
Según los líderes sociales consultados por este portal, la guerrilla controlaba la tala, según unas cuotas establecidas. “Se manejaba el tema de cuidar 20 por ciento de todas las fincas y tenerlas en reserva en montañas, y si una persona tumbaba ese 20 por ciento, era sancionada”, dijo uno de los líderes que pidió mantener su nombre bajo reserva. “Pero ya últimamente al no hacer ningún control sobre esas áreas, la gente está tumbando hasta el 20 por ciento que tenían montado”.
Al parecer, el método empleado en estos días es entrar al terreno, fijar por nombre espacios de 200 hectáreas y comenzar a talar. “Se dice ‘por nombre’ porque una sola persona puede decir: ‘estas 200 hectáreas son para mi hijo, estas 200 son para mi primo, estas 200 son para mi sobrino, estas 200 para mi esposa, estas 200 para mi’. Así le van sumando hasta que llegan a un tope de 1.200 a 2.000 hectáreas”, dice el líder.
Los conocedores de la situación en la región coinciden en una explicación de la agresiva llegada de forasteros al territorio: el interés de traficar madera, convertir las montañas de Caquetá en potreros para la ganadería extensiva, cultivar coca o ejercer la minería ilegal. El pasado 19 de enero, justamente, el Ejército encontró dos dragas junto al río Apoporis en pleno Parque Nacional Chiribiquete, actualemente amenazado por la deforestación.
“Los actores ilegales son más efectivos, más rápidos y están aprovechando el vacío dejado por Farc y la ausencia histórica del Estado”, dice la ambientalista Susana Muhamad. En pleno escenario de posconflicto, que incluye un fuerte componente de reforma agraria y de acceso de los campesinos a la tierra, esta situación pone en dificultades tanto la seguridad de los habitantes como el éxito de la implementación.
“Hablar de 40.000 hectáreas es absurdo”
¡Pacifista! contactó a un asesor del ministerio del Posconflicto, quien prefirió no dar su nombre, pero admitió que desde hace un año hay preocupación y que la situación hoy es “prioritaria”. “Hay una deforestación creciente. Tenemos cifras no corroboradas de 1.700 hectáreas en los departamentos de Meta, Guaviare y Caquetá. Somos conscientes de eso y hemos empezado una estrategia creando burbujas especiales del Ejército contra deforestación”.
Sin embargo, señaló que hablar de 40.000 hectáreas en proceso de deforestación es “una exageración absurda”. Además, subrayó que “esas zonas son muy amplias, muy grandes y claramente las Farc están allá porque ha habido ausencia del Estado”.
A pesar de la supuesta preocupación que hay en el gobierno, la comunidad en la zona aún sigue a la espera de las instituciones del Estado. “Hicimos la primera denuncia en octubre del año pasado, se la hicimos a CorpoAmazonía, y la respuesta de todo el mundo es la misma: ‘Conscienticen a la gente, hablen con la gente’. Pero en estos momentos hay gente que está a la espera de qué les van a decir, dice que no los sacan de ahí sino muertos, o por la fuerza”, le dijo a ¡Pacifista! una líder regional.
Mario Barón, director territorial de CorpoAmazonía, autoridad regional que debe responder a la problemática, señaló que es un problema “complejo” y que ya trabajan en una “sinergia institucional”. “Estamos trabajando de la mano con las comunidades, en labores de socialización y educación ambiental”, dijo Barón, pero no especificó cuándo ni dónde arrancará la estrategia de lucha contra la deforestación en esta parte del país.
Tragedia Anunciada
En septiembre de 2014, el Pnud publicó el informe ‘Consideraciones ambientales para la construcción de una paz territorial estable, duradera y sostenible en Colombia’. En el capítulo de recomendaciones señala que “se debe identificar alternativas de reducción de emisiones por deforestación y degradación (REDD) y de Pago por Servicios Ambientales para ser ejecutados en áreas prioritarias para la sustitución de cultivos de uso ilícito o en áreas altamente relevantes para la conservación”.
En 2015, otras organizaciones internacionales también alertaron sobre los desafíos medioambientales del posconflicto. Además de la disputa por el control de las economías ilegales una vez que las Farc se fueran del territorio, varias ONG señalaron que uno de los riesgos para la paz es la debilidad institucional local, que puede afectar la capacidad de implementación de la reforma rural integral y los programas de droga de los acuerdos de paz.
“El gobierno se concentró en la negociación en La Habana y no en la coordinación institucional”
Según Greenpeace, también la formalización de la tenencia de la tierra se podría ver afectada por intereses particulares, por otras fuerzas que se disputan el control territorial y por áreas afectadas por la minería.
“Esto era una situación que el Gobierno conocía hace tres años. El Pnud y otras organizaciones defensoras del medio ambiente habían alertado sobre estos riesgos, y sugerían la necesidad de preparación institucional y coordinación entre las autoridades regionales y los ministerios”, sostiene Muhamad, quien también dice que los esfuerzos del Gobierno estuvieron “en la negociación en La Habana y no en la coordinación institucional en Colombia”.
Presión ciudadana
En medio de esta tragedia ambiental y social, varias organizaciones han comenzado a movilizarse para resistir a esta situación. La organización internacional Avaaz ha lanzado a través de su página web la campaña Que la paz no acabe con la Amazonía para exigirle al presidente Santos cumplir su promesa de implementar de manera adecuada los acuerdos de paz.
“Miles de miembros de Avaaz se movilizaron el año pasado para que el acuerdo de paz fuera una realidad, y hoy se siguen movilizando para que el Presidente cumpla con su parte del compromiso, incluyendo la protección de la selva. La Amazonía es el corazón de Colombia, proteger este tesoro es proteger la paz”, dijo a ¡Pacifista! Ana Sofía Suárez, representante de esa organización en Latinoamérica. La petición ya cuenta con más de 8.000 firmas.