Visitamos el municipio de Carmen de Bolívar pocos días antes de la segunda vuelta presidencial. El sentimiento es de zozobra por la continuidad, todavía no asegurada, del proceso de paz. Por: Marcela Madrid Vergara
El pasado 6 de junio, El Carmen de Bolívar se convirtió nuevamente en un punto de encuentro para hablar de paz. Allí, cerca del corregimiento El Salado, donde 18 años atrás las Autodefensas Unidas de Colombia perpetraron una masacre que dejó al menos 60 víctimas, el alto comisionado de Paz, Rodrigo Rivera, instaló un Consejo Territorial de Paz. Las víctimas iban a ser escuchadas.
Luego del protocolo del evento, que incluía cuatro himnos, una oración a cargo del Obispo de Sincelejo y un par de discursos oficiales, varios líderes de Montes de María tomaron el micrófono para hacer un balance de lo que ha cambiado en sus municipios desde la firma del Acuerdo de Paz con las Farc. Sus palabras dejaron un ambiente de optimismo moderado. La conclusión: ante cualquier resultado electoral, la sociedad civil estaría en capacidad de blindar el Acuerdo.
Cuando la agenda oficial estaba por terminar, las cámaras de video se apagaban y el Alto Comisionado regresaba a Bogotá, el ambiente comenzó a cambiar. Ya sin tanta formalidad, varios de estos líderes empezaron a compartir sus temores y contaron las dificultades de esa era que algunos llaman ‘posconflicto’ y que tiene que ver, principalmente, con la implementación del Acuerdo de Paz.
En este lugar, ¡Pacifista! habló con varios líderes que ahora hacen parte de los Consejos de Paz –así como de tantos otros espacios, comités y grupos– para conocer los motivos detrás de sus miedos.
Amenazas a líderes
Cuatro días antes del encuentro en El Carmen, tres miembros de la mesa de víctimas del municipio recibieron amenazas por su labor. Dos de estas llegaron a través de mensajes de texto con la advertencia “ya saben, no más reuniones”. Otra la recibió personalmente la hija de uno de los líderes cuando salía del trabajo.
Según Edgardo Flórez, coordinador de la mesa, estas intimidaciones son consecuencia, por un lado, del reclamo permanente por la restitución de tierras, y por otro, de unos encuentros que se han sostenido recientemente con excombatientes de las Farc. Encuentros donde la comunidad les ha exigido la verdad sobre las desapariciones forzadas que cometieron durante los años de conflicto en la zona.
“Las personas detrás de estas amenazas están equivocadas si piensan que nosotros estamos al servicio de la antigua guerrilla. Lo que estamos haciendo es peleando por los intereses del territorio”, aclara Flórez.
A raíz de estas denuncias, la Gobernación de Bolívar lideró un consejo de seguridad en el municipio para investigar los orígenes de las amenazas: “Le damos la mayor atención a este tema porque si fracasan los Montes de María –que son un laboratorio de paz– se podría derrumbar el dominó que hemos creado a nivel nacional en función del posconflicto”, asegura Jorge Cárcamo, secretario de Paz y Posconflicto del departamento.
Atraso en reparaciones a víctimas
Una de las promesas que sigue sin hacerse realidad es la de reparar colectivamente a las víctimas. Este incumplimiento se extiende en todo el país: son más de 600 procesos que siguen pendientes, algunos con más atrasos que otros. “Eso genera unos sentimientos negativos, incluso, de quien no fue reparado contra quien sí fue reparado y termina convirtiéndonos en enemigos”, asegura Juana Alicia Ruiz, líder de las tejedoras de Mampuján, una de las comunidades donde sí llegó la reparación.
Otra consecuencia de este atraso, según Ofelia Castillo, consejera de paz en Bolívar, ha sido la desconfianza que ha crecido entre las víctimas, pues “el argumento es que los planes de reparación fueron demasiado ambiciosos y no hay suficientes recursos, pero algunas comunidades estuvieron dos o tres años elaborándolos junto con la Unidad de Víctimas”.
Al tiempo que reclaman respuestas para las víctimas, los consejeros de paz también se preocupan por las demoras en atención a los excombatientes de las Farc. “Estuve en los espacios transitorios con un grupo de líderes y nos llevamos una sorpresa al ver el estado precario en el que se encontraban”, cuenta Ruiz.
No hay plan B
Para Ricardo Esquivia, director de la fundación Sembrando Paz, cualquier resultado del 17 de junio dejaría la implementación en un panorama difícil: Iván Duque llegaría con la intención de modificar los acuerdos, mientras que Gustavo Petro tendría el reto de gobernar “con todo el establecimiento en contra”.
Este consejero de Sucre cree que la única manera de sacar adelante lo pactado es que la sociedad civil lo defienda a través de los mecanismos de participación, pero también eligiendo en 2019 mandatarios locales comprometidos con el tema. El primer problema de esta idea es que el grueso de la ciudadanía no conoce el alcance de los acuerdos.
Al preguntarles a varios líderes montemarianos si han pensado en estrategias para protegerlos, la respuesta en todos los casos es negativa. Ofelia Castillo atribuye esto al exceso de optimismo que intenta mantenerse dentro de las organizaciones de paz: “En varios encuentros de mujeres por la paz yo intento poner este escenario y lo que me dicen es ‘Ofelia, cálmate, hay que ser optimistas’”.
Pero hay algo que sí tienen claro: habrá movilización: “volveremos a las calles, a armar campamentos en las plazas públicas, defenderemos el voto, pero necesitamos también el acompañamiento internacional”, asegura Castillo.
