Guerrilleros del ELN. Así rotularon las autoridades a 16 personas, capturadas el miércoles, señaladas de instalar los explosivos que atemorizaron a Bogotá. Defensores de Derechos Humanos y algunos sectores políticos aseguran que todo es un montaje para mostrar resultados. ¿Se reactivó la persecución judicial contra los movimientos sociales?
María Angélica Delgado y Jair Sierra están libres. Son dos de las 15 personas que las autoridades presentaron como guerrilleros del ELN y culpables de varios atentados ocurridos en Bogotá desde 2014. Como a los demás, se los rotuló como “presuntos responsables” de la seguidilla de bombas con los que esa guerrilla “celebra” sus 50 años de existencia desde el año pasado.
Cuando se enteró de que habían capturado a 11 de esas personas, el presidente Santos no dudó en sentenciar que sí, que eran “del ELN, responsables de petardos en Bogotá”. También exclamó que “¡pagarán por atentados!”. Ahora que Delgado y Sierra están libres, se sabe que por el momento no existen pruebas para acusarlos de militar en esa guerrilla.
En la efervescencia, lo que importaba eran los resultados. La Policía dijo que los detenidos eran “integrantes del ELN, quienes perturbaron la tranquilidad de los bogotanos hace una semana”. Pocas horas después la Fiscalía informó que no, que todavía no tenía certeza de que esas personas hubieran detonado las bombas contra las sedes de Porvenir.
“Los investigadores revisarán los videos de los atentados ocurridos la semana pasada para determinar si algunas de estas personas capturadas están implicadas en los mismos”. En cambio, los señaló de instalar otros explosivos. Pero ya era muy tarde: en el ambiente quedó la sensación de que todos ellos arremetieron contra esa entidad financiera, en hechos que atemorizaron a la capital y que hasta sirvieron para hacer proselitismo político de cara a las elecciones a la Alcaldía.
Las primeras voces que alertaron de que, tal vez, algunos de los detenidos no eran guerrilleros, aparecieron en la mañana del miércoles. Sobre las 11:00 se conoció una versión muy distinta de la historia, aunque tuvo poco cubrimiento. El Congreso de los Pueblos, una organización que articula distintos procesos sociales, citó a una rueda de prensa en el centro de Bogotá. El motivo: anunciar que los capturados, según ellos, no eran subversivos, sino líderes estudiantiles, un profesor, un dirigente campesino, un periodista y tres contratistas de la Alcaldía de Bogotá. También denunció que a esas personas se les había obstaculizado el acceso de sus abogados de confianza. Eran falsos positivos judiciales, dijeron.
Lo cierto es que algunos de los apresados son líderes sociales que gozan de reconocimiento en ciertos círculos de la ciudad. En ese grupo están Heiler Lamprea, representante de los estudiantes ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Pedagógica; Víctor Ariza, quien durante su paso por la Nacional fue un destacado dirigente estudiantil, y Sergio Segura, periodista de Colombia Informa. Rápidamente se supo que Segura y Stefany Romo eran contratistas de la Secretaría de Educación del distrito. Romo, además, fue una reconocida dirigente que hizo parte de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (Mane) y que aún hoy integra el proceso Identidad Estudiantil, asociado al Congreso de los Pueblos. Sin que siquiera se les hubiera legalizado la captura, la Secretaría suspendió sus contratos.
Pero quizá lo que ha desatado mayor polémica fue la detención de Paola Salgado, una defensora de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que trabaja con la Secretaría de Salud del distrito. En Twitter la han defendido la representante Angélica Lozano y el activista José Antequera, hijo del asesinado líder de la Unión Patriótica que llevaba el mismo nombre.
La Red Nacional de Mujeres y la organización Mujeres por la Paz también rechazaron su captura. Mónica Roa, de la ONG Women’s Link Worldwide, que lideró la batalla jurídica por la despenalización del aborto en Colombia, escribió en Facebook: “Conozco a Paola desde hace 8 años y en este tiempo he conocido y admirado su profundo compromiso con los derechos de la mujer. Exijo para ella garantías de presunción de inocencia”.
- El caso de Paola Salgado, defensora de los derechos de las mujeres, es uno de los que ha generado mayores muestras de solidaridad en las redes sociales.
Lorena Aristizábal conoció a Paola en la Universidad Nacional, cuando ambas participaban en la construcción de una escuela feminista. Son bastante cercanas. Según ella, “Paola coordina un programa del hospital de Suba, que es quizá el más grande que exista en el país sobre la prestación de servicios de salud con enfoque de género. Como todas las activistas, ha tenido relación con el movimiento social en su conjunto”. Cuenta, además, que “vive en un barrio de la clase media de Bogotá y su compañero trabaja con el Estado, en temas de restitución de tierras”.
Incluyendo a Paola, varios de los detenidos tienen un común denominador: son egresados de la Universidad Nacional y trabajan con movimientos sociales. Algunos se conocen y han coincidido en distintos espacios organizativos. La mayoría son voces disidentes y quienes los defienden no entienden por qué se los relaciona con la insurgencia. Incluso, la guerrilla escribió en su cuenta de Twitter que “ante la incapacidad para golpear al ELN, de nuevo Juan Manuel Santos recurre al viejo truco de las capturas masivas o falsos positivos judiciales”. En el fondo, lo que se plantea es un asunto delicado para el gobierno Santos: que se reactivó la persecución judicial contra los movimientos sociales.
Para Alexandra Bermúdez, vocera nacional del Congreso de los Pueblos, “en este caso ha habido una condena pública y anticipada por parte del presidente y de los medios de comunicación, que sin que hubiera empezado el proceso judicial dijeron que estas personas eran responsables de los atentados. Existe una serie de ataques contra el movimiento social y popular, que es vinculado fácil y falsamente con las Farc y el ELN”. Asegura también que “muchos de los dirigentes capturados ya habían sido amenazados con panfletos y han sido víctimas de seguimientos por parte de organismos de inteligencia”.
En defensa de los estudiantes de la Universidad Pedagógica, Helbert Choachí, secretario General de la institución, dijo que “existe una persecución y una criminalización contra el estudiantado y, en general, contra la comunidad universitaria (…) La Universidad Pedagógica ha venido siendo objeto de falsos positivos judiciales, tenemos varios estudiantes detenidos y situaciones de amenazas a miembros del Consejo Superior por parte de las Águilas Negras”.
Así pues, entre las organizaciones sociales parece existir un consenso: el Gobierno emprendió una cacería de brujas para aplacar los ánimos por lo que, apocalípticamente, muchos anunciaron como “el regreso del terrorismo a Bogotá”.
Pese a ello, la Fiscalía insiste en que ha recopilado abundantes pruebas para demostrar que estas personas integran una célula urbana del ELN. Las acusará de terrorismo, rebelión, lesiones personales agravadas y daño en bien ajeno. Las diligencias judiciales arrancaron hacia la media noche del miércoles y la madrugada de este jueves, mientras la ciudad dormía. Se hicieron y se seguirán haciendo a puerta cerrada, en los juzgados de Paloquemao. Cuando termine el proceso se sabrá quién tenía razón. Por ahora, todo apunta a que la batalla por los detenidos continuará librándose en el campo político.
