Durante más de dos semanas, cientos de colombiana/os han salido masivamente a las calles a protestar. La respuesta institucional, como ya ha pasado en anteriores jornadas de movilización, ha sido la violencia y represión en su contra. Con todo, la atención de las autoridades encargadas de investigar y sancionar estos hechos, según cifras y voces expertas, ha estado en otro lado.
En el marco del estallido social y protestas en Colombia, Cali sobresale por ser la ciudad donde la situación es más crítica. Solo allí se han registrado al menos 28 asesinatos, cometidos, al parecer, por integrantes de la Policía Nacional, según Temblores ONG. Allí también se ha denunciado con pruebas que hay grupos de civiles armados que disparan indiscriminadamente contra manifestantes y contra la Minga indígena.
Ante la urgencia de investigación de estos hechos, el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, viajó hasta el suroccidente del país para atender la situación de orden público. Tras esta visita, la entidad anunció la captura de una persona en Palmira, por los delitos de terrorismo, hurto calificado y daño en bien ajeno. También, la aprehensión de tres personas por el robo de un cajero automático en el sector de La Luna, en Cali.
Se trata de la misma zona donde, durante la noche del 7 de mayo, varios manifestantes denunciaron en redes sociales que les estaban disparando desde una camioneta blanca. Paradójicamente, sobre este hecho no hubo mayor mención en el comunicado de la Fiscalía, publicado el 10 de mayo. Lo que sí aseguró el fiscal, curiosamente, es que “los derechos humanos en la ciudad de Cali son prioritarios para la Fiscalía General de la Nación”.
“Para la Fiscalía los derechos humanos de los colombianos son muy importantes y buscaremos a responsables de los hechos que se hayan cometido contra bienes y personas en nuestra tarea misional, que es darles respuesta y justicia a todos los habitantes del país”: Fiscal Barbosa. pic.twitter.com/bVRCEP5caY
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) May 10, 2021
Pues bien, el pasado 12 de mayo la entidad se pronunció nuevamente y anunció la captura de 625 personas, 152 de las cuales ya fueron imputadas por “obstrucción de la vía pública, daño en bien ajeno, violencia contra servidor público, hurto, asonada y perturbación en servicio de transporte colectivo u oficial”.
La velocidad de los nuevos casos y la parsimonia de la justicia
Frente a los homicidios entre el 28 de abril y el 11 de mayo, dijo conocer 34, de los cuales 14 están directamente relacionados con las protestas. En total, fueron judicializados tres policías y se le imputó cargos al patrullero Luis Ángel Piedrahita Hernández, por dispararle por la espalda a un joven de 17 años que le dio una patada, durante las protestas en Cali. El oficial no aceptó cargos.
Otro asesinato en medio de las movilizaciones fue el del comandante de la Sijín en Soacha, Jesús Alberto Solano Beltrán. Al respecto, el ministro de Defensa, Diego Molano, anunció a los medios de comunicación la captura de tres personas, entre ellas la de Juan Sebastián Vélez y su hermano. El primero resultó herido luego de que Solano Beltrán le disparó con un arma de fuego, tras ser perseguido por una multitud que no sabía si el oficial era un ladrón o un infiltrado en las movilizaciones, pues estaba vestido de civil. PACIFISTA! investigó este caso y encontró que, por ahora, no se sabe qué hacía Solano Beltrán en las marchas.
1.#ÚltimaHora La @FiscaliaCol le imputó el delito de homicidio agravado al patrullero Luis Ángel Piedrahita Hernández, quien le disparó y segó la vida de Marcelo Agredo (17 años), en Cali, el pasado 28 de abril. El patrullero no aceptó los cargos. Comunicado. pic.twitter.com/nflPHxAnYy
— Cuestión Pública (@cuestion_p) May 14, 2021
“Es muy importante para Colombia en estos momentos tan complejos, que ha habido tanta violencia, que se haga justicia”, pidió Molano. A esta declaración se sumó la del director general de la Policía Nacional, Jorge Luis Vargas, quien hizo énfasis en la rapidez con la que han actuado las autoridades frente a este caso.
Estos últimos días también fue asesinado Santiago Murillo Meneses, en Ibagué. Tenía 19 años. Por este crimen fueron capturados el comandante de la Estación Norte de Ibagué, mayor Jorge Mario Molano Bedoya, y el comandante del CAI del Éxito de esa estación, Pablo Andrés Parra Forero.
Alrededor de la misma hora en la que se cometió este crimen, a 170 kilómetros de distancia, otro joven recibía el impacto de un proyectil lanzado por el Esmad: Brayan Fernando Niño Araque, de 24 años, en Madrid, Cundinamarca. Cinco días después, la Justicia Penal Militar confirmó que por este hecho se capturó al mayor de la Policía Carlos Javier Arenas Niño. Según le contó a PACIFISTA! Marlin Niño, hermana menor del joven, la captura la conoció primero la prensa que su familia.
Ese es uno de los casos que, por ahora, está en manos de la Justicia Penal Militar. PACIFISTA! consultó cuántas investigaciones se han abierto por esta justicia especializada y nos confirmaron que hay 10 indagaciones en curso contra integrantes de la Fuerza Pública: cinco por homicidio, cuatro por lesiones y una por abuso de autoridad.
Por su parte, la Inspección General de la Policía Nacional afirmó que ha iniciado 62 investigaciones disciplinarias por conductas irregulares cometidas por integrantes de la institución desde el 28 de abril. De acuerdo con el Inspector General de la Policía Nacional, general Jorge Luis Ramírez Aragón, se ha suspendido a cinco agentes.
Los indicios de que hay subregistro
Las cifras, así como las declaraciones oficiales sobre hechos de violencia cometidos en medio de las protestas, no coinciden con las que han registrado organizaciones de derechos humanos, como Temblores ONG.
Un día después del último anuncio de la Fiscalía, la ONG reportó al menos 39 víctimas de violencia homicida, 25 más que el ente investigador; 362 de violencia física, 30 de agresión en sus ojos y 16 de violencia sexual. Todos estos hechos habrían sido perpetrados por integrantes de la Policía Nacional.
Eso, sin contar la agresión sexual de la que habría sido víctima una adolescente en Popayán, a manos de agentes del Esmad, la noche del 12 de mayo, y que al día siguiente se quitó la vida. Fue una denuncia que la Policía Nacional calificó de “noticia falsa”, “vil y ruin”. Horas después, la institución anunció que los cuatro policías fueron separados de sus cargos mientras se adelantan las investigaciones respectivas.
¿En medio del ejercicio de la protesta, las autoridades miran hacia un solo lado?
En Colombia la justicia no funciona de manera pronta o eficaz. Esa es una de las primeras conclusiones de Alirio Uribe, abogado de derechos humanos e integrante del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, al hablar con PACIFISTA!.
Uribe también es parte de la defensa legal de Juan Sebastián Vélez y su familia, e insiste en que ese caso es un claro montaje judicial. Frente a lo ocurrido en las últimas protestas, nos dijo que considera que es apresurado hacer un balance de cómo ha operado la justicia, pues apenas han pasado un par de días.
Lo que sí cree el abogado es que, en todo caso, en este lapso se ha hecho evidente que las autoridades quieren mostrar resultados y para ello, hacen capturas que luego son declaradas ilegales, así como detenciones arbitrarias sin ningún mérito probatorio. Solo hace una semana, PACIFISTA! documentó 14 capturas que fueron declaradas ilegales por falta de sustento.
Otras consideran que sí es posible empezar a descifrar, al menos, las actuaciones de la Fiscalía y otras entidades del Estado en el marco del Paro Nacional. Ese es el caso de Pilar Murillo, abogada y defensora de derechos humanos.
Para ella, uno de los patrones que ya se puede identificar en estas jornadas es la criminalización de la protesta. Un fenómeno que no es reciente ni exclusivo de estas movilizaciones, de acuerdo con una integrante del equipo de Lazos de Dignidad, una organización de derechos humanos a la que también consultó PACIFISTA!
“Por el afán de mostrar resultados se van cometiendo otras injusticias, como es el tema de falsos positivos judiciales. Esto, junto con la calificación de terroristas que le da la Fiscalía a los manifestantes, son algunos puntos del balance que nos puede dejar este paro frente a la respuesta puntual de esta entidad”, sostuvo Murillo.
Lo más grave, de acuerdo con la defensora de derechos humanos, es que esta respuesta “encuentra sustento en otros poderes del Estado, como el Ministerio de Defensa o el mismo Presidente de la República. Es una respuesta institucional supremamente violenta y agresiva”, denunció. Además, es una que ya conocemos bien.
Los pésimos antecedentes cercanos
“Los avances en investigaciones por abusos en las protestas de 2019 y 2020 han sido muy limitados, y no conocemos los esfuerzos del gobierno por fortalecerlos. De hecho, la Policía ya ha archivado cerca del 60% de las investigaciones disciplinarias por abusos reportados durante las protestas de 2019 y 2020. Por otra parte, la Procuraduría General de la Nación no ha sancionado a ningún policía por abusos cometidos en las protestas de 2019 y 2020”.
Eso fue lo que José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la división de las Américas de Human Rights Watch, respondió a través de su Twitter a las declaraciones que el presidente Iván Duque hizo frente a las denuncias recientes de abuso y violencia policial.
Algunos comentarios sobre estas declaraciones del Presidente @IvanDuque: https://t.co/cOPq5KaMyo
— José Miguel Vivanco (@VivancoJM) May 13, 2021
Sobre la masacre ocurrida en Bogotá, el 9 y 10 de septiembre del año pasado, Alirio Uribe recordó que frente a las 13 víctimas mortales, apenas hay una persona detenida y bajo detención domiciliaria. Este mismo caso fue mencionado por Lazos de Dignidad, que agregó que para unas investigaciones la Fiscalía sí es diligente, pero para otras parece que no.
De estos hechos de 2020 se sabe que ya imputaron cargos a cuatro miembros de la Policía: Óscar Alexánder Márquez Rojas, Jorge Andrés Lasso Valencia, Jhon Antonio Gutiérrez Rodríguez y Andrés Eduardo Díaz Mercado. Por el asesinato de Javier Ordóñez, se condenó a 20 años de cárcel al patrullero Juan Camilo Lloreda.
“Si revisamos los casos de lesiones oculares y personales que se han venido presentando desde el 2019, no hay ningún policía sancionado ni penal ni disciplinariamente. La Policía Nacional tampoco ha adelantado los procesos de control interno en su oficina de control disciplinario. Hay radicados, pero de nada sirve si no van a sancionar”, explicó la integrante de Lazos de Dignidad.
Acerca de este panorama, hablamos con Carlos Mantilla, abogado penalista que asumió la representación legal de una de las víctimas de esa masacre. De acuerdo con el defensor, sí hay una diferencia en la celeridad de ciertas investigaciones frente a otras que fueron abiertas por esta y anteriores jornadas de protesta. El caso que está representando, dice, avanza muy lento en contraste con otros.
“Como vemos, la investigación del agente que murió en Soacha (Beltrán Solano) va mucho más avanzada que otras de las víctimas mortales que ha habido en el resto de manifestaciones. Casos en los que se presume, fue la Policía, e incluso civiles, quienes dispararon”, ejemplificó.
En su opinión, estas actuaciones, no tanto de la justicia pero sí de la Fiscalía, están enviando un mensaje político. “Yo sí creo que están dándole prioridad a este tipo de investigaciones frente a otras. (…) ¿Qué estamos sopesando en ese ejercicio individual, que nos hace pensar que tal vez un cajero, que claro que es importante investigar su vandalización, sea merecedor del mismo comunicado de, por ejemplo, las personas que asesinaron a Lucas en Pereira o dispararon contra la minga en Cali?”, se preguntó.
Para Lazos de Dignidad, el mensaje es claro: “la Fiscalía es una entidad, que desde hace años, ha sido de bolsillo del gobierno. Y a las víctimas les están diciendo que hay total impunidad y pretenden dejar en el olvido no solamente los hechos que han cometido los miembros de la fuerza pública, sino también el dolor y el respeto que merecen”.
Colombia, entre más violencia policial y más impunidad
En septiembre del 2020, la Corte Suprema de Justicia emitió una sentencia bajo la cual protegió el derecho a la protesta y rechazó la intervención violenta de la Fuerza Pública en el marco de las manifestaciones del 2019. Se trató de una tutela interpuesta por organizaciones sociales, defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, estudiantes, víctimas y docentes.
Menos de un año después, las y los accionantes acudieron de nuevo a este alto tribunal, pero esta vez, para pedirle que declare el desacato e incumplimiento del fallo.
“Observamos con profunda preocupación que continúa la estigmatización frente a quienes, sin violencia, salen a las calles a cuestionar, refutar y criticar las políticas gubernamentales. Continúa también el uso desproporcionado de la fuerza, el uso de armas letales y el uso inadecuado de armas potencialmente letales en medio de las protestas, las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, los tratos inhumanos, crueles y degradantes, el irrespeto a los derechos a la vida y la integridad personal y los ataques contra la libertad de expresión y de prensa”, son algunas de las razones detrás de esta solicitud, que fueron publicadas por Dejusticia, organización que también interpuso la tutela.
Mantilla, uno de los accionantes, considera que el incumplimiento del Gobierno y de la Policía Nacional es un desconocimiento del Estado Social de Derecho. “No hay otra forma jurídica de definirlo más que es el Gobierno tomando decisiones frente a la protesta, vulnerando una decisión judicial. Eso es grave, pero además porque se llevó un fallo por delante para poder masacrar a miles de civiles en las calles”, dijo.
Maria Angélica Prada, también abogada y accionante de la tutela, explicó que las vulneraciones de derechos humanos cometidas por la Fuerza Pública que se han denunciado desde el 28 de abril, son una clara violación a la orden de no repetición que emitió la Corte Suprema.
Dentro del trámite solicitaron a la Procuraduría, Defensoría, Fiscalía y Policía entregar informes del avance de las investigaciones penales y disciplinarias contra integrantes de la Fuerza Pública, sobre hechos en las manifestaciones de noviembre del 2019 y en las más recientes protestas.
Hicieron esta petición porque por el momento no hay información suficiente y detallada acerca de estas violaciones a derechos humanos. Y ante este vacío, en palabras de Prada “realmente lo que pareciera estar pasando es que no han habido avances sustanciales frente a la imputación por parte de la Fiscalía de los delitos cometidos por la Fuerza Pública. Pareciera haber un tema grave de impunidad”.
La crisis de credibilidad de las Ías
Si bien no es posible confirmar una causalidad entre esta falta de actuaciones -aclaró la abogada- y el aumento de la violencia policial, sí se está enviando un mensaje a los funcionarios que violan la ley en medio de la protesta y es que no tienen sanción por hacerlo. “Es interesante que no hay repercusiones, en general, por el accionar de la Policía y del Esmad. Y yo creo que esto, en parte, puede estar teniendo un impacto en el escalamiento del uso de la fuerza”, sostuvo.
En eso coincide Mantilla, para quien lo que está sucediendo en el país es resultado de que el Gobierno no le haya exigido cuentas claras, y por el contrario, sí haya protegido a la Policía Nacional en el pasado. “El 9 de septiembre vimos a una Policía desatada disparando en Bogotá y a la cual el gobierno, tímidamente, le pidió algo. Ahora vemos el mismo modus operandi, por así decirlo, pero escalado en todo el país”, argumentó al hablar con PACIFISTA!.
El penalista llamó la atención sobre cómo ahora el problema es aún mayor, porque parece que otras entidades están cooptadas por el Gobierno. “Vemos a una procuradora (Margarita Cabello), que no está denunciando lo que debería denunciar y a un defensor del pueblo (Carlos Camargo) que estaba de paseo el fin de semana en el que estábamos viendo esos hechos de violencia”, agregó. Prada también alertó acerca de la falta de respuesta de estas entidades.
Hasta el momento, la Procuraduría ha abierto 35 investigaciones disciplinarias relacionadas con violaciones a derechos humanos, cometidas en medio de las protestas. La Defensoría ha denunciado, entre otros hechos de gravedad, que 168 personas siguen desaparecidas. Para encontrarlas, dijo, está trabajando junto a la Fiscalía a través del Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU).
A eso hay que sumarle la reunión que los presidentes de las altas Cortes tuvieron con el presidente Iván Duque, a propósito de las manifestaciones. En su declaración conjunta, publicada el 6 de mayo, rechazaron los “actos de violencia, de terrorismo, de vandalismo y de vías de hecho, que afectan directamente el derecho fundamental a la protesta”. También reconocieron los programas gubernamentales frente a la pandemia y la crisis socioeconómica que afronta Colombia. Solo la Magistrada de la Corte Constitucional Diana Fajardo Rivera, y el Magistrado Jorge Enrique Ibañez Najar, de este mismo tribunal, rechazaron esta declaración.
#LaCorteInforma I Constancia de Diana Fajardo Rivera y Jorge Enrique Ibáñez Najar, Magistrados de la Corte Constitucional respecto de la Declaración conjunta del Gobierno y los Presidentes de las Cortes. pic.twitter.com/frrOkiqfqi
— Corte Constitucional (@CConstitucional) May 6, 2021
De acuerdo con Prada, esta reunión dejó un mal sabor en los accionantes de la tutela. “¿Dónde está la imparcialidad de las Cortes que se supone, deben revisar si se están o no cumpliendo las órdenes?”, se preguntó al hablar con PACIFISTA!.
Porque, evidentemente, si el escenario fuera distinto y las autoridades demostraran imparcialidad y avances en investigaciones, la percepción de la ciudadanía sería otra. “El ejercicio riguroso de la Fiscalía y por supuesto, de la Rama Judicial, es muy importante en términos de democracia, porque envía un mensaje muy importante a la sociedad: no hay tolerancia frente a los abusos y la brutalidad policial”, dijo la abogada Murillo. En la misma línea, para Mantilla, lo que está sucediendo en Colombia amplía aún más la brecha de desconfianza institucional.
Teniendo en cuenta esto, no resulta sorprendente que las y los jóvenes confíen cada vez menos en entidades como la Presidencia de la República, el Congreso o la Fiscalía General de la Nación. Esas son las conclusiones del más reciente ‘Estudio de percepción de jóvenes’, de la Universidad del Rosario, la Casa Editorial EL TIEMPO y la firma Cifras y Conceptos. El mismo estudio reveló que solo el 27% de las personas encuestadas confía en las Fuerzas Militares, cuando esta misma proporción era del 53% en enero del 2020.
Por ahora, las organizaciones de derechos humanos, como Lazos de Dignidad, Temblores ONG y muchas otras más seguirán en las calles apoyando a quienes se manifiestan. También, haciendo la importante labor de registrar las vulneraciones cometidas en medio de las protestas.
Si las instituciones no hacen su trabajo, la sociedad civil continuará alertando sobre la grave crisis de derechos humanos que afronta Colombia. ¿Y la justicia? Aunque el ministro Molano y quienes están al frente de otras instituciones celebren capturas y hablen de actuaciones diligentes en contra del terrorismo, lo que dice la experiencia es que esta se quedará en veremos frente a otros hechos.
A Laura la pueden encontrar acá.
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