Alejandro Herazo, funcionario encargado de interlocutar con las víctimas del conflicto, dio unas declaraciones que hicieron sentir revictimizados a un grupo de líderes sociales. Él se defiende, pero algunos piden que abandone el puesto.
Ricardo* salió el 21 de febrero de un municipio de Córdoba (que no revelamos por su seguridad), tras recibir amenazas por vía de terceros. Su vida estaba en peligro por su labor como defensor de derechos humanos. Dio aviso a las autoridades y estas activaron un protocolo para reubicarlo. Sin embargo, advirtió que tenía dolor de cabeza, fiebre y malestar general, síntomas que podían alertar una infección de Covid-19.
Le hicieron una prueba para paludismo en el hospital de su pueblo, la cual salió negativa. Todavía no había un diagnóstico y las autoridades siguieron con el plan de extraerlo del municipio. Lo llevaron a una casa refugio, en Montería (Córdoba), junto con su esposa e hijos. En el lugar había 11 personas más, entre trabajadores y víctimas del conflicto armado.
Ese hecho alarmó a las personas que estaban ahí. Según cuenta Jota (un líder que se encontraba en el refugio), que Ricardo le insistió durante dos días a la persona encargada del lugar, Ana Hollman, que necesitaba una prueba para descartar el coronavirus; ella le dijo que fuera a la EPS. “Obviamente como el compañero tiene problemas de seguridad no iba a ir solo a ese sitio”, puntualizó Jota.
La Defensoría del Pueblo registró 22 asesinatos de líderes sociales en Córdoba entre 2016 y febrero de 2021. En el mismo periodo se reportaron 69 amenazas, dos desapariciones forzadas y un atentado.
El viernes 26, dos líderes decidieron no recibir alimentos como protesta ante la falta de diagnóstico de Ricardo y su familia. Esa misma tarde, para solucionar el descontento, llegó Alejandro Herazo, enlace de víctimas de Montería (funcionario de la Alcaldía encargado de la interlocución con los afectados por el conflicto armado). “Hubo un cruce fuerte, pero manteniendo la cordura”, señaló Jota sobre la reunión que tuvieron con Herazo.
El funcionario y los líderes llamaron a la Policía para que acompañara a Ricardo y a su familia a practicarse las pruebas, pero, según el relato de Jota, los agentes dijeron que los llevaban al hospital, los dejaban ahí y luego los recogían. Ricardo tampoco aceptó porque temía que las amenazas de muerte se concretaran. En la alerta temprana 026 de 2018, la Defensoría del Pueblo advirtió riesgos extraordinarios para los defensores de derechos humanos en 12 de los 30 municipios de Córdoba, así como la expansión de grupos armados en el departamento.
“Nos dijeron que teníamos que estar aislados, pero con dos niños no pudimos estar siempre en la misma parte por el calor y eso. Una persona está bien en un cuarto, pero varias no es conveniente. Por mucho que uno no quisiera, siempre tenía relación con otras personas que estaban dentro del lugar”, relató Ricardo sobre los días que estuvo aislado.
Miguel*, otro líder que estaba en el refugio, decidió irse ante el temor que tenía de contraer Covid-19. “Me salí porque imagínate en la situación que estaba yo, ni siquiera le prestaban la salud a uno. Dije: no voy a estar aquí”, insistió.
Entre el 3 y el 4 de marzo, personal de varias EPS tomó muestras a todas las personas que estaban en el refugio.
La ira de Herazo
Cuando ni siquiera habían terminado de tomar todas las muestras, el mismo cuatro de marzo, a Alejandro Herazo lo llamó una periodista de la emisora web Latinoamérica Estéreo, de Cali; el programa se estaba transmitiendo en vivo. El funcionario contestó el teléfono y, con evidente molestia, dijo: “lo del Covid es falso, es una falsedad. Los señores que están en el hogar de paso denunciando eso tienen más de 20 declaraciones (ante la Unidad para las Víctimas), andan por todo el país: vive Colombia, viaja por ella. Donde van, a cada municipio van sacándole dinero”.
Las pruebas de Ricardo y su familia fueron entregadas el 8 de marzo: él y su esposa tenían Covid-19, lo cual desmentía a Herazo.
Pero lo que más molestó a los líderes fue la insinuación de que eran vividores. “Salí amenazado y enfermo del territorio, llegué acá y sale ese señor con eso. Es algo que a uno le parte el alma oír una frase de esas”, le dijo Ricardo a PACIFISTA!.
“Imagínese, uno que vive esta cuestión y salen con un cuento de esos… Uno se siente mal”, enfatizó Miguel, quien también estaba en el refugio porque recibió amenazas de muerte. “Siendo un funcionario público, él no tiene por qué ponerse a revictimizar y a burlarse del dolor ajeno, eso es burlarse del dolor ajeno”, criticó Diego*, otro líder que estaba en el refugio. Ricardo aseguró que Herazo no debería estar en ese cargo luego de las declaraciones que dio: “un funcionario de esa magnitud no sirve para el tema de víctimas”.
Consultamos a Herazo para conocer su versión de los hechos. “Yo le pedí disculpas a ellos, fue un momento que tuve… Estaba, precisamente, en una calamidad familiar, en un problema familiar y ellos sabían muy bien que yo estaba de vacaciones”, se defendió el funcionario.
Le preguntamos a quién le pidió disculpas porque sólo un líder, de los cuatro consultados para esta nota, nos habló de eso. Herazo reconoció que sólo le pidió perdón a Jota, asegurando: “me refería era a una persona individual y a esa persona fue a la que le pedí perdón”. Pero en el video de la emisora habla en plural y más líderes se sintieron afectados por sus declaraciones.
Herazo le mandó a Jota unos mensajes por WhatsApp el mismo día que fue entrevistado en la emisora. “No lo hice por ti -afirmó- me llamaron en un momento desesperante para mi vida (…) Yo no sabía de la noticia, me la pasaron ahora y te pido perdón”, insistió.
“Yo no le dije nada porque él es un profesional que debe tener la sensibilidad en el trato a nosotros como víctimas. No se puede tratar de la manera como él nos trató”, enfatizó Jota en entrevista con PACIFISTA!.
¿Quién asume la responsabilidad?
De las personas a las que se le hicieron pruebas, las únicas positivas fueron las de Ricardo y su esposa, quienes se recuperaron sin necesidad de ser hospitalizados. Pero persiste la pregunta: ¿Quién fue el responsable de que ellos llegaran a una casa con más de 10 personas?
“De pronto sí hubo un poco de negligencia en el sentido de insistir en el tema de una prueba. Pero eso no es tan fácil por la presión que uno tiene del municipio, de la Defensoría y de la persona porque su vida está en riesgo. Si dejamos a la persona ahí, porque le tienen que hacer la prueba, y le pasa algo, imagínate la responsabilidad en cabeza de quién recae”, explicó Edgar Garcés, secretario del Interior de Córdoba en entrevista con este medio.
Garcés, que vigiló de cerca la extracción de Ricardo y su familia, también criticó a los líderes que protestaron para que se hicieran las pruebas: “si te soy honesto, había unos jóvenes ahí que querían como sabotear el tema, pretendiendo conseguir unos recursos como para irse”.
“Eso es algo ilógico porque cada quien busca cuidarse. Ellos se dieron cuenta de lo que pasó con el Covid”, aseguró Alonso*, uno de los líderes que no recibió alimentos para que les hicieran las pruebas. “El tema no es sabotear, el tema es que ellos desconocen la ley de víctimas”, agregó Jota.
Contactamos a Ana Hollman, la abogada a quien señalan de no prestar atención a la familia de Ricardo cuando informó que tenía síntomas de Covid, pero cuando le dijimos que éramos periodistas y que teníamos algunas denuncias colgó. Le enviamos mensajes al WhatsApp, pero nunca contestó. El refugio es operado por la Fundación Centro para el Desarrollo Humano Educativo y Pedagógico (Cenadep), cuyo representante legal es Iván Darío Cabarcas Pérez.
Al preguntarle a Garcés su opinión acerca de las palabras de Herazo, el secretario aseguró: “yo pienso que en la medida que yo dé una declaración que vaya en contra de una política de trabajo que tengamos, mi jefe inmediato tendrá que tomar medidas”.
Los líderes quedaron en medio de las amenazas de los grupos armados, el riesgo de contraer Covid-19 y los señalamientos de funcionarios que deberían velar por su bienestar. Jota exaltó la labor de las personas que están en el refugio: “nosotros no somos ningunos vividores, somos personas que nos ha tocado lidiar con el conflicto, asumir la responsabilidad en los territorios ante la ausencia del Estado”.
Siga leyendo:
Hotel Espera: la cuarentena oculta que afrontan 16 líderes sociales en Medellín
¡Pacifista! Presenta: #ProtegeMiCausa Líderes sociales en Córdoba
