Simple: los grupos armados aprovechan para expandir su control en los territorios, se atrasa (aún más) la implementación de la paz y la calidad de vida de la gente empeora.
Parece que el Gobierno se está haciendo el sordo con otro efecto de la pandemia en Colombia: el deterioro de la seguridad en los territorios donde aún persiste el conflicto armado. Así lo expone el informe ‘Los impactos del Covid-19 en la seguridad y la implementación del Acuerdo de paz’ de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), que le hizo un seguimiento a cuatro regiones: Catatumbo, Sur de Córdoba, Bajo Cauca y el Nordeste antioqueño.
Además de ser regiones donde los grupos armados ilegales siguen enfrentándose por el control territorial, allí también se están poniendo en marcha proyectos y programas del Acuerdo de paz, como son los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y el Programa Nacional de Sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS).
Como ya lo hemos contado en Pacifista!, durante la cuarentena obligatoria en el país para evitar la expansión del virus, quienes viven en esas regiones se enfrentaron a las restricciones de los actores armados, incluso para acceder a servicios médicos; y a la aún más lenta implementación del Acuerdo de paz, especialmente en los PDET y en el PNIS, pues estos programas o frenaron sus tareas o presentaron pocos avances. Y qué decir del proceso de reincorporación de los excombatientes de las Farc, a quienes lo siguen asesinando.
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“Según la información recogida en terreno, en las cuatro regiones las medidas de cuarentena no han sido obstáculo para que los grupos ilegales mantengan su accionar armado. Esto coincide, además, con algunas cifras que revelan que Antioquia (Cáceres, Ituango y Tarazá) y Norte de Santander fueron dos de los tres departamentos que, en el primer cuatrimestre de 2020, concentraron el 72 por ciento de los combates de la Fuerza Pública contra los grupos armados”, explica la FIP en el informe.
En el caso del Sur de Córdoba, sus habitantes denunciaron la aparición de panfletos del Clan del Golfo con amenazas para quienes no siguieran el confinamiento obligatorio. Además, impusieron un toque de queda. Los Caparrapos, que también hacen presencia en esa región y en el Bajo Cauca, instalaron ‘puntos de inteligencia’ para controlar el tránsito de la gente en los municipios.
Ese control durante la cuarentena, que además fue aprovechado por los grupos armados ilegales para expandirse en los territorios, dejó muertos. Por ejemplo, en el Bajo Cauca y el Nordeste antioqueño fueron asesinados seis líderes sociales, miembros de Juntas de Acciones Comunales, integrantes de asociaciones campesinas e indígenas y promotores del PNIS. También se registraron diez casos de desplazamiento forzado.
El confinamiento también fue una oportunidad para que los grupos armados sembraran más minas antipersona, esto con la intención de controlar territorios y proteger cultivos de uso ilícito ante los operativos de erradicación forzada.
La respuesta del Gobierno a estas violencias durante la cuarentena fue aumentar la Fuerza Pública. Sin embargo, los municipios de esas regiones a los que se enviaron más militares o policías fueron puestos en riesgo sanitario. La FIP recogió denuncias de las comunidades donde se hicieron operativos de erradicación forzada. Según lo que le dijeron a la fundación, estos no se hicieron con los protocolos de bioseguridad.
Otros efectos que deja el cruce de la pandemia y el conflicto armado en estas regiones son el desempleo y la deserción escolar, que se profundizan en las áreas más apartadas de las cabeceras municipales. La FIP afirma que solo en Antioquia se podrían perder entre 112.000 y 131.000 empleos por culpa de la pandemia, dejando una tasa de desempleo cercana al 15 por ciento en el departamento.
Pueden revisar el informe completo por acá.
