OPINIÓN | Ya era escandaloso que el director de los medios públicos cancelara un programa como retaliación contra las opiniones de un periodista en internet. Pero, ¿empapelar judicialmente a la persona que expuso ese abuso?
La decisión de la fiscal del caso de Juan Pablo Bieri, de escudriñar las relaciones entre la periodista Diana Díaz y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), es el último eslabón de la cadena de censura más descarada de los últimos años.
Es muy difícil encontrar otra cadena de censura y autoritarismo tan clara y descarada como la del caso Bieri. Ya era suficientemente escandaloso que el director de los medios públicos cancelara un programa como retaliación contra las opiniones de un periodista en internet. También daba suficiente pena que ese mismo censurador fuera premiado con un trabajo en Presidencia. Pero, ¿empapelar judicialmente a la que expuso este abuso y a la ONG que la ayudó a hacerlo?
Durante más de dos décadas, los periodistas acosados e intimidados por hacer su trabajo han visto a la FLIP como su última esperanza frente a una amenaza, una citación judicial o, como en el caso de Diana Díaz, después de presenciar un acto de censura. Esta función de último recurso que tienen las ONG como la FLIP es esencial para la democracia. En las Naciones Unidas han explicado que estas entidades suelen cumplir funciones que los actores políticos no pueden hacer porque tienen más garantías de confidencialidad y confianza.
Esa relación que tienen los periodistas con la FLIP está protegida por un derecho que se llama secreto profesional. Es el mismo derecho que permite que la gente hable en confianza con su psicólogo, su abogado o un reportero porque sabe que no los van a delatar. Varias cortes, como la Corte Constitucional, han explicado que sin ese derecho nos quedaríamos sin muchas de las denuncias sobre hechos de corrupción. O, en este caso, la prensa se quedaría sin ese último recurso.
Lo que hizo la Fiscalía en el caso Bieri fue pisotear esa garantía para los periodistas de todo el país. Los gobernantes de los últimos años se la pasan celebrando que hoy en día matan menos periodistas al año que hace 10 o 20 años, pero siempre se quedan cortos para responder por las amenazas y presiones judiciales o económicas que siguen existiendo en todo el país. Ahora va a ser mucho más vergonzoso que el Estado saque pecho al tiempo que se sabe que su Fiscalía es capaz de ir a esculcar la oficina donde se guardan los secretos de las personas que buscan algún tipo de protección frente a la censura.
Todo para resolver la venganza judicial de un censurador que fue atrapado con las manos en la masa.
Colombia sigue siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en la región y en el mundo. Solo para tomar un ejemplo de las distintas mediciones que hay, el país está en el puesto 130 de 180 países en el ranking de Reporteros Sin Fronteras. Cuba, Honduras, Venezuela y México son los países que nos superan en esa medición en el hemisferio, algo que no da mucho para celebrar. El caso Bieri nos da con qué volver a pelear por ese podio.
La Fiscalía es una entidad que históricamente ha aportado poco para mejorar las condiciones de la libertad de prensa en Colombia. Cientos de casos de violencia contra periodistas han quedado en la impunidad en manos de esa entidad. También son muchos los casos de periodistas empapelados por investigar, denunciar o criticar abusos o irregularidades. Los Fiscales, en lugar de desechar los expedientes por tratarse de un tema de interés público, imputan cargos u obligan a que el periodista se aguante años de diligencias costosas y desgastantes. Esperar que algún fiscal general cambie estas dinámicas dejó de ser algo realista hace varios años.
Mientras tanto, Iván Duque, quien ha sido capaz de criticar decisiones de la Corte Suprema y de decir que “haremos siempre todo, absolutamente todo lo que esté en nuestras manos, para proteger la libertad de prensa” no dice ni propone nada. Bieri sigue premiado y Colombia, como lo explicó Transparencia por Colombia a raíz de este caso, sigue en mora de dar garantías a las personas que denuncian irregularidades. Todo a pesar de que existen compromisos y llamados internacionales para esto. Y como explicó Rodrigo Uprimny este domingo, sigue sin haber garantías para que no pase otro caso como el de Bieri en RTVC u otro medio público.
El ambiente para la libertad de expresión solo empeora y las autoridades tienen que hacer mucho más de lo que han hecho hasta ahora. Que Barbosa tumbe la imputación contra Díaz y la inspección a la FLIP no haya sido realizada sirve para atender un síntoma, pero no para acabar con el ambiente de censura.
Emmanuel trabajó varios años en la FLIP. Lo pueden encontrar por acá.
