Se trata del Fondo de Programas especiales para la Paz del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Se creó para apoyar la reincorporación y financiar iniciativas de paz, pero con recursos de ese fondo se pagó la estrategia digital del presidente.

Por la denuncia que hizo La FM, a principios de mayo de este 2020 se conoció que el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) hizo un contrato de 3.350 millones de pesos con la empresa de publicidad y comunicaciones Du Brands SAS para prestar “los servicios profesionales especializados de apoyo a la gestión de la Consejería Presidencial para las Comunicaciones en la elaboración, implementación y seguimiento de estrategias digitales integrales, así como la producción de contenidos y la administración de canales digitales de comunicación del Presidente y de la Presidencia de la República”.

Tal vez ese contrato, el FP-290-2020, pasaría desapercibido si no fuera porque tomó plata del Fondo de Programas especiales para la Paz de la Presidencia (Fondo Paz). Es decir, se cogió dinero de una bolsa de recursos destinados a la construcción de la paz para contratar a una empresa que le maneje las redes sociales al presidente Iván Duque y le mejore su imagen en plataformas digitales. De inmediato se le pidió explicaciones al gobierno, principalmente a Hassan Nassar, el consejero presidencial para las Comunicaciones. Este funcionario respondió a varios medios de comunicación que el dinero para pagarle a Du Brands SAS sale de los recursos de funcionamiento del DAPRE, del que el Fondo Paz y la Consejería para las Comunicaciones hacen parte.

Sin embargo, a Pacifista! —como a muchos colombianos— no le quedó claro por qué se usó el dinero de un fondo creado para programas especiales de paz en la imagen del presidente Duque en redes sociales.

Lo primero es entender qué es el Fondo Paz:

Fue creado con la ley 368 del 5 de mayo de 1997 —hace 23 años— como una cuenta especial del DAPRE y es administrado “como un sistema separado de cuentas”. Esto último quiere decir que el fondo maneja recursos que no hacen parte del presupuesto para el funcionamiento del DAPRE. Este fondo tiene como objetivo financiar iniciativas y estrategias de paz que ayuden en la reintegración a la vida civil de miembros de grupos armados que demuestren voluntad de desmovilización y dejación de armas. Ahora, ¿de dónde salen los recursos? Según la ley, hay cuatro fuentes: el presupuesto general, donaciones, créditos que haga el Estado y aportes de la cooperación internacional.

Este Fondo Paz es distinto al Fondo Colombia Paz, que nació en 2017 luego de la firma del Acuerdo final de paz con la antigua guerrilla de las Farc y desde donde se administran los dineros para la implementación del acuerdo. Está a cargo de la Alta Consejería para la Estabilización y la Consolidación, la cual dirige Emilio Archila. Sin embargo, ambos fondos tienen la misma finalidad: ayudar a construir la paz.

La ley 368 no es la única norma sobre el Fondo Paz. El decreto 1081 de 2015, con el que se crea el reglamento de la Presidencia de la República, incluye las funciones específicas del fondo (artículo 2.2.2.1.1). Son ocho en total, entre las que están el diseño y desarrollo de programas para lograr y mantener la paz, financiar actividades que lleven a entablar diálogos o acuerdos con grupos armados, adelantar la divulgación del Derecho Internacional Humanitario y dar apoyo económico a las iniciativas de paz de la sociedad civil. En ningún lado del decreto se habla de financiar las comunicaciones de la Presidencia ni del presidente con los recursos del Fondo Paz.

Ahora bien, en la parte de Consideraciones del contrato FP-290-2020 se justifica la contratación con ayudar a construir y consolidar la paz en el país. “Es una prioridad para el Gobierno Nacional consolidar la verdadera reconciliación de los ciudadanos a partir de tres pilares fundamentales: legalidad, equidad y emprendimiento (…) Es fundamental informar de manera veraz y completa a la ciudadanía sobre el estado real de los procesos de paz, promover su participación activa para garantizar la adecuada evolución de los mismos y facilitar un diálogo sólido entorno a la construcción de la paz y la reconciliación”.

Si la justificación del contrato es ayudar a construir la paz, ¿por qué el objetivo es la elaboración e implementación de estrategias digitales para las comunicaciones del presidente Duque? Y si ese es el objetivo, ¿por qué usar los recursos de un fondo con el que se ha respaldado la reincorporación de miembros de grupos armados o iniciativas de paz y no los que el DAPRE destina, por ejemplo, a las comunicaciones del presidente? Pacifista! buscó Hassan Nassar y a Juan Carlos Vargas Morales, director del Fondo Paz, para hacerles estas preguntas, pero hasta la fecha de publicación de esta nota no logramos comunicarnos con ellos. Ojalá nos lean y puedan respondernos.

Una actualización a este tema: a finales de agosto, la Fundación para la Libertada de Prensa presentó una nueva entrega de su investigación Pauta Visible, dedicada esta vez a los contratos de publicidad y comunicaciones que pagó Duque en los años que lleva como presidente. Según la investigación, Duque gastó más de 7 mil millones de pesos en estrategias que mejoren y posicionen su imagen en redes sociales. Entre esas estrategias está la creación de una lista de influenciadores digitales, clasificados cada uno según sus opiniones acerca del gobierno —negativas, positivas o neutras—.

Tres contratos para crear estrategias digitales y manejar redes sociales (el FP-281-2018, el FP-163-2019 y el FP-290-2020), firmados con la empresa Du Brands SAS, fueron pagados con recursos del Fondo Paz.

¿Y cómo va la reincorporación?

A propósito de este contrato, y luego de explicar en qué consiste el Fondo Paz, nos preguntamos cómo avanza la reincorporación para los excombatientes de las Farc. Lo primero que hay que decir es que luego de la firma del Acuerdo final de paz, 13.361 miembros de esa antigua guerrilla comenzaron el proceso de reincorporación según las cifras que maneja la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN). Luego de dejar las armas, se instalaron en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), que tenían una vigencia jurídica por dos años (hasta el 15 agosto de 2019). Algunos exguerrilleros aún viven allí.

En los ETCR, además de comenzar el proceso de reincorporación, los exguerrilleros tendrían educación, salud y trabajo a través de proyectos productivos. Sin embargo, esos beneficios se han entregado a medias. Pacifista! contactó en mayo de este 2020 a Luis René Medina, representante de los excombatientes de las Farc en el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), quien nos habló de los inconvenientes de la reincorporación.

“Las personas encargadas de la reincorporación en el gobierno han pintado una situación muy armoniosa, pero uno va a los territorios y no es tan así. En el universo de la reincorporación son alrededor de 13.000 compañeros y compañeras. Y solamente en los proyectos productivos, que no se han implementado de manera completa, hay 2.546 personas”, explicó Medina. Esto no representa ni la tercera parte del total de los excombatientes.

Además de la baja inclusión de excombatientes a proyectos productivos, Medina señala que “la ARN ha aprobado 52 proyecto, pero ninguna ha recibido tierras para implementarlos”.

Otro inconveniente que hay en el proceso de reincorporación, de acuerdo a este representante de los exFarc en el CNR, es la vivienda. Cuenta que ha sido un dolor de cabeza la adquisición de tierras para que los excombatientes puedan acceder a viviendas propias, pues recordemos que los ETCR tenían una vigencia de dos años y muchos de los terrenos en donde se levantaron eran arrendados. “Los compañeros en región dicen que han encontrado tierras en donde les conviene vivir, pero la dificultad comienza cuando le piden al gobierno que las compre: que no puede, que los recursos son limitados, que la Ley segunda (sobre reservas forestales), que no están legalizadas… Bueno, mil problemas”.

En mayo también charlamos con Luis Emil Sanabria, quien es el presidente de la Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas para la Paz (Redepaz), sobre el proceso de reincorporación. Desde esa organización le hacen seguimiento a la implementación del Acuerdo final de paz con las Farc. Concuerda con Medina en que existen incumplimientos tangibles o físicos, por clasificar de alguna manera a los proyectos productivos y a las viviendas. Pero agrega que a los excombatientes no se les ha cumplido en pedagogía de la paz (para que no haya estigmatización contra ellos) y en garantías para que se les respete la vida. Según el partido Farc, 194 exguerrilleros fueron asesinados desde la firma del acuerdo, en noviembre de 2016, hasta principios de abril de este 2020. En agosto esa cifra aumentó a 224.

“También debe haber garantías para que los excombatientes se expresen políticamente y no se les estigmatice. Ahí se está fallando. Acordémonos que esto es un proceso político, no solo es dejación de armas y reincorporación”, agregó Sanabria.

Los 3.350 millones de pesos de pesos que se utilizarán para la estrategia en redes sociales del presidente Duque servirían para agilizar los proyectos productivos, comprar tierras donde se pueda construir vivienda y brindar seguridad a los excombatientes. O mejor, cumplir con el Acuerdo de paz.