El programa Causas Ciudadanas, del Ministerio del Interior, no ha funcionado para esclarecer los asesinatos de los líderes sociales.
En septiembre de 2017, cuando el número de líderes sociales asesinados desde la implementación del Acuerdo de Paz ascendía a 47, las organizaciones civiles Movilizatorio –a través de El Avispero –, Paziempre, Ejército de la Tierra, No nos quiten los colores y la Fundación Prologar lanzaron una campaña que se trazó como meta inicial recoger 20.000 apoyos digitales para exigirle al gobierno, a través del programa Causas Ciudadanas del Ministerio del Interior, justicia y protección para los líderes sociales.
En ¡Pacifista! apoyamos esta iniciativa y en noviembre, gracias al esfuerzo de todas las organizaciones y de nuestra audiencia, alcanzamos 20.000 apoyos que respaldaban la causa ciudadana de proteger a los líderes sociales.
El 16 de noviembre acompañamos a las organizaciones a las instalaciones del Ministerio del Interior y entregamos las firmas, convencidos de que el gobierno cumpliría con las tres solicitudes que realizamos a través de la campaña: primero, que la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad se comprometiera a realizar un informe y una rueda de prensa trimestral para presentar los avances en las investigaciones judiciales relacionadas con asesinatos y amenazas contra líderes sociales. Segundo, que las instituciones expusieran públicamente ante la ciudadanía las políticas y planes de protección para las personas que ejercen liderazgo en sus territorios. Tercero: que el Ministerio del Interior se comprometiera públicamente a visibilizar la causa y a gestionar las respuestas de las autoridades.
Han pasado ocho meses y el Ministerio no ha realizado la primera rueda de prensa pública con las organizaciones sociales que impulsaron esta campaña. Como dijimos en noviembre del año pasado: “con los 20.000 apoyos digitales dimos el primer paso”. Sin embargo, hoy no ha sido posible dar el segundo y, lo más preocupante, es que el número de líderes sociales asesinado viene en aumento – ya van 105 asesinados desde diciembre de 2016, cuando comenzó la implementación del Acuerdo–.
Conscientes de que muchos de ustedes, nuestros lectores, firmaron o respaldaron esa causa ciudadana, investigamos sobre lo que ha sucedido con esta iniciativa de protección para los líderes sociales.
La vocería de las organizaciones sociales que impulsaron esta campaña la asumió Juliana Uribe, directora y fundadora de Movilizatorio, uno de los laboratorios de participación ciudadana e innovación social más reconocidos en el país. Infortunadamente, nos dijo Juliana, “lo que pasó realmente es que nunca nos dieron respuesta desde el Ministerio del Interior”. Después de recolectar los 20.000 apoyos digitales, cuenta, se sintieron optimistas, pues fue el mismo ministro, Guillermo Rivera, quien recibió los apoyos personalmente. “Luego comenzamos a hacer seguimiento con la dirección de Derechos Humanos del Ministerio, con el Viceministerio de Participación y nunca nos respondieron. La rueda de prensa pública nunca se dio. Ellos dicen que dan información pero no se ha hecho la rueda de prensa pública, abierta a la sociedad civil y a los medios de comunicación”.
Ante las trabas en el Ministerio, Movilizatorio envió correos electrónicos, dialogó personalmente con los funcionarios sobre el tema pero la causa ciudadana se quedó ahí, estancada. Juliana Uribe nos contó que, ante este tropiezo, comenzaron a buscar otras salidas: “Decidimos dar un paso más y comenzamos a usar el derecho de petición como herramienta para que las autoridades nos den respuesta sobre el estado de cada una de las investigaciones de los líderes sociales asesinados. Nosotros como sociedad civil estamos dispuestos a agotar todos los mecanismos legales que existen para que se haga efectiva una prevención concreta para los líderes sociales, así como una justicia para que los casos no queden en la impunidad”.
Con el empalme de gobierno, la incertidumbre creció. “La verdad no sabemos si quiera qué va a pasar con el programa de Causas Ciudadanas”, dijo Juliana, “pero tenemos que seguir adelante con los mecanismos legales que existen para ejercer el derecho a la veeduría. Hemos venido comunicándonos con diferentes organizaciones para poner una alarma ante la comunidad internacional. Queremos que sepan que este tema es gravísimo, que los países garantes del Acuerdo de Paz se deben enterar, así como Naciones Unidas”.
También hablamos con Luis Ernesto Gómez, quien se desempeñó como viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos y creó el programa Causas Ciudadanas. Gómez renunció en marzo de este año a su cargo, por lo cual, dijo, no tiene muy claro qué sucedió con la causa que apoyamos en ¡Pacifista!: “Es muy probable que este programa de Causas Ciudadanas incluso lo cambie el nuevo gobierno. Digamos que de aquí al 7 de agosto todavía se les puede ayudar. En estos días hubo una comisión nacional de garantías, el gobierno sacó un esquema de protección para líderes. La verdad es que es un tema prioritario para el gobierno saliente y en el cual hay bastantes avances”.
Cuando le preguntamos a Gómez sobre los compromisos que adquirió el Ministerio con las 20.000 personas que apoyaron esta causa, nos comentó que no tiene muy claro lo que sucedió, pues “solamente tengo una idea general sobre en qué van las causas ciudadanas, que son muchas. Eso sí, yo creo que lo más importante es que ustedes y las organizaciones puedan recibir los informes de la Comisión de Garantías cuanto antes. Es un compromiso institucional”.
Cuando le preguntamos al Ministerio del Interior sobre la causa ciudadana, nos remitieron de una dependencia a otra, sin entregar una respuesta concreta a la pregunta de fondo: ¿por qué no se ha realizado la primera rueda de prensa pública si las firmas fueron entregadas en noviembre de 2017? Ante el silencio del Ministerio, Movilizatorio viene impulsando una estrategia para interponer varios derechos de petición ante las instituciones encargadas de trabajar por los líderes sociales. En este momento están en la elaboración de un derecho de petición inicial que será tramitado ante la Fiscalía para que los ciudadanos tengamos acceso a la información sobre los avances judiciales relacionados con los asesinatos de líderes sociales.
Por el momento, las organizaciones están exigiendo la siguiente información: las fechas de sesión de la Comisión Nacional de Garantías desde el 3 de febrero de 2017 hasta la fecha; las entidades que participaron en esas sesiones, los avances en el diseño y puesta en marcha de estrategias para el cumplimiento de los objetivos de la comisión; las estrategias de acción permanente para desmantelar a las organizaciones detrás de los asesinatos de líderes sociales y la información del trabajo de la Comisión.
Estamos de acuerdo con Movilizatorio en que no podemos guardar silencio frente a la inacción del Ministerio del Interior. Esperamos que con los derechos de petición el gobierno asuma una tarea mínima y que es obligatoria: darle la cara a la ciudadanía frente a la incertidumbre que generan los asesinatos de líderes sociales. No deberíamos enviar miles de derechos de petición para que esto sucediera y por eso lamentamos el silencio del gobierno.
En los próximos días les explicaremos cómo será el envío masivo de derechos de petición.
