De las circunscripciones depende, en buena medida, que cambie la subrepresentación política de poblaciones afectadas por la violencia.
La ley: crear 16 circunscripciones especiales para las víctimas del conflicto armado en el congreso de Colombia. ¿Esto qué significa? Que representantes de víctimas de las 16 de las regiones más afectadas por el conflicto armado lleguen al Congreso de la República. Esta iniciativa, que se pactó en el Acuerdo de Paz de La Habana, no ha podido cristalizarse porque en la reglamentación del Acuerdo en el congreso –durante 2017 – no hubo mayoría para aprobarlas.
Hoy, el Consejo de Estado estudia una demanda que interpuso Guillermo Rivera, exministro del Interior, para que las circunscripciones queden vigentes. Esta decisión podría salir antes de que termine el año. Si el Consejo le da la razón a Rivera, quien por cierto fue uno de los defensores del Acuerdo de Paz durante el gobierno Santos, el Estado estaría avanzando en resolver uno de los problemas que han agudizado el conflicto en Colombia: la subrepresentación política de poblaciones afectadas por la violencia.
¿Quiénes ganarían si se aprueban las circunscripciones? Sin duda los defensores del Acuerdo de Paz de La Habana, las asociaciones de víctimas que han firmado cartas pidiendo ese espacio – el colectivo Defendamos la Paz recogió un millón de firmas pidiendo que se aprobaran las curules – y, por supuesto, las regiones que, por la guerra, no han tenido una representación política continua. Este sería un primer paso, pues las circunscripciones son transitorias y estarían vigentes hasta 2026. Por otro lado, si las circunscripciones se caen ganarían aquellos que se opusieron y votaron contra ellas, es decir, partidos como el Centro Democrático o el Conservador. El uribismo, de hecho, hizo una campaña señalando que estas 16 curules no serían para las víctimas sino directamente para las Farc.
La ley que reglamentaba las circunscripciones dejaba claro que cualquier asociación de víctimas podía participar por la circunscripción y estableció medidas para que, por ejemplo, una asociación no se quedara con dos circunscripciones. No obstante, el uribisimo catalogó el proyecto como inconveniente y se hundieron. Vale la pena decir que en el proyecto de ley aparece que en los territorios que cubren las circunscripciones está el 71% de los consejos comunitarios de poblaciones afro en el país, así como el 45% de los cabildos indígenas. Este dato es valioso cuando analizamos el tema de la marginalidad: afros indígenas, aunque reconocidos en la Constitución de 1991, siguen sufriendo las consecuencias de la exclusión y con las circunscripciones podrían obtener más espacios de representación y visibilidad política.
Esto me hace pensar en algo que dice Howard Becker en su libro Outsiders: “las normas son el resultado de la iniciativa y el emprendimiento de personas a las que podríamos definir como emprendedores morales. Hay dos especies de emprendedores morales, quienes crean las reglas y quienes las aplican”. En este caso, claramente existió una cruzada por diferentes asociaciones de víctimas que fueron a La Habana y convencieron a los negociadores del Acuerdo de Paz – de ambos lados – a que incluyeran un cambio normativo para obtener representación política. Estas asociaciones son emprendedoras morales, podríamos decirlo, bajo el valor de la paz. Hoy, debemos decirlo, están en el Paro defendiendo el Acuerdo de Paz.
Hoy, el uribisimo puede decir que el hecho de que las víctimas de los municipios más golpeados por el conflicto armado, donde el Estado solo ha hecho presencia militar, obtengan beneficios en la política representativa, es un acto “desviado”, o que al menos no se articula con los perfiles de “víctimas” que ellos esperan. Es, al fin y al cabo, una disputa por el sentido. Algo así como defender el estatuto de grupo terrorista de Farc y no aceptarlos como una guerrilla, en otras palabras, no aceptar que hubo conflicto armado. En esta disputa de sentido entran las asociaciones de víctimas como interlocutoras válidas en el sistema democrático.
En este punto vale la pena recordar una de las conclusiones de Becker: “Las normas no nacen espontáneamente. Aunque una acción sea dañina en un sentido objetivo para el grupo donde ocurre, el daño tiene que ser descubierto e identificado. Primero, es necesario hacer que la gente sienta que hay que hacer algo al respecto. Alguien debe llamar la atención de la opinión pública sobre el tema, tener el empuje necesario para que las cosas se hagan y ser capaz de dirigir esas energías para conseguir la creación de la norma”. Ese acto, que quizás parezca rudimentario en un estado que se considera de derecho y democrático, es el que están impulsando las asociaciones de víctimas con las circunscripciones para la paz.
El daño del que hablamos está claro: son más de 8 millones de víctimas del conflicto que están esperando el anhelado proceso de reparación. Y en ese proceso es clave garantizar, como lo han dicho varias asociaciones, la veeduría política para garantizar la no repetición de los crímenes que han ocurrido –ocurren – en el conflicto armado. En esta disputa por el sentido no olvidemos que estamos en un país con más de 200 líderes asesinados en los últimos dos años, y que muchos de ellos buscaban representación política. Ojalá el Consejo de Estado considere estos argumentos.
