Entrevistamos a una de las abogadas más reconocidas en la lucha por los derechos de las minorías en Estados Unidos.
Natasha Lycia Ora Bannan visitó Colombia recientemente como representante del Gremio Nacional de Abogados de Estados Unidos (NLG). Lo hizo con sigilo, sin mayor interés en que la opinión pública estuviera pendiente de su encuentro con los líderes afro en el Valle del Cauca. Es un tema delicado, le dijeron. Natasha es abogada, asesora asociada de LatinoJustice PRLDEF (Puerto Rican Legal Defense and Education Fund) y presidenta de NLG hasta el año pasado. Su voz es un referente internacional en temas de derechos humanos, discriminación racial y de género.
La visita con las comunidades se llevó a cabo en Buenaventura: el puerto del pacífico más importante del país y, a la vez, uno de los territorios con las dimensiones más grandes de violencia y corrupción. Según la RNI (Red Nacional de Información), entre 1990 y 2014 un total de 163.227 personas fueron víctimas de desapariciones, masacres, homicidios y desplazamientos forzados en Buenaventura. Hoy, el índice de homicidios es 75 % mayor en 2019 en comparación con periodo del año pasado, según las autoridades regionales.
NLG se reconoce como la primera organización progresista que cuenta con una membresía exclusivamente afrodescendiente. Lleva más de 80 años trabajando acompañando e impulsando iniciativas de protección y lucha de las comunidades más vulnerables y marginadas. De hecho, han buscado que la participación política de las comunidades no se reduzca al ejercicio del derecho electoral, sino que las garantías sociales, desde todo campo jurídico, puedan ser amplificadas. En ese sentido, para ellos la democracia actúa como una herramienta de defensa y difusión de los derechos humanos.
El Gremio Nacional de Abogados tiene una misión clara: “pretendemos dar cuenta de un enfoque anti-racista, anti-imperialista y anti-capitalista, entendido desde la perspectiva de la imposición de organizaciones estadounidenses fuera de las fronteras”, dijo la actual ex-presidenta de la organización.
En el marco de su visita a Colombia, Natasha Lycia Ora Bannan aceptó hablar con nosotros sobre las reflexiones que le dejaron las visitas con las comunidades afro.
¿Cómo definiría las tácticas para lograr una equidad en los intereses políticos y económicos de su país?
Primero hay que llamar las cosas por su nombre. Decir que nosotros no tenemos ninguna ilusión en que el sistema de justicia haga justicia, pues el que tenemos es un sistema de injusticia. En el sistema penal es donde es más visible la persecución de las comunidades afro y latina; principalmente a las personas pobres. Históricamente los líderes de nuestras comunidades han sido asesinados, torturados y desaparecidos. El sistema se pone al servicio de la clase política y elitista. Todo se reduce a una retórica jurídica. Como en Colombia, todo lo pintan súper bello, el papel habla de lo que es la democracia pero en la realidad no existe. La verdadera democracia exige la participación robusta de la gente en todo sentido, no solamente en las urnas. El país utiliza y coarta el discurso de los derechos humanos para otros fines que no tienen nada que ver con el derecho, sino con la imposición capitalista para la promoción y protección de megaproyectos y grandes intereses económicos.
¿Qué nos puede contar de su visita a Colombia?
Esta es la tercera visita que hago en los últimos cinco años. Para mí refleja un compromiso con lo que el pueblo está tratando de construir, retomar y defender “con uñas y dientes”: la democracia. Nosotros intentamos acompañar a pueblos donde históricamente ha habido una presencia intervencionista de Estados Unidos.
En Colombia hemos hecho varios acompañamientos. El trabajo depende mucho de lo que se nos pida. No es cuestión de llegar a imponernos, no, es ver cuáles son las necesidades particulares para acompañar, asesorar, consultar y también, cuando toca, litigar. En el contexto internacional trabajamos desde un enfoque anti-imperialista, anti-colonial y anti-racista; por eso siempre buscamos cómo relacionarnos con las comunidades más explotadas y más vulnerables.
Todos los países en donde ha habido una presencia de descendencia africana suelen estar las comunidades afro más abandonadas, más explotadas y más perseguidas; sucede algo similar con las comunidades indígenas.
¿Qué estrategias propone para revertir esta realidad?
Visibilidad, nacional e internacional. La gente sabe lo que está pasando, sabe que ha habido desapariciones forzadas y asesinatos. ¿De quiénes y para quiénes? Hay que hablarlo. Entre más invisible sea esta situación, habrá más impunidad.
Y esto requiere también de un apoyo internacional. Después de firmados los Acuerdos de paz en Colombia parece que la comunidad internacional se lavó las manos y dijo: “Bueno, eso ya se resolvió”. Y obvio no es así, para nada.
Hace falta un apoyo jurídico de otros movimientos, tanto de intercambio, de estrategias, de elecciones, pero también de reconocimiento de las luchas y de la liberación: de lo que está pasando con las comunidades afro en Colombia. De hecho, es lo mismo que está pasando con el movimiento de las vidas negras en Estados Unidos, lo mismo que está pasando con el nivel de desplazamiento en la comunidades-afro boricua en Puerto Rico, etc. Hay que tratar de vincular estas luchas y fortalecerlas desde adentro, desde las mismas comunidades afro. Pero también pensar y repensar qué es la autoprotección y qué es lo que conllevaría. Creo que todavía hay otros contextos y ejemplos de los cuales podemos aprender.
Igualmente se deben acompañar esos procesos democráticos de la manera que sea. Puede ser en los tribunales, en las urnas, en los congresos, incluso con la fuerza pública. También tenemos que replicar, en un buen sentido, los argumentos jurídicos que reconocen esos derechos.
¿Qué análisis hace del asesinato de líderes sociales en Colombia?
Los líderes están organizando exitosamente a sus comunidades. No es como los años 90 cuando los asesinatos siempre eran dirigidos a nivel regional, a nivel país, sino que esto es a nivel comunitario. Ellos están organizando a sus comunidades de resistencia para oponerse a megaproyectos, a visiones económicas que no responden a los intereses de esas comunidades y que tienen como fin el desplazamiento.
Las comunidades afro, indígenas, sindicalistas, campesinas, etc., todos los que vienen de abajo, que tienen el apoyo de sus comunidades, que sirven como portavoces y que plantean otra visión de lo que es un país posible, son los que ahora tienen un blanco en la espalda: están siendo desaparecidos y asesinados, como mensajes para esas comunidades.
En realidad, todas salimos impresionadas con la madurez política de los líderes de la claridad sobre qué es lo que quieren para sus comunidades y para su país. Así que yo las vi bien organizadas, bien claras, bien comprometidas: consigo y con su visión.
¿Qué quieren estas comunidades?
En resumen, respeto y dignidad. Menos abandono, hostigamiento, desplazamiento, asesinatos y complicidad del Estado. Más recursos, atención, servicios de salud, sistema escolar de calidad, vivienda digna, alimentación saludable y seguridad ciudadana. Además, derechos colectivos a los terrenos y sus estructuras. En fin, todo lo que ya está en la ley, pero nada en su implementación.
Según las organizaciones, ¿qué cambió luego de la implementación del Acuerdo de Paz?
En Bogotá hicimos una reunión con varias organizaciones: la JEP, el Comité de Solidaridad con presos políticos, MOVICE (Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado), la Comisión de Justicia y Paz, entre otras. Y el mensaje de todas las organizaciones de derechos humanos fue contundente y claro: no importa en cuál sector se trabaje más, o cuál tema, o quién domine más, fue: “necesitamos ayuda, la situación está crítica, aquí no hay voluntad política, no hay interés. La represión nunca ha cedido. Estamos igual o peor que antes de los Acuerdos. No contamos ni con los recursos, ni con el interés político, ni con la visibilidad de borrar todo lo que es la crisis. Es decir, no solamente lo que son los asesinatos, sino el nivel de desapariciones forzadas y la promoción y realización de proyectos que están acabando con el país”.
En otras palabras, nunca ha habido un momento de paro, de freno, de posconflicto. Yo no vi a ninguna organización sin preocupación grave y seria sobre la legitimación de lo que es sumamente ilegítimo: el incumplimiento de los acuerdos. Y ahora el gobierno lo hace bajo un marco jurídico divino que deja a la gente desprotegida.
