Serán seis los puntos que abordarán el Gobierno y el ELN en la mesa de conversaciones. El énfasis estará en la participación de la sociedad.
El acuerdo anunciado por el Gobierno y el ELN, para iniciar una fase pública de conversaciones de paz, precisa los seis puntos que guiarán la negociación.
Estos son los detalles que tendrán que abordar los negociadores de ambas partes en la mesa de conversaciones.
El acuerdo se refiere a un ejercicio “dinámico y activo, incluyente y pluralista”. El objetivo, según el documento firmado por los delegados del Gobierno y las Farc, es que las iniciativas y las propuestas que surjan de la sociedad civil sean tenidas en cuenta y “hagan viable la paz”.
Para ello, las partes afirman que se dará “especial relevancia” a las recomendaciones de la sociedad que lleguen a la mesa de conversaciones.
El segundo punto tiene una conexión directa con el primero y demuestra que la participación de la sociedad será clave en la fase pública. El documento señala que se debe dar un debate que permita examinar la participación y las decisiones de la sociedad en relación con los problemas que la afectan.
Ese punto también contempla la revisión de las garantías para la movilización ciudadana y abordar la situación jurídica de las personas sindicadas o condenadas por ejercerla.
Pobreza, exclusión social, corrupción, degradación ambiental y búsqueda de la equidad, son los asuntos para los cuales será necesario crear “programas transformadores”, según el tercer punto de la agenda.
También se desataca la participación de la sociedad, con base en sus “propuestas transformadoras” y los planes con enfoque territorial que generen alternativas económicas y productivas para las comunidades.
En el punto sobre las víctimas el acuerdo habla de crear condiciones para fundamentar el perdón y proyectar la reconciliación. Los elementos que según el acuerdo son determinantes para avanzar en ese sentido son la verdad, la justicia, la reparación y los compromisos de no repetición y no olvido.
Tal vez el punto con mayores detalles concretos del acuerdo es este. En él se define una hoja de ruta que contempla la definición de la situación jurídica de los integrantes del ELN, y la creación de garantías de seguridad y para la participación en política.
Además, se abordará la situación de los integrantes de esa guerrilla privados de la libertad, el esclarecimiento del fenómeno paramilitar y, finalmente, el cese al fuego bilateral y el destino que tendrán las armas para poner fin al conflicto.
El último punto de la agenda se refiere a la materialización de las transformaciones que se acuerden en las conversaciones para poner fin al conflicto. Para ello, se plantea la creación del llamado Plan General de Ejecución que, según el documento, tendría mecanismos de verificación, seguimiento y control con la participación de la sociedad, la comunidad internacional, el Gobierno y el ELN.
En ese punto también se incluye la negociación de un mecanismo de refrendación “que consolide lo pactado y lo proyecte hacia el futuro”.
