ANÁLISIS | Las soluciones se centran, de nuevo, sólo en programas asistenciales y subsidios condicionados, sin avanzar en acciones para abordar las causas estructurales de las problemáticas alimentarias y nutricionales.
Por: Cristian David Murcia Peñuela y Sara Eloísa Del Castillo Matamoros*
Dentro del denominado Pacto por la Equidad, se incluye a la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), como alianza para una ciudadanía con mente y cuerpo sano (PND, 268). La SAN es presentada como un referencial restringido a la disponibilidad, consumo y aprovechamiento biológico, sin relación con las dimensiones humana y ambiental ganadas en la comprensión integral de la SAN en los últimos años, que permitió demostrar que no sólo está relacionada con la expresión individual que se manifiesta en la condición de salud y nutrición de la población, sino que depende de factores estructurales, sociales y económicos que esencialmente determinan el acceso y disponibilidad plena a los alimentos desde la zona rural a las ciudades. Mucho menos reconoce, la relación directa con el desarrollo integral del campo, y la construcción de procesos para alcanzar la soberanía alimentaria, como garantía para eliminar las brechas sociales, económicas y territoriales para el logro efectivo del derecho humano a la alimentación adecuada –DHAA-.
Las brechas alimentarias y nutricionales se desconocen
El PND desconoce las brechas alimentarias y nutricionales de las que debe partir, utilizando los resultados de la Encuesta Nacional de Situación Nutricional -ENSIN- 2015 pero acomodando su interpretación y desconociendo el contexto de estos análisis.
Plantear que la prevalencia de la Inseguridad Alimentaria en el Hogar (INSAH) ha disminuido poco más de tres puntos porcentuales a nivel nacional, como logro, cuando la cifra en sí misma es alta: 54,2%, pues significa que 1 de cada 2 hogares es inseguro, que adicionalmente las regiones Atlántica y Orinoquía y Amazonía presentan la mayor prevalencia de INSAH y aún las menores prevalencias correspondientes a la región Central y en Bogotá, afectan por lo menos, la mitad de los hogares.
Por otra parte, para los niños y niñas menores de cinco años evaluados en la ENSIN 2015, la prevalencia de desnutrición aguda en el ámbito nacional (1,6%) es mayor a la encontrada en el 2010 (0,9%), condición por lo menos contradictoria si se tienen en cuenta los cambios positivos en los índices de pobreza multidimensional de la población colombiana, en los últimos años reportados por el DANE.
A nivel nacional, la encuesta reporta prevalencia de retraso en talla en niños y niñas menores de 5 años de 10,8%, cifra aún lejos de la meta establecida en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), la cual establecía llegar al 8,0% para el año 2015, deudas que no se reconocen, las cuales ahondarán en situaciones nutricionales críticas para la población. En cuanto a la práctica de lactancia materna exclusiva, el resultado nacional es de 36,1%, distante de la meta internacional del 50% fijada por la OMS, sin considerarla prioridad, siendo en cambio una de las estrategias más debilitadas en la política desde hace varios años, a pesar de toda la evidencia de la lactancia materna como protectora de la salud y nutrición infantil.
Las cifras de exceso de peso (sobrepeso y obesidad) duplican los datos 2010, y no considera sus causas estructurales, como el cambio de la dieta por patrones hegemónicos de alimentación y la ausencia de políticas de producción, acceso y abastecimiento de alimentos frescos y saludables. El documento reconoce la altísima prevalencia en la población escolar y adolescente de 24%, pero no se propone una disminución como acción de la política pública.
Por último, no considera cifras de producción y distribución de alimentos relacionadas con el acceso a los alimentos y la capacidad de las familias para consumir una dieta sostenible y saludable, lo cual refrenda la afirmación de un PND donde la SAN no tiene que ver con una perspectiva amplia de lo alimentario, explicando por qué las acciones de política se centran, de nuevo, sólo en programas asistenciales y subsidios condicionados, sin avanzar en acciones para abordar las causas estructurales de las problemáticas alimentarias y nutricionales.
El enfoque del riesgo: focalización perversa
El enfoque de riesgo implica medición a partir de la discriminación de grupos específicos e intenta enfocarse en solucionar problemas alimentarios y nutricionales, pero prestando atención sólo a los casos más críticos. En el PND se expresa claramente este enfoque, el cual no es igualitario, discrimina a favor de quienes tienen la urgencia, sin invertir en procesos preventivos, resolviendo estas problemáticas a partir de la focalización de programas asistenciales para poblaciones más vulnerables.
La ruta para la atención a la desnutrición aguda, como una estrategia central, se enfoca en tratar la desnutrición desde la medicalización de un problema social, lo que evidencia dos vertientes. La primera incorporando una barrera en aspectos de disminución de mortalidad única y exclusivamente, en procesos en curso de desnutrición aguda con estados patológicos de resorte del sistema de salud y la segunda, está orientada a que una vez superada o ante la ausencia de condiciones patológicas en curso de la desnutrición aguda, se acuda a la oferta institucional, derivada de la asistencia alimentaria, justificada a partir de la focalización expuesta en el PND para regiones como La Guajira, el Chocó y otras zonas dispersas.
A lo largo de la construcción de metas, el PND, introduce una contradicción conceptual, pues con el ánimo de cumplir con el requisito de respaldar las acciones de política con los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS-, no se percatan de que el marco referencial de estos, por lo menos en lo explícito, está lejos del enfoque de riesgo, se anclan más en poner en cuestión los cambios de un modelo de desarrollo depredador del ambiente y caminar hacia un desarrollo sostenible que es condición para alcanzar el ODS2, para lo cual se requiere el logro de la mayoría de los ODS y es la base para garantizar para toda la población -DHAA-.
Regresividad del derecho a la alimentación:
El PND desplaza lo acordado en el primer punto del Acuerdo de paz firmado en La Habana, que incluye la construcción del sistema progresivo de derecho a la alimentación, donde se establece la construcción de una política alimentaria y nutricional, basada en el incremento paulatino de la producción alimentaria, la generación de ingresos y la creación de condiciones de bienestar orientado al acceso a tierra, infraestructura, riego, vivienda, agua potable, asistencia técnica, entre otros aspectos, que en el PND desaparece, y se enmarca única y exclusivamente en programas de subsidio condicionado.
El Programa de Alimentación Escolar mantiene su perspectiva puramente asistencialista, no se refinancia a pesar de las evidencias de recursos exiguos y su implementación sigue centrada en la tercerización, que ha permitido los mayores robos y desvío de los recursos con los que se debería garantizar una alimentación digna de los niños y niñas escolares.
El PND no reconoce que la alimentación constituye una de las principales áreas de regulación pública, pues en torno a ella, se generan importantes conflictos de intereses entre diferentes eslabones y actores de la cadena agroalimentaria que tratan de configurar los regímenes y modelos alimentarios. El impuesto a las bebidas azucaradas, el control a la comercialización de alimentos infantiles y los sucedáneos de la leche materna y la proliferación de alimentos industrializados, no son prioridad para las entidades gubernamentales. No se retoman por otra parte los pocos logros dentro de las instituciones para impactar con acciones, las graves consecuencias de estas prácticas en la salud y nutrición de la población colombiana, donde la epidemia del sobrepeso y la obesidad hoy coexiste con la deficiencia de micronutrientes, la anemia y la mortalidad por desnutrición que lleva a Colombia a ser uno de los países con mayores problemáticas asociadas a la doble y triple carga nutricional.
La Alianza por la SAN no articula todos los eslabones requeridos para pensar como país, en un verdadero sistema alimentario sostenible, que implica entender que de ellos hacen parte desde la producción, distribución y consumo, así como la dependencia con los sistemas ambientales que incluyen animales, plantas, recursos hídricos y medioambientales, en general. En lo agrario, se impacta de manera negativa el logro de la SAN, puntualmente se enfoca en la misma fórmula usada en los anteriores cuatro planes de desarrollo propuestos para el país; acciones de control territorial cívico-militar, continuidad del modelo extractivista, prioridad en la agenda para el agronegocio y alianzas estratégicas que generan descampesinización de las zonas rurales de Colombia.
Finalmente, en el capítulo de descripción del Plan Plurianual de Inversiones 2018- 2022 por pactos (PND, pag. 1108) indica que del 0,04% del presupuesto del llamado Pacto por la equidad, se destina para la Alianza por la SAN, siendo la segunda línea, con menor inversión del pacto en su totalidad, evidenciando la poca importancia de la SAN en el PND y asegurando su ausencia en la agenda política del presente gobierno.
*Cristian y Sara hacen parte del Observatorio de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional – OBSSAN -UN
Este texto forma parte de una iniciativa de académicos de la Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá , Centro de estudios territorio y ciudad, Cedetrabajo y comisión colombiana de Juristas. Para ver más contenidos haga clic aquí.
