La Alianza Verde presentó una contrapropuesta. Por ahora, parece que son más "trizas que risas".
El Plan Nacional de Desarrollo (PND) de Iván Duque (2019-2022) ha despertado ciertas polémicas, en especial dentro del Congreso de la República — la Alianza Verde ha sido la bancada más crítica —por una razón preocupante: Duque no incluyó en el plan los puntos más importantes para sacar adelante el Acuerdo de Paz firmado con la antigua guerrilla de las Farc.
¿Por qué es tan importante el Plan Nacional de Desarrollo? Es, como lo dice el Departamento Nacional de Planeación, un documento que sirve de base y provee los lineamientos estratégicos de las políticas públicas formuladas por el presidente de la República”. En otras palabras, el Plan Nacional de Desarrollo es la base de las políticas del gobierno para el cuatrienio y se basa en las propuestas que el presidente haya presentado ante la Registraduría durante su campaña.
Bajo el lema de #NoEnredenLaPaz, la representante a la Cámara por Bogotá, Juanita Goebertus, lidera la campaña por la inclusión de ciertos puntos del Acuerdo dentro del Plan de Desarrollo de Duque. Según ella, el artículo 4 del PND tiene falencias en al menos siete puntos..
El mayor riesgo, según Goebertus, es el de caer en la inconstitucionalidad, puesto que el artículo mencionado no tiene una sección específica dedicada a la paz, lo que es contrario a lo que se estableció en el Acto Legislativo 01 de 2016, avalado por la Corte Constitucional. Es por este Acto que, en teoría, el PND debería tener una sección especial dedicada a la paz.
Para los defensores del Acuerdo, el PND de Iván Duque amenaza la paz y los pactos firmados a los que se llegó en 2016. El actual gobierno, además de no tener en cuenta los acuerdos, no ha visto como necesario crear un Ministerio para el Posconflicto, una postura que no es de extrañar si se tiene en cuenta que en diferentes ocasiones el Centro Democrático ha asumido la posición de que en Colombia nunca hubo conflicto armado, sino una “amenaza terrorista”.
La propuesta
Por estas razones, los congresistas que apoyan el Acuerdo de Paz realizaron una proposición que incluya los puntos fundamentales para la implementación del Acuerdo de paz y que esperan sean tenidos en cuenta por el Gobierno en la expedición final del PND.
En ¡Pacifista! les contamos cuáles son los puntos que no están siendo tenidos en cuenta por el Gobierno, y cuáles son las soluciones que propone Juanita Goebertus y su equipo para cada uno de ellos.
En el PND faltan puntos que aterricen los pactos que fueron firmados con los pueblos indígenas, las comunidades negras y las mujeres en el Acuerdo de Paz. La propuesta de la Alianza Verde consiste en realizar un trazador presupuestal que, por un lado, asigne los recursos que se necesitan para cumplir los pactos con cada una de estas comunidades y, por otro, que genere un informe detallado con los resultados obtenidos. Este informe deberá ser presentado a más tardar en abril de cada año.
Del mismo modo, en 2016 la Corte Constitucional estipuló que los recursos para la paz deben ser obligatorios, sin importar el presidente que esté de turno. De ahí a que no se puedan presentar recursos de otros sectores (como educación y salud, por ejemplo) para decir que se está cumpliendo con implementación del Acuerdo. Y esto es, justamente, lo que Duque está haciendo con el PND. Actualmente, solo el 29% de los recursos están pensados para la implementación del Acuerdo de Paz.
Para el gobierno, parece que las prioridades son otras. El Plan Nacional de Inversiones Públicas 2019-2022, que se estima en una inversión de 1.059,1 billones de pesos, será financiado de la siguiente manera:
Procuraduría General de la Nación (PGN): 340, 9 billones (32,19%)
Sistema General de Participantes (SGP): 156,3 billones (14,76%)
Territoriales: 114,4 billones (10,80%)
Empresas Industriales y Comerciales del Estado (EICE): 57,7 billones (5,45%)
Sistema General de Regalías (SGR): 28,9 billones (2,73%)
Privados: 360,9 billones (34,08%)
Esta inversión estará destinada para los gastos repartidos entre los pactos por la legalidad, el emprendimiento, la equidad, la sostenibilidad, la ciencia y tecnología, el transporte, la transformación digital, la calidad y eficiencia de los servicios públicos, los recursos minero-energéticos, la protección y promoción de la cultura y la economía naranja, la inclusión de todas las personas con discapacidad, la gestión pública efectiva y la descentralización.
No hay mayores recursos para la paz.
Duque está dejando morir la paz, es evidente
De hecho, agrega Goebertus, el PND no está teniendo en cuenta las ZOMAC (Zonas Más Afectadas por el Conflicto) estipuladas en el Acuerdo de Paz. La representante a la Cámara propone focalizar la recaudación de impuestos en estas zonas, compuestas por los municipios definidos en el Decreto 893 de 2017.
El Plan Nacional de Desarrollo pretende reparar menos víctimas de las que se estipularon en el Acuerdo (282.000 menos), por lo que Goebertus y su equipo proponen incluir como metas 1.664.815 de indemnizaciones otorgadas a víctimas en el cuatrienio y 1.584.318 víctimas reparadas administrativamente en el mismo periodo. Esto cubriría al 95% de las víctimas.
El actual PND no está incluyendo la restitución de tierras pactada en el Acuerdo, por lo que en la proposición de la Alianza Verde se desean incluir las metas de 2.511.400 hectáreas restituidas en el cuatrienio para el área formalizada a pequeños y medianos propietarios, 1.506.454 hectáreas para el área recuperada para el Fondo de Tierras y el el 100% de los casos con trámite administrativo finalizado para el 2022 (actualmente el 56,6% de los casos están finalizados).
No existen unas metas claras para los reinsertados en el PND, por lo que la proposición incluye como meta que 13.049 excombatientes tengan un avance del 50% en su reincorporación para el 2022.
En el actual PND se pretende incumplirle al 35% de las familias que pactaron la sustitución de cultivos ilícitos; es decir que el presidente dice que se avanzaría solamente en 64.000 casos. Además, Duque tiene una cifra altísima de erradicación forzada: 280.000 hectáreas, lo que ha generado desconfianza en las asociaciones campesinas En la proposición se pretenden incluir las siguientes metas: 130.000 familias con su proceso de sustitución finalizado para el cuatrienio, que se erradiquen 164.716 hectáreas dentro del marco de los acuerdos de sustitución y 182.378 hectáreas de manera forzosa.
Además de estos siete puntos fundamentales resaltados por Goebertus, la propuesta de los verdes también apunta a disminuir la brecha urbano/rural que existe en el país. Para esto, se proponen avances en los sectores de transporte, inclusión social y reconciliación, agricultura y desarrollo rural, estadísticas, educación, salud y trabajo. Todos estos temas están siendo dejados de lado por el Plan Nacional de Desarrollo de Iván Duque.
Si bien desde inicios de su campaña Duque y el Centro Democrático fueron claros en su intención de modificar o, mejor dicho, “hacer trizas” los Acuerdos de Paz, la verdad es que el incumplimiento para con las personas que acataron el proceso corre el riesgo de ser inconstitucional, además de claramente inmoral.
El Plan Nacional de Desarrollo se encuentra actualmente en espera de aprobación por el Congreso, que tiene plazo hasta el 7 de mayo para aprobarlo. Por este motivo, aquellos sectores que han mostrado inconformidades frente al PND tienen tiempo para mostrar su propuestas.
Al igual que la Alianza Verde, el Partido Liberal presentó un documento donde se denuncia la falta de un capítulo en el que se garanticen los recursos para la implementación del Acuerdo de Paz. Además de, el Partido Liberal acusa al PND de ser excesivamente centralista y de ir en contra del desarrollo territorial. C
Otra de las inquietudes de los liberales es que solo se destine un 2% de inversión en el campo en el presupuesto final. La carta firmada por César Gaviria Trujillo presenta inquietudes frente a varios de los artículos del PND, además del 4, que fue el motivo de la propuesta de Goebertus.
Por otro lado, Iván Duque presentó el PND con la promesa de que sacaría de la pobreza extrema a 1,5 millones de colombianos y de que daría una cobertura en educación superior del 60%. Sus opositores cuestionan cómo logrará esto sin pensar en la paz.
