Esto es lo que falta para reparar a las víctimas de la masacre de Trujillo

El Estado y los sobrevivientes llegaron a un segundo acuerdo para resarcir los daños causados por narcotraficantes, policías y militares.

Han pasado 26 años desde que una alianza entre narcotraficantes, policías y militares truncó la historia de Trujillo, en el Valle del Cauca. Entre finales de marzo y mediados de abril de 1990, los capos del narcotráfico Diego León Montoya y Henry Loaiza Ceballos, junto a sicarios y miembros de la Fuerza Pública, secuestraron, torturaron y asesinaron a varios pobladores del corregimiento La Sonora, a cinco ebanistas, al dirigente político Juan Giraldo y al sacerdote Tiberio Fernández, que se había convertido en la columna vertebral del movimiento campesino y cooperativo de Trujillo.

Esos hechos fueron el punto culminante de una masacre extendida entre 1986 y 1994, en zonas rurales de Trujillo, Riofrío y Bolívar (Valle del Cauca). Una época en la que fueron asesinadas y desaparecidas 245 personas, señaladas de integrar las estructuras del ELN o muertas por otros móviles, como la “limpieza social”, el silenciamiento de testigos, el despojo de tierras y la persecución política.

Sin embargo, y pese al terror, la comunidad no ha dejado de exigir verdad, justicia y reparación. Ya en 1992, la entonces Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz puso en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) los graves crímenes que estaban ocurriendo en esa zona del Valle. Dos años después, el Estado y la Comisión Intercongregacional crearon la Comisión de Investigación de los Sucesos Violentos de Trujillo (CISVT), integrada por la Fiscalía, la Procuraduría, el DAS, varios ministerios y distintas organizaciones de derechos humanos.

La CISVT concluyó que el Estado era responsable de los crímenes, que había dejado de investigar a los autores y que había permitido que se cometieran irregularidades en los procesos judiciales. Entonces, recomendó investigar a los funcionarios y particulares que presuntamente participaron en la masacre, y a los que torcieron los expedientes para garantizar la impunidad. También pidió indemnizar a seis sobrevivientes y a las familias de 28 víctimas, invertir en programas sociales, garantizar el retorno de los desplazados y construir un monumento a la memoria.

Varias de las recomendaciones se cumplieron. El presidente Ernesto Samper reconoció por televisión que la Fuerza Pública había participado en la masacre y el Estado indemnizó a las 34 víctimas reconocidas por la CISVT, compró los terrenos de lo que más tarde sería el Parque Monumento de Trujillo y le inyectó recursos al municipio para la ejecución de programas sociales. Sin embargo, continuó en deuda con la reparación integral de las víctimas, por lo que en 2008 la Procuraduría le ordenó a más de 17 entidades garantizar los derechos de los sobrevivientes.

Maritze Trigos es una de las religiosas dominicas que ha acompañado a las víctimas de la masacre. Tiene más de 70 años y hace parte de la Asociación Familiares Víctimas de Trujillo (Afavit), creada en 1995. Ella asegura que “de todos los ministerios que la Procuraduría comprometió en esa decisión, el único que ha cumplido ha sido el de Cultura”.

Los demás, según ella, incumplieron las órdenes. En cuanto al Ministerio de Educación, por ejemplo, las víctimas esperaban que “los libros de historia incluyeran el caso Trujillo, por ser emblemático y para que los jóvenes pudieran conocer esa otra historia de Colombia que se construye desde las víctimas”. Pero eso no ocurrió, ni se dictaron unos talleres que, supuestamente, se realizarían en las escuelas del Valle para ir “formando conciencia crítica y compromiso con la memoria”.

Para hacer efectiva la indemnización y la reparación, Afavit le solicitó a la CIDH que convocara nuevamente a las partes. Así, después de dos años de negociaciones, el Estado reconoció recientemente a otras 42 víctimas de la masacre y se comprometió a realizar nuevas acciones. La decisión dio sus primeros frutos el pasado 23 de abril, cuando el entonces ministro de Justicia, Yesid Reyes, viajó a Trujillo para pedirle perdón a la comunidad.

Pero el camino para reparar a las víctimas aún es largo. Varias son las medidas que deberá tomar el Gobierno para seguir cerrando el doloroso capítulo de Trujillo:

La primera de ellas consiste en agilizar las investigaciones judiciales, para lo cual la Fiscalía deberá crear un grupo de trabajo integrado por un fiscal especializado en derechos humanos, un fiscal local, dos investigadores y un analista. La idea es procesar más rápidamente a los responsables, teniendo en cuenta que sólo han sido condenados el narcotraficante Henry Loaiza, el mayor (r) del Ejército Alirio Urueña y el teniente de la Policía José Berrío.

Eduardo Carreño, abogado de las víctimas, dice que “seguimos exigiendo garantías para que se puedan realizar los juicios contra Diego Montoya y el mayor Ureña, condenado en primera instancia. Igualmente, que avancen las investigaciones contra los paramilitares y los militares que faltan, así como que se puedan realizar las exhumaciones en Marsella (Risaralda), donde se presume que están enterrados los cuerpos de algunas víctimas”.

Un segundo grupo de medidas está relacionado con la reconstrucción de la memoria, y se sumará a la investigación “Trujillo, una tragedia que no cesa”, publicada en 2008 por el entonces Grupo de Memoria Histórica. En este punto, el Gobierno deberá financiar la realización de un documental “sobre los esfuerzos realizados por los familiares de las víctimas en la búsqueda de verdad y justicia” e inyectarle $65 millones a Afavit para que desarrolle una agenda cultural en el Parque Monumento.

El tercer paquete consiste en pagar las indemnizaciones que faltan, ayudar a los familiares a acceder a los planes y programas diseñados por la Unidad de Víctimas y titular las 36 viviendas que fueron construidas en desarrollo de las primeras inversiones realizadas por el Gobierno.

Las últimas acciones se refieren a garantizar la no repetición de los hechos, una tarea en la que el Estado ha enfrentado grandes desafíos. Tan sólo entre 2000 y 2001, de acuerdo con el Grupo de Memoria Histórica, la violencia en Trujillo alcanzó los mismos niveles que los registrados durante la masacre, por cuenta de la disputa entre las bandas criminales conocidas como Los Machos y Los Rastrojos.

Según Maritze Trigos, “aún no existen esas garantías, porque actualmente rondan fuertemente Los Rastrojos. En 2013 fueron asesinados cuatro integrantes de Afavit y en 2014 la organización fue muy amenazada”. La persecución estaría relacionada con el Parque Monumento, que “molesta porque es una denuncia permanente” en un municipio donde “sigue vigente la variable del narcotráfico”.

Mientras tanto, la organización continúa a la espera de que el Estado cumpla con los últimos compromisos que adquirió ante la CIDH y con los cuales deberá reparar a la comunidad por ocho años de crímenes contra campesinos, profesores, comerciantes y transportadores, cuyos cuerpos mutilados y torturados fueron arrojados impunemente a las aguas del río Cauca.