El decano de Economía de Los Andes, Juan C. Cárdenas tiene una idea para que los excombatientes paguen sus penas reparando el medio ambiente.
Aparte de los enormes costos humanos que ha tenido el conflicto en Colombia, está el daño que los distintos actores del conflicto han causado en ecosistemas de todo el país: la deforestación para extender los cultivos de coca en el Caquetá, la contaminación con mercurio en los ríos en el bajo cauca Antioqueño y el reemplazo de los cultivos de pancoger por las grandes extensiones de palma en Chocó, hacen pensar que –en Colombia– el medio ambiente será una víctima difícil de reparar.
Con este desafío en mente, Juan Camilo Cárdenas, decano de la facultad de economía de la Universidad de los Andes, está proponiendo un modelo en el que los excombatientes puedan pagar sus eventuales condenas por medio de la restauración de ecosistemas que fueron degradados por las dinámicas propias de la guerra.
Cardenas le explicó a ¡Pacifista! cómo podría funcionar esta propuesta.
¿Qué es la reparación a través de la sostenibilidad?
La propuesta es incluir en la Justicia Transicional la posibilidad de que la restauración de ecosistemas degradados por el conflicto armado sea un alternativa para pagar las penas que los jueces y tribunales les impongan a los excombatientes. Mi argumento es que las relaciones con la naturaleza pueden servir para mejorar las relaciones humanas que se deterioraron por el conflicto armado.
Es necesario hacer un estudio previo para saber cuál es la línea base para el seguimiento de la sanción. Para eso hay que trabajar de la mano con Universidades, a través de ellas se pueden vincular estudiantes y profesores para hacer estudios. Cuando digo paz con naturaleza, también es paz con la naturaleza. Es decir: que los ecosistemas pueden ser esos espacios y territorios compartidos en los que nos encontramos en la reconciliación. Yo veo muy difícil construir la paz si no establecemos una buena relación con el entorno natural.
¿Qué daños ha sufrido el territorio durante el conflicto armado? ¿Alguno es irreparable?
La siembra de coca, la ganadería, el modelo paramilitar palmero, han degradado el territorio. La minería criminal, usualmente de oro, necesitaba de un uso intensivo de mercurio y el mercurio en el agua tiene unos efectos nefastos para la salud humana. En muchos casos el oro era más rentable que la coca porque el oro es legal. Cuando se comercia con oro no se está rompiendo la ley. Eso trajo como implicación la traída de dragas, la traída de retroexcavadoras, la degradación de las rivieras de los ríos donde había yacimientos mineros históricos, erosión, sedimentación.
Todas las transformaciones humanas del territorio son irreversibles: nunca vamos a poder volver al estado original del ecosistema, nos tenemos que convencer de ello. El territorio colombiano ha sido transformado. Los ecosistemas que se han degradado por el conflicto perdieron la provisión de bienes y servicios ambientales, la capacidad de producir agua, su suelo se compactó, se alteró la regulación hídrica y dejaron de ser un hábitat para la biodiversidad.
¿Cuánto vale el posconflicto?
Hay muchas versiones. Marc Hofstetter, profesor de economía de la Universidad de los Andes, tiene una estimación con un modelo en el cual cree que no va a haber réditos de la paz, ni va a haber generación extra del valor de la paz, pero tampoco va a haber costos adicionales. Hay varios posibles escenarios.
¿Tendremos que recortar presupuestos para costear el posconflicto? ¿Hay que poner más impuestos?
El Estado siempre tiene la responsabilidad de asignar los recursos para responder a las necesidades sociales. El problema es que las raíces estructurales del conflicto no se van a desaparecer en los próximos tres o cuatro años. El cumplimiento de los acuerdos probablemente no va a resolver un montón de cosas que ya existían –que precisamente generaron el conflicto– y que van a seguir existiendo; o sea que el Estado le va a tener que seguir apostando a esto.
La cosa es cómo lo hacemos: debemos asegurarnos de tener buenos recaudos tributarios, con una mayor contribución de la mayoría de la sociedad en la que expandamos la base para que más gente contribuya a pagar impuestos para poder recuadrar mejores recursos, de una manera más justa y no tan desigual como es hoy.
¿Cree que es sostenible que el Estado mantenga a los más de 8.000 excombatientes y milicianos que cada mes le cuestan al Estado 5.600 millones?
5.600 millones es lo mismo que vale un contrato para hacer una carretera. El dinero que se le invierta a una acción tenemos que verlo desde la siguiente perspectiva: si no hacemos un proyecto de transición para la reincorporación a la vida civil –en este caso la reincorporación económica de los excombatientes– ¿cuál sería el costo que tendríamos que asumir? Sobre ello uno puede estimar si 5.600 millones es mucho o poquito. Los recursos que se inviertan en este tipo actividades tienen que tener una transparencia de cómo se van a ejecutar y tienen que estar sujetos a una evaluación de cuál va a ser el resultado que den dentro de un año, diez años; tenemos que esperar para saber si ese dinero fue bien utilizado.
Un ejemplo: el programa Familias en Acción vale muchísimo dinero para el país. Consiste en entregarle un dinero en efectivo a madres cabeza de familia y simplemente asumir que la mamá va a darle un buen uso (en nutrición y educación) con el posible riesgo de que se gaste la plata en otra cosa. Se ha mostrado sistemáticamente que ese tipo de programas de transferencias condicionadas a los hogares sí termina impactando la calidad de vida de los niños. Lo que estoy tratando de decir es: cuesta mucha plata, pero el retorno es positivo porque sabemos que plata invertida, genera retornos sociales en el mediano y largo plazo.
El fin de la guerra con las Farc deja prácticamente 8.000 nuevos desempleados, ¿con un desempleo cercano al 9 %, está el país en capacidad de generar todos esos puestos?
Sobre eso hay varias lecturas. Una de las primeras es que dentro del proyecto político y económico de las Farc, el censo que hizo la universidad Nacional con los excombatientes indica que hay una fracción importante de ellos que no quiere volverse un empleado asalariado. Segundo punto, una fracción importantísima de ellos, está interesada en quedarse en zonas rurales a formar proyectos productivos cooperativos.
Esto es un proyecto político y económico que las Farc proponen en el que muchos de ellos quieren pasar a ser un aparato productivo capitalista. Solo que un capitalismo basado en un sector solidario, en donde ellos van a ser empleados de ellos mismos. No están esperando a que la industria absorba toda esta fuerza laboral sino ser parte de la generación del aparato productivo.
¿Cómo hacer para que los excombatientes no terminen aumentando las cifras de informalidad?
Esa es la pregunta de un país que ha tenido una informalidad estructural del 40 % o 50 % desde hace décadas y hay que entender que la economía va a continuar con esa estructura. No creo que el problema sea reducir la informalidad, sino volver la informalidad productiva, innovadora, que contribuya al sistema de impuestos. Hay que pensar distinto el modelo económico donde tienen que caber también esas posibilidades.
¿Cómo se analiza la guerra desde la microeconomía?
Precisamente en entender cómo las relaciones de interacción social entre quienes estamos buscando coexistir en paz pueden generar relaciones de beneficio mutuo. El proyecto al que le está apostando el país con la paz es incorporar todo este aparato (el de las Farc) a un sistema más incluyente y más justo, que en buena medida fue lo que se trató de negociar en La Habana.
Por ejemplo, un sistema agrícola más justo y más eficiente, en el que no haya tantas pérdidas por la búsqueda de seguridad, en el que haya relaciones de intercambio entre los habitantes de las ciudades y del campo. Que haya mercados en los que se puedan generar ganancias mutuas, donde unas regiones no queden separadas y rezagadas del desarrollo y otras regiones concentren la mayoría del progreso, desarrollo e innovación.
En materia económica, ¿el desafío del posconflicto llega en un momento inoportuno para el país?
Estuvimos de malas por no haber sido prudentes. Tuvimos unos años de vacas gordas en donde se trajo un montón de inversión extranjera, con el barril de petróleo a 100 dólares y no ahorramos. Con ese dinero no ahorrado se hizo mucha inversión, pero no se mantuvieron para poder soportar lo que está pasando ahora.
El barril de petróleo bajó de 100 a 40 dólares, con este precio es muy difícil hacer las cuentas al aire que antes hacíamos gracias a los réditos de las industrias extractivas. El país amplió el espacio para la inversión extranjera en minería, se abrieron un montón de emprendimientos de minería pero no se ahorró mucho. También estuvimos de malas y se cayeron muchos de esos precios. Nuestra responsabilidad como país fue no haber transformado la inversión de esa época de vacas gordas en ciencia, tecnología y educación: cosas fundamentales y estructurales que son las que construyen desarrollo a largo plazo.
Ahora estamos en vacas flacas, dependiendo mucho del petróleo y exportándolo a un precio que no es lo suficientemente atractivo como para aprovechar los excedentes y poderlos invertir en algo. Ahora el Ministro de Hacienda está contra las cuerdas, apretado presupuestalmente.
¿Debemos cambiar nuestra concepción de paz?
Yo he venido proponiendo que nos salgamos de la definición de paz como seguridad y pasemos a la paz como la tranquilidad. Las últimas dos décadas se le ha apostado a un proyecto político basado en la seguridad, trajo beneficios corto-placistas al país porque logramos casi erradicar el secuestro, y había que apostarle a la seguridad física inmediata del ser humano. Además se bajaron las masacres, asesinatos y homicidios. Pero ya es momento de hacer la transición. Por tranquilidad no solamente me refiero a que yo disfrute de eso que llamamos paz, sino que lo disfrute más en la medida en que alrededor mío lo disfruten los demás. La paz es un bien universal.