Hablamos con líderes sociales en la zona y están preocupados por una estigmatización constante desde el Estado.
Las comunidades afectadas por todas las contingencias de la obra Hidroituango están con las manos atadas. No les han dado permiso de protestar. Desde el miércoles, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, usó una facultad extraordinaria para, por medio de un decreto, prohibir que los alcaldes de los municipios que están en el área de influencia, aguas abajo, de la Hidroeléctrica autoricen protestas o movilizaciones sociales. Lo hizo argumentando que, en las condiciones actuales del Río Cauca, sería “peligroso” autorizar protestas.
Sin embargo, este argumento ha sido rechazado por las comunidades locales, pues lo que perciben de fondo es que el gobernador — defensor férreo del proyecto — quiere evitar que las consecuencias sociales y ambientales del proyecto de infraestructura se hagan visibles. De hecho, en los últimos meses, el gobernador Luis Pérez ha querido mostrarse como el funcionario que sacará el proyecto Hidroituango adelante.
Como presidente de la Junta de #Hidroituango le he solicitado a @EPMestamosahi que recobre rápidamente el control total del proyecto. No puede ser que cada 3 o 4 meses tengamos una novedad y siempre negativa. #Hidroituango #PrimeroLaVida
— Luis Pérez Gutiérrez (@Luis_Perez_G) 7 de febrero de 2019
Recordemos que el martes 5 de febrero, Empresas Públicas de Medellín (EPM) ordenó el cierre de la compuerta n° 1 de la hidroeléctrica en construcción “Hidroituango”. Las principales afectaciones de esta decisión recaen en la fauna del río Cauca: para mantener a diferentes especies, como los peces, es necesario que el río tenga un caudal mínimo de 400 metros cúbicos por segundo. Sin embargo, las últimas mediciones de EPM señalan que el caudal es de 55 metros cúbicos por segundo
La misma EPM lo admite: 57.309 peces han muerto en solo una semana. Después de cerrar el túnel por el cual estaba circulando el agua del río Cauca, el nivel de descarga de agua será de 40 metros cúbicos por segundo, lo que representa el 20 % de lo que estaba fluyendo antes del cierre. El escenario, por supuesto, tiene a varias organizaciones y comunidades preocupadas y disgustadas por el manejo que se le ha dado a la obra, personas que hoy no pueden salir a las calles a expresar su descontento.
La propia secretaria de Gobierno de Antioquia, Victoria Eugenia Ramírez aseguró en una reciente declaración pública que “Se dio el parte a la Policía y al Ejército que no hay ningún permiso otorgado”.
Desde ¡Pacifista! y nuestro proyecto Divergentes, hablamos con personas que están participando activamente en el debate sobre Hidrotiuango, incluyendo líderes de las comunidades afectadas para oír su versión de este hecho.
El diputado Luis Eduardo Peláez considera que la decisión de la Secretaría de Gobierno de Antioquia tiene “graves implicaciones”, pues es una “extralimitación de las funciones que tiene la entidad”. Según el diputado, el argumento que utiliza la Secretaría es falso, puesto que la intención de “proteger a las comunidades para evitar una catástrofe peor” desconoce que las protestas se pueden hacer en lugares seguros, que han sido acordonados y catalogados como emblemáticos por las comunidades.
En realidad, lo que la Secretaría –sugiere Peláez– intenta hacer es “presionar” y “reprimir” el derecho fundamental a la protesta, para evitar que se conozcan los problemas que enfrentan las comunidades aguas abajo, como la actual situación de los pescadores, las plagas que se han venido gestando y los impactos ambientales causados por el cierre de la compuerta.
Por otro lado, Richard Sierra, consejero de relaciones políticas de la Organización Indígena de Antioquia (OIA), nos dijo que existe un “evidente interés de encubrir la realidad social que se está viviendo en el bajo Cauca. La gobernación está utilizando instrumentos legales para negar derechos, quieren evitar que la población indignada salga a manifestar su inconformidad con el megaproyecto. Hay una sensación en toda la población indígena y campesina de indignación porque no les han dado el permiso para protestar. Incluso, por estos días está circulando un supuesto panfleto a nombre del ELN y los “Caparrapos” en el que llaman a un paro armado. Con esta excusa, la gobernación y el Estado están sugiriendo que las personas que quieren salir a protestar pueden tener relación con esos grupos ilegales. Y claro, así a la gente le da miedo salir a marchar”.
En este proyecto han resultado afectados más de 400 pescadores y barequeros de Puerto Valdivia Aguas arriba, según Ríos Vivos Colombia, también hay por lo menos 300 personas afectadas por el megaproyecto.
