La ruta del oro: Carrizal

Tres pueblos de Colombia son retratados a través de sus minas. En esta primera entrega, Carrizal, un poblado de Antioquia sin energía, ni agua potable, ni centro de salud... pero con mucho oro.

Por: Juan Pablo Conto

Era el mes de Febrero. Como una sombra llegó a la puerta de la casa. En su cintura cargaba un cuchillo y un machete, y con el antebrazo sostenía el bastón. El sombrero nos impedía ver sus ojos aunque, al saludar, sus dientes blancos cortaron la oscuridad del lugar. Camisa, jeans y sandalias vestían un cuerpo delgado y alto de piel negra. Una voz grave -muy grave- y pausada se presentó:

–  “Buenas, Barón”.

Se recostó sobre la baranda en la entrada de la casa, donde conversábamos con dos líderes de la Asociación Campesina del Valle Cimitarra (ACVC):

–  “Me da miedo que me lleven”

–  “Barón, a ti no te van a llevar, tu eres de la Asociación”- le respondió Natalia, una de las líderes que trabaja en procesos organizativos y que se encarga de la formalización minera en la vereda.

Una hora antes, un comando de la guerrilla del ELN había entrado en la vereda de Carrizal, ubicada en el municipio de Remedios en el nordeste antioqueño, y se llevó a un hombre unos metros hacia el monte. Los dos líderes con los que conversó PACIFISTA fueron en ese momento quienes entraron a solucionar la situación. El ELN tenía información de que el hombre era gatillero de los paramilitares y nadie en la vereda lo conocía: “Si fuera de la comunidad aquí todos se rebotan y no dejamos que se lo lleven”, explicaron varios habitantes. No era el caso. Los líderes y el comandante guerrillero negociaron durante varios minutos. Los primeros pidieron entrevistarlo, pero nada dijo el hombre sobre su procedencia. La guerrilla incluso ofreció soltarlo bajo responsabilidad de la Asociación, pero en zona roja es difícil poner las manos en el fuego por alguien desconocido. Al final, los dos líderes, como defensores de derechos humanos, pidieron que le respetaran la vida. Después, el ELN se perdió en la selva con su prisionero.

Zona de colonización

Barón llegaba de trabajar su tierra. De cortar monte y de parcelar. Esto es Carrizal, una zona de colonización campesina: un territorio donde muchos llegaron desplazados por la violencia paramilitar y empezaron a ampliar la frontera agrícola. Son tres horas en moto desde Segovia, atravesando un camino hecho por la comunidad que, cuando no existía, alargaba el viaje a una jornada a lomo de mula. Es, en definitiva, el tiempo suficiente para llegar donde el Estado no lo ha hecho.

No hay energía, no hay acueducto, ni centro de salud. Solo en la cafetería, donde hay dos mesas de billar y un televisor que reúne al pueblo, la luz alumbra hasta pasada la media noche al compás del ruido de una planta. De resto, todas las casas de madera descansan en la oscuridad y en el silencio. Carrizal es un silencio en el mapa de Colombia.

De los 400 habitantes de la vereda, son pocos los que como Barón se dedican a la agricultura. La mayoría tiene una vocación minera. Carrizal es oro puro, literalmente, pero como no hay un proceso de tecnificación muy avanzado, la extracción es artesanal.

Mineros y campesinos

Don Téllez es un campesino de baja estatura que siempre que lo vimos vistió de camisa, jean y sombrero. Sus ojos pequeños se escondían bajo unas arrugas risueñas. Fue quien nos acompañó a conocer varias minas cercanas a la vereda. Militó hace muchos años en el Partido Comunista y ahora, con cerca de 70 años, no deja de recordar y pensar en voz alta sobre política, religión y de lo que ha sido su vida: el campo. Mientras caminaba, no dejó de hablar bajo un calor en el que cada gota de sudor obligaba a ahorrar las palabras. Sin mostrar cansancio, relataba su historia, su viaje a Argentina cuando era un joven militante, su opinión sobre algunos pasajes de La Biblia: “Que Dios creo esto en siete días… ¡pura mierda!”, repetiría un par de veces durante las caminatas.

Su trabajo es ayudar con el proceso organizativo que la ACVC intenta tener con los mineros. Al ser una asociación campesina, incluirlos dentro su proceso ha significado un esfuerzo. Es diferente la idea sobre el territorio que tiene cada uno. Si el campesino echa raíz, el minero suele ser una población más nómada: va en busca del oro.

Además, la minería suele llegar con cantinas, prostitución, droga y otros conflictos que afectan a la comunidad. La ACVC, mediante un diálogo constante, intenta que en Carrizal la historia sea otra: “Que no se convierta en libertinaje y que el día que estas minas dejen de producir haya conciencia que hay otros medios de producción que son estables y que los colonos deben crear raíces en la zona que están”, explica Téllez. Un mayor sentido de pertenencia por el territorio, es eso.

La huella del conflicto

“Estábamos sentados en la sala Carlos Enrique, Gildardo Antonio y el viejito, cuando de un momento a otro oímos un tiro por allá abajo junto a la heladería La Diana (…), Carlos Enrique cerró la ventana y ahí mismo la puerta (…). Entonces al frente de mi casa subieron y pararon el carro, y ahí mismo nos gritaron de la calle ‘¡Abran la hijueputa puerta!’, pero como dos o tres veces en una, era muy fuerte el llamado que nos hacían, volvían y repetían. Ahí mismo tiraron una granada contra la ventana de la casa (…). Entonces a lo que no abrimos la puerta, entonces ahí mismo le dijo el uno al otro ‘dele a la ventana’, ahí mismo tiraron otra bomba contra la ventana. Entonces ahí mismo pudieron abrir y entraron a la sala  (…), entonces el viejito viendo que ellos entraron se sentó junto a la mesa de aplanchadora creyendo que se escapaba porque estaba anciano, luego se acostó en una cama, ahí mismo le tiraron una bomba o granada y le destrozaron todo el estómago, le partieron un brazo en tres pedazos y seguían dándole, y gritaban ‘salgan hijueputas’ (…). Las dos niñas que estudian, la una se metió bajo de la cama y la otra se subió al cielo raso con dos niños pequeños y quedó con los pies trozados por las balas, entonces Carlos Enrique se metió en una caneca y a lo que vio que le tiraron una bomba al papá, se paró y les dijo ‘¿ahora qué van a hacer? ¿ya no acabaron con todo?’ Entonces le contestaron ‘y a vos también gran hijueputa’, y entonces le tiraron dos granadas y lo destrozaron todo”

La narración es tomada de una de la investigaciones del Centro Nacional de Memoria Histórica. 46 personas murieron esa noche de Noviembre de 1988 en Segovia. No era la primera masacre en el Nordeste antioqueño, pues había un precedente en 1983, y tampoco sería la última. En 1996 y 1997 la violencia masiva volvería a golpear la zona, aunque la presencia paramilitar fue constante en los cascos urbanos.

El Nordeste antioqueño era uno de los núcleos de movilización social y política de la izquierda más fuertes del país. Para finales de los ochenta, la Unión Patriótica ocupaba varios puestos del gobierno. Los ataques paramilitares adoptaron varias etiquetas durante estos años: Muerte a Revolucionarios del Nordeste (MRN), Dignidad Antioqueña, Los Realistas, Los Borradores. Durante las masacres no hubo reacción ni del Batallón Bomboná ni de la Estación de Policía, cavando una profunda distancia entre buena parte de la población y las fuerzas del Estado. Una distancia que aún hoy se percibe.

El peso del presente

En enero pasado, PACIFISTA estuvo en el balance anual que hizo la ACVC en Barrancabermeja. Evaluaron el proceso de su plan de desarrollo, discutieron los problemas de los diferentes municipios donde hacen presencia y plantearon las metas del año. Al entrar en el lugar donde estaban reunidos, César Jerez, una de las cabezas más visibles de la asociación, nos hizo señas para que nos encontráramos afuera.

Llevaba unos pantalones amarillos y un sombrero de ala corta. Su voz calmada, con la cual va arrojando frases precisas, continuamente la acompañan pequeñas risas cuando hace algún tipo de denuncia de lo que sucede en el país. Él es maestro en geología de la extinta Unión Soviética, trabaja como traductor y profesor de ruso, tiene estudios en gestión y planificación de desarrollo urbano y regional de la Escuela Superior de Administración Pública (Esap), y es el fundador del medio alternativo Prensa Rural. Tanto César como la ACVC en general, son herederos de la historia política del Nordeste antioqueño y del Valle del río Cimitarra.

Por sus posiciones de izquierda, la Asociación tiene varias acusaciones de estar involucrada con grupos guerrilleros. En el 2013, César ocupó la atención de varios medios de comunicación durante las protestas del Catatumbo y la Revista Semana publicó unos correos de la guerrilla donde su nombre figuraba:

“Todos nosotros tenemos procesos por rebelión ¿Cómo no van a hablar de mí cuando estamos a diario en medio de esta guerra? Hablan como hablan también los paras y habla el gobierno de nosotros”, dijo César.

Para Jerez el tema es mucho más pragmático:

“Cuando aquí se toma la decisión de dialogar con las Farc y con el ELN ¿qué es lo que se valora? Que son un poder fáctico acá. Ejercen poder político, social, emanan directrices, tienen una base social. Listo, con esa gente hay que hablar. Que eso va a tener un costo político, aquí ese costo se asumió”.

La organización sufrió varios golpes durante el Gobierno Uribe. Denuncian que 19 de sus integrantes fueron asesinados y presentados como guerrilleros. Además, tan solo unos meses después de lograr formalizar la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra, que cubre los territorios de Yondó en Antioquia, y Cantagallo y San Pablo en el Bolívar –aunque la organización en sí extiende su influencia- esta fue clausurada. Varios líderes fueron a la cárcel por presuntos vínculos con la guerrilla, aunque con el tiempo serían liberados por falta de pruebas. En el 2011 el Incoder le volvió a dar vida jurídica y al poco tiempo la Zona recibió el Premio Nacional de Paz por sus aportes a la región.

Pese a estas confrontaciones, César considera que la interlocución es necesaria, y que debe involucrar a todos los actores. Incluso, dice que desde la Asociación ya existe la intención de conversar con los paramilitares:

“Es reconocer que la mafia tiene tanto poder en este país que configura su devenir histórico. Aquí gobernaron en esta región (Magdalena Medio) “Macaco”, “Julián Bolívar” y este de apellido Duque (alías “Ernesto Báez”)”.

La incertidumbre del presente

Nos acercábamos a la última mina que visitaríamos ese día en Carrizal. Cuando estábamos llegando a la entrada sonó desde el interior del yacimiento una explosión que dejó un largo eco golpeando la montaña. Luego de conversar un rato, uno de los mineros nos acompañó hacia el interior de la mina. El humo se tragaba la luz de la linterna y prácticamente no se veía nada. La pólvora impregnaba los pulmones y agotaba la respiración. Apenas pudimos permanecer algunos minutos adentro.

Pese a la fluida comunicación hasta ese momento, los mineros fueron precavidos ante varias de nuestra preguntas. La desconfianza es natural. Se trata de minas ilegales en una zona de conflicto. Aquí no hay retroexcavadoras y, como se decía, la explotación sigue siendo muy artesanal. Es probable eso sí, como señaló el propio César Jerez, que de algunas minas se pague un impuesto de producción a la guerrilla.

Sienten entonces una amenaza por parte del Gobierno a que les cierren su medio de trabajo que les da de comer. Esperan también que la ACVC logre avanzar en los procesos de formalización que libere su actividad de todo el lastre con el que cargan. Pero el proceso es lento y sobretodo difícil para los pequeños mineros. Además, unos meses antes llegaron unas personas diciendo que venían a tomar unas coordenadas para ubicar a Carrizal en el mapa. Ubicaron las minas e hicieron pruebas geológicas sin autorización de la comunidad. Un tiempo después aparecieron títulos mineros a nombre de los Restrepo que, según la ACVC, dividió la zona en cinco títulos que pertenecen a diferentes integrantes de esa familia.

Algunos creen que los títulos que aparecieron son de engorde: esperan la valorización del terreno hasta que haga presencia una multinacional y así venderlos. Por otro lado, la no formalización pone muchas barreras. En Segovia se cerraron muchas comercializadoras de oro y además, al no tener los mineros el Registro Único de Comercializadores de Minerales (RUCOM), difícilmente lo pueden vender de manera legal.  Esto hace que por una piedra de oro que cuesta 320 o 380, estén recibiendo 250 mil pesos y esta vaya para el mercado negro.

Aunque las fronteras siguen presentes y las bandas criminales hacen presencia en los cascos urbanos mientras que la guerrilla en la zona más rural, la insatisfacción del pequeño minero se extiende por todo el territorio. Consideran que la transformación del sector debe ser concertada y que los debates ambientales son bienvenidos. Ahora, siente que lo que realmente sucede es que que el Gobierno les está dando la espalda con el fin de darle propulsión a la locomotora minera con las multinacionales. La insatisfacción ha llevado que algunos sindicatos del Nordeste contemplen la opción de realizar un paro armado. Un punto de inflexión como el que el gobierno está intentando construir en La Habana, debe incluir estas problemáticas si de verdad se quiere una paz duradera.