"Las heridas de mi corazón están tan grandes... Mi hijo era un ser que no se podía defender por sí solo, pero a pesar de su discapacidad, era muy importante y especial".
El pasado fin de semana, el país se conmocionó con una hipótesis que tiene sustentos en la realidad: las ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos) en Colombia se pueden repetir si el gobierno de Iván Duque lo permite. Justamente el periodista Nicholas Casey, del diario The New York Times, publicó un reportaje titulado Las órdenes de letalidad del ejército colombiano ponen en riesgo a los civiles, elaborado a partir de una serie de entrevistas con altos mandos del Ejército que aceptaron que había órdenes para “doblar los resultados” respecto a la lucha contra grupos armados ilegales. ¿Una de las formas de medir esa lucha? En bajas.
Que el germen de las ejecuciones extrajudiciales esté en los nuevos mandamientos del Ejército además de preocupación, genera un sentimiento de injusticia frente a todo el trabajo que se hecho en los últimos años para hacer visibles las consecuencias de las ejecuciones extrajudiciales que salieron a la luz durante el mandato presidencial de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010). En ese entonces, la presión de los resultados a las unidades militares llevó a los soldados a atacar a la población civil.
El comandante del Ejército entre 2006 y 2008, el general Mario Montoya, fue quien creo un ranquin para que los altos mandos demostraran sus resultados teniendo en cuenta justamente las bajas. Y así fue como se fueron develando casos como el de la Brigada XI en Montería, durante el periodo de 2006 a 2007. Al revisar los resultados de esta brigada se conoció que el coronel Luis Fernando Borja, en calidad de comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre, había aceptado la responsabilidad de 57 bajas a personas civiles.
Según datos presentados en 2014 por la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General, 3.963 miembros de las Fuerzas Armadas estaban involucrados en 1.622 casos de presuntos homicidios a civiles. Y la Fiscalía General de la Nación tiene una cifra de más de 4.000 personas asesinadas como falsos positivos entre 2002 a 2008.
Aquí compartimos un documental realizado por el Centro Nacional de Memoria Histórica que reúne la historia de tres mujeres que perdieron a sus familiares por ejecuciones extrajudiciales. Esto para recordar que este tipo de violencia no se puede repetir. Estos testimonios son fundamentales para entender algo que aunque parezca obvio debemos recordar: bajo ninguna circunstancia debemos aceptar los asesinatos de civiles y menos en el marco de una estrategia militar.
De verdad, tómense un tiempo para ver el siguiente video, donde hablan mujeres valientes que han denunciado hasta el cansancio sus casos:
Una de ellas es María Sanabria, líder de Madres de Soacha, un colectivo que nació en 2008 luego de que se conociera el caso de desaparición y posterior asesinato de 19 jóvenes de Soacha y Bogotá que aparecieron luego en Norte de Santander como si fueran guerrilleros muertos en combate. El hijo de María, Jaime Estiven Valencia Sanabria, tenía 16 años cuando desapareció.
La otra mujer que habla es Luz Marina Bernal, líder de Madres de Soacha. Su hijo, Fair Leonardo Porras,de 26 años, fue desaparecido el 12 de enero de 2012. Fue presentado por el Ejército Nacional como un jefe guerrillero caído en combate. “Las heridas de mi corazón están tan grandes… Mi hijo era un ser que no se podía defender por sí solo, pero a pesar de su discapacidad, era muy importante y especial”.
Gladis López, integrante de Familiares Colombia: a su padre lo desaparecieron el 5 de septiembre de 1984 en Puerto Boyacá, Magdalena Medio. “Llevo 29 buscándolo. He sido perseguida, amenazada, casi me desaparecen a mi hija, me mataron a un hijo y he estado dos veces en la cárcel sin justificación. Pero aún no me rindo, ni me rendiré hasta que sepa la verdad. Hoy mi única compañía es mi perro Tomás” decía Gladis en un apartado de este documental.
