Hablamos con Erika Rodríguez, abogada de la Casa de la Mujer, sobre un documento que cuestiona la actitud del Estado frente a la protección y la reparación de las mujeres.
Han pasado ocho años desde que la Corte Constitucional le ordenó al Estado proteger a las desplazadas. En esa ocasión, la Corte reconoció que la guerra le había causado graves impactos a las mujeres y, especialmente, a sus cuerpos y a su sexualidad. Por eso, le pidió a la Fiscalía investigar 182 hechos de violencia sexual y le exigió al Gobierno crear 13 programas, entre los que se contaban uno para atender a las víctimas y otro para prevenir el “impacto de género desproporcionado” que causaba el conflicto.
En 2015, la Corte reconoció que, a raíz de las leyes de Justicia y Paz, y de Víctimas y Restitución de Tierras, se habían presentando algunos avances en la materia. Sin embargo, dijo que las medidas que había tomado el Gobierno eran insuficientes, que no se habían puesto en marcha los dos programas sobre el tema y que sólo se habían emitido 11 condenas sobre los 182 hechos que se pusieron en conocimiento de la Fiscalía. Por eso, emitió nuevas órdenes y le remitió otros 452 casos al ente investigador.
Pese a ello, las organizaciones de mujeres insisten en que el progreso es mínimo y en que la impunidad continúa en un alarmante 97%. Además, en que no hay garantías para denunciar, en que la atención en salud sigue siendo precaria y en que sólo 12 de las lideresas amenazadas cuentan con esquemas de protección. Las conclusiones están consignadas en el sexto informe de seguimiento a las órdenes de la Corte, elaborado por 12 organizaciones de mujeres, indígenas y expertos en derechos humanos, agrupadas en la Mesa de Seguimiento.
Hablamos con Erika Rodríguez, abogada de la Casa de la Mujer y vocera de la Mesa, para conocer los detalles de ese documento que cuestiona duramente la actitud del Estado frente a las víctimas de violencia sexual.
¿Cuáles son las principales conclusiones del sexto informe de seguimiento?
La más importante es que persiste el alto nivel de impunidad en la judicialización de los responsables de estos casos, además de una estrategia de investigación diferenciada que afecta a las víctimas. Otra de las conclusiones es que ocho años después de que la Corte profirió la primera decisión (el Auto 092) el Estado no cuenta con una estrategia del más alto nivel para atender a las víctimas de violencia sexual.
¿A qué se refiere cuando afirma que hay “una estrategia diferenciada” para investigar los casos de violencia sexual?
A que la Fiscalía ha avanzado en la investigación de los hechos que fueron perpetrados por la insurgencia, pero muy poco en aquellos en los que el perpetrador fue la Fuerza Pública o la Fuerza Pública en alianza con los paramilitares. Ahí hay un primer obstáculo para generar condiciones de igualdad para las víctimas. Por supuesto, también hay unos problemas de congestión en las fiscalías, lo que ha hecho que los procesos continúen represados. Además, encontramos que muchos de los casos de los anexos reservados tienen decisiones de archivo o de preclusión.
¿Por qué se han cerrado las investigaciones?
Hay varias razones. A veces la Fiscalía considera que los hechos no fueron cometidos en el marco del conflicto porque la denunciante no dijo qué actor armado ejecutó el delito, cuando esto no es responsabilidad de las víctimas. En otros casos el ente investigador dice que no pudo encontrar a la víctima, lo cual es un argumento injustificable. Incluso si las víctimas desisten de continuar con el proceso, la Fiscalía debe seguir investigando los hechos de violencia sexual y, además de eso, las causas del desistimiento, porque puede haber amenazas, presiones de los actores armados y otras cuestiones de seguridad. Por esas y otras razones planteamos en el informe que las decisiones de archivo de las investigaciones tienen que tomarse en un comité integrado por distintas entidades, en el que pueda participar la Mesa.
¿Qué otros obstáculos enfrentan las víctimas para acceder a la justicia?
Uno de los principales problemas es que persisten las barreras para que las mujeres se acerquen a las entidades y sientan la confianza necesaria para denunciar. Otro obstáculo es la continuación del conflicto armado; las mujeres se encuentran en territorios ocupados por los grupos posdesmovilización, la Fuerza Pública o la insurgencia, y esto hace que persistan los miedos y las condiciones de revictimización y de silenciamiento.
El Ministerio de Justicia y otras entidades han realizado varias jornadas en distintos lugares del país para que las víctimas denuncien sus casos. ¿Cómo evalúa la Mesa esa estrategia del Gobierno?
En el informe, nosotros decimos que es preocupante que no se le haga seguimiento a los casos que se ponen en conocimiento de las autoridades a través de estas jornadas. A las mujeres se les está creando una serie de expectativas que después no resultan cumplidas. Reconocemos que estas actividades representan un avance en términos de cohesionar la oferta institucional, pero es necesario que las entidades atiendan el proceso que sigue a la denuncia.
Ustedes señalan que algunas de las víctimas han sido amenazadas después de acudir a las autoridades. ¿Qué puede haber detrás de esas amenazas?
Creemos que hay un claro interés de que no se conozca la verdad. Para los actores armados es vergonzoso que se sepa que la violencia sexual fue una estrategia sistemática de guerra contra los cuerpos de las mujeres, por las mismas condiciones sociales y culturales que la han naturalizado. Además, muchas de las presiones buscan que las mujeres cesen sus actividades de liderazgo y de acompañamiento de otras víctimas, lo cual desmejora sus condiciones de participación.
Nos preocupa que la Unidad Nacional de Protección (UNP) continúe teniendo procesos mecánicos de evaluación de riesgo, que a menudo son realizados por personas que pertenecieron al DAS o a las Fuerzas Militares. Eso ha hecho que las víctimas cuenten con escasas medidas de protección y ha generado desconfianza.
Otro de los problemas, según el informe, es que las mujeres siguen sin recibir atención integral en salud. ¿No funcionó el protocolo para atender a las víctimas de violencia sexual que expidió el Ministerio de Salud?
El Estado tiene que hacer una reingeniería para acondicionar el sistema en favor de las víctimas. Si bien el protocolo les dice a las entidades cómo deben atender a las mujeres, esa información no ha permeado todas las estructuras del sector, que funciona descoordinadamente. Sabemos que en muchos de los puestos de salud de las regiones los funcionarios no conocen el protocolo o no cuentan con los recursos o el personal suficientes para aplicarlo. A pesar de la existencia de las normas, seguimos encontrando muchos obstáculos en la práctica.
Ustedes concluyen que el Estado sigue sin cumplir las órdenes de la Corte Constitucional y que esta situación es “una decepción para las víctimas”. ¿Qué esperaban de los autos?
Esperábamos y seguimos esperando una respuesta del más alto nivel de parte del Estado. Que el Gobierno se tome con seriedad las órdenes de la Corte, porque todavía no ha diseñado ni uno sólo de los 13 programas que el alto tribunal ordenó crear en 2008 para atender a las víctimas. Hoy contamos con una serie de estrategias inconexas, que han sido paliativas, pero que no responden a la dimensión del problema.
