La crisis venezolana se transformó en un éxodo masivo sin precedentes, con un impacto hemisférico que apenas comienza. Brasil y Colombia, donde recae el mayor impacto, afrontan un año electoral en medio de la polarización política, que distrae la necesidad de enfrentarla con una visión conjunta, estratégica e integral. Por: Mauricio Reyes Betancourt*
Tuvieron que pasar 40 años para que un millón de colombianos llegara a la rica Venezuela de la Cuarta República (1958 a 1998), en contraste con los casi 700 mil inmigrantes venezolanos regulares que reporta Migración Colombia, en tan solo tres años, desde el comienzo de la crisis. El sub registro es evidente y la cifra total de venezolanos claramente es mucho mayor. El propio Cristian Krüger, director de esta institución, calcula que para julio de 2018 los venezolanos regulares sobrepasarán el millón de personas[1].
Hoy en día se estima que el millón de colombianos que migraron originalmente a Venezuela, representan con sus núcleos familiares a cuatro millones de colombo-venezolanos con derecho a la nacionalidad colombiana. Su potencial retorno se convierte en un desafío para las instituciones colombianas.
Del orden al desorden
Hasta el momento, el súbito flujo migratorio de venezolanos había conservado un cierto orden gracias a cuatro factores:
- Un sentimiento colectivo de reciprocidad con quienes antes nos dieron la mano en su época de “vacas gordas”.
- Unas condiciones macroeconómicas que a pesar de estar afectadas por la baja de los precios del petróleo lograron incorporar a venezolanos de manera precaria a una economía en leve crecimiento como la colombiana.
- La relación de esas primeras oleadas con redes de familiares o amigos en Colombia.
- Una política de regularización de los venezolanos mediante la expedición tanto de un Permiso Especial de Permanencia (PEP) –que garantiza la regularidad laboral y migratoria de los venezolanos– como de una Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF) para quienes se encontraban en tránsito permanente entre los dos países en zonas de frontera.
A comienzos de febrero de 2018, Migración Colombia reportó un aumento del flujo de venezolanos que llegó a cerca de 37 mil diarios. El creciente volumen y su cada vez más precaria situación ya están provocando conflictos con la población local de frontera, venida a menos ante la ausencia del mercado dinámico que antes se manejaba con Venezuela. Poco a poco, se agota la solidaridad inicial de esta población al competir por recursos escasos y un mercado laboral deprimido, que ahora tienen que compartir con los venezolanos.
Regularidad o irregularidad
El pasado 8 de febrero, en respuesta al fenómeno, el propio presidente Juan Manuel Santos anunció en la ciudad fronteriza de Cúcuta la creación de un “Grupo Especial Migratorio” y la implementación de una serie de medidas restrictivas como terminar con la expedición de la TMF y restringir el ingreso futuro de los venezolanos solo a aquellos que hayan logrado obtener previamente la TMF o tengan un pasaporte para solicitar el PEP[2].
En la Venezuela actual, la expedición del pasaporte está colapsada y aunque se corrigiera esta situación, el precio de su expedición es inalcanzable para la mayoría, debido a la hiperinflación que no permite cubrir la subsistencia por más de seis días, con el salario mínimo.
La decisión de restringir la entrada de venezolanos marca un cambio de política que es equivocada, pues la exigencia del ingreso con pasaporte desordena e irregulariza una frontera porosa, llena de selvas y cruces montañosos, que es absolutamente imposible pensarla como barrera sellada tipo Muro de Berlín.
Con este cambio, el gobierno colombiano claramente fomenta la irregularización de la migración venezolana perdiendo el ya poco control que tenía sobre estos flujos. Un grave error que no debe ser copiado por otros gobiernos.
La irregularidad migratoria imposibilita el censo de dicha población y dificulta su asistencia humanitaria, mientras propicia y fortalece fenómenos de tráfico y trata de personas, explotación laboral en medio de redes transnacionales de delincuencia organizada que aumentan la vulnerabilidad de estos migrantes y dificulta el trabajo de las autoridades.
Refugiados y crisis humanitaria
El ascenso de Hugo Chávez al poder en 1998, y sobre todo el golpe de Estado de 2002, generaron una primera oleada de refugiados venezolanos en Colombia, que encajaban en los parámetros clásicos de la Convención del Estatuto de los Refugiados de 1951, por sufrir persecución debido a que pertenecían a un determinado grupo social o eran reprimidos por manifestar sus opiniones políticas.
Hoy, pese a que siguen llegando opositores que se enmarcan en la definición de refugiados políticos de la Convención de 1951, la crisis humanitaria actual se caracteriza por una migración masiva de venezolanos motivada por una violencia generalizada[3] y una violación masiva de derechos humanos[4] según los criterios de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984.
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La Cancillería de Colombia ha negado reconocer la situación como una crisis humanitaria. Foto: UN Periódico digital
Aunque la Cancillería colombiana se ha negado a reconocer esta crisis humanitaria como una violación sistemática de derechos humanos, según los parámetros de la Declaración de Cartagena es claro que dicha postura invisibiliza un fenómeno de refugio masivo e impide que la comunidad internacional asuma los “repartos de la carga” que implica los costos de una emergencia humanitaria de impacto hemisférico, como la que compromete a Colombia.
Cuando el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), proyectaba hace menos de un año la reducción casi a cero de los desplazados y refugiados en la región y tomó la decisión de cerrar paulatinamente su oficina en una Colombia en paz, la reconfiguración de la violencia colombiana y la llegada de la crisis venezolana plantean, por el contrario, el fortalecimiento de dicha oficina en coordinación con todo el sistema de Naciones Unidas y el apoyo de otras fuentes de financiación de la cooperación internacional.
No menos grave es la presencia de grupos armados organizados en ambos lados de la frontera en abierta relación con el narcotráfico y la minería ilegal, especialmente en zonas como el Catatumbo y Arauca, que le pueden dar un carácter impredecible al proceso de paz colombiano y a la conflictividad social binacional. Sumar colectivos chavistas con grupos paramilitares y guerrilleros colombianos en medio de una cultura de la ilegalidad configuran la bomba de tiempo perfecta.
El camino a la solución
El pasado 9 de febrero, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, Francisco Palmieri, señaló que su país “está dispuesto a proporcionar a Colombia y Brasil ayuda técnica y humanitaria para atender a los inmigrantes venezolanos llegados en gran número a estas naciones debido a la crisis política y social de su país de origen”, lo cual evidencia el desbordamiento de la crisis y la necesidad de una solución colectiva.
Ante la imposibilidad de que el actual o futuro gobierno venezolano puedan cumplir sus obligaciones respecto a derechos tan elementales como el acceso a la alimentación y las medicinas, apremian tres soluciones que se proponen partiendo de un consenso previo de la comunidad internacional, ya sea en un organismo regional o el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas:
- A corto plazo, crear un canal humanitario que, en menos de tres meses, les garantice a los venezolanos una ayuda humanitaria de emergencia que mitigue el problema de hambre y la crisis de medicinas bajo el liderazgo de la OEA o el sistema de Naciones Unidas (Pnud, Acnur, FAO, OIS). En lo posible, también de debe aprovechar la capacidad logística de las fuerzas armadas venezolanas o de sus pares en el hemisferio, en coordinación con operadores locales como la Cruz Roja, Caritas, Fe y Alegría, y sus organizaciones matrices como Caritas Internationalis y la Federación Internacional de la Cruz Roja, entre otras.
- A mediano plazo se requerirá de un puente humanitario que, al menos por dos años, permita la reconstrucción de la seguridad alimentaria y el regreso de una economía de mercado autosostenible para los venezolanos, garantizando el apoyo asistencial a grupos vulnerables que no tengan opciones claras de supervivencia en el proceso de transición. Esta operación deberá desarrollarse con controles y rendición de cuentas de los operadores humanitarios, de tal forma que se evite una acción con daños que profundicen o renueven los fenómenos de corrupción precedentes tanto en la cuarta como en la quinta República venezolana.
- A largo plazo se requerirá una concertación de los venezolanos de todos los sectores políticos y sociales significativos (incluido el chavismo), que permita converger en un plan estructural de reconstrucción del país, eliminando el riesgo actual de que Venezuela se convierta en un Estado fallido.
La bomba ya nos estalló en las manos. La crisis venezolana es hoy una crisis regional y continental, y entre más tarde se decida afrontarla, más impredecibles serán sus consecuencias.
*Profesor de la Facultad de Derecho Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional de Colombia.
Para esta columna de opinión, el autor utilizó la siguiente bibliografía:
[1] Así lo dijo el Director de Migración en entrevista a Blu Radio el 6 de febrero o de 2018. https://www.bluradio.com/nacion/en-unos-cinco-meses-habra-un-millon-de-venezolanos-en-el-pais-migracion-colombia-168283
[3] 26616 muertes violentas reporta para 2017 el Observatorio Venezolano de Violencia en https://observatoriodeviolencia.org.ve/informe-ovv-de-violencia-2017/
[4] Ver “Informe de país Venezuela“ 2017 “Situación de los derechos humanos en Venezuela” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Venezuela2018-es.pdf
