OPINIÓN| La posibilidad de humanizar el conflicto con el ELN debe abrirse paso con los nuevos mandatarios locales y la sociedad civil.
Por: Luis Fernando Trejos*
Una vez más, una bomba aturdió al país. Esta vez fue en Cubará, Boyacá, donde la guerrilla del ELN puso un carro bomba en una base militar. Hasta ahora sabemos que hay tres soldados heridos por el ataque. Sucedió al mediodía del jueves, en plena frontera con Venezuela.
Días antes, hay que decirlo, la Arquidiócesis de Cali y las diócesis de Apartadó e Istmina le enviaron una carta al Comando Central (COCE) de la guerrilla del ELN. En el documento le pidieron que liberaran a tres personas que siguen secuestradas. Todavía, así no lo tengamos tan presente, hay familias que esperan que en diciembre liberen a sus seres queridos.
Y esta coyuntura, por supuesto, fue aprovechada por el gobierno por medio de su Alto Comisionado para la Paz. El mensaje es el siguiente: las puertas para dialogar con la guerrilla están abiertas siempre y cuando se cumplan las dos condiciones que impuso el presidente Iván Duque: primero, que esa guerrilla deje en libertad a todas las personas que tiene secuestradas y, segundo, que renuncie a esa y otras actividades delictivas, especialmente a la siembra de minas antipersonal, el ataque a la infraestructura minero-energética y el reclutamiento de menores de edad.
Cumplir con estas condiciones es difícil. En la mesa de negociación que se adelantó con el gobierno de Juan Manuel Santos quedó claro que el Comando Central no tiene control sobre todas las estructuras que conforman esa organización armada. La autonomía económica de ciertos Frentes de Guerra (Occidental y suroccidental) en la práctica se traduce en independencia política y operativa en el plano regional. Esto sucede especialmente en los territorios con presencia de rentas ilícitas, como la minería ilegal, la siembra de hoja de coca y el procesamiento de clorhidrato de cocaína. Así sucede en todo el andén pacífico, especialmente en los departamentos de Chocó, Cauca y Nariño. También pasa lo mismo en el Bajo Cauca.
Una dinámica similar se presenta en los Frentes de Guerra Oriental y Nororiental que operan en la zona de frontera con Venezuela (Norte de Santander, Arauca y Vichada), pues éstos no sólo tienen su mando estratégico en el vecino país, sino que también obtienen recursos económicos allí. Esto sin mencionar que mantienen vínculos activos con actores estatales venezolanos, por lo cual no tendrían mayores estímulos para desarmarse y desmovilizarse.
¿Qué hacer entonces? En este contexto es importante diseñar una estrategia de negociación con el ELN que tenga en cuenta la realidad señalada anteriormente, es decir, establecer una agenda con los frentes y compañías guerrilleras que todavía le responden al mando nacional de la guerrilla. Los alcaldes y gobernadores tienen que jugar roles protagónicos en la búsqueda de la paz en sus territorios. Y deben hacerlo coordinadamente con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Iglesia Católica y las universidades con programas de paz.
Un primer paso para avanzar en el camino de la paz es construir los “Acuerdos Humanitarios globales sobre Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario” con algunos Frentes de Guerra del ELN (los que aún responden a la dirección del COCE). Estos acuerdos en principio constituyen un compromiso sobre hechos concretos que las partes consideren importantes resolver. Es una concesión mutua verificable por terceros.
Pero mientras se avanza hacia la construcción de Acuerdos Humanitarios regionales se deben promover actos y gestos humanitarios. El PNUD los define como: “Acciones de respeto a la vida, la integridad, la libertad o los bienes de personas especificas en una situación concreta”, como por ejemplo, liberar un secuestrado sin contraprestación o permitir el retorno de desplazados. Estos actos son supremamente útiles para la reducción del sufrimiento de las comunidades involucradas directa e indirectamente en nuestro conflicto armado. A diferencia de los Acuerdos Humanitarios, no regulan una multiplicidad de situaciones, no requieren de verificación externa, ya que se fundan en la confianza de las partes y no tienen tiempos definidos.
En medio de un panorama de recrudecimiento y degradación de la violencia armada y ante la dificultad de lograr la suscripción de Acuerdos Humanitarios duraderos entre el Gobierno Nacional y el ELN, se presentan hechos y situaciones tales como la entrega de un secuestrado, de un cadáver o ceses al fuego en espacios locales durante cortos espacios de tiempo (Semana Santa, Navidad y Año Nuevo) que permiten lograr la materialización parcial del Derecho Internacional Humanitario en momentos puntuales y territorios específicos.
Esta posibilidad de humanización del conflicto armado con el ELN debe abrirse paso con los nuevos mandatarios locales y la sociedad civil, entendiendo que ante la dificultad de concretar un modelo de paz a nivel nacional con el ELN, los actos y gestos humanitarios rescatan espacios políticos de diálogo en territorios puntuales, teniendo en cuenta a sus comunidades, las cuales son, sin duda las que necesitan el DIH y esos gestos humanitarios que pueden generar alivios determinados. Luchemos también por eso.
*Doctor en Estudios Americanos con mención en Estudios Internacionales (IDEA/USACH). Profesor e investigador del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte, Barranquilla.
