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Un laboratorio de genética para el posconficto
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Un laboratorio de genética para el posconficto

María Flórez - julio 22, 2015

En el hospital San Juan de Dios, en Bogotá, se instalará el Laboratorio de Genética para la Paz. Un área de más de mil metros cuadrados que servirá para identificar a las miles de personas que han sido desaparecidas durante el largo conflicto colombiano.

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Por María Flórez

En el centro de Bogotá se encuentra ubicada la oficina del doctor Manuel Paredes, coordinador del Grupo de Genética Forense del Instituto Nacional de Medicina Legal. Allí, a pocas cuadras del Bronx, está apostado el edificio del Instituto, donde el doctor trabaja en un proyecto ambicioso: el diseño de un nuevo laboratorio en el que un grupo de científicos tratará de devolverles el nombre a cientos de cuerpos no identificados. Restos de los que poco se sabe, pero que podrían tratarse de personas desaparecidas durante la inconclusa guerra colombiana.

Sobre los planos del antiguo Instituto de Inmunología, del hospital San Juan de Dios, el doctor Paredes y un equipo de arquitectos, genetistas y expertos en informática esbozan el Laboratorio de Genética para la Paz. Tres pisos con un área de 1.237 metros cuadrados que le entregó la Alcaldía de Bogotá al Instituto de Medicina Legal, para que continúe identificando a los desaparecidos.

Los diseños, que aún no están terminados, contemplan espacios para el Banco Nacional de Perfiles Genéticos, la Comisión Nacional de Búsqueda y las organizaciones de familiares de desaparecidos, un concepto revolucionario que pretende acercar a los científicos y a la sociedad civil. Además, incluyen zonas para toma de muestras, recepción de evidencias, documentación de casos y extracción y análisis de ADN.

En estas áreas, los científicos buscarán mejorar los procesos, analizar masivamente las muestras de sangre de los familiares y revisar con técnicas actuales los restos que, por su alto grado de descomposición, no fueron estudiados adecuadamente cuando fueron encontrados. Una apuesta que, además, pretende preparar al Instituto para un cálculo que desde ya hicieron los forenses: el volumen de muestras se va a incrementar una vez se firme el acuerdo de paz entre el gobierno y las Farc.

Con el fin de identificar los cuerpos, los genetistas extraen fragmentos de los restos óseos. Foto: Cortesía-Medicina Legal

Según ellos, tras la desmovilización de la guerrilla, es probable que los familiares de los desparecidos pierdan el miedo y se acerquen a donar la sangre que será almacenada en el Banco de Perfiles.

Los expertos aseguran que, en un escenario posterior a la negociación de La Habana (Cuba), contarían con mayores fuentes de información y podrían trabajar de lleno en los territorios donde las Farc han sepultado clandestinamente a decenas de sus militantes muertos en combate, incluyendo a los menores que fueron reclutados forzadamente. Así como podrían trabajar en los cementerios donde las autoridades han enterrado a subversivos sin identificar, que han caído en medio de las hostilidades.

El doctor Paredes, que también ha trabajado en Chile y en Argentina ―donde se busca a los desaparecidos de las dictaduras―, opina que “en tiempos de paz el trabajo de los forenses es más expedito, porque no se les ponen limitaciones y suele existir una clara voluntad política”. La conjugación de esos factores permitiría que el laboratorio se constituyera en un escenario clave para atender la nueva demanda de casos y agilizar el análisis de las muestras que se han recolectado durante la última década.

Hoy, Medicina Legal cuenta con los perfiles genéticos de 2.256 personas que no han sido identificadas y de más 25 mil familiares de desaparecidos, que corresponden a una pequeña fracción del universo que hace falta por estudiar. Para completar el Banco de Perfiles haría falta encontrar otros 70 mil cuerpos y recolectar la sangre de casi 200 mil familiares más. Más aún, la identificación de las muestras tardará, por lo menos, otras cuatro décadas.

Se trata de una labor dispendiosa. Los científicos deben comparar cuidadosamente los perfiles genéticos de las víctimas y los de sus posibles familiares, cuando se presume la identidad de los cuerpos. Muchos de esos casos han surgido de investigaciones judiciales y en desarrollo del proceso de Justicia y Paz, en el que los exparamilitares han confesado la ubicación de fosas. A raíz de esa información, la Fiscalía y Medicina Legal han podido identificar algunos restos óseos. Sin embargo, las confesiones de los ‘paras’ están llegando a su fin y las autoridades se enfrentan a casos mucho más complejos: los de los “no identificados puros”.

En ese escenario, los forenses deben extraer la información genética del cuerpo, ingresarla al sistema y cotejarla con la de las 25 mil personas que han entregado su sangre con la ilusión de encontrar a sus familiares. Un software arroja decenas o cientos de posibilidades de coincidencia, que los genetistas deben evaluar una a una. Al final, en el peor de los casos, es posible que ninguna de ellas permita darle una identidad a los restos y que el trabajo haya sido en vano.

Respecto al contexto en el que murieron esas personas, el doctor Paredes confirma que “la mayoría falleció por cuenta del conflicto armado. Algunas, por sus lesiones o por circunstancias históricas o geográficas, se pueden asociar con violaciones a los derechos humanos o al Derecho Internacional Humanitario. Sin embargo, también podemos encontrar el caso de un campesino que llegó a Bogotá y murió durante un atraco, cuyo cuerpo nadie reclama”. Por eso, opina que “es muy difícil diferenciar cuáles son las víctimas del conflicto y cuáles no, porque varios de los casos de desaparición están asociados con circunstancias indirectas de la guerra”.

Pese al impulso que le darían a la labor científica, a la búsqueda de la verdad y a la reparación de las víctimas, los recursos para la adecuación y la dotación del Laboratorio de Genética aún no se han desembolsado. Más aún, el antiguo edificio del Instituto de Inmunología se encuentra envuelto en la maraña administrativa en que se convirtieron los predios del San Juan de Dios, cuya titularidad aún no ha sido clarificada y que la administración del alcalde Gustavo Petro acaba de expropiar. Por eso, las víctimas perciben el proyecto como “un mero espejismo”. Sobre todo, porque en junio pasado el Distrito decidió anunciar la “apertura” del laboratorio, pese a que aún no existe.

Para Yanette Bautista, presidenta de la Fundación Nydia Erika Bautista, que lucha contra la  desaparición forzada, “es preocupante que se haya creado una expectativa de que ese espacio iba a funcionar, cuando lo que hay es un cascarón”. Respecto al Banco de Perfiles, asegura que “es necesario preguntarse cómo lo van a alimentar las pruebas de ADN, las denuncias y las historias que se recopilaron en desarrollo del proceso judicial con los paramilitares”, en el que las víctimas volcaron sus esperanzas.

Yanette también opina que se debe trabajar en otros frentes, tales como una mayor operatividad de la Comisión de Búsqueda, el reconocimiento de la responsabilidad estatal, la creación de un cuerpo de policía judicial que se dedique a buscar a los desaparecidos; la elaboración de estudios sobre cementerios, un programa nacional de identificación y protocolos para la búsqueda de víctimas vivas.

El doctor Paredes, sentado de espaldas a la Plazoleta de la Hoja, dice que “el efecto que la guerra ha tenido sobre la salud de la comunidad ha sido muy significativo. Y este proceso no para. Cada mes tenemos 80 o 100 casos de desaparición asociados al conflicto, a pesar de que hayamos hecho procesos de paz. Por eso, queremos seguir recuperando la verdad, que es lo que hacemos cuando identificamos a las personas”. Habrá que esperar a que se entreguen los dineros y a que en La Habana se tomen decisiones que permitan, por fin, despejar el camino para encontrar e identificar a los miles de colombianos que están desaparecidos.