Una ley firmada por Barack Obama hizo ajustes en la forma como su país combate el narcotráfico.
Ananías Vega, un líder campesino de Ituango (Antioquia), asegura que una familia que dependa de la coca en esa región gana cerca de un millón de pesos. Pero eso ocurre cada dos o tres meses, cuando es tiempo de raspar la hoja que, luego de ser procesada, los cultivadores les venden a las Farc o a Los Urabeños.
Esa es la ganancia que les queda a las familias cocaleras, explica el campesino, luego de restar el costo de los insumos químicos y el transporte que se requieren para entregarle el producto a las organizaciones armadas ilegales, que luego lo comercializan a un precio mucho mayor.
Por eso, Vega se pregunta cómo es posible que el gobierno de Estados Unidos crea que una forma de atacar el negocio multimillonario de las drogas sea pedir en extradición a un campesino al que, según dice, le queda de la coca apenas lo suficiente para alimentarse.
“Eso no es debido, porque la coca es la única opción que le ha dejado el Gobierno a los campesinos en regiones como esta. La gente no tiene otra alternativa, porque no hay otra cosa que le dé lo suficiente para vivir. ¿Cómo van a pedir en extradición a alguien que cultiva eso para lograr el sustento de su familia?”, se pregunta el líder.
No habrá campesinos extraditados
La decisión que tiene aterrados a los campesinos de regiones cocaleras en todo el país se tomó a miles de kilómetros de sus tierras. El Congreso de Estados Unidos aprobó una norma denominada Transnational Drug Trafficking Act y el presidente de ese país, Barack Obama, estampó su firma el 16 de mayo en la nueva ley para ponerla en vigencia.
Luego de eso, varios medios colombianos aseguraron que esa norma permitía a la justicia de Estados Unidos solicitar en extradición a los cultivadores cocaleros por ser responsables en el negocio del tráfico de las drogas que terminan en las calles de ese país.
El proyecto empezó a tramitarse en el Senado de Estados Unidos en junio de 2015 y fue presentado por el republicano Chuck Grassley y la demócrata Dianne Feinstein. El texto incluye un apartado en el que precisa que “será ilegal para cualquier persona fabricar o distribuir una sustancia controlada (…) sabiendo o teniendo motivos razonables para creer que esa sustancia o producto químico será importado ilegalmente a los Estados Unidos”.
Sin embargo, la norma, que puede consultarse sin restricción en el sitio web del Congreso de los Estados Unidos, no habla de extradición y mucho menos de que los cultivadores de coca serán objeto de ella. En otras palabras, con todo y las notas de prensa hablando de campesinos que terminarían presos y el escándalo que eso ha generado, esa nueva ley está muy lejos de promover solicitudes de extradición en contra de quienes se encuentran en el último eslabón de la cadena del negocio de las drogas.
Daniel Rico, experto en política de drogas e investigador de la Fundación Ideas para la Paz, explica que la decisión de Estados Unidos es apenas un ajuste al código penal de ese país, “porque cuando juzgaban a alguien debían demostrar que la coca estaba siendo procesada con el objetivo de enviarla para Estados Unidos”.
Entonces, la justicia de ese país se encontraba con la dificultad de que, si bien podía tener la certeza de que alguien estaba conspirando para traficar cocaína, sólo podía lograr una condena si demostraba que esa conspiración tenía como propósito introducir droga en sus fronteras. Así, cuando las mafias utilizaban intermediarios, fácilmente los traficantes originales podían escapar a las acciones judiciales de Estados Unidos.
En una nota de prensa, publicada el pasado 10 de mayo por la oficina del senador Grassley, el legislador explica que justamente el propósito de la nueva norma es cerrar “una laguna de la cual abusaban los traficantes de drogas que intentan enviar drogas a Estados Unidos, pero lo hacen a través de un intermediario. El Departamento de Justicia necesita todas las herramientas legales para reprimir a quienes envían estas sustancias a nuestro país”.
Estados Unidos ya ha abandonado la idea de judicialización al cultivador primario
Los efectos prácticos de esa medida, según Daniel Rico, apuntan a volver “mucho más expedito el proceso de investigación criminal contra los grandes carteles. Pero es un ajuste de procedimiento, no de política antidrogas”. Por eso, el investigador insiste en que el contenido de la ley “se ha tergiversado”.
“Estados Unidos ya ha abandonado la idea de judicialización al cultivador primario. Técnicamente lo podría hacer porque la ley tiene un marco normativo amplio que no se reduce a un eslabón de la cadena, pero está claro que su política no es extraditar campesinos. Lo mismo ocurre en Colombia, nosotros podríamos meter a la cárcel a todos los campesinos cultivadores, pero no lo hacemos”, explica Rico.
Por ahora, y mientras el debate sobre el enfoque en la lucha contra las drogas está en uno de sus momentos más álgidos, queda descartada la idea de que las más de 64 mil familias campesinas que cultivan coca en Colombia estarían en riesgo de terminar en una cárcel en Estados Unidos.
