Un grupo de organizaciones sociales interpuso una tutela para evitar nuevas violaciones de derechos humanos. Son 25 casos de brutalidad policial que reúne este documento.
El paro nacional ha continuado y la represión del Esmad también. En las últimas horas fue confirmado que Christian Rodríguez, estudiante de décimo semestre de trabajo social en la Unimonserrate, perdió su ojo izquierdo después de que el Esmad atacara con una granada de aturdimiento en las protestas de la carrera 30 con calle 45. Christian, de 26 años, sigue hospitalizado. A este caso se suman, como lo hemos mencionado, otros abusos por parte del Esmad y la Policía, como lo fue la detención irregular de dos personas en un carro particular.
Es en este contexto que cobra especial vigencia la tutela radicada por diferentes defensores de derechos humanos ante el Tribunal Superior de Bogotá. En esta acción de tutela, más de 30 personas denuncian haber visto vulnerado su derecho fundamental a la protesta, y los demás derechos conexos, durante las movilizaciones de estos últimos dos meses.
Por estos hechos y por las decenas de personas que han sido heridas o han sufrido lesiones permanentes a causa de la represión del Esmad, varias organizaciones defensoras de derechos humanos optaron por representar a estos ciudadanos para que la Corte Constitucional proteja el derecho fundamental de la protesta, pero también, para establecer una mesa de dialogo con el gobierno para regular las acciones del Esmad y evitar que se sigan vulnerando los derechos fundamentales.
Algunas de las organizaciones que impulsaron la tutela son: Dejusticia, la Campaña Defender la Libertad Asunto de Todas, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior (Uness), entre otras.
Hablamos con Alejandro Jiménez, abogado de Dejusticia, quien nos aclaró algunos puntos fundamentales de esta tutela: “Tratamos de demostrarle al juez de tutela que existen unas practicas de intervención que amenazan el derecho fundamental a la protesta y otros derechos que se asocian a esta, como son el derecho de libre asociación y reunión y el derecho a la libre expresión.”
“Entre los accionantes se encuentran estudiantes, profesores, periodistas y ciudadanos que han sido violentados de alguna forma por miembros de la fuerza pública. Por eso, la tutela esta fundamentada en varios niveles, entre los cuales se encuentran:
A. Garantizar la no repetición de estos hechos a través de una mesa de trabajo que se ocupe de estudiar las cuestiones relacionadas con el uso de la fuerza por parte del Esmad y de la Fuerza Pública en general.
B. Reafirmar la prohibición de disolución de protestas pacíficas.
C. Eliminar riesgos asociados al uso de armas potencialmente letales en labores de intervención en protestas en donde ocurren hechos violentos.
D. Garantizar la correcta identificación y la rendición de cuentas de quienes integran la Fuerza Pública e intervienen en movilizaciones y protestas.
E. Paliar los efectos lesivos de las intervenciones de la Fuerza Pública en la integridad personal de quienes se manifiestan a través de atención psicosocial, física y jurídica.
En el recurso judicial presentado, los demandantes aseguran estar preocupados por la manera como la fuerza pública —específicamente el Esmad— interviene durante las protestas sociales, pasando por alto las formas reguladoras que ya existen. Dos meses han trascurrido desde el inicio del Paro Nacional y el grueso de los protestantes en las calles aseguran que desconfían completamente de la Policía Nacional y el Esmad.
Álex González, estudiante de la Universidad Externado y quien pertenece a Uness, afirma que no se pretende desmontar al Esmad sino encontrar mecanismos legales que permitan proteger realmente a los manifestantes.
Los 5 fundamentos de la tutela
Diego Molano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, aseguró en medios de comunicación que ninguna de las conversaciones que se mantengan con representantes de las manifestaciones podrán versar sobre el uso del Esmad en las protestas. Esto, según argumenta la tutela, es una de la razones que demuestra que no existió voluntad política para discutir el uso del Esmad y por eso deben buscarse otras alternativas, como la tutela, para abrir ese espacio de discusión.
1. Estigmatización de la protesta
Asegura la tutela que como respuesta a la convocatoria del Paro Nacional, el gobierno inició una campaña mediática y de redes en la cual esperaban disuadir a la ciudadanía de ejercer su derecho. Uno de los ejemplos es el uso del hashtag #Noparamosavanzamos que varias instituciones del Estado divulgaron, además, argumentando que el Paro era una estrategia para derrocar al presidente Iván Duque.
También se refirió a los vídeos que circularon por las redes sociales, en los cuales se amenazaba a la ciudadanía de que se conformarían grupos de personas que ejercerían violencia contra los manifestantes.
El 30 de noviembre, asegura el texto de la tutela, la Ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, inició una campaña de desprestigio contra el Paro Nacional en la cual hacía afirmaciones que estigmatizaban la protesta y usaba el #Nopudieron para decir que los manifestantes atacaban la Fuerza Pública y sembraban terror.
Entre las denuncias más graves se encuentra la de algunos miembros de la Asamblea Popular de Engativá, en la que dos accionantes aseguran que el 1 de diciembre en una de las asambleas miembros de la policía los fotografiaron y otras personas que hacen parte de dicha asamblea trataron de amedrentarlos por su participación activa en el paro.
2. Disolución de protestas pacíficas
Las denuncias que refiere el texto vienen desde el mes de septiembre, cuando ¡Pacifista! denunció cómo miembros del Esmad arremetían violentamente y sin justificación a las manifestaciones pacíficas de los estudiantes de la Universidad Distrital y de la Universidad Javeriana sobre la carrera séptima. En este hecho el Esmad terminó entrando a la Universidad Javeriana y tirando gases en inmediaciones del Hospital Universitario San Ignacio.
También reposan denuncias del 21N en las cuales resaltan los testimonios de algunas mujeres, estudiantes de la Universidad de los Andes, quienes aseguran que fueron brutalmente golpeadas mientras hacían registro periodístico de los hechos de violencia. Igualmente, denunciantes del Cauca y Antioquia manifiestan que durante el “cacerolazo” fueron atacados con gases lacrimógenos sin justificación.
Sandra Borda, profesora universitaria y columnista de El Tiempo, también denuncia como accionante que fue víctima del uso desproporcionado de gases lacrimógenos durante las manifestaciones del 23 de noviembre. Asegura haber grabado todo para su cuenta de Twitter y haber relatado lo sucedido en una columna titulada “Crónica de una tragedia”.
Nuevamente en la localidad de Engativá varios manifestantes aseguraron haber sido objeto de amenazas e intimidaciones por parte de los miembros del Esmad, quienes violentamente los expulsaron de un carril que estaban usando para concentrar su movilización que se dirigía hacia la estación de los Héroes. Fueron atacados a golpes y con gases y aturdidoras a las 7:50 am. Hay más de 10 denuncias como estas en el texto de la tutela.
3. Exceso de fuerza y uso de armas potencialmente letales
La tutela inicia recordando el caso de Nicolás Neira, joven de 15 años asesinado por miembros del Esmad durante movilizaciones del 1 de mayo (día del trabajo) en el año 2015. Hechos por los cuales Julio César Torrijos aceptó cargos en el año 2017 (luego de probarse que intentó ocultar los hechos). El asesinato se cometió con un disparo del arma Truflay.
Otras de las denuncias que aparecen en la tutela es la que sufrió un defensor de Derechos Humanos del Cauca, quien fue agredido con un tipo de proyectil, y al intentar ser remitido a un centro asistencial por medio de una camioneta, esta fue agredida con gases lacrimógenos por parte del Esmad, hecho que puso en riesgo la vida del defensor, pues tuvo que esperar por horas para ser llevado a un hospital.
El 6 de noviembre en manifestaciones de la sede de la calle 45 de la Universidad Distrital un estudiante fue impactado con un tiro de un gas lacrimógeno en el ojo. Luego de ser remitido al Hospital San Ignacio, el estudiante perdió completamente la visión del ojo izquierdo y , además, su estado es regular debido a la cantidad de cirugías a las que ha tenido que someterse. Otros 8 accionantes denunciaron hechos similares a este. Son 25 casos de brutalidad policial que reúne esta tutela.
4. Detenciones arbitrarias y tratos crueles e inhumanos
Alejandro Jiménez nos explico que muchas veces se usa irregularmente la figura del “traslado por protección”, al cual tienen el deber los policías de acudir cuando una persona debe ser protegida porque por sí misma puede causarse un daño a sí misma o a otra persona . Dice Alejandro: “Esta es una forma que se usa, por ejemplo, cuando una persona está en un estado de embriaguez tan alto que por su seguridad puede ser trasladado por la Policía a un lugar donde no corra el riesgo de ser violentado”.
Sin embargo, en las manifestaciones los agentes del Esmad y la Policía usan estas medidas para violar el derecho legítimo a la protesta y retirar a los manifestantes de las calles. Esto con el agravante de que cuando se los llevan vulneran sus derechos humanos. Entre algunos casos están las golpizas que le propinan a los manifestantes durante sus capturas y sus traslados. Alejandro también explica que muchos son capturados con fundamento de judicialización, pero nunca resultan siéndolo. En cambio, sí los violentan y afectan su derecho a manifestarse. De 835 capturas, solo 27 resultaron en judicialización.
En la tutela también aparecen las faltas en los procedimientos. Por ejemplo, detener personas que no tenían justificación como manifestantes pacíficos, periodistas o transeúntes que no participaban de la movilización. También hay casos que además de corresponder con tratos crueles y desmedidos, resultaban en trabas de la Policía para dar información acerca de los capturados y de sus ingresos al Centro de Traslado por Protección. Casos en los que los detenidos fueron victimas de hechos como daño de sus teléfonos celulares y tratos verbales agresivos para obligarlos a firmar actas de buen trato y renunciar al derecho de valoración por Medicina Legal, haciéndoles creer que con la firma del acta estarían en libertad.
Entre los hechos más graves se encuentra el testimonio de un detenido que aseguró que primero fue llevado a un lugar oculto en la Av. Calle 26 donde fue golpeado por 10 miembros de la Policía en la parte baja de su cuerpo. Luego fue retenido en una patrulla por 4 horas y amenazado durante todo ese tiempo en la camioneta. Lo llevaron al antiguo DAS sin que iniciara un procedimiento de detención administrativo o judicial, y en ese lugar fue custodiado por personal de la SIJIN vestidos de civil, quienes intentaron impedir su comunicación con personas de DDHH. Posteriormente lo llevaron a la URI de Puente Aranda en un carro particular Renault de matrículas OJX134 y fue nuevamente amenazado por miembros de la SIJIN. En esa noche, Policías lo denunciaron argumentando que recibieron agresiones por parte de esta persona.
Al día siguiente, en la mañana del 22 de noviembre, fue agredido nuevamente por dos integrantes de la SIJIN, uno de apellido Mojica, quienes lo llevan a un baño y le proporcionaron puños y patadas en el rostro, costillas y estómago, mientras lo amenazaban. A las 4 pm de ese día, iniciaron audiencias preliminares, se legalizó su captura y pese a acreditar que no existió conducta, se le imputó el delito de violencia contra servidor público en concurso homogéneo y fue dejado en libertad.
La tutela también denuncia la detención ilegal de muchas personas que luego de las manifestaciones intentaron digerirse a sus hogares. Algunos fueron retenidos hasta por tres días. En muchos casos, los policías hicieron registro de celulares (redes sociales incluidas), billeteras y maletas sin ordenes judiciales para ese fin. A quienes se oponían, les golpeaban y los subían a las patrullas.
5. Ataques a la prensa o libertad de expresión
Desde el 21 de noviembre hasta el 11 de diciembre, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) documentó, en toda Colombia, 47 agresiones contra la prensa en el marco del cubrimiento del Paro Nacional, con un total de 58 periodistas agredidos. Un total de 22 casos fueron en manos de miembros de la Policía, 10 del Esmad y 25 por parte de encapuchados o funcionarios públicos y particulares.
Las tres agresiones más frecuentes son los ataques físicos con 14 hechos, seguidos de 13 detenciones ilegales, 4 obstrucciones a la labor y 3 casos de robo de información.
Entre los casos se encuentran periodistas a quienes golpearon y les destruyeron sus elementos de trabajo, a pesar de haberse identificado como periodistas con carnet o elementos que demostrarían su trabajo de reportería. Entre los hechos se cuentan casos en los cuales se arrastró brutalmente a las personas, se les esposó a celdas por muchas horas, se les maltrató y acusó de delitos no cometidos.
Está presente el testimonio de un periodista activo de El Tiempo quien denunció ser llevado al Palacio de Justicia a pesar de identificarse. Le decían que : “si les parecía muy bonito tirar piedra”, y le gritaban vándalos y otras groserías.
Luego de esto, llegó una policía avisando la llegada de un camión. El periodista caminó y vio una calle de honor de Esmad que los tapa con sus escudos para que nadie más viera hacia dónde los llevaban a él y otros detenidos que estaban siendo golpeados.
Los subieron al furgón, les dieron vueltas por alrededor de unos 15 – 20 minutos y mientras eso sucedía les dijeron: ya saben para donde vamos, ¿no?, y les gritaban vándalos, ladrones, entre otras cosas.
Después de esto, los llevaron a la estación de la Candelaria, en Las Cruces. En este lugar los bajaron a todos, les hicieron una requisa y el periodista se identificó como trabajador de El Tiempo. Mientras eso sucedía, le pegaban a otra persona con un bolillo de manera muy fuerte y un policía gritaba: “viva la dictadura hijueputa”.
Posteriormente les quitaron las pertenencias y les pusieron una multa por desorden público. Después llegó un policía y dijo : se dieron cuenta de lo que hicimos anoche. Ayer la hicimos, anoche la hicimos y volvió a gritar: “viva la dictadura”. Luego los llevaron a una URI y el periodista pidió la presencia de un “defensor del Pueblo”, sin embargo, este nunca llegó. A las 11:30 pm de la noche los dejaron salir, debido a la intervención de un secretario del ministerio público.
