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No solo es un caso, al Esmad se le acusa de 1.000 retenciones irregulares Ilustración de: Natalia Torres
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No solo es un caso, al Esmad se le acusa de 1.000 retenciones irregulares

Santiago Vega - Diciembre 11, 2019

Al Esmad se le atribuyen los asesinatos de 43 personas desde que fue creado.

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Ayer en la noche, nuevamente las redes sociales se reventaron con videos e imágenes de la represión policial en Bogotá. El Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) fue fuertemente cuestionado por unas detenciones irregulares en un carro particular. 

Dos cosas se preguntaron los grupos de defensores de DDHH y las organizaciones que protegen a los manifestantes, según nos contó Alexandra Gonzales, de la secretaría técnica de la organización Campaña Defender la Libertad Asunto de Todas: ¿Por qué se insiste en trasladar a dos jóvenes que no representaban un peligro para la sociedad en un vehículo que no tenían ningún distintivo de la policía y que no podía garantizar el debido proceso? ¿Por qué luego se deja ir a la mujer que fue retenida irregularmente sin explicación aparente? 

Los gritos de la mujer que aseguraba haber sido secuestrada por la Policía, además, dejan de manifiesto la angustia que sentía esta persona al ver que era detenida sin explicaciones y conducida en un auto sin la vigilancia de ningún cuerpo de DDHH, sin hacerle saber sus derechos y sin tener idea de quiénes eran los que la detuvieron. 

Sumándole al agravante, que la mujer no se encontraba cometiendo un delito ni existían pruebas de lo contrario ¿cómo justificar semejante absurdo de la Policía? 

Las explicaciones del Gr. Hoover y la institución policial en crisis

Luego de los 21 días de protestas y de paro (al menos virtualmente), hay dos cosas que parecen resaltar más. La primera, apunta a que el grueso de los protestantes, por no decir que todos, desconfían completamente de la Policía Nacional y su cuerpo el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), hasta el punto de exigir que este último sea disuelto. 

La otra percepción evidente en medio de las protestas, apunta a que este Gobierno del presidente Iván Duque ha hecho mucho por deslegitimar la protesta social; y peor, ha intentado de varias formas reducirla hasta terminarla.

Las organizaciones sociales califican como “absurdo” el hecho de que se haya  tenido que llegar la muerte de un manifestante para hacer visible la brutalidad con la cual la Policía y el Gobierno efectivamente han decidido enfrentar las movilizaciones. 

No obstante, por más reclamos y pruebas de irregularidades que acumulan grupos de DDHH , el Esmad sigue reprimiendo. Entretanto, el presidente considera que se está estigmatizando al Esmad y a la Policía.

***

El General de la Policía Nacional, Hoover Penilla, dijo lo siguiente:  “Creo que tengo la obligación de explicar (…) unos procedimientos que han sido motivo de controversia”. A continuación un breve repaso por los 30 minutos de la rueda de prensa que ofreció: 

“Iban pasando unos funcionarios de la Policía en un vehículo institucional, con placas que si se miran en los registros le figura a la Policía, que casualmente iban pasando por la zona y le prestaron la colaboración, que les corresponde, a los funcionarios del ESMAD”

Lo primero, para un ciudadano no es mínimamente posible identificar que un carro particular con placas amarillas pueda ser o no de la institución policial. Menos cuando se es obligado a la fuerza a ingresar en él, y sobre todo, cuando quienes lo hacen, son funcionarios del Esmad que han sido anteriormente grabados golpeando brutalmente a hombre y mujeres.

Segundo, ¿cómo es que casualmente pasan dos carros particulares con policías vestidos de civil, pero no hay una patrulla adecuada con policías identificados y facultados para hacer el procedimiento judicial de detención? 

“Tal vez hubo, digámoslo así, una omisión de terminar el procedimiento como correspondía” , dijo. 

No parece necesario escuchar el resto de la frase, pues independientemente de cómo se haya desarrollado la detención, el no realizar el procedimiento adecuado y correspondiente, resulta en una falta disciplinaria grave que vulnera los derechos a un debido proceso que tiene cualquier ciudadano, que además, es inocente hasta que un juez le compruebe lo contrario. 

El General argumenta que es por miedo que los uniformados no actuaron bien. 

“Pero creo que sí estamos llegando, de acuerdo a lo que ha sucedido últimamente, no solo con estos dos ciudadanos, sino con algunos miembros de los medios de comunicación y también con otras personas, estamos llegando a unos niveles de susceptibilidad muy altos”.

Según nos informa Alexandra Gonzáles, integrante de la secretaría técnica de la organización Campaña Defender la Libertad Asunto de Todas, se han reportado al menos 1.038 detenciones, de las cuales solo 19 parecen haber estado dentro de los requerimientos legales. Al resto se les ha detenido de distintas maneras que probarían faltas de seguimiento al debido proceso por parte de la Policía Nacional. 

También se  han registrado abusos de autoridad en contra de personas con protecciones espaciales, como son miembros de comités de DDHH que hacen presencia en las protestas y periodistas que van a cubrir las manifestaciones. Hay denuncias oficialmente establecidas por parte de periodistas de El Tiempo y por estudiantes que son parte del cuerpo de Derechos Humanos distrital. 

“[Los policías] se están viendo temerosos de poder proceder, porque son objeto de cuestionamientos porque sí y porque no”.

Pero entonces ¿La veeduría pública, resultado de tantos hechos irregulares por parte de la Policía, es suficiente para intimidar a un funcionario que actúa bajo los criterio de ley para los cuales es entrenado? No parece justificable que el General de la Policía diga que la Policía teme hacer su labor, cuando las pruebas argumentan con suficiencia que cometen muchas irregularidades. 

“La Policía no está para maltratarlos”.

No debería General, pero acá le dejamos un artículo nuestro. 

La lupa sobre la Policía (especialmente el Esmad)

Hoy en la Cámara de Representantes se llevó a cabo un debate de control político en el cual miembros de la oposición a Gobierno, presentaron argumentos sobre los cuales consideran que debe disolverse la fuerza del ESMAD, pues ha violado en repetidas ocasiones el Derecho Internacional Humanitario, y los Derechos Humanos de distintas personas que se han manifestado en protestas (la mayoría, personas muy jóvenes)

Durante el debate que se llevó a cabo en la Cámara de Representantes, intervinieron varios de los Representantes que citaron el debate. La representante Maria José Pizarro intervino mostrando un vídeo grabado por la Policía de los Estados Unidos, en la cual se observa la prueba de una de las armas utilizadas por el Esmad en las protestas. En el vídeo se aprecia cómo resulta un tiro de la munición tipo Beanbag en el rostro de un muñeco usado para demostrar el peligro de semejante impacto.

Durante su argumentación, aseguro que 35 personas han sido asesinadas por miembros del Esmad; según el Ministerio de Defensa, 49% de estas personas fueron asesinadas por armas cortas, que esta prohibidas. El 9% fueron con armas permitidas pero sin seguir los protocolos. Otro 9% por asfixia debido a los gases. Otro 9% por uso de las llamadas recalzadas, y 6% por uso de municiones de goma.

También intervino el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo, quien  resultó hablando de la Constitución Política y de las respuestas del Gobierno antes el Acuerdo de Paz. Varios representantes exigieron mediante una moción de orden que el ministro respondiera a los asuntos del debate sobre el desmantelamiento del Esmad. Finalmente, el ministro defendió el uso del Esmad de acuerdo a los tratados internacionales y la ley colombiana.

Por otro lado, algunas organizaciones como la Campaña Defender la Libertad Asunto de Todas, Dejusticia, entre otras; planean llevar el próximo lunes ante el Tribunal Superior de Bogotá una acción de tutela que exige la protección de los derechos fundamentales de los manifestantes que han sido violados por el Esmad. Esta es la segunda acción de tutela que ha sido llevada prácticamente desde las exigencias del Paro nacional ante las autoridades judiciales, para que velen por el cumplimiento de la Constitución Política.