Termina 2017 y el gobierno insiste en que no se puede hablar de sistematicidad en el problema de asesinatos de líderes sociales.
Al ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, no le bastan los reportes de la ONU, de la Fundación Paz y Reconciliación ni de la Defensoría del Pueblo para admitir que en Colombia están asesinando y silenciando a los líderes sociales. El sábado pasado, cuando Noticias Uno le preguntó sobre el tema, dijo que “la inmensa mayoría” de los asesinatos “son fruto de un tema de linderos, de un tema de faldas”.
El tema está sobredimensionado, pareció sugerir.
Y esta sugerencia, como era de esperarse, ofendió a los líderes y a las víctimas. Desde el Cauca, una de las regiones más riesgosas para ejercer el liderazgo social, la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano emitió un comunicado rechazando las declaraciones del ministro. Para ellos, con estas declaraciones el ministro terminó confesando lo que hace meses se viene denunciado: “muestra por qué no hay garantías para el ejercicio del liderazgo social en Colombia”.
A esta protesta se sumó la Federación Comunal de Putumayo, otra de las regiones donde las organizaciones armadas siguen intimidando a los líderes sociales. A través de otro comunicado señalaron que los asesinatos, por lo menos en esta región, se deben a que “la dirigencia comunal está luchando de frente contra el narcotráfico”.
No es necesario hacer una búsqueda exhaustiva para saber que los líderes sociales del Cauca tienen razón. Tampoco hay que ir muy lejos para encontrar las contradicciones del ministro. Aquí les mostramos algunas pruebas que refutan sus declaraciones.
1. La “inmensa mayoría de los asesinatos de líderes sociales en las regiones son fruto de un tema de linderos, de un tema de faldas, de peleas por rentas ilícitas”.
Primero, decir la “inmensa mayoría” resulta impreciso. Segundo, el ministro no tiene cómo comprobar lo que está diciendo. Como lo contamos en ¡Pacifista!, el último reporte de Naciones Unidas sobre los asesinatos de líderes sociales en Colombia señala que de 54 asesinatos en lo corrido de 2017, 35 se encuentran en etapa de indagación, siete en investigación y ocho en etapa de juicio. Solo en tres casos se han expedido sentencias condenatorias. ¿Cómo comprueba que fue por las tres razones que mencionó?
El ministro no tiene ni sustento judicial ni sustento en reportes de Medicina Legal. En octubre pasado, las organizaciones Cinep, Iepri, Indepaz y la Comisión Colombiana de Juristas presentaron un informe en donde demostraban que, tras analizar los perfiles de las víctimas con base incluso en los reportes forenses, la mayoría de afectados han sido las comunidades indígenas –con 23 líderes asesinados, confirmados –. Le siguen las organizaciones campesinas, con 20 líderes asesinados y las Juntas de Acción Comunal, con 17 casos.
Ellos, como lo dice el informe, han denunciado amenazas constantemente y agresiones “por parte de actores vinculados al narcotráfico”, pues su trabajo como líderes amenaza “los intereses de estos actores”. Además, entre 2016 y el primer semestre de 2017, los investigadores lograron “comprobar la responsabilidad de grupos ‘narcoparamilitares’ en el 24,75% de los casos”.
Al ministro hay que decirle entonces que una cosa es ‘meterse en peleas’ por rentas ilícitas y otra muy diferente y trágica, ser víctimas de estas rentas.
2. “Uno de cada dos asesinatos tiene una explicación judicial, no hay detrás una organización”
El ministro nos debe la explicación judicial. Si no existe una organización detrás de los asesinatos ¿por qué la misma Policía nos respondió que han realizado 80 consejos de seguridad para proteger a los líderes sociales de posibles organizaciones armadas? Al ministro también sería bueno darle una píldora para la memoria. En octubre pasado, el caso de José Jair Cortés en Tumaco develó la fragilidad del gobierno a la hora de proteger a los líderes sociales. De hecho, fue el mismo Luis Carlos Villegas quien dijo que era “altamente probable” que detrás del asesinato estuvieran las disidencias de las Farc. Entonces habría que preguntarle al ministro: ¿No cuentan como organización interesada en atacar a los líder sociales?
También resulta paradójico que Villegas no tenga en cuenta los hallazgos del Cuerpo Élite de la Policía, organismo que priorizó a los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, Nariño y Norte de Santander por los asesinatos de líderes sociales. El sentido de esta priorización obedece a que son las regiones con mayor presencia de organizaciones financiadas a partir de las rentas ilegales y en las que, al menos en teoría, los líderes necesitan más protección.
3. “No hay un patrón sistemático”
No resulta novedoso que el ministro niegue que exista una “sistematicidad” en el asesinato de líderes sociales pues, según él, no existe un grupo dedicado al exterminio de los líderes sociales. En eso puede tener razón. Sin embargo, lo que no está teniendo en cuenta es que la sistematicidad también se puede establecer cuando se repiten patrones en los perfiles de las víctimas y en la región en la que se desempeñan. El mismo Cuerpo Élite de la Policía, por citar otro ejemplo, encontró que uno de cada cuatro asesinatos se registra en Cauca.
En este sentido sí tenemos información relevante. Como lo mostramos en nuestro mapa interactivo de los asesinatos, los representantes de juntas o acciones comunales son los más afectados. Después les siguen los líderes indígenas, los líderes de Marcha Patriótica, los líderes de sustitución de cultivos y los reclamantes de tierras. ¿Qué tienen en común todos estos grupos? Le ayudamos al ministro con la respuesta: la consolidación del proceso de paz depende de que los planes estipulados para ellos se cumplan.
