Acabar con la JEP, no respetar el debido proceso a los exintegrantes de las Farc y dejar la implementación en el aire podría, en efecto, hacer trizas lo que se pactó con la guerrilla.
“Se están tirando la paz. Así, en castellano. Sin hipocresía. Se están tirando la paz”. Estas fueron las palabras desesperadas de Humberto de la Calle, el candidato presidencial por el Partido Liberal, después de conocer la noticia sobre una investigación en contra de Iván Márquez, de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), por un supuesto caso de narcotráfico.
Las declaraciones de Humberto de la Calle han generado una serie de reacciones opuestas. Por un lado está el uribismo, argumentando que tanto Jesús Santrich como Iván Márquez deben ser juzgados. Por otro está De la Calle, sus seguidores y los colectivos que defienden que a los excomandantes se les garantice el debido proceso y que pasen por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
De acuerdo con un artículo publicado por el diario The Wall Street Journal, de Estados Unidos, “un poderoso excomandante de Farc” está siendo investigado “por supuestamente conspirar para traficar cocaína hacia Estados Unidos”. El excomandante sería Iván Márquez, quien según el medio de comunicación aparecería en un video hablando con un narcotraficante. A través de su cuenta de Twitter, Márquez señaló que “detrás de todo está el fiscal Néstor Humberto Martínez, quien es un tipo definitivamente dañado. Está utilizando refritos para hundir la esperanza de paz”.
Detrás de todo está el Fiscal General Néstor Humberto Martínez que es un tipo definitivamente dañado. Está utilizando refritos para hundir la esperanza de paz
— Iván Márquez (@IvanMarquezFARC) 29 de abril de 2018
Por el momento, la única información sobre los supuestos nexos de Márquez con el narcotráfico es la que tiene el diario estadounidense, el cual asegura que altas fuentes de inteligencia les otorgaron la información. Por parte de la Fiscalía colombiana el mensaje ha sido claro: no hay ninguna investigación por narcotráfico contra Márquez después de la firma del Acuerdo de Paz. Un caso contrario al de Jesús Santrich, quien fue capturado el pasado 9 de abril y que, tras una huelga de hambre de dos semanas, permanece hospitalizado en el Hospital El Tunal.
El gobierno, según De la Calle, debe ser cauteloso a la hora de tomar medidas: “No puede haber impunidad para los miembros de las Farc, cualquiera sea su rango. Pero dados los intereses de seguridad nacional, creo que es la justicia colombiana la que debe examinar a fondo las pruebas. El análisis formal propio de la extradición no es lo que conviene. Los colombianos necesitamos conocer, evaluar y juzgar a fondo las acusaciones. Y si son culpables, deben brindar verdad aquí y ser castigados aquí por sus delitos y porque de ser ciertos los hechos, han traicionado a Colombia. Sus víctimas tienen derecho a conocer la verdad, que no queden a la deriva como ocurrió con las víctimas de los paramilitares extraditados”.
¿Qué tan viable es que, en efecto, unos sectores se estén ‘tirando la paz? A continuación les presentamos tres escenarios que, en efecto, podrían en peligro la implementación del Acuerdo de Paz.
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No respetar el debido proceso y ceder ante un juicio mediático
El lunes 9 de abril fue capturado Jesús Santrich, líder de las Farc, en su casa, al occidente de Bogotá. La Fiscalía lo trasladó al búnker después de que la Interpol emitiera una circula roja en su contra por el delito de narcotráfico. Esta circular surgió de una acusación que emitió la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York el pasado 4 de abril por un presunto “acuerdo para exportar 10 toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos”. Según el fiscal Néstor Humberto Martínez, el envío de cocaína habría sido convenido por un valor de 15 millones de dólares en diferentes reuniones entre junio de 2017 y abril de 2018.
Según Santrich, la Fiscalía lo capturó de manera ilegal y su caso debe pasar por la JEP antes de que la Corte Suprema de Justicia defina una extradición.
De acuerdo con el acto legislativo 01 de 2017, el cual incluye un artículo transitorio en la Constitución, la solicitud de extradición puede proceder si se comprueba que el excombatiente cometió delitos después de la firma del Acuerdo de Paz (24 de noviembre de 2016). Según la información de la Fiscalía, Santrich habría negociado con narcotraficantes desde junio de 2017, por lo cual sí podría proceder la extradición. Sin embargo, tal como quedó estipulado en el Acuerdo de Paz, el Tribunal de Paz de la JEP debe comprobar que, en efecto, Santrich cometió los delitos después de la firma del Acuerdo. La JEP tiene 120 días para tomar una decisión al respecto.
Lo mismo debería suceder con Iván Márquez, en caso de comprobarse que cometió delitos relacionados con narcotráfico. Extraditarlos sin permitir el debido proceso generaría una desconfianza en los excombatientes de las Farc que, a través de la JEP, buscan amnistías tras contar toda la verdad. La justicia transicional perdería fuerza, debilitando la columna vertebral del Acuerdo de Paz: la JEP. Sin la JEP, más de 8 millones de víctimas se quedarían sin conocer la verdad sobre los crímenes durante el conflicto armado, lo que desencadenaría en un incumplimiento en el punto de víctimas. Y un último efecto: según InSight Crime , las Farc contarían con por lo menos 11.000 milicianos que podrían rearmarse y que hoy se conocen como “las Farc ocultas”.
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No cumplir con la implementación del Acuerdo
El presidente Juan Manuel Santos lo aceptó este domingo: “Nadie dijo que la implementación de la paz iba a ser fácil. No vamos a permitir que nadie se la tire. En los momentos difíciles es cuando más hay que perseverar”. Como lo hemos contado en ¡Pacifista!, puntos como la sustitución de cultivos de uso ilícito o la reincorporación de excombatientes están en una fase crítica.
En el punto de sustitución, 54.000 familias de 180.000 aceptaron cambiar los cultivos de uso ilícito por otros tipos de cultivos. Sin embargo, por problemas de infraestructura, ejecución y recursos, todavía no hay certezas de que la estrategia resulte exitosa en el transcurso del año. En materia de reincorporación, la cifra de 40 excombatientes asesinados después de la desmovilización refleja la ausencia de una estrategia de protección en zonas donde están creciendo las disidencias, como Caquetá y Nariño.
La Reforma Rural tampoco despega, en parte porque varios de sus puntos quedaron estancados en el Congreso y, por otro lado, porque el Gobierno no ha cumplido con las fechas para poner en marcha los Planes de Desarrollo Territorial (PDET), de los que depende el futuro agrícola de 16 subregiones con altos índices de conflicto.
En el punto de justicia el panorama tampoco es alentador. Tan solo 79 días después de comenzar a funcionar, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) fue objeto de críticas por diferentes desordenes administrativos que desencadenaron en la renuncia del secretario jurídico, Néstor Raúl Correa, quien sostiene una discusión con la presidenta de la JEP, Patricia Linares, quien asegura que los líos administrativos de la JEP fueron culpa de Correa. Al final, la credibilidad de los magistrados encargados de juzgar a los excombatientes de las Farc fue la más afectada.
Como lo dijo Martha Maya Calle integrante del Instituto para las Transiciones Integrales (IFIT) en su columna para La Silla Vacía: “Si se acaba la JEP, es posible que, por los tiempos que se tarda una reforma constitucional en ser aprobada en el Congreso, tengamos que esperar por lo menos un año para saber quién juzgará los crímenes cometidos durante el conflicto (…) Acabar con la JEP representa un incumplimiento del Acuerdo Final. Da a entender que esta era una política de Gobierno y no de Estado y que la facultad del presidente de suscribir e implementar acuerdos de paz tiene la misma duración que su periodo. Un nuevo gobierno que decida acabar con este tribunal enviaría un mensaje que puede actuar en su contra. Los riesgos de que los exguerrilleros se devuelvan al monte y de que tenga que renegociar con la confianza y la credibilidad resquebrajadas, son enormes”.
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Permitir que las disidencias se fortalezcan
Uno de los peores episodios que ha vivido el país en lo corrido del año ocurrió apenas hace 15 días: Wálter Artízala, alias ‘Guacho’, disidente de las Farc en Nariño, ordenó el asesinato a sangre fría de tres periodistas ecuatorianos. Cuatro días después de asesinarlos, ‘Guacho’ secuestró a dos civiles ecuatorianos, intentando negociar con los gobiernos para que detuviera las operaciones militares. Aunque el presidente Lenin Moreno y su homólogo, Juan Manuel Santos, aseguraron que Guacho caería pronto, lo cierto es que han pasado 15 días y la disidencia en la frontera sigue operando. Ese episodio develó la fragilidad del gobierno, el cual, como lo señalaron varios expertos militares, llegó tarde a la frontera con Ecuador, estratégica para los narcotraficantes.
Tampoco se han visto avances en el combate contra las disidencias de Gentil Duarte en Guaviare, la cual cuenta, según información militar, con cerca de 500 militantes. Por otro lado, en Ituango, Antioquia, las disidencias de los frentes 18 y 36 se disputan el territorio con el Clan del Golfo, sin ninguna intervención del Estado para proteger a los habitantes. En menos de un año, como lo reveló el más reciente informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), las disidencias de las Farc crecieron sin problema y ya alcanzan 1.200 integrantes que operan en Vaupés, Meta, Caquetá, Nariño, Putumayo, Arauca, Antioquia y Guainía.
