En Colombia se comete y se oculta de manera sistemática. Esa ha sido la conclusión de la Organización Mundial contra la Tortura en sus visitas al país. Aquí, al parecer, se pasa por alto y se acepta este delito como una consecuencia normal de otras violaciones.
En Colombia se comete y se oculta la tortura de manera sistemática. Esa ha sido la conclusión de la Organización Mundial contra la Tortura en sus últimas visitas al país. Aquí, al parecer, en muchos casos la tortura se esconde, se pasa por alto, se acepta como una consecuencia normal de otras violaciones. ¿A qué se debe?
Lo primero es definir qué es tortura. Para el derecho internacional, en una norma contenida en la Convención de la ONU, este delito ocurre cuando una persona inflige a otra deliberadamente dolor o sufrimiento para obtener información, castigar, intimidar o coaccionar. Según esta definición, el concepto se extiende a los tratos crueles, inhumanos o degradantes.
El Código Penal colombiano recoge los términos del derecho internacional, pero amplía la norma en tanto no se limita a la participación estatal: es decir que los particulares también pueden ser torturadores. Sin embargo, peca al no incluir los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Estos suelen ser investigados únicamente como lesiones personales, en el caso de maltratos físicos, y no hay un tipo penal que se ajuste a los maltratos psicológicos que no son tortura.
Según cifras de la Coalición Colombiana contra la Tortura, entre 2001 y 2009 hubo por lo menos 1834 víctimas de este delito. Entre ellas, 422 quedaron vivas, 264 fueron víctimas de tortura psicológica y 1148 fueron asesinadas. Aunque en Colombia no es necesaria la participación de un agente estatal para que exista tortura, en el 91% de los casos hubo acción, omisión o consentimiento de su parte. El 9% restante se atribuye a grupos rebeldes.
Las cifras podrían ser mucho mayores, pero la Coalición Colombiana contra la Tortura hace énfasis en que el temor y el alto riesgo de retaliación hacen que la mayoría de los casos no sean denunciados. Además, el delito se invisibiliza porque existe el imaginario de que la tortura es exclusiva de dictaduras, que se limita a calabozos, mordazas y látigos.
Hay casos de tortura más cerca de lo que la gente cree, pero algunos son más fáciles de identificar que otros. Un caso claro de tortura, por ejemplo, son las llamadas “casas de pique”: inmuebles específicamente destinados para desmembrar personas. Hace poco se conoció la historia de Tatiana Parra, una joven que fue llevada a una casa de pique por miembros del Clan Úsuga: allí la golpearon, la ultrajaron, la ahorcaron y la desmembraron. La historia es tan macabra que nadie duda que allí hubo tortura.
Un caso más difícil de identificar pero igualmente grave es el de la periodista Claudia Julieta Duque. En 2001, Claudia investigaba la participación de agentes del DAS en el asesinato de Jaime Garzón. El 23 de julio de ese año fue secuestrada en un taxi, tras la fachada de un paseo millonario, pero durante el recorrido los supuestos ladrones le dijeron que eso le pasaba por querer desenterrar a los muertos. La amenaza se volvió más aterradora cuando Claudia descubrió que una de las placas de los taxis estaba vinculada al DAS.
Decidió irse del país, pero regresó en 2002. Los hostigamientos no pararon y se agudizaron en 2003, cuando empezaron las llamadas, los seguimientos, las amenazas. Todo de manera sistemática. Después de varios años de investigación a la par del miedo, Claudia encontró entre los archivos de su caso un documento incautado al DAS: era un manual, un memorando que indicaba exactamente cómo intimidarla. El documento tenía su nombre y el de su hija.
Durante los años del proceso de Claudia Julieta hubo un sector de la opinión pública que desestimó sus denuncias. Pero después de un tiempo, después de una intensa lucha que ella misma encabezó, la justicia le dio la razón y se abrió un proceso por tortura psicológica contra José Miguel Narváez, Gian Carlo Auque y Enrique Alberto Ariza, tres exfuncionarios del DAS.
El de Claudia Julieta Duque es un caso que, aunque por momentos se reducía al rótulo de “amenaza”, terminó siendo reconocido como tortura. Pero hay casos que denuncian la Coalición Colombiana y la Organización Mundial contra la Tortura que están lejos de ser reconocidos abiertamente como delitos de esta naturaleza.
En un informe presentado por la Coalición, se dedica un apartado completo, por ejemplo, a la situación en las cárceles del país. El informe dice que, además del hacinamiento, las modalidades de tortura más usadas en centros penitenciarios siguen siendo las palizas, el uso de gases lacrimógenos y las requisas denigrantes.
Además del de las cárceles, que suele desestimarse porque se consideran medidas inherentes a un castigo legal, la Organización Mundial contra la Tortura estudia otros casos que normalmente no son reconocidos pero que podrían incurrir en este delito: la esterilización forzada, el desplazamiento, las desapariciones y las redadas ilegales del Ejército, son algunos ejemplos.
A pesar de las amplias denuncias por parte de distintos organismos, y de la gran cantidad de casos que pueden estar ocurriendo diariamente, la tortura se invisibiliza porque se subsume dentro de otros delitos “mayores” como la desaparición forzada, el secuestro o las ejecuciones extrajudiciales, o se reduce a delitos “menores” como amenazas, lesiones personales y abuso de autoridad. Mientras tanto, las organizaciones siguen presionando a un Estado que hasta el momento sigue siendo el principal protagonista en casos de tortura.
