¡Pacifista! conoció los avances de un acuerdo de convivencia entre comunidades y actores armados que se construyó durante los últimos meses y está a punto de ratificarse en un corregimiento de El Bagre, Antioquia.
Hace un año y medio cerca de cinco mil personas de 19 veredas, guerrilla y bandas criminales iniciaron un “proceso de paz” que está por llegar a un acuerdo definitivo. No fueron a La Habana (Cuba). Los líderes del corregimiento de Puerto López, a una hora de la cabecera del municipio de El Bagre, Bajo Cauca antioqueño, construyeron un documento en conjunto con las comunidades para lograr un acuerdo de convivencia con los actores armados de la zona.
A partir del próximo viernes 7 de agosto ratificarán el que será uno de los primeros pactos de no interferencia y de respeto a las comunidades impulsado por la población civil para defender del conflicto a su gente y su territorio. La diferencia, esta vez, es que negociaron los puntos de su propia agenda con los actores armados y protocolizarán el pacto al mejor estilo de un proceso de paz.
“Vamos a firmar un acuerdo para insistir en que se debe respetar la vida, la autonomía de las organizaciones comunitarias y se deben defender los derechos humanos consagrados en la Constitución Política”, explica Manuel Tovar, profesor e integrante del Colectivo de Comunicaciones por el Derecho a la Tierra de El Bagre.
La iniciativa empezó a raíz de los muertos y las amenazas de los últimos meses. Muchos de esos casos han tocado de forma directa a las comunidades y alertaron a los líderes por la posibilidad de una nueva oleada violenta de dimensiones similares a la que enfrentaron durante la década anterior.
“Han estado asesinando personas que no tiene que ver con cultivos ilícitos ni con grupos al margen de la ley -dice Tovar-. Hemos notado que no hay garantías para la vida en este territorio y tememos que el conflicto se vuelva a disparar como en el 2000, cuando mataban personas y nadie decía nada. En esa época todos terminamos amenazados y sometidos”.
Fue esa la señal de alerta para que decidieran iniciar una movilización silenciosa. Tomaron como ejemplo la experiencia de Villahermosa, una de esas 19 veredas que, con el acompañamiento de la Gobernación de Antioquia, construyó su propio pacto de convivencia en un trabajo que se extendió durante todo el primer semestre del año.
Con base en ese ejemplo, confiaron en que un pacto similar podría funcionar para enfrentar el aumento de las intimidaciones y los asesinatos. Pusieron por escrito sus condiciones y designaron comisiones que asumieron la tarea de reunirse con la guerrilla del ELN, el frente 36 de las Farc y las bandas criminales.
El documento contempla 8 puntos:
- Ningún grupo armado podrá quitarle la vida a cualquier persona de la comunidad ya sea culpable o inocente.
- Ninguna persona o grupo armado podrá expender o consumir sustancias alucinógenas dentro del territorio.
- Ninguna persona o grupo armado podrá prohibir la libre movilidad de las comunidades.
- Toda persona que viole sexualmente o se compruebe que ha cometido un acto sexual abusivo contra un miembro de la comunidad será entregado por la comunidad a las autoridades competentes.
- Exigimos respeto a las decisiones de las comunidades en temas como:
- Sanción de peleas.
- Robos.
- Calumnias, injurias y chismes callejeros.
- Comportamientos inmorales que busquen provocación y desprestigio en nuestros jóvenes.
- Otros que se presenten en el vivir cotidiano de nuestras comunidades y que puedan ser de la competencia de las organizaciones sociales de nuestro territorio.
- Ningún grupo armado se debe oponer a que la comunidad auxilie heridos y le dé cristiana sepultura a sus muertos.
- Exigimos respeto hacia las instituciones civiles, las organizaciones comunitarias y derechos humanos, el respeto de la libre organización y el respeto a la vida de los líderes comunitarios.
- Para una sana convivencia, la seguridad y la paz, exigimos no más minas antipersonal y no más reclutamientos forzados.
Así se disputa el control de la Serranía
Puerto López está ubicado en la Serranía de San Lucas y ha estado en medio de la confrontación entre paramilitares, guerrillas y Fuerza Pública por el control de una conexión estratégica entre los departamentos de Antioquia y Bolívar. Los cultivos ilícitos y las actividades extractivas han hecho coincidir diversas expresiones violentas en la zona.
Justo en ese corregimiento, por ejemplo, fue donde a finales de los 90 se ubicó el principal centro de operaciones de un puñado de paramilitares a cargo de Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco”. Más tarde, ese grupo se convertiría en el Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia.
Hoy se habla de una alianza estratégica entre las Farc y la banda criminal de Los Urabeños para el cultivo y el procesamiento de coca. En realidad, más que un acuerdo, se trata de un sometimiento consentido de las bandas criminales al control territorial que ejerce la guerrilla.
El ELN, por su parte, ha mantenido la postura de no pactar alianzas con las bandas criminales y a eso se debe que la mayoría de los enfrentamientos violentos en la zona involucren a esos dos actores.
“En Puerto López son muy poquitos los paramilitares y todos están en la cabecera. La guerrilla lo que ha dicho es que les permite hacer presencia. Hay un acuerdo de operaciones y las Farc los deja comprar la coca en ciertos puntos. Los elenos, en cambio, no han hecho acuerdos con los paracos y si se encuentran se dan candela”, dice una habitante del corregimiento.
Es en ese contexto, y en medio de lo que Tovar califica como un nuevo auge de los cultivos ilícitos, que los habitantes de Puerto López decidieron trabajar en los pactos de convivencia. “Cuando nosotros declaramos esa urgencia por lo que estaba pasando los grupos llamaron a los líderes y se preocuparon mucho porque no entendían como era la dinámica del acuerdo. Les explicamos, nos sentamos con ellos y manifestaron que van a firmar y a respetar la vida de la gente de las comunidades”, dice el líder.
Eso será lo que ocurra a partir del próximo viernes. Ese día los campesinos marcharán por el respeto a la vida y será la hora cero de un periodo de 15 días en que nuevamente se acercarán a los grupos armados para firmar los acuerdos que ya fueron negociados.
“La gente de las Farc lo que dijo es que ellos están de acuerdo en que se respeten los puntos que dice la comunidad. Nos quisieron poner una condición: que si una persona se metía en ilícitos ellos podían hacer justicia. Nosotros dijimos que no y lo que negociamos es que si eso sucede los guerrilleros deben notificarles a las autoridades locales la situación”.
En el caso de los “los paramilitares”, como llaman en el corregimiento a los integrantes de bandas criminales, el compromiso consiste en no involucrar a la comunidad en sus actividades, pues a ellos atribuyen, entre otros fenómenos, el expendio de drogas y la prostitución.
El acercamiento con el ELN aún está pendiente. “Ellos son más esquivos, se les han puesto las condiciones, pero no han definido una fecha para el encuentro, se les envió la información de que el 7 es la manifestación y la primera firma del pacto y que tienen 15 días más para que se acojan. Son pocos, pero son un poco más conservadores, más rígidos”, dice Tovar.
Igualmente se involucrará en el proceso a la Fuerza Pública. Los habitantes del corregimiento ya delegaron una comisión que tiene a su cargo poner los puntos del pacto en conocimiento del Ejército y la Policía con el objetivo de que también se sumen a los acuerdos.
Y lo que corresponde a la comunidad
“La idea es reconocernos todos como un solo territorio diverso. Somos indígenas, negritudes y campesinos los que habitamos en este espacio. Gran parte de los guerrilleros que hoy están causando muertes son personas de acá. Podemos convivir en paz, sin necesidad de estar matando y amenazando”, dice Manuel Tovar.
Pero a ese discurso se suma la responsabilidad de las comunidades. El mayor reto, según el líder, es liberar a Puerto López y a buena parte de la Serranía del impacto que tienen los cultivos ilícitos.
“Se perdió toda la autoridad local que había por haber aceptado la economía de la coca. Si la gente sigue con eso retrocederíamos en todo lo que hicimos. Por eso el compromiso de la comunidad es que no habrá más cultivos ilícitos en Puerto López. Ahí va a haber una crisis para los grupos porque la mano de obra ya no va a estar vinculada a ese tema. Fue uno de los puntos más difíciles pero lo aceptaron”, cuenta Tovar.
Para hacer seguimiento a los acuerdos y en particular al tema de drogas, las comunidades ya pidieron acompañamiento de la ONU y esperan que su experiencia pueda convertirse en un ejemplo, de menores dimensiones, pero que aporte en algo a lo que ocurre en Cuba entre el Gobierno y las Farc.
“Es que incluso lo que dijeron los del frente 36 –dice Manuel- es que ellos están tratando de firmar en La Habana una cosa similar a esta, sino que es muy macro, para todo el país. Entonces por eso es que están dispuestos a acordar con nosotros este pacto de convivencia. Lo ven como un modelo muy pertinente”.
