El Gobierno y las Farc firmaron el acuerdo definitivo para ponerle fin a más de 50 años de confrontación armada. El plebiscito será el 2 de octubre.
- Humberto de la Calle e “Iván Márquez” firmaron el documento que implica la terminación del proceso de negociación. Foto OACP
“El Gobierno de la República de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, hemos acordado: suscribir el presente Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, cuya ejecución pondrá fin de manera definitiva a un conflicto armado de más de 50 años”.
Ese aparte del comunicado leído este miércoles 24 de agosto en La Habana es el testimonio de un momento que desde ya tiene un lugar destacado en la historia de Colombia. Luego de 52 años de guerra y de cuatro de negociación, el Estado colombiano y las Farc lograron un acuerdo para la terminación del conflicto armado.
Los jefes negociadores del Gobierno y las Farc, Humberto de la Calle y alias “Iván Márquez”, firmaron siete copias del documento que incluye los acuerdos sobre los seis puntos de la agenda de negociación que empezó a discutirse en 2012. Ahora, ese texto tendrá que ser aprobado o negado por los colombianos en el plebiscito que se desarrollará el próximo 2 de octubre, según anunció el presidente Juan Manuel Santos.
En el comunicado, leído por los delegados de los países garantes, Cuba y Noruega, las partes explicaron que, si bien se trata de un acuerdo compuesto por varios acuerdos, los textos definitivos “constituyen un todo indisoluble, porque están permeados por un mismo enfoque de derechos, para que las medidas aquí acordadas contribuyan a la materialización de los derechos constitucionales de los colombianos”.
Sobre ese punto, explicaron que ese enfoque territorial supone reconocer las necesidades, características y particularidades de las comunidades en todas las regiones del país. Insistieron en que ahora la implementación de los acuerdos será en los territorios y con la participación activa de la sociedad.
Por otra parte, destacaron asuntos de cada uno de los puntos de la negociación. Sobre el agro, dijeron que el Fondo de Tierras, que servirá como insumo para distribuir propiedades rurales a campesinos sin tierra o con tierras insuficientes, “se alimentará de las tierras ilegalmente adquiridas mediante la aplicación vigorosa de los mecanismos establecidos en la Constitución y en la ley”. Agrega en su explicación que “la inmensa mayoría de los habitantes del campo nada tiene que temer”.
Sobre el punto de participación política, aseguraron que la apertura democrática permitirá que “surjan nuevas fuerzas en el escenario político para enriquecer el debate y la deliberación alrededor de los grandes problemas nacionales (…) con las debidas garantías para la participación y la inclusión política”. Destacaron, además, que ese proceso representará el fin de la combinación entre armas y política.
La especulación sobre el número de curules que se asignarían a las Farc en el Congreso se zanjó de las siguiente forma: el partido político que surja después de la desmovilización de la guerrilla irá a elecciones en 2018. Para esa colectividad se garantiza una participación mínima de cinco senadores y cinco representantes a la Cámara en ese periodo y en el siguiente. Así las cosas, si su votos no son suficientes para llegar a ese número, las curules se asignarán de forma directa sin superar esos cupos en ambos órganos legislativos.
Por otra parte, se anunció que serán 16 las curules para las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, de forma que en las regiones más golpeadas por el conflicto sus habitantes puedan elegir representantes a la Cámara durante la fase de transición y de manera temporal.
En cuanto al cese al fuego y la dejación de armas, la declaración plantea que ese proceso implica “la terminación definitiva de las acciones ofensivas entre la Fuerza Pública y las FARC-EP, y en general de las hostilidades y cualquier acción prevista en las reglas que rigen el Cese, incluyendo la afectación a la población, y de esa manera crear las condiciones para el inicio de la implementación del Acuerdo Final”.
A su vez, destacan los pasos hacia la reincoporación a la vida civil de los combatientes guerrilleros en lo social, lo económico y lo político. De acuerdo con los documentos explicativos del Gobierno, se garantizará “atención a los derechos de cada excombatiente en salud, acompañamiento psicosocial, educación y reunificación de núcleos familiares”. Además, habrá “apoyos económicos excepcionales y transitorios para la estabilización económica de estas personas” y, finalmente, se crearán “apoyos para la construcción de iniciativas de carácter individual y asociativo”.
- Foto OACP
Sobre el punto de drogas ilícitas, el comunicado asegura que los acuerdos incluyen “una nueva visión” que ofrecerá un tratamiento “distinto y diferenciado al fenómeno del consumo, al problema de los cultivos de uso ilícito, y a la criminalidad organizada asociada al narcotráfico, asegurando un enfoque general de derechos humanos y salud pública, diferenciado y de género”.
En quinto lugar se encuentra el punto de víctimas, a la vez uno de los centrales y también de los más polémicos por incluir el tema de justicia. El comunicado destaca la creación del Sistema Especial de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que incluye mecanismos judiciales para la investigación y sanción de los delitos graves y otros mecanismos no judiciales para el esclarecimiento de la verdad.
Finalmente, sobre el sexto punto, que abordó la implementación, verificación y refrendación, el Gobierno y las Farc destacaron algo que a su vez es novedad: la creación de una Comisión de implementación, seguimiento y verificación del Acuerdo Final de Paz y de resolución de diferencias que tendrá a su cargo “hacer seguimiento a los componentes del Acuerdo y verificar su cumplimiento, servir de instancia para la resolución de diferencias, y el impulso y seguimiento a la implementación legislativa”.
Además, habrá un órgano de verificación del acuerdo que contará con un componente internacional. Su tarea, según el Gobierno, será “comprobar su estado y avances, identificar retrasos o deficiencias y fortalecer su implementación”. De igual forma, las partes solicitarán una misión política de la ONU puntualmente para verificar la implementación de medidas de protección y seguridad personal y colectiva de los excombatientes guerrilleros.
