REPORTAJE | En el municipio de Puerto Gaitán, en la Altillanuta colombiana, se han cruzado históricamente intereses económicos y militares que complican los procesos de restitución de tierras. Las veredas El Porvenir y Matarratón son muestra de ello.
Este contenido hace parte de una alianza entre Pacifista! y el Semillero de Investigación Formalización de los Derechos de Propiedad Agraria de la Universidad Javeriana.
Por: Laura Ramírez y Lina María Ortega*
Consiguió la impunidad por la enorme protección política que tenía y el temor que infundían sus frías y despiadadas órdenes.
María Teresa Ronderos
Fueron aproximadamente cuatro horas de viaje desde el municipio de Puerto Gaitán (Meta) hasta las veredas de El Porvenir y Matarratón. Fue un viaje largo y agotador. En el camino, nos encontramos con una pequeña inspección para descansar y “tanquear”. El paisaje del camino variaba. En algunas zonas la tierra era seca y rojiza, parecía arena. Estas zonas están habitadas de forma fragmentada por comunidades indígenas pertenecientes a los Pueblos Kubeo Sikuani, Piapoco y Sáliba; comunidades perseguidas y violentadas durante años, principalmente durante la época de colonización y bonanza de la Altillanura. En otras zonas, alcanzamos a ver en el horizonte hectáreas de árboles que parecían pequeñas islas verdes en medio de un terreno despoblado y, antes de llegar a nuestro destino, nos impactó el extenso paisaje de palma de aceite sembrado en ambos lados del camino.
Llegamos a El Porvenir y Matarratón, dos veredas del Municipio de Puerto Gaitán que solían ser una sola, pero por influencia de proyectos petroleros se dividieron hace unos diez años. Estas veredas están a pocos metros del imponente río Meta. Sin embargo, durante nuestra visita estuvo seco y pedregoso, ya que la región se encontraba en época de sequía. En la entrada de las veredas logramos visualizar el coliseo y el centro de cultura de El Porvenir, las casas eran de un solo piso y los niños jugaban tranquilamente. No deja de ser curioso que estas veredas lejanas y descuidadas por el Estado, sean parte de una región que el gobierno tanto ha promocionado como centro de desarrollo económico: la Altillanura.
La historia de El Porvenir y Matarratón está marcada por la violencia y el latifundismo. En estas veredas el conflicto por la tierra se ha caracterizado por el uso de la seguridad privada para mantener la tenencia de este recurso. La colonización fue tardía, la gente llegó huyendo de la violencia de los años cincuenta y sesenta, y desde entonces la presencia estatal ha sido reducida, lo que ha permitido que distintos actores entren a ejercer control e imponerse por la fuerza.
El protagonista en la región fue Víctor Carranza, quien desde los años ochenta llegó a El Porvenir y adquirió de la viuda de Víctor Machado la tenencia del predio Hato Cabiona. Hasta el día de hoy la descendencia de Carranza tiene el control del predio, y sin importar que formalmente estas tierras pertenezcan al Estado, el poder de este terrateniente ha ido más allá de tener un título de propiedad.
Tras la llegada de Carranza, diversos grupos de seguridad privada relacionados directamente con el hacendado generaron terror entre los habitantes. El primer grupo en aparecer fue el de los Masetos, luego se conformaron Los Carranceros, que tenían como referente los grupos de autodefensas creados en el Magdalena Medio, específicamente en Puerto Boyacá y la Casa Castaño. En 1994 se transformaron en las Autodefensas de Meta y Vichada (AMV) lideradas por José Baldomero Linares.
Carranza a través de la economía esmeraldera logró posicionarse socialmente, además de involucrarse en el escenario de la política para establecer relaciones estrechas con algunas figuras. Y después de adquirir el poder económico y social suficiente durante las guerras verdes, Carranza trasladó a través de la adquisición de tierras para aumentar su capital, el modelo de seguridad privada de Henry Pérez en Puerto Boyacá y los conflictos territoriales de la economía esmeraldera a la región de la Altillanura, para formar grupos que se convertirían en la década de los noventa en paramilitares.
Las AMV se originaron en la vereda El Porvenir y allí ubicaron su centro de operaciones y entrenamiento paramilitar. Pasaron de ejecutar un accionar sicarial a desarrollar una organización más estructurada y con jerarquías. Las AMV se desmovilizaron en 2005, pero surgieron una y otra vez nuevos grupos. En la región los exparamilitares del Bloque Centauros, liderados por alias Cuchillo, conformaron El Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia (ERPAC). Tras la muerte de Cuchillo en 2010, el ERPAC se desmovilizó, pero exmiembros de este grupo volvieron a conformar en 2012 una banda criminal nombrada Los Cuchillos.
A pesar de las investigaciones en contra de Carranza, algunas relacionadas con delitos como secuestro y conformación de grupos paramilitares en los Llanos Orientales y la Costa Atlántica, la justicia colombiana no presentó pruebas que evidenciaran su relación con este tipo de grupos. Carranza logró establecer “buenas” relaciones con algunas personas que trabajaban en las cortes y en la Fiscalía General de la Nación, y buscó conformar un equipo defensor compuesto por dos exmagistrados y un magistrado de la Corte Suprema de Justicia que lo acompañara en el proceso. Al final, el zar de las esmeraldas consiguió la impunidad y se la llevó hasta la tumba.
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En la historia de El Porvenir y Matarratón se ha desatado -al igual que en muchos territorios de Colombia- una carrera para obtener los predios baldíos de la nación.
Después consolidar su poder en las veredas de El Porvenir y Matarratón, entre 1992 y 1996, Carranza logró que el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora) le adjudicara a 27 personas entre ellas trabajadores, escoltas y socios suyos, predios que alcanzaban una extensión de 25.000 hectáreas: estas personas eran testaferros o instrumentos de sus movimientos ilegales.
Así las tierras de Hato Cabiona, que debían ser destinadas a los campesinos, fueron entregadas a desconocidos, a personas que los vecinos de El Porvenir nunca habían visto; que nunca trabajaron allí ni ocuparon esas tierras.
En el año 2007, los 27 predios fueron englobados en cinco haciendas, registradas a nombre de cinco personas. Al final, y como tal vez era de esperarse, estas haciendas resultaron estar directamente relacionadas con la empresa ganadera La Cristalina, en cabeza de la viuda de Carranza, y la familia Beetar -una de las tantas familias esmeralderas que dominaron este mercado-.
Aproximadamente en el año 2011, los conflictos aumentaron en la vereda y los ocupantes históricos comenzaron a ser hostigados y violentados por personas relacionadas con la empresa ganadera, para que abandonaran sus predios. Esta situación tomó tanta visibilidad que algunos congresistas acompañaron las denuncias que estaba haciendo la comunidad sobre los hechos.
Algunas de las personas involucradas aceptaron la acumulación irregular de los baldíos, y en el año 2013 el Incoder revocó las 27 adjudicaciones. Hollman Carranza, hijo del terrateniente, entregó los predios al Estado Colombiano de forma simbólica, y en presencia del entonces presidente Juan Manuel Santos. La entrega tan solo quedó consignada en un acta, nunca se tomó posesión material de los predios y esto dio pie a invasiones y nuevas disputas por la tierra.
La única presencia material que identificamos por parte del Estado es una valla en la entrada de las veredas:
Los predios conocidos como Las Cocoras, Mi Llanura, El Pedregal, Hato Cabiona, El Rincón y Campo Hermoso son propiedad de la Nación y son administrados por la Agencia Nacional de Tierras.
NO SE VENDEN
NO SE ARRIENDAN
NO SE PERMUTAN
¡NO SE DEJE ENGAÑAR! DENUNCIE CUALQUIER INVASIÓN (…)
Estos predios, al ser baldíos, únicamente pueden ser adjudicados por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), bajo unos criterios puntuales. A pesar de que se han adelantado los procesos respectivos con la entidad, y que la Corte Constitucional por medio de la sentencia SU 426 de 2016 ordenó a la ANT tomar cartas sobre el asunto a favor de los ocupantes históricos de las veredas, no se han titulado las tierras a quienes sí tienen el derecho. En Colombia, del papel a las acciones reales y tangibles hay un largo camino.
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La diversidad de agentes e intereses relacionados con el uso y tenencia de la tierra ha sido uno de los grandes generadores de conflictos sociales, interétnicos y económicos en la región de la Altillanura: ¿Y quién en un país como Colombia no tendría intereses sobre este bien?
Existen tres actores importantes en los conflictos por la tierra en estos territorios: los ocupantes históricos, las comunidades indígenas y los “invasores” o “tierreros”. Estos últimos, según las y los habitantes con los que logramos dialogar, están relacionados de alguna forma con Víctor Carranza y su familia o fueron trabajadores directos al servicio de este terrateniente.
Los ocupantes históricos son personas que se asentaron en El Porvenir desde la década de los setenta, durante un periodo de colonización que se extendió en toda la Altillanura, estas personas lograron convivir con Carranza hasta que murió y se desató una nueva disputa por “sus tierras”.
Durante este proceso de colonización llegó uno de los rostros más representativos de la lucha por la tierra en estas veredas: una médica de profesión proveniente de Medellín. Ella tiene el conocimiento y la experiencia suficientes para contarnos lo que ha estado pasando en la región. Llegó hace 12 años al departamento del Meta en busca de “una tierra donde pudiera estar tranquila, donde pudiera cultivar”, adquirió la posesión de un predio y, desde entonces, decidió involucrarse y acompañar las demandas por el derecho a la tierra en la vereda:
—Me vine por amor
— ¿Por amor?
—Sí, por amor al campo.
También encontramos a la comunidad Kubeo-Sikuani, que volvió en 2015 para conformar el Asentamiento Indígena de El Porvenir, Meta (Aseinpome), el cual piden sea reconocido formalmente como resguardo.
Esta comunidad fue víctima de múltiples violaciones a los derechos humanos por parte de ganaderos, terratenientes, y algunos colonos durante la década de los setenta. Las Guahibiadas o Cuibiadas son muestra de ello: se trataba de prácticas violentas, relacionadas con la persecución y “cacería” de indígenas en la región. Más adelante, con la conformación de grupos armados ilegales como las AMV en Puerto Gaitán, y la búsqueda de control territorial de los grupos guerrilleros del frente 16 y 39 de las FARC-EP, fue desplazada de sus territorios ancestrales. Y ahora, a pesar del retorno a su territorio los hechos violentos en su contra continúan, esta vez de actores con un accionar fragmentado. Un accionar que tal vez responda a un interés personal por la tierra, o tal vez por un interés proveniente de grupos criminales, grupos armados, grupos violentos: De los “tierreros” como la comunidad los llama.
Los liderazgos femeninos son sorprendentes. Representando a la comunidad de Aseinpome, una mujer indígena joven nos narró algunos de los episodios de violencia que protagonizaron los tierreros, como aquella ocasión cuando entró uno de ellos armado al asentamiento y amenazó a la comunidad exigiéndoles que se fueran. Ella —cuyo nombre no podemos revelar, pues está recibiendo llamadas de amenazas—, nos indicó que sin importar los hostigamientos defendía a su comunidad. Es una mujer conocedora de las leyes que protegen a su gente y su derecho ancestral a la tierra, con orgullo nos dijo que las y los indígenas no son ingenuos.
Frente a esta situación, una de las lideresas presentes nos dijo:
—Han venido armados a sacarlos pero no les han propuesto negocio. ¡Ah sí! Sí les han propuesto pagarles quinientos millones, pero como históricamente el territorio es de ellos… ellos defienden el territorio como pueblos, como resguardo indígena. Entonces eso es lo que ellos quieren, trancar ese proceso —dijo.
—¿Y ustedes qué opinan? —les preguntamos a los representantes indígenas que se encontraban en la reunión.
—Son muchas vainas…”¡No, venga y lo compramos con esta panela!”, dicen. Entonces ellos pensarán que somos inocentes. Pero hoy en día el indígena no es así… no. Se ha destapado para que todo el mundo lo sepa. Nosotros no nos dejamos engañar, defendemos nuestro derecho ancestral.
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Los tierreros se han hecho conocer principalmente en ciudades capitales, como actores que usan el engaño y la ilegalidad para acceder al mercado inmobiliario o apropiarse de tierras. En Bogotá, por ejemplo, los tierreros se han dedicado a estafar a las familias más necesitadas con falsas promesas de vivienda. Han recurrido al saqueo, la invasión y al robo de tierras.
Quienes han sufrido estos engaños en la capital han sido principalmente víctimas de desplazamiento forzado. Los tierreros les ofrecen casas o predios a precios bajos, o les dicen que los van a ayudar a gestionar los trámites legales para obtener vivienda o un lote, pero sólo los engañan y se llevan sus ahorros.
Se ha señalado que los tierreros tienen una relación importante con el accionar de grupos paramilitares, en lugares como la localidad de Rafael Uribe Uribe, Altos de Cazucá y Altos de la Florida en Soacha, la actuación de los tierreros estuvo controlada por grupos armados ilegales para la creación de urbanizaciones informales y la venta ilegal de predios, además de atemorizar a la población para controlar las extorsiones, el expendio de drogas y las vacunas.
También se han identificado tierreros en Córdoba y Villavicencio. En Villavicencio actuaban dos grupos llamados Los Tierreros y el Bloque Meta que invadían terrenos, los delimitaban y vendían a personas humildes con documentos falsos.
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El actuar de los tierreros en zonas rurales como El Porvenir es aún peor, pues estos personajes se aprovechan de la desprotección que tiene la propiedad agraria y asumen estrategias correspondientes a los mecanismos de despojo que fueron utilizados por estructuras paramilitares, con la diferencia de que el tierrero no hace parte de una organización como tal y sus intereses son principalmente económicos.
Así fue nuestro encuentro con el tierrero más nombrado en la vereda. Acordamos reunirnos en el centro comercial Primavera Urbana en Villavicencio una tarde de febrero del 2019 para realizar una entrevista. Era un hombre de tez trigueña, estatura media y llevaba consigo un bastón de apoyo para caminar, aunque no era una persona de avanzada edad. La primera vez que hablamos con él, afirmó que era representante de una asociación conformada por víctimas de desplazamiento forzado, y se mostró entusiasmado en enviarnos documentación y hasta dialogar con nosotros sobre las disputas en torno a la tierra que se estaban dando en El Porvenir y Matarratón.
Sin embargo, sabíamos que nos íbamos a reunir con una persona que aparentemente estaba involucrada en invasiones de tierras y en algunos hechos violentos que estaban ocurriendo en las veredas en contra de las y los ocupantes históricos y la comunidad Kubeo-Sikuani. Una persona que, como nos contaron, ha estado usando el engaño para acceder a los baldíos de estas veredas, un lobo con piel de oveja.
Escuchamos primero su versión. Durante la entrevista notamos que estaba informado sobre el contexto del lugar. Manifestó que representaba a víctimas del conflicto armado, y campesinos y campesinas sin tierra que hace muchos años llevan asentados en El Porvenir y Matarratón. Además, demostró tener amplio conocimiento sobre las resoluciones y sentencias que hasta ahora existen sobre el caso, y sobre el contexto social y político que se ha desarrollado en torno a los conflictos por estas tierras.
En medio de un calor que adormecía el cuerpo, le preguntamos sobre su rol en la asociación que representa, y cómo llegó a ocupar esa posición:
—¿Usted cómo llegó a ser representante de víctimas?
—Yo he sido siempre líder. En Pacific Rubiales yo tenía un negocio, fui algo de la junta de allá. De ahí nació todo. Uno nace con eso, y hay muchas personas que no entienden el tema de cómo se hace una asociación y como se solicita, yo siempre voy a Bogotá porque en el departamento es como perder el tiempo.
—¿Por qué es perder el tiempo?
—Eso es solo papeles, y las tierras que hay las dejan para el alcalde, para el hijo del gobernador, y no sale de eso. Pero uno para hacerse notar tiene que ir allá arriba, al ministerio, a la Agencia Nacional y sin embargo es duro. Yo me he hecho notar en la Procuraduría, Fiscalía, hasta me ha tocado escribir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
También se mostró muy interesado por el desarrollo de proyectos productivos en el territorio. Nos comentó que ha estado buscando a través de la conformación de asociaciones como Asoyopo el apoyo por parte del Gobierno Nacional para desarrollar este tipo de iniciativas. De acuerdo con su versión, esta asociación al estar conformada por casi 225 familias vulnerables, es una oportunidad para que, a través del comodato, las familias puedan trabajar la tierra de alguna forma:
—¿Usted qué quiere, qué está buscando?
—¿Qué quiero yo? Tierras en comodato, prestadas, donde el campesino no la puede vender y más bien trabaje y produzca comida y que aparte de eso haya ganancias —dijo rascándose la nuca—. Que sirva para las familias, que no sea sólo sembrar una hectárea de yuca y ya. ¡No! Pensemos en grande, si son 10.000 hectáreas pues sembremos palma. Que sean 3.000 hectáreas de palma porque eso se puede, porque eso da la plata, porque en muchos departamentos los hay. Por allá en Caquetá, con las asociaciones hay proyectos asociativos de ese tipo.
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Como nos explicaron los habitantes de El Porvenir, los tierreros han facilitado que otras personas reclamen y obtengan derechos sobre la tierra. Sin embargo, una vez las personas consiguen los títulos legales de un predio, son despojadas mediante coacción y engaño. Después, el tierrero se queda con la tierra para tenerla como un bien propio y desarrollar algún tipo de proyecto de índole económico, que lo favorezca a él o a un tercero.
Llegamos a estas veredas a reconstruir el accionar de las personas que ellos y ellas llaman “tierreros”, y en este proceso nos acompañaron representantes de los ocupantes históricos, una lideresa de la comunidad Kubeo – Sukiani acompañada de la guardia indígena, y algunos representantes de las Juntas de Acción Comunal (JAC). Sus testimonios fueron clave para comprender de primera mano que, primero, hay un entramado de personas que están involucradas y asociadas entre sí para generar el accionar violento que actualmente se está dando en las veredas, y segundo, que parte de ese entramado está conformado por un grupo de tierreros que están recurriendo a mecanismos similares para obtener algún tipo de control sobre la tierra.
Ahora bien, las personas de la comunidad tienen claro cómo están procediendo estos actores en la zona por eso, identifican a los tierreros como intermediarios para el acaparamiento de tierras, y el desarrollo de proyectos agroindustriales, conversando con líderes de El Porvenir, una de las ocupantes históricas nos contó:
—¿Para ustedes qué es el acaparamiento?
—Es cuando unas personas con diferentes maneras de coacción, algunas dizque legales, se van posesionando de miles y miles de hectáreas para proyectos de agroindustria.
—¿Cómo se da?
—Este acaparamiento se ha dado, por ejemplo, a través de unos intermediarios que nosotros llamamos tierreros, que son personas que trajeron carros y buses con muchas personas, algunas sin tierras y los ilusionaron… entonces después les cobraron, los sacaron, los coaccionaron, y hubo muertos inclusive.
El escenario anterior está conectado con la creación de asociaciones, ya que fue uno de los temas más nombrados durante la conversación que tuvimos con las y los representantes. Nos comentaron que los tierreros crearon dos asociaciones en las veredas: ASOYOPO y ASDEPAGRAL. Las siglas de esta última significan Asociación de Desplazados y Campesinos Productores Agropecuarios de la Altillanura, y fue una de las primeras asociaciones que encontramos en la página de internet de la Alcaldía de Puerto Gaitán en las investigaciones previas al viaje. La búsqueda anterior, nos permitió obtener una entrevista con uno de los tierreros de la zona.
Los líderes y lideresas nos contaron cómo los tierreros quisieron engañarlos a ellos, a través de estas organizaciones:
—¿Cuál es el método de los tierreros?
—El de los tierreros… traen gente a engañarla, y sacarla.
—¿Cómo es eso?
—Él llegó a la vereda diciendo que era abogado, que traía esto, y lo otro, para la creación de ASOYOPO, para afiliarnos a ASOYOPO. Menos mal nosotros nos dimos cuenta de inmediato, porque como nosotros teníamos nuestra JAC con personería jurídica entonces, nos metían en ASOYOPO y nosotros los respaldabamos con nuestra legalidad, para que ellos pudieran tomarse las tierras fácilmente.
Según los relatos de la comunidad, estas asociaciones son una fachada para que los tierreros puedan gestionar sus estratagemas jurídicas -aparente legales- en entidades como la ANT y la Unidad Nacional de Tierras. Lo anterior, debido a que estas asociaciones también están conformadas por víctimas del conflicto armado y campesinos y campesinas que al parecer llegaron al lugar engañadas por estos tierreros. Sin embargo, las personas afirman que estos tierreros en realidad trabajan para personas poderosas:
—Esos trabajan para gente pudiente —dicen —. Esos están con Víctor Carranza. ¡Si! Trabajaron con Víctor Carranza… dicen que se están cobrando lo que Carranza no les pagó. Dicen que lo están cobrando en tierras.
No es un secreto que la agroindustria se ha convertido en una motivación para el despojo de tierras. La oportunidad de hacer negocio con tierras en la Altillanura ha sido impulsada por políticos y empresarios que han acaparado tierras en la región. Tampoco es la primera vez que los monocultivos atraen a actores armados y despojadores de tierra. Ese fue el caso del negocio de palma de aceite en el Chocó, que fue impulsado por los hermanos Castaño bajo un modelo de “asociatividad” con los campesinos; ahora este es un incentivo para actores como los tierreros.
En las entrevistas que hicimos nos contaron además, que los monocultivos son protegidos por el gobierno y que han sido usados por los tierreros para que no saquen a los invasores que llevaron a El Porvenir:
—Ellos saben que el gobierno no va a tumbar la palma, el azteca, entonces todos los invasores siembran eso. Entonces, ¿cuál es la salida de todos los invasores? ¿De los tierreros? Esa: sembrar palma, caucho, azteca…
Tras encontrarnos con esta situación en El Porvenir, nos surgen nuevas preocupaciones, pues es en la región de la Altillanura donde se pretende impulsar un modelo de desarrollo basado en el agronegocio y la explotación de los baldíos. Las tierras baldías, que son públicas y están destinadas por la Ley 160 de 1994 para los campesinos pobres, con las figuras de las Zidres y ahora con las resucitadas Zonas de Desarrollo Empresarial, pueden ser entregadas por el gobierno a empresarios, en extensiones mucho mayores a las que se entregan a los campesinos. Lo anterior, le permite a grandes capitalistas su acumulación y con ella una mayor concentración de la tierra.
Esta visión de desarrollo que se quiere implementar choca con la visión de las comunidades, pues la tierra para ellas, no es sólo un recurso económico, sino que tiene significados simbólicos y espirituales. Para los indígenas de Aseinpome si vas a tomar algo de la tierra debes pedir permiso, como nos enseñó el presidente del cabildo indígena Kubeo-Sikuani:
—Uno tiene un espíritu ancestral y vivo, con el medio ambiente y la madre tierra…nosotros pedimos permiso espiritualmente a los animales y al agua también, porque si no pedimos permiso nos pega una enfermedad… El reino de esta tierra y el agua tienen que dar permiso, ¡si no dan permiso truena!
La idea de crear estas zonas en territorios con conflictos por la tierra, sin duda intensificaría las dinámicas de despojo y violencia como las que se están presentando en El Porvenir, especialmente cuando se ha demostrado la ineficacia del Estado para resolver y definir todo lo relacionado con la propiedad agraria en Colombia.
Al día de hoy, aunque se ha reconocido el derecho de los ocupantes históricos de El Porvenir, la ANT no ha realizado la titulación de los predios y esta inseguridad jurídica y material es la que permite que personas como los tierreros sigan actuando, aprovechándose de víctimas del conflicto y hostigando a campesinos e indígenas que simplemente buscan permanecer en sus tierras. A inicios del mes de octubre de este año, se presentó una nueva denuncia por parte de la Corporación Jurídica Yira Castro[1] debido a la presencia de una persona señalada como “tierrero” en los predios que han sido reconocidos a los habitantes históricos de la vereda. En realidad, durante este año la misma corporación ha realizado distintas denuncias que ponen en evidencia que las y los líderes sociales de las veredas de El Porvenir y Matarratón continúan sufriendo hechos tales como persecución y amenazas. Lamentablemente, este escenario se suma a otras situaciones relacionadas con violaciones a los derechos humanos en contra de líderes y lideresas, y la reactivación silenciosa de la violencia en ciertas zonas del territorio colombiano.
[1] ACCIÓN URGENTE NO. 8-2020: llamado a entidades encargadas del cumplimiento de la sentencia SU-426 de 2016, a que tomen acciones efectivas para evitar nuevos hechos de invasiones ilegales en El Porvenir.
*Investigadoras del Semillero de Investigación Formalización de los Derechos de Propiedad Agraria.
