Dabeiba tiene un índice Gini sobre desigualdad de la tierra de 0.76, donde uno es el nivel máximo.
Por: Karen Parrado Beltrán
El clima en el Cañón de La Llorona es selvático, húmedo. A medida que avanzo en el viaje de cuatro horas y media entre Medellín y Dabeiba, advierto el quiebre en la geografía y la entrada a un universo montañoso. Esa entrada al Urabá antioqueño ha sido una de las zonas más aisladas del país por el conflicto armado. La Llorona está ubicada en medio de las vertientes montañosas de la Cordillera Occidental y atravesada por el río Sucio donde se extienden bosques naturales a lado y lado. Como un punto flotante en medio del espesor de esas 5.357 hectáreas de cañón, se levanta la caseta de ladrillo y tejas de zinc de la Junta de Acción Comunal de la vereda Alto Bonito, al borde de la carretera que conduce de Dabeiba a Mutatá.
Las tierras que rodean esa caseta de ladrillo pronto cederán terreno al asfalto si, como está planeado, se construye la Autopista al Mar 2, un ambicioso proyecto de 254 kilómetros que está inscrito en Autopistas para la Prosperidad, y con el cual se reduciría el tiempo de viaje entre Medellín y Urabá de 10 a 4 horas; este megaproyecto busca hacer la conexión del centro del país con Medellín, el puerto de Urabá y la Transversal de las Américas con una inversión de 2.5 billones de pesos. Al llegar a Dabeiba hago un recorrido de veinte minutos más hasta la caseta de Alto Bonito, justo a un lado de las ruinas de una escuela que fue incinerada por el Ejército a finales de los años noventa. Cuando desciendo me incorporo a una reunión de pobladores rurales de la zona con exguerrilleros de las Farc. Son los primeros días marzo y la lluvia de noches anteriores se siente en el ambiente viscoso del lugar.
“La caseta fue construida ahí como un acto de resistencia”, me cuenta más tarde el funcionario de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), quien modera la reunión y está a cargo de varios programas de paz en la zona. El Estado tiene una presencia intermitente en el cañón luego de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc. Allí los campesinos buscan que las problemáticas que los desplazaron en el pasado se solucionen con la inversión social que esperan de la paz; resisten porque sienten que es lo único que les queda, porque muchas veces el Estado llega con rigidez de la institucionalidad a enfrentar sus realidades que son las de un país casi desconocido, en donde la distribución de la tierra es una de las mayores dificultades.
En medio de las obras preliminares de la Autopista al Mar 2, iniciadas en enero de 2019, la resistencia y el aguante que los pobladores del Cañón enfrenta un nuevo capítulo, ya no ante la guerra, como años atrás, sino ante la idea de progreso que llega a sus tierras y que los pone ante procesos institucionales que les exigen títulos, documentos; diligencias con las que ellos están poco familiarizados porque en el campo la institución más fuerte ha sido la palabra. La llegada del Estado parece un aterrizaje forzoso.
La tierra y el retorno
“Yo vuelvo”, dijo Ana Cecilia Guzmán cuando vio próxima la firma de la paz, a finales de 2016; casi veinte años después de salir desplazada de Dabeiba.
—Fue por el proceso de paz. Siempre pensé en devolverme a Dabeiba y al Cañón de La Llorona; era una deuda que tenía—.
—¿Y le ha parecido una buena decisión volver?—.
—Sí, no me arrepiento—.
La voz de Ana me responde a más de 200 kilómetros de distancia de Medellín, por medio de una débil señal de celular. Ella pertenece a la Junta de Acción Comunal (JAC) de Alto Bonito y es líder social de La Llorona, también es quien “ha puesto la cara” en varias ocasiones para enfrentar y cuestionar acciones estatales que considera injustas para su comunidad. “Usted sabe que el campesino no tiene información de cómo llenar un ficho. Partiendo de que hay unos requisitos: bueno, yo tengo una compraventa de treinta años pero necesito la copia del que me vendió, ¿y si lo mataron? ¿Y si yo no sé dónde está? ¿Si me entiende?”, explica Ana sobre los trámites de formalización de tierras en el Cañón ante la llegada de la autopista.
En Dabeiba, la tenencia de la tierra es reflejo de la fuerte desigualdad social del país. De acuerdo al Mapa de concentración de la tierra en Colombia, elaborado en 2013 por el Centro de Estudios Estratégicos Latinoamericanos (CEELAT), en Colombia “existen áreas de altísima concentración” correspondientes “a tierras consideradas de alta productividad como lo son las de los departamentos del Cauca, Nariño, Boyacá, Santander, Valle del Cauca, norte del Huila y el occidente antioqueño”. El mapa señala que Dabeiba tiene un índice Gini de la tierra de 0.76, donde uno es el máximo nivel de desigualdad posible, lo cual quiere decir que en este municipio la mayor cantidad de tierras se concentra en el menor número de dueños; si este indicador estuviera más cercano a cero, la tierra estaría distribuida de una manera más equitativa y entre más personas.
El último Censo Nacional Agropecuario (2015) señala que en Dabeiba hay 11.045 hectáreas de Unidades Productoras Agropecuarias (UPA), 89,7% de ellas dedicadas a cultivos. Los mismo datos del Censo de 2015 permitieron a la OXFAM determinar que en Colombia “el 1% de las explotaciones más grandes acapara más del 80% de las tierras rurales”, lo cual lo convierte en el país “con peor distribución de la tierra de toda la región latinoamericana”.
Ana tiene claro que el acceso a la tierra es un requisito fundamental para la implementación del Acuerdo de paz en el Cañón, por eso junto a otros líderes de la comunidad hizo gestiones para que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) llegara a la zona y pusiera en marcha un proceso de legalización de predios “teniendo en cuenta la problemática del megaproyecto —Autopista al Mar 2 — y que no hay una legalización en toda la población que va a ser afectada por esa obra”. A pesar de que ese acercamiento con la ANT fue a principios de enero de 2019, Ana señala que “hasta ahorita lo que han argumentado es que no tienen personal, que todo está suspendido porque no han contratado más personas y ahí murió”.
La ANT fue creada en el marco del Acuerdo de Paz y tiene a su cargo la implementación del punto más importante del Acuerdo Final, el primero: relacionado con la Reforma Rural Integral (RRI). Pese a que para este reportaje ¡Pacifista! buscó la voz de la ANT en Antioquia, no fue posible obtener respuesta alguna sobre la gestión adelantada por esta agencia estatal en la zona del Cañón. Lo cierto es que de acuerdo al informe de rendición de cuentas de la ANT de 2017, “de 419.457 predios rurales que hay en Antioquia, 188.006 predios son informales” lo que traduce que en Antioquia existe un 45% de informalidad en la tenencia de la tierra.
Uno de los principales compromisos de la ANT con el Acuerdo Final de Paz es la formalización de siete millones de hectáreas “de pequeña y mediana propiedad rural, que ocupa o posee la población campesina”, de esa cifra hasta el momento no es posible identificar adjudicaciones de predios en Dabeiba. En 2017 y hasta mayo de 2018 se realizaron 22 jornadas de entregas de títulos que comprenden 50 municipios de Colombia, en las cuales “se entregaron 3.027 títulos a igual número de familias beneficiadas para un consolidado del Programa de Formalización de la Propiedad Privada Rural de 7.248 títulos entregados”, 134 de ellos en municipios de Antioquia.
Ana habla con seguridad de su retorno al Cañón. En nuestra conversación telefónica encuentro un universo de voluntades e intereses atravesados en el campo colombiano, justo en ese corazón montañoso de Antioquia…
—¿A pesar de tantas dificultades, Ana? Digo con algo de temor, de pesimismo citadino. —Porque está la tierra, la obra, está el desconocimiento… ¿Ha pensado en irse de nuevo?—.
—Yo pienso que abandonar en este momento sería perder la batalla sin ni siquiera haberla dado. Hasta ahora lo que estamos haciendo es el pinito en el trabajo social y aprendiendo cómo es que se estrella uno con las instituciones y vuelve otra vez. Nosotros no nos podemos dejar sacar de este territorio, primero por las armas y ahorita por las instituciones.
La vía al mar
El mar está a unos 155 kilómetros de Dabeiba. En esa ruta hacia la costa pacífica, el Cañón de La Llorona hace parte de la cuarta unidad funcional de la Autopista al Mar 2, la cual va de Dabeiba a Mutatá y contempla una intervención de 50,5 kilómetros entre “mejoramiento de sitios puntuales y rehabilitación”, según el contrato de concesión firmado entre Autopistas Urabá y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) en noviembre de 2015.
Al pasar Dabeiba observo el contraste entre paisaje caliente y boscoso del Cañón y el clima frío artificial del bus en que vamos unos treinta pasajeros; afuera el Cañón se apodera de una majestuosidad silenciosa. Un rato después de atravesar un viejo túnel que llora agua por sus paredes, desciendo en la caseta de Alto Bonito.
“Somos once Juntas de Acción Comunal las que nos sentimos afectados porque con el Megaproyecto de Autopista al Mar 2 algunos campesinos van y ya están siendo afectados, y la ANI desconoce a los campesinos, a los que no tiene el título”, me cuenta horas después en Alto Bonito Leonardo Guzmán, líder social de La Llorona, “ya vemos el desconocimiento por la ANI porque personalmente me lo han dicho a mí y a muchos compañeros: el que no tenga el título no es el dueño real”, agrega. Parados alrededor de él, un grupo de unos seis líderes más intenta que sus reclamos se escuchen, que salgan del silencio del Cañón. Al consultar a la ANI sobre la situación de esta población, el silencio se convierte en espera; al cierre de esta edición las respuestas al cuestionario enviado por ¡Pacifista! seguían en trámite.
“Colombia ha sido un Estado con mucho caos”, apunta Isabel Correa, abogada de la Universidad de Medellín, especialista en temas agrarios y ambientales, “ha existido un desconocimiento de cómo se han hecho la vías en el país”, añade. Su interpretación sobre la situación del Cañón es que luego de que el Estado enfocara su organización territorial en lo urbano y abandonara intencionalmente lo rural, la modernización de las vías, por ejemplo, enfrenta fuertes dificultades porque “las realidades territoriales desbordan la planificación del territorio y muchas veces la legislación no alcanza a reconocer las situaciones de ocupación de la tierra por parte del campesinado”.
Ahora cuando grandes obras de infraestructura vial llegan a territorios como La Llorona, los campesinos se sienten vulnerados con las leyes que buscan regular las tierras que trabajan y los baldíos que algunos ocuparon. El abandono del campo es algo que “en Colombia se hizo a toda conciencia”, explica Isabel, y es por esto que cree absolutamente necesario que las comunidades campesinas se empoderen de sus territorios, comprendan y sistematicen sus necesidades; que sean “líderes propositivos, gestores de su territorio para hallar alianzas”, subraya.
En Dabeiba existen 117 veredas, 18 de ellas en el Cañón de La Llorona. Según la Agencia de Renovación del Territorio (ART) en este territorio “se realizó un proceso participativo para la construcción del PDET — Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial— que inició en el nivel veredal con la participación de 2.276 personas de 20 núcleos veredales, de las cuales 410 personas aproximadamente representaron a la comunidad del Cañón de La Llorona”. De allí surgieron las 359 iniciativas que conforman el “Pacto Municipal de Dabeiba”, 19 de llas en el Cañón. Al revisar la lista de iniciativas de la ART relacionadas con La Llorona, la tierra es una de las necesidades más urgentes: “formalización de tierras con ocupación de baldíos”, “expedición de títulos”, “titular tierras en las comunidades indígenas”, “declarar zona campesina al Cañón de La Llorona”, “titulación de predios afectados en la implementación de las vías 4g, vía al mar 2”.
Los PDET, que son los instrumentos de planificación y gestión para implementar los componentes de la (RRI), se encuentran en la primera fase de los diez años que durará su implementación. Mientras la Autopista al Mar 2 tiene una proyección de entrega entre 2021 y 2022, los más de 14 mil pobladores rurales que viven hoy en Dabeiba no saben si para entonces lograrán la legalización de sus tierras, algunos de ellos mucho más presionados por la afectación directa que dejará este megaproyecto al pasar por sus predios.
Las luchas de la gente en la Llorona
—Ana, ¿usted cómo ve la paz?
—Para nosotros la paz no es que nos genere problemas, lo que hizo este proceso fue que nos abrió las puertas para una lucha.Quien va a lograr hacer una implementación real de los acuerdos de paz en el territorio es quien más lo luche—.
Ana Cecilia es una mujer aguerrida, lo dice el tono de su voz, la energía con la que defiende sus luchas por mejores condiciones de vida en La Llorona. Desde que retornó al Cañón en 2016 ha luchado por garantizar derechos vitales para su comunidad, “la gente está tirada a la deriva”, dice. Los conflictos de la tierra y la Autopista al Mar 2 son dos cosas que la mantiene en vilo por estos días, en especial porque se ha enterado de casos en los que “se han ganado mucho de terrorismo diciéndoles que ‘ese ranchito, hermano, lleva dos años; si en tres días vuelvo y no lo ha tumbado, me toca tumbarselo a mí por las malas porque compensación no le voy a dar’”, cuenta sobre la intervención de la obra.
Luchar por la tierra, por la seguridad, por la educación, por la presencia del Estado — más allá de lo militar— que se difumina conforme el perímetro urbano se aleja. En Alto Bonito, su vereda, a parte de luchar por el respeto hacia el trabajo de los campesinos y su tierra, Ana lucha para que la escuela quemada por el Ejército sea reconstruida. En noviembre de 2016 radicó una petición solicitando una intervención directa para que los niños pudieran recibir clases en condiciones dignas, la respuesta de la Gobernación de Antioquia dice que “se invitó al municipio de Dabeiba para que priorizara y presentara proyectos” para sedes educativas como la de Alto Bonito y hoy la escuela sigue en ruinas.
“Esto no es una cosa de hoy para mañana, hay mucho miedo, todavía la gente tiene el terror”, dice Ana. El paso de la guerra por las montañas del Cañón dejó un confinamiento al silencio. “Cuando volví, yo tenía claras cuáles fueron las cosas que nos desplazaron: no estábamos organizados, no nos comunicábamos, no nos relacionábamos con la parte exterior. Si eso pasó en el pasado, ¿qué tengo que hacer yo para que no se vuelva a repetir?”, dice.
—¿Ustedes se la están jugando toda por la implementación de la paz a pesar de todo?
—Total. Nosotros sabemos que si nosotros no vamos a luchar la implementación nadie nos la va a traer en bandeja. ¡Eso sí lo tengo claro!
Hoy en el Cañón de la Llorona hay un paisaje inmenso que se alimenta de la esperanza y el trabajo de sus pobladores, algunos de ellos con su vida a cuatro horas de camino dentro de las montañas. Una paz estable y duradera para ellos es aquella que los reconozca y les ofrezca condicione dignas para vivir: puentes, caminos, vías terciarias para sacar sus cosechas; educación, salud y vivienda para mejorar su relación con el Cañón y con el Estado. Esa sería la única vía real al progreso, no tanto las carreteras.
Al otro extremo de La Llorona, en una vereda de Dabeiba mucho más cercana al norte de Antioquia, el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Llanogrande alberga a cerca de 200 excombatientes que esperan reincorporarse a la vida civil. Al igual que los campesinos de La Llorona, estas personas aspiran a tener acceso a la tierra y poder desarrollar en ella proyectos productivos que garanticen su sustento lejos de la guerra. Para ellos también es fundamental saber si la reforma a la tierra es tan prioritaria como los proyectos de infraestructura vial.
*A Karen la pueden encontrar aquí: @piedemosca y piedemosca@gmail.com
