La incertidumbre nacional pasa ahora por la forma en la que entrará en vigor el nuevo texto pactado en Cuba.
Foto: Santiago Mesa
Puesto de votación en el plebiscito del 2 de octubre. Foto: Santiago Mesa
“Este es el acuerdo final, este es el acuerdo definitivo. Ya no hay espacio para más negociación”, dijo Humberto de la Calle horas después de firmar el nuevo texto en La Habana. Luego de 41 días de negociación, tras la victoria del No en el plebiscito, los negociadores lograron incluir muchas de las propuestas y precisiones del Centro Democrático, sectores del Partido Conservador y líderes cristianos.
Las Farc cedieron “hasta los límites de lo razonable”, según dijo el jefe negociador de esa guerrilla ‘Iván Márquez’. 56 de los 57 temas en los que los voceros del No tuvieron reparos fueron modificados para, según las partes, construir un texto más incluyente y que representara a más sectores de la sociedad.
Si bien algunos de los líderes del No –como el expresidente Álvaro Uribe– han pedido que estos acuerdos no sean definitivos y que se discutan con los voceros de la oposición, las 310 páginas del nuevo texto seguramente serán las que se pongan a consideración del pueblo para su refrendación.
Así las cosas, el tema de discusión ya no es el contenido de los acuerdos sino la forma en la que se van a refrendar. Analistas, políticos y expertos han enunciado varias rutas, que oscilan entre las posibilidades jurídicas y la conveniencia política que permita implementar un acuerdo respaldado por la mayoría de la sociedad.
El nuevo acuerdo abre un abanico de posibilidades que ya no se reducen al plebiscito como estaba en el primer texto. “Dicha refrendación podrá efectuarse mediante sistemas de participación ciudadana como son el plebiscito, la iniciativa legislativa, la consulta, el cabildo abierto y otros, o por corporaciones públicas elegidas mediante sufragio sobre cuyos miembros recaiga representación con mandato tales como el Congreso de la República, las asambleas departamentales y concejos municipales”, dice el nuevo pacto.
¡Pacifista! presenta los caminos para refrendar los acuerdos de La Habana y las implicaciones políticas de cada una de las opciones.
Plebiscito: el camino más largo y más caro
Luego de que los negociadores de las Farc y el Gobierno dieran a conocer los nuevos acuerdos y empezaran a hablar de los mecanismos de implementación, el país ha escuchado varias reacciones de líderes de la oposición.
Alejandro Ordóñez, exprocurador y uno de los abanderados de la idea de que en los acuerdos se imponía la “ideología de género”, escribió en su cuenta en Twitter varios mensajes: “Para que acuerdo sea legítimo debe ser sometido a consideración de colombianos. Pretenden quitarnos el derecho y entregárselo a congresistas” y “Ahora pretenden que sea el Congreso y no el pueblo quien refrende el acuerdo. Gobierno incumple su promesa y usurpa al pueblo su derecho”.
Rafael Guarín, exasesor de Ordóñez y miembro de la comisión del No, también se refirió a la refrendación de los nuevos acuerdos, “80% de senadores y 90% de representantes fueron derrotados por el NO en el plebiscito. Congreso carece de legitimidad para refrendar Acuerdo”. “El país político no puede sustituir al país nacional en la refrendación de un Acuerdo con FARC”, dijo.
Estos mensajes son una muestra clara de que el mecanismo que quiere la oposición, al menos varios de sus líderes, es el plebiscito. Y, de hecho, el texto pactado este 12 de noviembre contempla esa posibilidad, entre otras, para que los colombianos sean quienes –con su voto– aprueben o rechacen este nuevo pacto.
El plebiscito es, para muchos, la medida más democrática para refrendar el acuerdo, pues deja en un segundo plano el juego político –que quedaría expuesto en las campañas– y permite que los ciudadanos elijan directamente si quieren que este nuevo texto se ponga en marcha y las Farc, finalmente, dejen de ser una organización armada.
Sin embargo, es una opción riesgosa. Primero, es cara: le costaría al país algo más de 280 mil millones de pesos (esta fue la cifra que costó hacer el plebiscito del pasado 2 de octubre y las condiciones serían muy similares). Un monto similar, por ejemplo, al presupuesto que tendrá el ministerio de Cultura para 2017.
Segundo, los tiempos parece que no dan. Entre la convocatoria al primer plebiscito (27 de agosto) y la realización del mismo (2 de octubre) pasaron casi 40 días, lo que quiere decir que si el Gobierno decide inclinarse por este mecanismo las votaciones serían en enero.
Entonces, aparece la incertidumbre en la que estarían los guerrilleros, que hoy caminan hacia las zonas de preagrupamiento esperando la implementación para ingresar a las Zonas Veredales de Transición; abriendo la puerta, así, a incidentes como el de esta semana, en el que tropas del Ejército mataron en combate a dos miembros del frente 37 de las Farc.
“El cese bilateral es tan sensible que es muy difícil que aguante una expectativa de meses”, dijo hace poco el analista Ariel Ávila en una columna de opinión. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, también dijo a través de su cuenta en Twitter que “Los riesgos de cese sin implementación rápida y eficaz del nuevo acuerdo son muy grandes”.
“Por supuesto, un nuevo plebiscito tendría la mayor legitimidad, porque permitiría que nuevamente cada uno de los colombianos nos pronunciáramos. Pero sería un proceso largo, costoso en términos económicos y muy desgastante política y emocionalmente para el país”, escribió la exasesora del Gobierno en temas de justicia transicional y víctimas Juanita Goebertus.
Congreso, la opción del Gobierno
“Aprendí una lección”, dijo este miércoles el presidente Santos al recibir el premio al Liderazgo para las Américas. Se refería a la idea de refrendar el acuerdo de paz a través de un plebiscito cuando no estaba obligado a hacerlo. Muchos dicen, incluso integrantes de la delegación de paz de las Farc, que se trató de un capricho personal que le salió caro al país.
Ahora, en este nuevo escenario, el mandatario está decidido “a mantener la paz y hacer que este acuerdo pase por el Congreso y sea implementado lo antes posible”, como dijo en su discurso del miércoles. Santos anunció una iniciativa que ya se venía barajando en el mundo político: tramitar el acuerdo a través del Congreso y convertirlo en una ley de la República para su implementación.
Esta forma de refrendación está incluida en el nuevo texto. Santos y el Gobierno saben que el trámite en el Congreso es favorable, y que con los votos de la Unidad Nacional más los partidos independientes y de izquierda, la victoria es casi un hecho. Sin embargo, el inconveniente pasa por la legitimidad.
Como dijo Guarín, la maquinaria política y legislativa fue derrotada en el plebiscito del 2 de octubre, así que la representatividad del Congreso para refrendar un acuerdo de paz está en entredicho. Si bien son los colombianos los que eligen a sus senadores y representantes a la Cámara, la voluntad de unos y otros en temas de paz parece ir en contravía.
“Una refrendación por medio de una decisión especial del Congreso de la República, en cambio, tendría menos legitimidad –especialmente, dada la desconfianza del pueblo colombiano en este órgano– pero sería mucho menos costosa y más ágil”, escribió Goebertus en el periódico El Tiempo.
Más ágil porque, si la Corte afirma que la iniciativa legislativa cuenta como un mecanismo de refrendación, luego, el Congreso podría activar el mecanismo del fast track para poner en marcha la implementación en el menor tiempo posible. Este mecanismo, el fast track une las discusiones de comisiones y plenarias tanto en Cámara como en Senado.
Lo que busca el Gobierno, sin embargo, es convencer a los líderes del No en el Congreso para que se monten al bus de la paz y no hagan del trámite un hecho político que siga polarizando al país.
Las otras vías
En medio de esta feria de propuestas para refrendar los acuerdos, han aparecido varias propuestas más: actos legislativos de iniciativa popular, procesos constituyentes y hasta cabildos abiertos. La mayoría de estas ideas no hacen, sin embargo, parte de la bajara que maneja el Gobierno para implementar el nuevo texto pactado en La Habana.
Sin embargo, la idea de los cabildos abiertos podría ser utilizada por el Gobierno como una parte accesoria de la refrendación a través del Congreso. Podría dar trámite en el legislativo al proyecto de ley, mientras realiza cabildos (consultas para que la gente haga propuestas) y así recoger el sentir de los ciudadanos.
