Los crímenes ocurrieron en Cauca y Nariño, en zonas de presencia del ELN, narcotráfico y minería ilegal.
Los campesinos e indígenas no acababan de digerir el inicio del cese al fuego bilateral entre el Gobierno y las Farc cuando recibieron siete trágicas noticias. El pasado 29 de agosto, cuando las partes detuvieron la confrontación militar, los indígenas Awá de Tumaco (Nariño) enterraron al asesinado dirigente Camilo Taicus, casi al mismo tiempo que desconocidos le quitaban la vida a los indígenas Luciano y Alberto Pascal. Un día antes, en un resguardo de Barbacoas (Nariño), había sido asesinado el indígena Diego Chirá, siete veces baleado y torturado, según la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).
En la mañana del 29 de agosto, en Almaguer (Cauca), hombres uniformados que portaban armas largas mataron a Joel Meneses, un líder histórico del Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA); a Nereo Meneses, integrante del Proceso Campesino e Indígena de Almaguer (Procamina), y a Ariel Sotelo, campesino del corregimiento La Herradura. Los tres habían participado en la última gran movilización campesina que vivió el país: la Minga Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular, que exigía una reforma agraria estructural y mejores condiciones de vida para la gente pobre.
Tras los crímenes, la ONIC declaró que “si no hay paz para los indígenas, no habrá paz para los colombianos”, a la par que CIMA le pidió a los actores armados respetar a las organizaciones campesinas, especialmente cuando “se plantea la solución política y negociada a los conflictos”. En ambas organizaciones cala la idea de que, pese a la paz con las Farc, en zonas como Cauca y Nariño la guerra está lejos de desaparecer.
Los conflictos de Tumaco
Rider Pai es el presidente de la organización Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa). Él recuerda a Camilo Taicus, de 50 años, como uno de los dirigentes más representativos del resguardo Hojal La Turbia, del corregimiento Llorente, de Tumaco: “Camilo fue un líder que se inició en el tema de invasión de tierras, en 1985, junto con su padre, Nicanor. De joven, caminó con los mayores y se caracterizaba por defender los derechos humanos y el territorio”.
Dice Pai que no sabe por qué mataron a Camilo, pero que “hay muchos intereses sobre las riquezas del territorio en el cual nosotros estamos viviendo. En Hojal La Turbia, desde 2009, nos ha tocado utilizar herramientas del derecho propio frente a la minería ilegal”. Y agrega que “nos quieren desplazar porque este es un sitio fronterizo, montañoso y selvático, cruzado por ríos estratégicos y navegables”.
Luciano, otro de los indígenas asesinados, participó en varios de los desalojos de mineros ilegales que ha realizado la Guardia Indígena de los Awá. De acuerdo con la ONIC, una de esas acciones se llevó a cabo en 2012, cuando la Guardia sacó de la comunidad de Peña Caraño a los trabajadores y la maquinaria que se usaba para extraer oro ilegalmente.
Según la Defensoría del Pueblo, la violencia se exacerbó en Llorente a finales de 2015, cuando aparecieron grafitis firmados por el ELN y panfletos amenazantes a nombre de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidas como “Los Urabeños”. En el corregimiento hay cultivos de hoja de coca y Pai dice que las intimidaciones continúan, al punto de que hoy circulan panfletos en los que, supuestamente, el ELN anuncia un paro armado que se realizaría entre el 14 y el 18 de septiembre.
Pero hay otros actores. Dora Vargas, directora de Pastoral Social de la Diócesis de Tumaco, cuenta que en los últimos meses han aparecido panfletos a nombre de dos organizaciones desconocidas: “Los Sicarios del Pacífico” y “La Gente del Orden”, quienes declararon que van a “tomar el control del territorio”, pese a que el municipio está militarizado.
Al tiempo, en Llorente, “se han visto hombres de tez blanca o mestiza, que no son de la zona, que no son de las Farc y que andan con armas”. En barrios de Tumaco como Los Ángeles, Once de Noviembre, Nuevo Milenio y Bajito, también se habrían visto personas armadas con esas características.
De acuerdo con Vargas, desde 2014 Tumaco ha experimentando un incremento “impresionante” de cultivos de hoja de coca y “la economía que ha venido predominando está basada en el narcotráfico, el robo de hidrocarburos y la venta ilegal de gasolina”.
Según el último informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) sobre cultivos ilícitos en Colombia, durante 2015 Tumaco fue el municipio con mayor área de hoja de coca sembrada en todo el país, con 16.960 hectáreas. Los sembrados se localizan en la zona fronteriza con Ecuador, al sur del río Mira, en corregimientos como Llorente y La Guayacana, especialmente en consejos comunitarios y resguardos de indígenas Awá.
En un comunicado, la Unipa también expresó su preocupación por “los riesgos emergentes (que se experimentan) en el territorio Awá tras el periodo de transición que suponen los acuerdos de paz” con las Farc, especialmente porque cerca de sus resguardos estará ubicada la Zona Veredal Transitoria de La Playa. Según el presidente de la Unipa, “en el territorio no hay una sensación de que el Gobierno vaya a garantizar la vida de afros, campesinos e indígenas”.
El pasado 6 de septiembre, la Fiscalía y la Sijín capturaron a uno de los presuntos responsables de los cuatro homicidios.
Los conflictos de Almaguer
Joel Meneses, Nereo Meneses y Ariel Sotelo fueron secuestrados en el corregimiento Llacuanas, de Almaguer (Cauca), y luego asesinados con tiros de gracia. Todos eran líderes campesinos de ese municipio, afectado por conflictos políticos y mineros.
Miguel Fernández, dirigente de CIMA, dice que Almager está “atravesado por el ELN, la minería legal e ilegal, el cultivo de hoja de coca, el negocio del narcotráfico y contradicciones políticas con las alcaldías”. Sobre todo, porque las dos últimas administraciones locales han quedado en manos de integrantes de Procamina y del CIMA, que también han alcanzado mayorías en el Concejo. Desde allí, los nuevos mandatarios han abanderado los intereses de un sector de los indígenas Yanaconas y de los campesinos organizados, que se oponen a la extracción de oro con argumentos de defensa medioambiental.
Jhon Jairo Rincón es investigador del Centro de Memoria Histórica y, actualmente, tiene a su cargo la construcción de un informe sobre el CIMA. Él explica que “al sacar a los políticos tradicionales de la administración local, el CIMA ha logrado invertir los recursos públicos en necesidades colectivas y ha impedido que se usen para obtener beneficios particulares. Eso se cruza con la inversión que durante las campañas políticas han hecho algunos dueños de minas a favor de candidatos que no se oponen a su actividad”, todo lo cual ha generado conflictos entre las dirigencias políticas.
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El Cauca es escenario frecuente de protestas sociales. Foto: Archivo
De acuerdo con Fernández, “los sectores opositores han hecho hasta lo imposible por recuperar el gobierno municipal y el Concejo”. Pero no es sólo la oposición. Rincón explica que el ELN ha presionado a las comunidades para que “no se metan con el tema minero”, que hace parte de sus finanzas. Las minas ilegales también estarían vigiladas por hombres armados que, de acuerdo con Rincón, no hacen parte de ninguna estructura guerrillera o paramilitar, pero que “se han convertido en atacantes de los líderes locales”.
La situación ha llegado a tal extremo que el alcalde de Almaguer, Albeiro Galindez, no atiende a los medios de comunicación por miedo y el Concejo, cuyo presidente es del CIMA, ha tenido que sesionar en varias ocasiones desde Popayán. A la par, unos 50 líderes del CIMA cuentan con medidas de protección asignadas por la Unidad Nacional de Protección (UNP), mientras la organización fue cobijada con medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2005.
Desde hace varios años, cuando el CIMA empezó a coger vuelo en el sur del Cauca y el norte de Nariño, después de sobrevivir al paramilitarismo y a las Farc, han sido asesinados la lideresa y defensora del medio ambiente Adelinda Gómez (2013) y el líder social y secretario del Concejo de Almaguer Ignacio Males (2015). Algunos líderes campesinos e indígenas también se desplazaron a finales de 2015 y varios otros abandonan la zona esporádicamente, luego de recibir amenazas o ser víctimas de seguimientos.
El investigador Rincón dice que a la gente de Almaguer no le han perdonado su “herencia de trabajo comunitario y de autorregulación campesina, que se ha basado en el empoderamiento de las juntas comunales y en la visión de que el poder local debe estar al servicio de las necesidades de la gente”. De ahí que, según él, es necesario reflexionar sobre la urgencia de garantizar que sectores excluidos puedan asumir la dirección de las administraciones y fortalecer sus proyectos políticos en la etapa de posacuerdos con las Farc.
La Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos (Mapp-OEA) también se pronunció sobre los asesinatos y dijo que “son muestra de la vulnerabilidad que enfrentan en el país los dirigentes sociales y las comunidades indígenas”.
