¿Aún no comprenden bien por qué ordenaron la detención preventiva del expresidente? ¿Qué tiene que ver Iván Cepeda en todo esto? ¿Qué sigue en la Corte Suprema de Justicia? En esta guía les explicamos el caso Uribe capítulo por capítulo.
Sí, la detención preventiva y domiciliaria de Álvaro Uribe Vélez, ordenada por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, es una decisión histórica. No solo porque es el primer expresidente en Colombia al que le dictan una medida de ese tipo, sino también porque rompe con la creencia de que Uribe es intocable o incuestionable por la justicia. Acaba con la idea de que tiene inmunidad judicial gracias a que su partido, el Centro Democrático, gobierna el país.
También es una decisión paradójica. Pese a que Uribe ha encontrado en los últimos años maneras políticas y jurídicas de zafarse al llamado de la justicia, él mismo abrió la puerta para que la Corte ordenara su detención mientras lo investiga por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal. Es el efecto de un truco judicial que le salió mal al expresidente.
El origen
En septiembre de 2011, el hoy senador Iván Cepeda, quien en ese momento era representante a la Cámara, entregó a la Fiscalía los testimonios de los exparas Pablo Hernán Sierra García (alias ‘Alberto Guerrero’) y Juan Guillermo Monsalve Pineda donde decían que Álvaro Uribe Vélez y Santiago, su hermano, habían participado en la creación del Bloque Metro de la Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en Antioquia. Luego, en abril de 2012, en un debate de control político citado por Cepeda, se presentaron testimonios de exparas que vinculaban al hermano del expresidente en el nacimiento del grupo paramilitar ‘Los doce apóstoles’.
Juan Guillermo Monsalve Pineda se vuelve importante en esta historia desde septiembre de 2012. Ojo, es un testigo clave. Este expara, hijo del exadministrador de la hacienda Guacharacas, de propiedad de la familia Uribe Vélez, le aseguró a la Fiscalía que los dos hermanos Uribe participaron de la fundación del Bloque Metro de las AUC junto a los hermanos Santiago y Pedro Gallón Henao —señalados de narcotraficantes— y los ganaderos Luis Alberto y Juan Guillermo Villegas Uribe. La hacienda fue el sitio donde se creó el Bloque Metro según Monsalve.
Cepeda volvió a llevar los vínculos de Álvaro Uribe Vélez con el paramilitarismo al Congreso el 17 de septiembre de 2014. En un recordado debate en la plenaria del Senado, el parlamentario del Polo expuso los testimonios de ‘Alberto Guerrero’ y Monsalve, los mismo que había entregado a la Fiscalía. Ese mismo día Uribe, ahora como senador, se retiró del Capitolio para denunciar a Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia por manipulación de testigos. Le entregó a esta alta corte unas entrevistas que supuestamente demostrarían que el congresista del Polo había comprado testimonios para perjudicarlo.
La Corte recibió la denuncia, investigó a Cepeda, no lo encontró culpable y el 16 de febrero de 2018 cerró el caso. La jugada jurídica del expresidente y senador había fallado. Pero, además, se le devolvió: esta Corte pidió la apertura de una investigación contra Uribe por la manipulación de testigos. Le dio un tiempo para presentar un recurso que apelara esa decisión.
“Quien comenzó este litigio jurídico fue el senador Uribe”: Iván Cepeda
Sobornando testigos
En busca de pruebas a favor de Uribe para apelar la decisión de la Corte, su abogado Diego Cadena visitó al expara Monsalve en la cárcel La Picota. Allí Cadena le ofreció a Monsalve ayudarle en su caso y buscar la manera de que tenga mejores condiciones en la cárcel a cambio de firmar un documento donde se retracte de las acusaciones que hizo en 2012 contra el expresidente.
También se conoció que Cadena y el mismo Uribe, según una columna del periodista Daniel Coronell, buscaron en Estados Unidos al expara Juan Carlos ‘el Tuso’ Sierra para que diera su testimonio a favor del expresidente.
Otro que estuvo buscando a Monsalve para que se retractara fue Álvaro Hernán Prada, representante a la Cámara del Centro Democrático. Él contactó a Carlos Eduardo López, un comerciante y presunto paramilitar conocido como ‘Caliche’, para que le dijera a Monsalve que si enviaba un video echando para atrás las acusaciones contra Uribe se le ayudaría a entrar a la Jurisdicción Especial para la Paz. De hecho, la Corte en su decisión del martes 4 de agosto de 2020 vinculó al representante Prada en el caso y le imputó el delito de soborno en calidad de cómplice.
Los intentos de Cadena y Uribe por voltear los testimonios de Monsalve, el ‘Tuso’ y otros exparas que han hablado sobre la relación del expresidente con el paramilitarismo llegaron a la Corte Suprema de Justicia gracias a las denuncias de Reinaldo Villalba, abogado de Iván Cepeda, y las prueba que recolectó el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía.
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Llamado de la justicia
Estas pruebas y denuncias fueron suficiente para que la Corte llamara a Uribe a indagatoria en julio de 2018 por sobornar a testigos y fraude procesal. Desde ese momento, el expresidente comenzó nuevas jugadas jurídicas y políticas para defenderse. La primera fue el anuncio de su renuncia al Senado, pues estaba “moralmente impedido para actuar como senador y al mismo tiempo adelantar” su defensa. Aunque al final no dejó su curul, esto generó una gran movilización de apoyos de todo el uribismo para con su líder, a quien consideran víctima de la oposición y la izquierda que lo quieren ver encarcelado. Bueno, ese siempre ha sido la discurso del uribismo para defender al expresidente.
La segunda movida de Uribe fue jurídica: presentó una recusación contra los tres magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la cual fue aceptada. Es decir, la Corte cambió a los magistrados que estarían en la indagatoria del expresidente y, además, la movió a la Sala Especial de Instrucción, que se creó relativamente hace poco tiempo (con el Acto Legislativo 1 de 2018) y que solo investiga y acusa. Quien decide si es culpable o no es la Sala de Juzgamiento en Primera Instancia.
Con esto Uribe demoró el llamado a la justicia. A esa recusación se suma la que presentó Cepeda contra la magistrada Cristina Lombana, quien fue elegida en la nueva terna para la indagatoria de Uribe. Por ser oficial del Ejército y haber sido subordinada de Uribe durante su dos periodos en la Presidencia, podría ser imparcial. Por esa razón la Corte también aceptó esa recusación.
Finalmente, el 8 de octubre de 2019, Uribe asiste a la Corte Suprema de Justicia para su indagatoria. Fue otro hito en el país: la primera vez que un expresidente era investigado por una alta corte. Ese día la defensa de Uribe argumentó que sí se dieron los acercamientos con Monsalve, pero la iniciativa fue del expara, quien buscaba beneficiarse del expresidente. Y luego de casi ocho horas de indagatoria, la Corte decidió incluir formalmente al expresidente en la investigación de la Sala Especial por soborno a testigos y fraude procesal.
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Ahora, ¿qué pasó entre la indagatoria y la decisión del pasado 4 de agosto de 2020? La investigación contra Diego Cadena. La Fiscalía, que lleva ese proceso, dice que tiene pruebas que incriminan a este abogado en la compra de testigos para favorecer a Uribe. Entre esas pruebas están las declaraciones de la esposa del expara Monsalve, de un exasesor de la Unidad de Trabajo Legislativo de Uribe y de la familia del expara Carlos Enrique Vélez, a quien Cadena le abría entregado un dinero con el argumento de que era una ‘ayuda humanitaria’. El abogado fue interrogado por el fiscal Daniel Hernández el 5 de noviembre de 2019. En esa diligencia dijo que era consciente de los ‘errores’ que había cometido en la búsqueda de testimonios para defender a su cliente —el expresidente Uribe—, pero negó que se haya sobornado “a una persona para que cambiara, ocultara o mintiera en sus declaraciones”.
El 27 de julio de 2020 la Fiscalía le imputó cargos a Cadena por soborno y fraude procesal; y el jueves 6 de agosto le dictó medida de aseguramiento preventiva y domiciliaria. Es decir, Uribe y el abogado Cadena actualmente se encuentran en detención en sus casas mientras los investigan.
Aquí les dejamos un hilo que hicimos en Twitter explicando el caso de Diego Cadena:
https://twitter.com/Pacifistacol/status/1293326246215131138
¿Qué sigue ahora? (y la propuesta del uribismo)
Días previos a la decisión de detener preventivamente a Uribe, el uribismo comenzó una fuerte campaña en defensa de su líder. Publicaron un anuncio en medios de comunicación donde entre líneas presionaban a la Corte Suprema de Justicia. “Una decisión contra la honra de Álvaro Uribe Vélez, sin la solidez absoluta de un acervo probatorio incontrovertible, nos empujaría hacia una inédita paradoja de la historia: los delincuentes que arrasaron la paz nacional y llenaron de lágrimas nuestros hogares, sentados en el congreso, y el hombre que rescató la nación y sacó a Colombia de la oscuridad, pagando un precio insólito por vencerlos”, decía la publicidad.
El presidente Iván Duque y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, miembros del Centro Democrático, le recordaron a la justicia a través de entrevistas radiales y sus cuentas en Twitter que no podía juzgar y detener a un hombre ‘honorable’ y que ha trabajado con “amor por Colombia”. Otro funcionarios del Gobierno entre los que están Luis Guillermo Plata, gerente para la emergencia por el Covid-19, y Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda, publicaron una carta respaldando a Uribe. “Rechazamos vehementemente el activismo nefasto de sectores históricamente opuestos del ideario del expresidente Uribe, con el que pretenden tergiversar los hechos convirtiendo a un hombre inocente en el responsable de conductas en las que jamás ha incurrido”.
Pero después de conocerse la decisión de la Corte Suprema de Justicia, el uribismo arrancó con nueva nueva campaña: impulsar una Asamblea Nacional Constituyente para “despolitizar la justicia y recuperar la confianza en las instituciones de la República”, escribió el Centro Democrático en un comunicado. Es decir, pide una reforma a la Constitución para así reformar a la justicia y beneficiar a Uribe. Este será el tema que más hará sonar el uribismo de aquí en adelante. Por ahora, Duque descartó esa propuesta porque se trata de un proceso largo.
Comunicado a la opinión pública pic.twitter.com/ZP0xTPozsK
— Centro Democrático (@CeDemocratico) August 5, 2020
Ahora, ¿qué sigue en la Corte Suprema de Justicia en el caso de Uribe? Como lo explicamos en párrafos anteriores, la orden de detención preventiva fue por parte de la Sala Especial de Instrucción. Lo hizo porque esta sala considera que el expresidente representa “posibles riesgos de construcción de la justicia, respecto al futuro recaudo de pruebas”. Entonces, Uribe permanecerá arrestado en su casa por lo menos durante un año, el tiempo que dura esa decisión, mientras la sala investiga y revisa las pruebas en su contra por sobornar testigos a su favor.
Si la Sala Especial de Instrucción dice que Uribe es culpable, lo acusará ante la Sala de Juzgamiento en Primera Instancia para comenzar su juicio. Esta segunda sala lo puede condenar, pero su defensa puede apelar esa decisión. Si llega a pasar, la Sala Plena tendrá la última palabra: mantiene o tumba la condena.
Como ven, es un proceso largo que apenas está arrancando. En las últimas semanas se conocieron las primeras acciones jurídicas de Uribe. El 18 de agosto presentó su renuncia al Senado para perder su fuero como congresista y así buscar que su caso pase de la Corte a la Fiscalía. En su carta de renuncia, Uribe aseguró que se le están violando garantías en el proceso (en varios medios de comunicación ha dicho que se siente ‘secuestrado’) y propuso una reforma a la justicia para, según él, ‘despolitizarla’.
Recientemente la Corte Suprema de Justicia negó 177 tutelas de particulares contra la detención preventiva y domiciliaria del expresidente. De acuerdo con esta alta corte, esos recursos, que tenían argumentos como la vulneración de derechos políticos, son ilegítimos.
Renuncia al Senado pic.twitter.com/2tWHwd1pz2
— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 18, 2020
En caso de que finalmente manden a Uribe a la cárcel por soborno a testigos y fraude procesal, tan solo lo estarían condenando por el caso menos grave que hay en su contra. Sobre el expresidente hay casi 60 investigaciones en la Corte Suprema de Justicia y en la Comisión de Acusaciones del Congreso que van desde la compra de votos hasta masacres y homicidios. Dos de esas investigaciones son: las masacres de La Granja, de 1996, y El Aro, de 1997, ambas ocurridas en Antioquia y cuando Uribe era gobernador de ese departamento; y sus vínculos con el nacimiento de grupos paramilitares.
A José lo pueden encontrar acá.
