¿Qué se sabe sobre los líderes sociales de Bogotá? Muy poco. ¿Y sobre los liderazgos juveniles? Casi nada. Pese a eso, varios jóvenes encabezan proyectos sociales a favor de sus barrios y localidades en el sur de la ciudad.
Este contenido se publica en alianza con la Unidad de Investigación Periodística del Politécnico Grancolombiano.
Lo que promete ser el final de Bogotá, en el confín sur de la ciudad, es una mezcla de montañas tapizadas de pasto y ocupadas por casas desiguales de ladrillo. Frente a este paisaje, en la parte alta de Potosí, un barrio de la localidad de Ciudad Bolívar, ocho niños y tres jóvenes divisan dos montañas antagónicas: la del ‘Palo del Ahorcado’ —cuyo nombre se desprende de un viejo eucalipto que resalta solitario en la cima— y la que ocupan viviendas humildes que dibujan el barrio Caracolí, de la misma localidad.
Esa ‘otra ciudad’, como la nombró el escritor Arturo Alape en el libro Ciudad Bolívar: la Hoguera de las Ilusiones, se extiende hacia el ocre de la montaña y se pliega entre fachadas pintadas de amarillo, verde y azul aguamarina, que maquillan mediocremente la desigualdad y la pobreza que allí se vive. Pobreza que se palpa en los índices de analfabetismo, trabajo informal, hacinamiento y dificultad para acceder a servicios públicos.
Es sábado 8 de junio de 2019 y el ambiente se llena con los gritos y risas sinceras de los ocho niños que miran entusiasmados el paisaje que ya conocen. De repente, una voz fuerte llama su atención: es Juan Ortega, un estudiante de licenciatura en matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional. Juan tiene la mandíbula cuadrada y un piercing en la oreja izquierda. Viste una camiseta azul manga larga, con el 64 en la espalda, el nombre ‘Juanito’ y la frase ‘Gestores de Paz’.
Junto a él, sus compañeras Luisa Tabares y Nedzib Sastoque escriben lo que está ocurriendo. Todos pendientes de que ningún niño se caiga.
Juan les habla como un maestro, con las ganas de quien quiere enseñar. Y los niños intentan seguirlo, con el deseo de aprender. Parece que llevara años haciendo esto, que el oficio lo hubiese curtido, pero solo tiene 19 años.
Todo el equipo de líderes se autodenomina mentores de Gestores de Paz, un trabajo social con niños y jóvenes del barrio Potosí, que empezó de la mano de la organización World Vision, pero que en los últimos años se ha sostenido por la voluntad de un grupo amplio de jóvenes de la localidad.
—Matías, ¿qué sientes al mirar hacia allá? — Pregunta Juan al grupo de niños, señalando el paisaje de la Bogotá del sur.
—Siento que estoy en una piscina nadando.
—¿Dylan?
—Miedo.
—¿Tú?
—Paz.
—¿Y tú?
—Tristeza.
Lo que sienten Juan, Luisa y Nedzib es un misterio, porque a ese grupo de líderes lo único que parece preocuparles son las emociones de los ocho niños que los acompañan, sumado a la convicción de que son valiosos, que todos tienen derecho a vivir bien.
A la escena se suman las miradas prevenidas de gente extraña que pasa por el lugar, la música de cantina y la ‘guaracha’ que inunda el ambiente y el frío irascible de aquella montaña de Ciudad Bolívar.
Ser joven en las localidades de Usme, Bosa o Ciudad Bolívar, la Bogotá del sur, significa luchar por sobrevivir. Antes de empezar el nuevo siglo, Alape lo advertía: la juventud de ‘la otra ciudad’ está en peligro. Y lo está porque la muerte ronda tranquilamente por las calles de la ciudad, como lo ha estado durante años por todo el país.
Usme, Bosa, Kennedy y Ciudad Bolívar acumulan casi la mitad de todos los asesinatos registrados por la Dirección de Investigación Criminal (DIJIN) en Bogotá durante 2019 —511 de 1047 casos— y un poco más de la mitad de las muertes violentas de jóvenes durante el mismo año —213 de 420 casos—.
Desde 2018 comenzamos a recorrer Bosa, Usme y Ciudad Bolívar, buscando entre sus jóvenes a quienes apostaran por la defensa de los derechos humanos. Además, nos preguntamos si esos jóvenes tenían garantías para hacerlo y si por su labor estaban corriendo algún riesgo.
Ser líder o lideresa social juvenil en la periferia es, además de sobrevivir, una apuesta por construir una ciudad posible para las personas de la Bogotá de las márgenes. Alejandro León fue el primer líder que entrevistamos en septiembre de 2018. Hoy tiene 24 años y está a punto de graduarse de la licenciatura en ciencias sociales en la Universidad Pedagógica Nacional. Con su boina gris, su chaqueta bomber y una pequeña expansión en la oreja izquierda, León habla de su “propuesta de cambio”: un proyecto deportivo para que los niños del barrio Manzanares, en la localidad de Bosa, no se sientan solos. “Es un espacio de esparcimiento diferente para los niños y jóvenes. Es como un agente de cambio. Ven la escuela de fútbol —su proyecto deportivo— como algo distinto que llega a un barrio donde no había llegado nada”, explica.
Jhon Fredy Moreno tiene 25 años y en cada oreja tiene expansiones. Lleva una ruana café. Mientras le da la espalda a las montañas llenas de casas que se ven desde su azotea, en el barrio Monteblanco de la localidad de Usme, dice que no a todos les gusta que se trabaje por el bienestar de las comunidades en barrios que lo necesitan, razón por la que El Escenario, su casa cultural, ha pasado por situaciones de riesgo.
“Hemos tenido dificultades. En 2016 nos rompieron los vidrios y rayaron la casa porque había unos estudiantes que estaban dejando de hacer algunos trabajos o mandados (hace referencia al microtráfico) por venir acá”, recuerda Jhon.
Darling Molina hace parte de Gestores de Paz y desde la montaña en Potosí es consciente de lo incómodo que puede ser su liderazgo. A pesar de eso, junto a los otros jóvenes líderes sociales de Gestores de Paz no se cansa de reclamar lo que considera que su comunidad merece. Ella tiene fuerza y elocuencia en la palabra. Bajo la apariencia de una conversación sencilla hay un discurso sólido, consolidado desde la experiencia de habitar activamente el sur de Bogotá. Lo que ha construido con su comunidad la llevó a estudiar trabajo social. Tiene 22 años, los ojos oscuros, lleva el pelo al rape en el lado derecho y usa un aro en la nariz.
“Que se garantice la vida de los jóvenes arriba (en Potosí). No solo arriba sino en Ciudad Bolívar. Que haya acceso a oportunidades, que haya garantía de servicios mínimos, que no haga que los pelaos tengan que rebuscársela como sea y que no haga que los pelaos piensen que tienen que levantarse las ‘lucas’ (dinero) como sea. Que justamente puedan contemplar hacer parte de cualquier otro tipo de escenarios, que puedan estar en la localidad, que sean transformadores, que ayuden a construir una ciudad distinta”, dice Darling.
En consecuencia, todos los fines de semana los mentores de Gestores de Paz como ella trabajan en el barrio Potosí. Bueno, ese era el plan antes de la pandemia del Covid-19. Con el aislamiento obligatorio, las problemáticas de sus comunidades se han agudizado y los liderazgos se han visto condicionados a reinventarse.
Tras la firma del Acuerdo final de paz con las Farc, en noviembre de 2016, el asesinato de líderes sociales en Colombia se incrementó. En consecuencia, este asunto tomó relevancia en la agenda de las organizaciones sociales.
La presidenta de la Unión Patriótica y senadora por el partido Decentes, Aída Avella, no duda en afirmar que el asesinato de los líderes sociales en todo el país responde a un plan sistemático, así como ocurrió con el genocidio de su partido, un movimiento político formado en los ochenta por exmiembros de grupos armados y de organizaciones sociales de izquierda.
Sin embargo, los estudios que buscan explicar lo que ocurre con la persecución a los liderazgos sociales, los trabajos periodísticos que narran los asesinatos de líderes y las organizaciones que intentan llevar datos y visibilizar la problemática se han fijado en las zonas rurales, en donde los estragos del conflicto armado y las consecuencias de un lento cumplimiento del Acuerdo de Paz han hecho necesario denunciar la continuación de la violencia contra quienes defienden los derechos humanos. Esta situación provoca que se desconozcan los liderazgos que se llevan a cabo en las ciudades.
Una de las organizaciones que más ha visibilizado la problemática de los líderes sociales en Colombia es Somos Defensores, que busca “desarrollar una propuesta integral para prevenir agresiones y proteger la vida de las personas que corren riesgos por su labor como defensores de derechos humanos.
Sirley Muñoz, coordinadora de comunicaciones y del sistema de información de Somos Defensores explica que Bogotá tiene sus propias dinámicas. Reconoce que de los líderes sociales de Bogotá se sabe poco. “Los sistemas de información que hacemos seguimiento a la violencia contra defensores y líderes tenemos un hueco muy grande en el seguimiento a agresiones de líderes y defensores en Bogotá, porque hemos percibido a Bogotá como una ciudad receptora de líderes de otras regiones desplazados por el conflicto. Creo que de ser tanto el centro se nos borra del panorama”, señala.
Es enfática al afirmar que por la diversidad de movimientos y organizaciones sociales que la ciudad posee, se debería centrar más la atención en las dinámicas y riesgos propios de la ciudad.
De modo que desconocer las dinámicas del liderazgo social en Bogotá incluye no tener a las organizaciones y sus líderes en el panorama. Incluso, los sistemas de información de las instituciones públicas carecen de datos sobre los liderazgos juveniles.
Desconocer los liderazgos juveniles que existen en el borde sur de Bogotá da pistas sobre la indiferencia estatal frente a una parte de la ciudad que soporta profundos y sistemáticos conflictos sociales.
Según la Encuesta Multipropósito 2017 hecha por la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y la Gobernación de Cundinamarca, “la mayoría de la pobreza multidimensional en Bogotá se acumula en el sur de la ciudad”.
Este dato lo confirman las cartografías de estratificación socioeconómica por localidad de la Secretaría de Planeación de Bogotá, usadas para el cobro de los servicios públicos con tarifas diferenciales y para asignar subsidios y contribuciones a los hogares. En ellas se aprecia que Ciudad Bolívar, Usme y Bosa son parte de las localidades del sur con mayor presencia de estratos 1 y 2.
A los índices de pobreza de estas localidades se suma el impacto de un conflicto armado de más de 50 años. Desde múltiples partes del país, víctimas de la guerra han buscado huir de la violencia escondiéndose e intentando rehacer sus vidas en los barrios del sur.
Según el Informe 9 de abril 2020 del Observatorio Distrital de Víctimas del Conflicto Armado, de 340.376 víctimas reconocidas ante el Registro Único de Víctimas que viven en Bogotá, 236.502 tienen caracterizada su localidad de residencia en Bogotá.
A pesar de las condiciones sociales, en Ciudad Bolívar, Usme y Bosa surgen líderes juveniles que luchan por la vida digna de sus comunidades. Sin embargo, las garantías para ellos son cuestionables.
Según Francisco Pulido, director de Derechos Humanos entre 2017 y 2019 y subsecretario de Gobernabilidad y Garantía de Derechos entre 2017 y 2020 de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, el mayor número de amenazas y situaciones de riesgo reportadas por los líderes sociales se encuentran en Ciudad Bolívar, Bosa, Usme y Rafael Uribe Uribe.
La Fiscalía General de la Nación reconoce, a través de la respuesta a un derecho de petición, la existencia de un subregistro de datos sobre homicidios y lesiones contra líderes sociales en Bogotá. Indica que: “Es importante tener en cuenta que (los datos que entregan) presentan cierto nivel de subregistro respecto de variables relacionadas con la caracterización de los perfiles de víctimas e indiciados. Esto debido a vacíos o poca precisión de este tipo de información al momento de recibir las denuncias o a lo largo del avance del proceso penal”.
En los casos que reporta la Fiscalía es imposible saber quiénes son jóvenes, debido a que el ente investigador protege este tipo de datos. No obstante, los consolidados dejan entrever algunas dinámicas de la violencia contra líderes sociales en la capital.
De otro lado, de las cinco notas de seguimiento y cinco alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, en las que se advierte sobre situaciones de riesgo en Bogotá, ocho manifiestan el riesgo de defensores de derechos humanos, líderes sociales, niños, adolescentes y jóvenes. En esos documentos se advierte de la vulnerabilidad para la defensa de los derechos humanos, la presencia de presuntos Grupos Armados Organizados (GAO) y el posible reclutamiento de niños y jóvenes por parte de bandas delincuenciales o de microtráfico.
En cinco de los documentos señalados se menciona específicamente a las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa, San Cristóbal, Usme y Rafael Uribe Uribe. Sin embargo, en ninguna de estas valoraciones se habla del peligro que pueden estar corriendo los jóvenes que llevan liderazgos sociales.
El sistema de información institucional VisionWeb, de la Defensoría del Pueblo, registra 135 violaciones en Bogotá a los derechos a la vida e integridad entre 2009 y el 18 de febrero de 2020, cuyos afectados hacen parte del grupo de líderes sociales.
Hasta 2017 el registro de amenazas de muerte es bajo. Sin embargo, el número se eleva en 2018, al registrar un total de 46 denuncias. En 2019 pasar a 67. Pero los datos compartidos por la institución no incluyen edad, pues según Andrea Soler, integrante de la Dirección Nacional de Atención y Trámites de Quejas de la Defensoría del Pueblo, el sistema de información no posibilita esa desagregación.
En el mismo rango de tiempo, el sistema de Alertas Tempranas registra dos asesinatos de líderes sociales en Bogotá, uno en la localidad de Kennedy (2016) y el otro en Usme (2017). Ninguno es joven.
Al revisar los informes anuales de Somos Defensores, desde 2010 a 2019, se encontraron 23 líderes sociales asesinados que desempeñaban su labor en Bogotá. De los 15 que fue posible encontrar su edad, tres eran jóvenes: Alex Alejandro Benavídez Ayala (2012), Oscar Eduardo Sandino (2013) y Carlos Enrique Ruíz Escárraga (2014).
Alejandro Acosta, doctor en educación y director general de la Fundación Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano, un centro de investigación de alternativas innovadoras de desarrollo humano y vida digna para la primera infancia, la adolescencia y la juventud, asegura que los jóvenes son estigmatizados como sujetos peligrosos para la sociedad, por lo que frecuentemente son limitados y excluidos, arrebatándoles la posibilidad de ejercer su derecho a la ciudadanía de manera plena. Por lo tanto, ser joven en Colombia es enfrentarse a un orden establecido que desprecia su música, su ropa y sus formas de relacionarse en las esquinas de los barrios.
La oportunidad de imaginar una ciudad desde las juventudes ha sido cooptada, de manera recurrente, por una perspectiva adultocéntrica de un mundo que cambia sin dar tregua y al que el Estado colombiano no alcanza a responder para garantizar la vida digna de todos sus ciudadanos, produciendo niveles de desigualdad y formas de exclusión elevadas. Los jóvenes son conscientes de esta situación.
“En el caso del sur de Bogotá, está mostrando que hay experiencias importantes de distinto tipo. Digo importantes tanto en el sentido estético, digamos fenómenos como el movimiento de graffitis, de la música y diferentes expresiones artísticas, que vienen a construir un mundo distinto para los jóvenes que permiten resistir y reexistir en estas condiciones de maneras muy positivas. También se combinan con movimientos que buscan superar desigualdades sociales, formas de exclusión u otro tipo de relaciones como la protección del medioambiente”, asegura Acosta.
La senadora Aída Avella cree en la vehemencia de la juventud colombiana. Asegura que los jóvenes están reaccionando al mal gobierno y que las protestas sociales que se vivieron en 2019 en Bogotá son un reflejo del activismo de los jóvenes y de la intolerante posición ante una “élite mafiosa, ladrona y parásita”.
El director del CINDE reconoce que uno de los problemas en cuanto a información disponible sobre la incidencia juvenil en procesos sociales es el poco estudio sobre la niñez y juventud en toda Latinoamérica. “Yo creo que en el país necesitamos urgentemente darle prioridad a la construcción de una base de información seria, rigurosa, sistemática sobre juventud. Necesitamos fortalecer la investigación (…) Tenemos que hacer un diálogo creativo entre el sistema de ciencia y tecnología, el sistema educativo y la construcción y operación de las políticas sociales y la relación de los movimientos que se están dando a nivel de la base social”. Esta podría ser la manera de identificar la incidencia de los jóvenes en los liderazgos sociales en el país.
En Bogotá, según el Sistema de Información de Organizaciones Sociales del Instituto Distrital de la Participación y la Acción Comunal (IDPAC), de las 2.432 organizaciones sociales caracterizadas hasta febrero de 2020, existen 739 procesos de juventud con 15.392 integrantes jóvenes. Es decir, personas que se encuentran entre los 14 y 28 años, tal y como lo dicta el Estatuto de Ciudadanía Juvenil. Además, la localidad de Ciudad Bolívar ocupa el primer lugar con 2.595 jóvenes integrantes de organizaciones sociales.
Alejandro León es uno de los jóvenes que no figura en las bases del IDPAC. Creció en la periferia de la localidad de San Cristóbal. “Yo crecí viendo cómo moría uno de mis mejores amigos, siendo muy niño, por una bala perdida. Ahí me empecé a preguntar por qué sucede esto en las periferias”. El ejemplo de su padre, también líder social cuando era joven, sumado a los espacios académicos, aportaron a que a temprana edad se preocupara por la movilización social y el bienestar comunal.
“Ingresé a un colectivo de skinheads, se llamaba el Frente Antifascista de Suba. Ahí realizábamos diferentes actividades como murales, como ‘aguapaneladas’. Veníamos al centro a repartir ropa y alimento a las personas sin hogar”. Con una formación política de izquierda, encontró en el fútbol un ejercicio de comunión que le permitió empezar a trabajar con niños en la periferia de la ciudad. La clave estaba en enseñar a través del deporte una posibilidad de vida diferente.
“El fútbol lo utilizamos para construirnos como personas y para construir la identidad de un barrio. Y ahí nace primero Tigres del Sur y luego Lenin Killers”, dos escuelas de fútbol popular que Alejandro fundó. La primera en el barrio Divino Niño de Ciudad Bolívar y la segunda en el barrio Manzanares de Bosa. En enero de 2020, Lenin Killers cambio de nombre a Semillas de Resistencia.
Alejandro no se considera un líder social. No en el sentido estricto de la palabra. Parece ser algo frecuente en los liderazgos sociales de los jóvenes de la capital: no se arrojan plenamente a su título de liderazgo, aunque indiscutiblemente lo sean. Siempre pendientes de sus comunidades, siempre combativos, siempre en la lucha desde el borde sur de Bogotá para hacerlo un lugar posible.
Como Alejandro, María Fernanda Ríos y Gabriela Romero trabajan con la comunidad de Bosa a través del teatro comunitario en la casa cultural Casa Raíz. Ellas enseñan teatro a niños a través de un semillero de su grupo Teatro del Sur.
Ánderson y Jhon Freddy también trabajan con la comunidad en casas de arte en Usme. De igual manera, el grupo de Gestores de Paz conformado por Nedzib, Lisa, Yhoyner, Darling, Nicoll, Valentina, Juan Carlos, Luisa, Cristian, Sindy y Suri le apuestan al cambio desde las expresiones estéticas y artísticas. Todos jóvenes. Todos trabajando en los lugares en los que el Estado tiene una deuda histórica. Todos desprotegidos y en peligro. No obstante, con el deseo de un cambio para su generación.
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La Unidad de Investigación Periodística hizo un especial completo sobre los líderes sociales juveniles de Bogotá. Allí encontrarán más datos, entrevistas, videos y dos podcast. Aquí lo pueden consultar.
